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Presentation by the Special Rapporteur on her first report to the General Assembly, 70th session, New York, 27 October 2015 (Spanish only)

Tercer Comité - Tema 72 (b)

27 de octubre de 2015
Nueva York

Señor presidente,
Señoras delegadas, señores delegados,

Este diálogo que mantengo por primera vez con el tercer comité de la Asamblea General, es prueba de que la grave situación de exclusión y discriminación que enfrentamos las personas con discapacidad está cada vez más presente en el debate internacional.

La creación del mandato que hoy represento, hace apenas un año, es el resultado de los esfuerzos realizados por la comunidad de personas con discapacidad para exigir el respecto a sus derechos y dignidad humana. Es también un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la necesidad de invertir más y mejor para compensar la deuda social existente con nuestro sector. 

Mi mandato tiene un objetivo central: apoyar a los Estados con recomendaciones concretas sobre cómo avanzar en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, mis informes para esta Asamblea, buscan brindar asistencia técnica en temas que son esenciales para asegurar nuestra participación activa en igualdad de condiciones con los demás.  

Señoras delegadas, señores delegados,

A 70 años de la creación de las Naciones Unidas cabe preguntarnos: ¿Cómo hacer realidad derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana? ¿Qué cambios estructurales, sociales, políticos y económicos son necesarios para facilitar la participación de todas las personas con discapacidad?

La respuesta no es sencilla, en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad, enfrentamos múltiples y apremiantes retos en materia de derechos humanos: la discriminación, la negación de ciudadanía, la privación de libertad, la institucionalización, la violencia, la exclusión educativa y laboral, y por encima de todo ello, transversalmente, la pobreza.

A nivel global, la pobreza afecta de manera desproporcionada a nuestro colectivo, y los costos adicionales de vivir con una discapacidad significan una barrera infranqueable para el ejercicio de nuestros derechos. La brecha entre las personas con y sin discapacidad que viven bajo la línea de pobreza o están en riesgo de caer en la pobreza es alarmante y debe ser atendida con urgencia.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad nos ofrece varias respuestas para emprender esta tarea, una de ellas me parece de vital importancia: la necesidad de transformar nuestros sistemas de protección social en herramientas más efectivas para la inclusión y la erradicación de la pobreza.  Mi informe presenta una hoja de ruta para iniciar ese proceso de transformación.

¿Por qué es importante la protección social?

La protección social es uno de los pilares centrales de los contratos sociales modernos. Su calidad y alcance, son indicadores del compromiso de un Estado con el interés general de la población.

Los sistemas de protección social son, por un lado, un valioso instrumento para garantizar la seguridad de los ingresos. Contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad, y desempeñan un papel crucial a la hora de mitigar y prevenir los efectos de situaciones difíciles, como la pérdida de un trabajo, o el impacto social de las crisis económicas. Por otro lado, son una herramienta efectiva para promover el potencial humano. Permiten asegurar el acceso equitativo a la atención médica, la educación, el empleo y los medios económicos, promoviendo el desarrollo.

Sin embargo, con pocas excepciones, los esquemas de protección social no son realmente inclusivos de las personas con discapacidad.

¿Por qué es importante replantear cómo las personas con discapacidad se benefician de la protección social?

Señor presidente,

Hablar de protección social y personas con discapacidad no es una tarea fácil. La mayoría de los sistemas de protección social, lejos de ser nuestros aliados, han sido fundamentales para la creación y difusión del “modelo médico”, que equiparaba discapacidad con “incapacidad”, y por tanto, nos consideraba incapaces de estudiar, trabajar o vivir de manera independiente en la sociedad.

Estos enfoques promovieron una falsa idea de bienestar y protección en el cual las personas con discapacidad podemos ser beneficiarias de una serie de servicios y beneficios, pero a costa de nuestra autonomía e independencia. El legado de estos enfoques es incontestable: mayor pobreza, segregación, estigmatización, institucionalización y exclusión.

Señoras delegadas, señores delegados, 

No es posible reducir la pobreza y alcanzar la inclusión social de las personas con discapacidad con sistemas de protección social que nos cierran sus puertas o que ignoran nuestros derechos. Estos, evidentemente, no son los sistemas de protección social que vengo a promover. Por el contrario son los sistemas que tenemos que transformar radicalmente para lograr que la inversión social que ya están haciendo los Estados contribuya más significativamente a avanzar los derechos de las personas con discapacidad.

Los sistemas de protección social, cuando están bien diseñados, son fundamentales para combatir la pobreza, promover la independencia, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad de manera sostenida. Garantizan la seguridad de sus ingresos y el acceso a servicios básicos, especialmente en el ámbito de la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda.

El informe plantea que es necesario un nuevo pacto social por una protección social universal e inclusiva de las personas con discapacidad. Un pacto que promueva la ciudadanía activa de todas las personas, entre ellas, las niñas, los niños, las mujeres, los hombres y las personas adultas mayores con discapacidad.

¿Qué medidas concretas necesitamos para dar ese salto? ¿Cómo avanzar hacia la protección social inclusiva?

Para ello, el informe propone líneas de acción concretas, sobre las cuales quisiera referirme brevemente:

En primer lugar, los Estados deben revisar sus marcos legales e institucionales para asegurar la existencia de sistemas de protección social integrales y coherentes que, por un lado, incorporen a las personas con discapacidad en todos sus programas e intervenciones, y por el otro, garanticen el acceso a programas y servicios específicos para atender necesidades relacionadas con la discapacidad.

Es también importante que el derecho de las personas con discapacidad a la protección social sea reconocido expresamente en la legislación nacional y forme parte de todas las estrategias y planes nacionales sobre protección social.

En segundo lugar, los Estados deben asegurar el principio de no discriminación en todos sus programas e intervenciones. Hay requisitos y mecanismos de selección para obtener las prestaciones que, directa o indirectamente, discriminan a las personas con discapacidad, estos requisitos deben ser eliminados.

Asimismo, los Estados deben asegurar la accesibilidad de todos sus programas, asegurando el acceso físico y el acceso a la información y a la comunicación.

En tercer lugar, los Estados deben garantizar que las prestaciones y los servicios ofrecidos por los programas de protección social respondan a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Los sistemas de protección social deben tomar en consideración los costos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad para tener un estándar de vida adecuado, pero también la disponibilidad de servicios de apoyo en la comunidad para fomentar su independencia y participación social.

Además es primordial garantizar que el acceso a prestaciones como las pensiones de discapacidad no limite el disfrute pleno de otros derechos humanos y libertades fundamentales, como la capacidad jurídica o el derecho al trabajar.

En cuarto lugar, quisiera llamar la atención sobre el impacto de las medidas de austeridad en las prestaciones sociales para las personas con discapacidad. Los estados deben adoptar las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr la materialización plena del derecho a la protección social de las personas con discapacidad. La obligación de la realización progresiva prohíbe medidas deliberadamente regresivas en el ejercicio del derecho a la protección social.

Los recortes realizados en algunos países, en el marco de medidas de austeridad están afectando desproporcionadamente el nivel de vida de las personas con discapacidad y sus posibilidades de vivir de forma independiente en la comunidad.

Finalmente, necesitamos más investigación, más cooperación internacional, y un mayor apoyo del sistema de las Naciones Unidas, para avanzar en la implementación de sistemas de protección social inclusivos. En todos los casos, la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones resulta de vital importancia.

Para finalizar…

Señor presidente, señoras delegadas, señores delegados,

La protección social inclusiva es una de las estrategias clave para alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. La inclusión de las personas con discapacidad en estos sistemas no es solo una cuestión de derechos, sino también una inversión crucial para avanzar hacia los nuevos objetivos propuestos: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes; asegurar una vida sana y el bienestar; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas; y reducir las desigualdades.

Esta misma semana en Bangkok se están definiendo los indicadores globales para medir el avance en la implementación de los ODS.  Es imperativo que los estados garanticen que esos indicadores sean inclusivos de las personas con discapacidad: para ello es urgente que la información sobre el acceso a los sistemas de protección social sea desagregada por discapacidad.

Estamos frente a una oportunidad única para avanzar hacia el desarrollo inclusivo y sostenible, una oportunidad que espero los Estados no dejen pasar.

Muchas gracias.