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Derechos humanos y deuda externa

La necesidad de hacer frente a los efectos de la deuda externa en los derechos humanos dimana del principio de la asistencia y la cooperación internacionales, que figura de manera tácita o expresa en la Carta de las Naciones Unidas y otros muchos instrumentos internacionales vinculantes.

En la Carta de las Naciones Unidas se señalan los propósitos generales de la cooperación económica y social internacional. En el párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta se establece que los propósitos de Naciones Unidas incluyen la realización de "la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión". En el Artículo 56 de la Carta los Estados Miembros se comprometen "a tomar medidas conjuntas o separadamente, en cooperación con la Organización" para la realización de esos propósitos.

En el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se dispone que "toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos". Un orden internacional caracterizado por un extremado endeudamiento de los países de ingresos bajos y medios y la correspondiente incapacidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto de sus ciudadanos es incompatible con ese derecho.

Según el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada Estado parte "se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".

A tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Económico y Social puede "señalar a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia financiera toda cuestión surgida de los informes [presentados por los Estados partes en el Pacto] que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva de Pacto".

Los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño están obligados a adoptar medidas para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Convención hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional (art. 4).

Del mismo modo, en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se dispone, en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, que "los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Comprensión que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional".

Además de los instrumentos anteriormente mencionados, que son jurídicamente vinculantes para los Estados partes, hay otros instrumentos que han sido aprobados por diferentes órganos de las Naciones Unidas (especialmente el Consejo Económico y Social y la Asamblea General), que destacan los efectos perjudiciales de la deuda externa para el disfrute de los derechos humanos y ponen de manifiesto el compromiso político de la comunidad internacional de mejorar la cooperación a ese nivel en la esfera de los derechos humanos. Tales compromisos políticos refuerzan las obligaciones de los Estados con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos relativas, entre otras cosas, a la asistencia y la cooperación internacionales.

En el párrafo 3 del artículo 3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo se proclama el deber de los Estados de "cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo" y que "los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos" (véase la resolución 48/128 de la Asamblea General).

En el párrafo 10 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó "el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales" y, en el párrafo 12, exhortó "a la comunidad internacional a que haga cuanto pueda por aliviar la carga de la deuda externa de los países en desarrollo a fin de complementar los esfuerzos que despliegan los gobiernos de esos países para realizar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos". En el párrafo 13, la Conferencia reconoció que era "indispensable que los Estados y las organizaciones internacionales, en cooperación con las ONG, creen condiciones favorables, en los planos nacional, regional e internacional, para el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos".

En el párrafo 13 de la Declaración de Viena se hace esencialmente un llamamiento para que se adopte un enfoque integral respecto de los derechos humanos, exhortando a los Estados a "eliminar todas las violaciones de los derechos humanos y sus causas, así como los obstáculos que se opongan a la realización de esos derechos".

Por último, en la Declaración del Milenio, de la que proceden los ocho ODM, no sólo se hace una referencia sustancial a los derechos humanos, sino que también se subraya que la cooperación internacional es un elemento esencial de la respuesta mundial a la crisis de la deuda. En el párrafo 13 de la Declaración, los Estados manifestaron su compromiso respecto de "un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio" y, en el párrafo 16, manifestaron su determinación de "abordar de manera global y eficaz los problemas de la deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo". En el párrafo 28, los Estados decidieron "adoptar medidas especiales para abordar los retos de erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en África, tales como cancelar la deuda".

Dentro de los ODM, el objetivo 8, que es primordial, atribuye una responsabilidad adicional a la comunidad internacional a los efectos de prestar asistencia, al tiempo que contiene un compromiso concreto respecto de un "programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza".