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“Preocupante la situación de la justicia en Venezuela”, advierte experto de la ONU


30 de Julio de 2009


GINEBRA – “La justicia en Venezuela continúa caracterizada por la pervivencia de un importante número de jueces y fiscales provisorios, sujetos de diversos mecanismos de interferencias políticas que afectan su independencia”, advierte el Relator Especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Leandro Despouy.

El experto en derechos humanos señala en un comunicado público que su preocupación manifestada en ocasiones previas* se ha visto ratificada por una serie de hechos recientes, debido a “la falta de independencia de un importante número de jueces y fiscales provisorios quienes están sujetos a su remoción absolutamente discrecional: sin causa, ni procedimiento ni recurso judicial efectivo”.

Entre estos hechos, el Relator Especial cita la “inejecución” por parte de Venezuela de un importante fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se estableció que incluso los jueces provisorios deben gozar de niveles de estabilidad, y se le requirió al Estado su cumplimiento.

Despouy ha mostrado su preocupación, entre otros temas fundamentales, por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de ampliar el número de sus magistrados y su posterior designación con criterios de afinidad política; así como por la utilización de la justicia con otros fines a través de jueces y fiscales provisorios.

“El derecho de toda persona a la justicia debe contar con la existencia de jueces independientes e imparciales”, señala el Relator Especial, “y para ello, la estabilidad de los jueces es un elemento esencial”, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, del cual Venezuela es signatario.

Despouy manifiesta su preocupación por distintas actuaciones de jueces provisorios y sus consecuencias, como la reciente remoción de la jueza “provisoria” Alicia Torres, dos días después de que denunciara haber sido víctima de acoso por parte de la jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, con el fin de dictar medidas cautelares contra el Presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga Núñez, y su hijo.

Cita también la medida de censura solicitada, como en el caso anterior, por fiscales provisorios contra los mensajes de promoción del derecho de propiedad producidos por las ONG Cedice y Asoesfuerzo, que fue rechazada por la jueza “provisoria” Rosa Margiotta Goyo. El Relator espera que ni en este ni en otros casos, los jueces “provisorios” sean removidos sin causa legal, sin debido proceso y sin derecho a ejercer una revisión judicial.

Por último, el experto de la ONU manifiesta su preocupación por la imputación penal de la abogada Perla Jaimes, consultora jurídica de la televisora Globovisión, por oponerse legalmente al allanamiento de una casa donde funcionan oficinas del presidente de dicho medio de comunicación social.

En este sentido, el Relator Especial invoca el respeto y aplicación de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que establece, entre otros principios, que “los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.