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Conclusiones Preliminares – visita de seguimiento del Relator sobre la tortura a Uruguay Diciembre 2- 6 2012

Respondiendo a una invitación del Gobierno, realicé una visita de seguimiento a Uruguay entre los días 2 y 6 de diciembre en mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La finalidad de la visita fue evaluar el nivel de implementación de las recomendaciones emitidas por mi antecesor en el cargo, Manfred Nowak, quien visitó Uruguay en marzo de 2009.

En primer lugar, deseo especialmente reconocer al Gobierno de Uruguay por la invitación para esta visita de seguimiento, lo que constituye una buena práctica que debe ser alentada en la comunidad internacional. Asimismo, quiero agradecer al Gobierno por su excepcional colaboración durante la visita y por permitirme el acceso irrestricto a los distintos centros de detención y a entrevistas sin supervisión con personas allí detenidas.

En segundo  lugar, quiero destacar el acierto del informe de mi predecesor, Manfred Nowak, tanto en los temas que planteó y puso en la agenda pública como en el tenor de sus recomendaciones. Fue muy positivo constatar que, tanto las autoridades públicas como la sociedad civil, han tomado las referidas recomendaciones como una hoja de ruta y una referencia para encarar reformas de fondo en diversos aspectos de las políticas tendientes a prevenir e investigar las torturas y tratos crueles en el país. Las conclusiones y recomendaciones de mi visita serán presentadas en marzo de 2013 al Consejo de Derechos Humanos, esperando que las mismas constituyan también un aporte para el importante trabajo de implementación que se viene llevando a cabo.

A modo de conclusión preliminar, quisiera reconocer varias iniciativas emprendidas por el Gobierno que constituyen positivamente a mejorar las condiciones de detención y el régimen penitenciario en general. En particular, quiero destacar la clausura definitiva del módulo de seguridad conocido como “Las latas”, ubicado en la cárcel de Libertad, así como la cárcel de Cabildo, el pabellón de mujeres de Canelones y la vieja cárcel de Rivera, que incumplían con estándares internacionales. Asimismo, quiero reconocer positivamente la construcción de la nueva cárcel de Punta Rieles y varios módulos en otras prisiones, los cuales pude visitar y en general encontré que se condicen con los estándares mínimos internacionales de reclusión.
Sin embargo, aún persisten varios problemas que impiden que las condiciones generales de detención sean satisfactorias, llegando en algunos extremos a ser inhumanas. Particularmente, quisiera recomendar la clausura del módulo de seguridad ubicado en la planta baja del Centro de Rehabilitación de Mujeres y del sector conocido como “los boxes” del COMCAR, donde las condiciones de reclusión son totalmente inaceptables. También me resultan preocupantes las condiciones generales de salubridad e higiene en varios de los centros visitados, como ser la falta de acceso a agua potable, aire fresco y deterioro de infraestructura, y en particular, los altos niveles de hacinamiento presentes en las cárceles, en las cuales en algunos casos alcanzan niveles críticos.  Quiero llamar especialmente la atención del Gobierno a los niveles de hacinamiento que observé en lugares como los módulos 1 y 2 y el patio del módulos 8 del COMCAR. Si bien es de apreciar las muchas iniciativas que el Gobierno ha emprendido para afrontar el hacinamiento, cabe destacar que la solución va a requerir de profundas reformas legislativas e institucionales, además de infraestructura.    
En este contexto, llama la atención el aumento de la cantidad de población reclusa en el Uruguay, la que viene aumentando a un ritmo de 1.000 nuevas personas privadas de libertad por año. De seguir este ritmo, en los próximos años se llegará a una insólitamente alta tasa de encarcelación que no puede ser solucionable a través de la construcción de nuevas prisiones y que acarrea imprevisibles consecuencias sociales y culturales para toda la sociedad.

Respecto de la situación de las mujeres privadas de libertad, quiero resaltar que reciben, porcentualmente, muchas menos visitas que los hombres, lo que hace entender que de hecho muchas de ellas, aún con niños a su cargo, están socialmente abandonadas. Teniendo en cuenta su particular vulnerabilidad, sugiero la puesta en práctica de planes específicos de apoyo y vinculación con su entorno social y familiar.

Por otro lado, si bien es notorio que en el área de los adultos privados de libertad las reformas son visibles y tangibles, realizándose a un ritmo sostenido, las mismas no tienen todavía características satisfactorias en el sistema de aplicación de medidas judiciales privativas de libertad para niños y adolescentes. Resulta destacable la creación del Instituto de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SIRPA) en el marco del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), con vocación de transformarse en un instituto autónomo y que ha sido bien dotado de recursos presupuestales. Asimismo, durante mi visita a la Escuela Berro, pude constatar positivamente que se han ampliado los cupos existentes y se han iniciado diversas obras de infraestructura tendientes a incluir el trabajo educativo, psicológico, cultural y social, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y acuerdos con empresas privadas, que facilitan la capacitación profesional y la rehabilitación de los adolescentes.

