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GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA UTILIZACION DE MERCENARIOS CONCLUYE VISITA A CHILE

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación concluyó su visita a Chile, celebrada del 9 al 13 de julio de 2007.

Santiago, 14 de Julio de 2007: El Grupo de Trabajo manifiesta su agradecimiento al Gobierno de Chile por la invitación extendida a sus miembros para realizar la visita al país y desea expresar su agrado por el diálogo cooperativo y constructivo que se entabló con las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de otros órganos del Estado. Durante su visita, la delegación del Grupo de Trabajo sostuvo reuniones con Ministros, Subsecretarios, Subsecretarias y altos funcionarios y funcionarias estatales del Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado y Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del H. Senado, Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados, Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Fiscal Nacional, Comandante en Jefe del Ejército, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Auditor General del Ejército, Auditor del II Juzgado Militar de Santiago y Fiscal de la V Fiscalía Militar de Santiago, General Director de Carabineros y Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. La delegación del Grupo de Trabajo también tuvo la oportunidad de reunirse con sectores de la sociedad civil chilena, incluyendo representantes de organizaciones no gubernamentales, académicos, empresas de seguridad privadas, individuos y medios de comunicación.

Asimismo, desea agradecer todo el apoyo recibido por el sistema de las Naciones Unidas en Chile y su Coordinador Residente, así como por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Santiago de Chile.

Durante su visita a Chile, el Grupo de Trabajo recabó información útil para el cumplimiento de su mandato, el cual consiste en estudiar e identificar las actuales manifestaciones, problemas y tendencias emergentes relacionadas con mercenarios y actividades vinculadas al mercenarismo, así como el papel de las empresas militares y de seguridad privadas y sus posibles consecuencias en el impedimento del disfrute y ejercicio de los derechos humanos.

Conforme a las prácticas usuales de los Procedimientos Especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo preparará un informe detallado sobre su visita a Chile. Este informe será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reflejado en el informe dirigido a la Asamblea General.

En el día de hoy, el Grupo de Trabajo desea proporcionar algunas conclusiones preliminares y comentarios relativos a su misión.

Durante su visita, el Grupo de Trabajo analizó información relativa al reclutamiento, entrenamiento y contratación de chilenos para ir a trabajar con empresas de seguridad privada en Irak, así como las circunstancias, condiciones y situaciones a las que se enfrentaron dichas personas. La información, proveniente de distintas fuentes, indica irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, que incluyen hacinamiento, exceso de horas laboradas, falta de pago o pago incompleto de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento, y desatención a las necesidades básicas como salud, higiene y percances físicos graves. Aunque se les había contratado como guardias de seguridad, estas personas recibieron un adiestramiento militar en Estados Unidos, Jordania o Irak, y terminaron desempeñando funciones militares no previstas en sus contratos.

A este respecto, desea señalar que confrontadas ante este fenómeno, las autoridades chilenas respondieron con celeridad y tomaron medidas judiciales pertinentes ante los Tribunales Militares y los Tribunales Ordinarios, algunas de ellas todavía pendientes.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo manifiesta su inquietud por información recibida durante su visita, de que la contratación de ciudadanos chilenos por varias empresas de seguridad privada para desempeñar funciones de seguridad en Irak, continúa efectuándose. Estas empresas no estarían registradas en Chile y algunas de ellas serían subsidiarias de empresas norteamericanas, lo que probaría que subsisten vacíos en la legislación interna.

Asimismo, es consciente que las formas en que están actuando algunas empresas de seguridad privadas, contratando personas en países de alto índice de desocupación, para ir a prestar servicios de seguridad en zonas de conflicto armado, son manifestaciones novedosas del mercenarismo y que en un primer momento puede haber sorprendido a las autoridades de los países en donde esto está ocurriendo. Sin embargo desea señalar que la Asamblea General de la ONU, en repetidas ocasiones, ha llamado la atención de los Estados Miembros sobre el hecho que "cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o la que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos." Asimismo, que el fenómeno de contratación de chilenos para ir a Irak, que se originó desde el 2003, aparentemente continuaría produciéndose.

