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Con el propósito de reducir la impunidad en ambos lados del conflicto, la Oficina se dedicará a: supervisar la situación de derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario; investigar y verificar las denuncias de abusos de derechos humanos; establecer oficinas regionales para el despliegue de oficiales internacionales de derechos humanos en todo el país; alentar a todos los interlocutores pertinentes a cumplir con la legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario; informar a las autoridades competentes sobre violaciones y otros abusos de derechos humanos; y mantener la comunicación con todas las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil competentes.
El programa tiene además el propósito de fortalecer la capacidad nacional de protección de los derechos humanos a través de las siguientes actividades: prestar asesoramiento al poder ejecutivo del Gobierno sobre políticas de derechos humanos y cómo aplicarlas; asesorar a los poderes legislativo y judicial del Gobierno; identificar medidas de creación de capacidad que sirvan para resolver las deficiencias más graves; garantizar que el Gobierno tome en consideración las recomendaciones y decisiones de los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas; prestar asesoramiento y apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y prestar asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil, y cooperar con ellas, en materia de mecanismos nacionales de protección, particularmente los que afectan a grupos vulnerables.
El personal de la Oficina trabajará con organizaciones internacionales y nacionales en la creación de capacidad para apoyar el proceso de paz, en la coordinación de actividades entre las partes interesadas nacionales e internacionales, y en fortalecer la protección de los desplazados internos y los niños víctimas del conflicto.
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