Sin embargo, durante las visitas realizadas, pude constatar que todavía existen condiciones de reclusión inaceptables en algunos centros, incluyendo hacinamiento crítico, encierro prolongado y total ausencia de trabajo técnico y falta de actividades educativas. Principalmente, es preocupante que en la amplia mayoría de los centros visitados no exista un plan de tratamiento integral, dotado de técnicos suficientes y personal capacitado, que asegure un tratamiento intensivo de los adolescentes de manera de viabilizar su reintegro a la sociedad. Este fenómeno se plasma en la inexistencia, en todos los centros visitados, de carpetas individuales de los adolescentes que registren tanto su plan de trabajo educativo, como su evolución psico-social, laboral, educativa, familiar y cultural.  Aun los muy interesantes planes que se plantea el actual SIRPA serán de difícil instrumentación si no se logra contar con personal específicamente capacitado en educación y rehabilitación.

En ese contexto, quisiera además destacar mi preocupación por la futura realización de un plebiscito que implicaría la posible baja en la edad de imputabilidad penal. Debo exhortar al sistema político y a la ciudadanía en general a tener en cuenta que tal decisión conllevaría a exacerbar los problemas del sistema penitenciario, como ser el hacinamiento, el aumento de penas y falta de uso de medidas alternativas, y la falta rehabilitación y reintegración social. Si bien es de reconocer que los fenómenos de violencia social e inseguridad ciudadana son temas centrales a todas las sociedades contemporáneas, generando preocupación en sus integrantes, las medidas adoptadas no deben llevar a un decaimiento de los sistemas de prevención de los tratos crueles e inhumanos.

Por otro lado, el proceso penal uruguayo presenta problemáticas que quisiera destacar, especialmente respecto del uso de la prisión preventiva, ya que valida una interpretación en la que la misma es utilizada como regla y no como excepción según indican los estándares internacionales. Esto es alarmante ya que agrava las ya preocupantes condiciones de detención mencionadas, como el hacinamiento. Es de mi conocimiento que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento un nuevo Código de Proceso Penal que procura modificar estos aspectos. Resulta muy importante que se de prioridad a la discusión y aprobación de esta ley para complementar las demás medidas institucionales y de infraestructura llevadas a cabo por el Gobierno.

Finalmente, quiero especialmente felicitar al Gobierno por la implementación de reformas institucionales que significativamente contribuyen a la prevención e investigación de casos de tortura y malos tratos en Uruguay. Entre ellas quiero destacar la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Escuela Penitenciaria del mismo, la incorporación de un nuevo escalafón civil para la atención de las personas privadas de libertad, la creación de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida (OSLA), el inicio de un proceso de incorporación de técnicos al sistema penitenciario, y la incorporación de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública (ASSE). En relación al Instituto Nacional de Rehabilitación, es de mi conocimiento que existe un proyecto de ley oficial a consideración del Parlamento para reglamentar su funcionamiento. Asimismo, entiendo que la sociedad civil, a través de SERPAJ y el Atlas of Torture, ha presentado un proyecto alternativo que busca también incorporar reformas importantes al régimen penitenciario. Quiero llamar al Gobierno a considerar ambos proyectos seriamente ya que presentan varios aspectos positivos que son complementarios.

Encontré altamente satisfactorios la estructura de los mecanismos de monitoreo y prevención, expresada principalmente a través del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario y de la recientemente constituida Institución Nacional de Derechos Humanos. Respecto de esta última, quiero manifestar mi aprobación por su creación ya que reúne las condiciones de autonomía y pluralismo requeridos por los Principios de París y está llamada a jugar un rol fundamental y necesario en la promoción y protección de los derechos humanos en el país, especialmente a través del importante rol que tendrá como Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura. Quiero especialmente instar a todos los actores públicos a colaborar con la puesta en marcha de esta nueva institución.

Quiero concluir expresando que, en términos generales y tanto para los adultos como para los niños y adolescentes, es necesario definir modelos de tratamiento en la asistencia de las personas privadas de libertad, de manera de asegurar caminos de reintegración social. Un nuevo modelo de tratamiento debe basarse en un trabajo técnico sostenido y multidisciplinario, que abarque también a la familia y el medio social de la persona privada de libertad de manera de facilitar su integración social. Sin perjuicio de lo anterior, tengo esperanzas muy positivas de que la preocupación y compromiso que encontré en el sistema político y en la sociedad civil con estos temas permitirá encarar satisfactoriamente la reforma del proceso penal y del régimen penitenciario uruguayo, que constituyen pasos claves para que el país cuente con una política criminal acorde a estos tiempos y en sintonía con los estándares internacionales de los derechos humanos que el Uruguay se ha caracterizado y comprometido a llevar adelante.