Otro de los objetivos de la visita del Grupo de Trabajo era promover la adhesión de Chile a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de 1989. Sobre este punto fue informado de las acciones emprendidas por el Estado chileno. Entre ellas se encuentran, el anteproyecto de Ley depositado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para la adhesión de Chile a la Convención; la conformación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional encargada de estudiar las medidas que deberán ser adoptadas en la legislación interna a fin de elaborar una normativa eficiente y moderna para la tipificación, la disuasión y la sanción de las nuevas modalidades relacionadas con el mercenarismo; el reemplazo de la actual Ley de Vigilancia Privada por una Ley de Seguridad Privada y los anteproyectos relativos a las reformas de la carrera militar.

En el estudio que realizó en forma preliminar sobre la legislación, regulación y fiscalización de las empresas de seguridad privada, el Grupo de Trabajo observó con satisfacción que esta actividad posee una amplia reglamentación y control en el país. Sin embargo, dado el crecimiento exponencial de esta actividad en los últimos años - superior al promedio mundial y de otros países de América Latina-, así como los riesgos asociados a esta actividad y la necesidad de tener en cuenta el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, un mayor control sería deseable, principalmente en lo referente a evitar posibles abusos por parte del personal de seguridad privada.

Relacionado con el punto anterior y en lo referente a las implicaciones que tienen las actividades de las empresas de seguridad privada, contratadas por las compañías forestales hacia los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo recibió información de diferentes fuentes que indicarían abusos de los derechos humanos de las comunidades indígenas, particularmente del derecho a la circulación, hostigamiento y acusaciones contra los indígenas sobre delitos que aparentemente habrían sido cometidos por guardias de seguridad. Al Grupo de Trabajo le preocupa que en la cesión del uso de la fuerza y de la seguridad por parte del Estado a las empresas privadas puedan cometerse ilícitos, que unidos a la falta de información y focalización de las autoridades pertinentes sobre estos delitos, conlleven a situaciones de impunidad.

El Grupo de Trabajo desea felicitar al Estado chileno por todas las medidas adoptadas y las acciones emprendidas arriba mencionadas y presentar las siguientes recomendaciones preliminares:

La conclusión del estudio de la Mesa de Trabajo Interinstitucional tendente a la tipificación y legislación a nivel interno para adoptar la interpretación normativa más amplia posible, que incluya no sólo el delito de mercenario sino también las nuevas modalidades del mercenarismo, así como las modificaciones necesarias al proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que permitiría una pronta adhesión de Chile a la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios de 1989;

La pronta conclusión de las investigaciones por parte de las autoridades competentes, particularmente en los Tribunales Militares, sobre el caso todavía pendiente en relación con la empresa Red Táctica;

Tomar medidas de carácter urgente, con el fin de tutelar los derechos de los ciudadanos chilenos que todavía se encuentran trabajando en Irak en las condiciones antes mencionadas.

En la adopción de la nueva ley sobre seguridad privada asegurar el derecho de todas las personas a la seguridad como bien público y que la nueva legislación integre los principios de eficacia en la relación entre sector público y privado, transparencia y responsabilidad, rendición de cuentas, especialmente referida a recoger información sobre abusos cometidos por parte del personal de seguridad privada y sancionarlos, capacitación adecuada con énfasis en derechos humanos y equidad para que el bien público de la seguridad sea accesible a toda la población;

Alentar la creación de un organismo del más alto nivel ejecutivo- Ministerio o Subsecretaria- que tenga competencia y fiscalice tanto las empresas de seguridad privada como las nuevas modalidades de mercenarismo;

Contemplar la posibilidad de solicitar asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la elaboración de la tipificación del delito de mercenarismo y su inclusión en la legislación nacional;

Contemplar la posibilidad de celebrar un seminario multidisciplinario para difundir las conclusiones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional y del informe sobre Chile del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, con miras a la inclusión en políticas públicas de las recomendaciones de dicho seminario.

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El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, fue establecido en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo está compuesto de cinco expertos independientes trabajando en sus capacidades personales. El Presidente-relator del Grupo de Trabajo es Sr. José Luis Gomez del Prado (España). Los otros miembros son: Sra. Najat Al-Hajjaji (Libia Arab Jamahiriya), Sra. Amada Benavides de Pérez (Colombia), Sr. Alexander Nikitin (Rusia) y Sra. Shaista Shameem (Fiji).

Si desea obtener más información sobre la resolución que establece el mandato del Grupo de Trabajo, consulte la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/spanish/issues/mercenaries/index.htm.