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Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia



BOGOTÁ (18 de septiembre de 2009) – Del 7 al 18 de septiembre, realicé una visita de investigación para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, y viajé a Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Arauca (Arauca). Me reuní con el Presidente, el Vicepresidente y otros funcionarios de alto rango del ejecutivo; con jueces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; así como con congresistas. Además, me entrevisté con los Jefes de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, celebré reuniones con funcionarios del Gobierno local en las cuatro regiones que visité. También me encontré con miembros de la comunidad diplomática y los organismos de Naciones Unidas en la capital. Finalmente, en el transcurso de la misión, me reuní con un amplio y diverso sector de la sociedad civil colombiana.

Agradezco encarecidamente al Gobierno de Colombia su invitación y su colaboración ejemplar a lo largo de toda la misión. Asimismo, doy las gracias a todos los defensores de derechos humanos con quienes me reuní, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para verme. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colomina (OACNUDH) por su valioso apoyo tanto durante la misión como en la fase de preparación.

Si bien ahora he de tomarme un tiempo para revisar y analizar la importante cantidad de información que he recibido, así como para continuar intercambiando información con el Gobierno, los defensores de derechos humanos y demás interlocutores, quisiera presentar aquí unas cuantas observaciones preliminares y recomendaciones.

En primer lugar, deseo encomiar al Gobierno por la mejora significativa de la situación general de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos.

Además, deseo saludar al Gobierno por haber concebido políticas y estrategias para la protección de los defensores de derechos humanos. Celebro el aumento notable de fondos dedicados al Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de 13 millones de dólares en 2002 a 40 millones de dólares en 2009). Apoyo asimismo el trabajo de las Defensorías del Pueblo nacionales y regionales, en particular su sistema de alertas tempranas, y considero que sus informes deben hacerse públicos y ser tenidos en cuenta con mayor frecuencia por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Asimismo, felicito al Gobierno por la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y le insto a implementarla lo antes posible.

Dada la situación actual de polarización, considero notable que el Gobierno y la sociedad civil hayan logrado concluir una serie de acuerdos a través de las mesas para las garantías de protección de los defensores de derechos humanos. Observo con especial satisfacción que, tras mi reunión con él, el Presidente Uribe declarara públicamente el 17 de septiembre de 2009 que:

“la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia. “

Espero que esta declaración ayude a reducir la tensión y contribuya a mejorar el clima de diálogo entre el Gobierno y los defensores de derechos humanos. Con este nuevo avance, insto al Gobierno a implementar diligentemente los acuerdos alcanzados con los defensores de derechos humanos en materia de garantías para su trabajo; a proseguir con el diálogo; y a dar prioridad a las investigaciones de las amenazas recibidas por los defensores que participaron en las mesas de garantías para defensores de derechos humanos.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno mencionados anteriormente para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.

En particular, me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos. Es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. En este contexto, deseo señalar que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores.

Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos.

La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables. El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver efectivamente todos los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores. Celebro la reciente creación de las Unidades de Asuntos Humanitarios en la Oficina de la Fiscalía General de la Nación, y espero que pronto se obtengan resultados concretos. Por último, me preocupa también el hecho de que algunos fiscales operen desde instalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la independencia del poder judicial en Colombia. Recomiendo que la Fiscalía General de la Nación aborde esta cuestión.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos, se me informó de que el Gobierno está reformando el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Algunos elementos importantes de dicha reforma deberían tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Sugiero encarecidamente que los agentes del Estado que defienden los derechos humanos (magistrados, y miembros de las Defensorías regionales y nacionales) sean incluidos en dicho programa. Además, debería simplificarse y agilizarse el proceso de solicitud de medidas de protección. También hay que resolver la cuestión del espionaje a defensores de derechos humanos por parte de los escoltas asignados para su protección. Además, deberían ampliarse las medidas preventivas del programa. Por último, los defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud por la privatización de este programa, una cuestión que debería ser debatida y resuelta conjuntamente.

Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. El Ministerio de Defensa, el DAS y la Procuraduría General deberían crear un mecanismo para depurar todos los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, sus familiares y sus organizaciones, con la asistencia de la OACNUDH y la comunidad internacional. Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne.

En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.

Presentaré mi informe completo con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.