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RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION CULMINA SU VISITA A GUATEMALA



28 de julio de 2008

El Relator Especial sobre el derecho a la educación emite el siguiente comunicado de prensa:

Vernor Muñoz Villalobos, en su calidad de Relator Especial sobre el derecho a la educación, ha llevado a cabo una visita oficial a Guatemala entre el 20 y el 28 de julio de 2008. Visitó las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango. El Relator tuvo el honor de ser atendido por el Presidente de la República, la Ministra de Educación, los Vice-Ministros de Educación y de Relaciones Exteriores, así como por el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Presidente de la Comisión de Educación del Congreso y otras autoridades nacionales y locales.

En aproximadamente 40 reuniones, el Relator Especial interactuó también con más de 300 personas de la sociedad civil, incluyendo a líderes y lideresas indígenas, maestros y maestras, estudiantes, madres de familia, organizaciones magisteriales y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. El Relator Especial tuvo la oportunidad de visitar escuelas de primaria y secundaria así como una de las sedes regionales de la Universidad de San Carlos; dos centros penitenciarios, una escuela nocturna de educación para adultos y diferentes proyectos de educación formal y no formal de organizaciones no gubernamentales, así como otras instituciones estatales relacionadas con el tema, como CONALFA. El Relator Especial desea expresar su gratitud al Gobierno por brindarle la oportunidad de reunirse con todas las autoridades relevantes para su mandato.

La visita a Guatemala ha permitido al Relator Especial confirmar el principio de que la educación es el verdadero motor del desarrollo y que resulta necesario hacer un esfuerzo por alcanzar acuerdos estratégicos nacionales que no se vean afectados por los cambios de gobierno y de las autoridades municipales.

El Relator Especial ha manifestado su preocupación por la reducida inversión en la educación: aproximadamente un 2% del PIB (la más baja de la región), y aplaude la determinación del gobierno de intentar aumentar los recursos destinados a la educación. Esa determinación debería ser apoyada decididamente por todos los sectores sociales, incluyendo en primer lugar el Congreso de la República.


En ese sentido, el Presidente de la Comisión de Educación del Congreso le aseguró que para el año 2009 habría un aumento equivalente al 0.5% del PIB. El Relator considera que esta tendencia progresiva tendría que mantenerse con base en un consenso nacional entre todos los partidos políticos, grupos de interés y organizaciones de la sociedad civil, de modo que se pueda revertir la tendencia deficitaria, así como, los siglos de discriminación y racismo que pesan sobre los pueblos indígenas, especialmente las mujeres y la población rural en situación de pobreza.

El Relator Especial constató que el derecho a la educación de los pueblos indígenas en la práctica se ha reducido a la cuestión del bilingüismo, a pesar de que en los planes y programas establecidos años atrás, se consigna la cuestión cultural como un tema sustantivo. Si bien en la estructura del MINEDUC se incluye un Vice-Ministerio y una Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, la verdad es que la mayoría de las acciones se concentran en la enseñanza de las lenguas indígenas únicamente para estudiantes de los tres primeros años de la educación primaria, en un número muy limitado de escuelas públicas y solamente para indígenas. No hay un espacio para la potenciación de las culturas, las cosmovisiones, las artes y las tradiciones ancestrales de los primeros pueblos de este país.

Esta visión reduccionista no sólo es problemática, sino que además amenaza la existencia misma de los pueblos originarios, considerando que las poblaciones indígenas constituyen una gran parte de la población. La educación intercultural no debe limitarse a algunas poblaciones indígenas, sino que también debe proyectarse a los centros educativos de personas no indígenas, de modo que se pueda construir una cultura de respeto a la diversidad y de compromiso social.

El Relator Especial celebra que la educación bilingüe intercultural constituya una de las políticas centrales del MINEDUC. Sin embargo, también observa que la dirección encargada de su implementación (DIGEBI), cuenta con muy escaso presupuesto, cuya coordinación corresponde a un Vice-Ministerio sin poder operativo en el Ministerio y que según la percepción del Relator Especial incluso está inexplicablemente subutilizado.

De otra parte, la inmensa mayoría de los docentes indígenas se encuentran laborando en la educación primaria, debido en general al estancamiento de la educación secundaria, y a las serias limitaciones de formación docente que se ofrecen a nivel superior. Por lo demás, el presupuesto que se destina al pago de docentes indígenas es mucho menor si se compara con otros sectores.

Según el observatorio de la educación de la CNPRE (2007), en el periodo 2003-2006 el porcentaje de estudiantes indígenas matriculados sólo creció en un 0.8%, y si bien el acceso a la educación primaria ha crecido en el último año, la tendencia sigue siendo desfavorable para los habitantes de las zonas rurales (donde vive el 70% de la población en pobreza o extrema pobreza).

Los procesos de exclusión, discriminación e incluso de racismo que aun persisten en Guatemala, cuyas raíces históricas son ampliamente conocidas, afectan principalmente a los pueblos Maya, Garifuna, Xinca y a las comunidades mestizas que habitan las zonas rurales, y de manera especialmente grave a los niños, niñas y adolescentes.

El Relator Especial quisiera señalar que estas desigualdades y asimetrías sociales se han reproducido en el campo de la educación y obstaculizan la realización de este derecho humano, afectando a más de un millón de niños y niñas trabajadoras.

La legislación existente, incluyendo las normas constitucionales, revelan un abismo entre la retórica jurídica y la práctica. Los principios constitucionales en torno a la educación deben dejar de ser letra muerta y convertirse en la práctica cotidiana que oriente el quehacer concreto. Preocupa especialmente que no se haya reglamentado la ley de idiomas nacionales, que no se haya podido crear la Universidad Maya y que existan serios vacíos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el tema del acceso escolar, el Relator Especial pudo constatar un avance en la cobertura de la educación preescolar (48% en el 2006). Es además estimulante notar un gran avance en la escolarización primaria, que debe ser complementado con una lucha sostenida contra los altos índices de deserción.

El Relator Especial constata finalmente que la tendencia es hacia una privatización de la educación, lo cual atenta contra el principio de gratuidad establecido en los instrumentos del derecho internacional, lo que contradice los principios de Educación para Todos y el artículo 71 de la Constitución Guatemalteca. Muchas familias deben cubrir diversas cuotas y gastos escolares, que van desde pequeñas contribuciones, hasta el pago de docentes.

El programa de transferencias condicionadas de renta que impulsa el Gobierno de la República, constituye una excelente práctica, así como los diferentes bonos que se otorgan tanto a estudiantes como a docentes. El Relator Especial reconoce y agradece estos esfuerzos e invita a las autoridades competentes a continuarlos y desarrollarlos.

Sin embargo, resulta dramático constatar que el 80% de la educación media está en manos de colegios privados, lo cual deriva en la imposibilidad de miles de familias de asegurar la educación básica y diversificada para sus hijos e hijas, a causa de su situación de pobreza. El Relator Especial es consciente de que el desarrollo de la educación secundaria enfrenta múltiples obstáculos, tales como la falta de docentes y de infraestructura. No obstante, la posibilidad de construir las capacidades científicas, tecnológicas y culturales que el país requiere para avanzar cualitativamente en su desarrollo y en la dignificación de los pueblos recae en la garantía de la educación media y universitaria. Es por ello que deben apoyarse los planes de expansión y fortalecimiento de la educación secundaria y de la universidad estatal.

Asimismo, constituye una prioridad revisar el currículo de la formación inicial docente (escuelas normales), dada la trascendencia que el mismo tiene para el futuro de la educación en Guatemala. El Relator invita al Ministerio de Educación a continuar con el esfuerzo participativo que recientemente ha puesto en marcha para llegar a la formulación de un currículo técnicamente adecuado que incluya la visión de los y las estudiantes, docentes y la comunidad educativa.

El Relator Especial urge a que se constituya a la máxima brevedad el Consejo Nacional de Educación, cuya creación está contemplada desde la promulgación de la Ley Nacional de Educación de 1991. Dicho Consejo debería estar en capacidad de dar seguimiento a los temas acordados por la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, de modo a retomar el carácter democratizador de los procesos educativos por parte de un órgano de alto nivel.

Se ha constatado también el interés en promover mejores condiciones educativas para la población con necesidades especiales, lo que debería ser atendido por las instituciones públicas encargadas a efecto de terminar con esta exclusión.

Finalmente, el Relator Especial ha constatado también los esfuerzos del Gobierno por regularizar la situación laboral de un importante número de maestros y maestras cuyo régimen de contratación ha vulnerado sus derechos laborales hasta ahora. Se trata de una iniciativa que constituye una buena oportunidad para continuar fortaleciendo la educación rural y de las comunidades indígenas.

El informe del Relator especial sobre la visita será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el año 2009.

El Relator Especial es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados, y otros, en la promoción y protección del derecho a la educación. Para mayor información sobre el mandato del Relator Especial, así como para obtener copias de los informes disponibles, por favor consulte la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
(http://www.ohchr.org) y (http://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/index.htm)