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Conceptos clave sobre los DESC - ¿Pueden hacerse valer ante los tribunales los derechos económicos, sociales y culturales?

Sí. Los fallos de los tribunales de los países de todas las regiones del mundo que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales ponen de manifiesto que tales derechos pueden hacerse valer judicialmente. No obstante, esa "justiciabilidad" de los derechos económicos, sociales y culturales se ha cuestionado tradicionalmente por diferentes razones.

En primer lugar, hay quienes consideran que los derechos económicos, sociales y culturales están demasiado "vagamente definidos" para permitir que los jueces justifiquen sus fallos acerca de si se ha producido o no una violación. Los pronunciamientos judiciales sobre tales derechos requieren de los tribunales determinar en qué consiste, por ejemplo, hambre, una vivienda adecuada o un salario justo. Sin embargo, los jueces siempre han resuelto adecuadamente las cuestiones de lo que constituye tortura, un juicio justo o una injerencia arbitraria o ilícita en la intimidad. Corresponde claramente a la judicatura colmar las lagunas existentes en la legislación no solamente en relación con los derechos humanos, sino también en cualquier esfera del derecho.

En segundo lugar, el logro de la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales depende en gran medida de las políticas de los gobiernos. Sin embargo, la revisión de las políticas de los gobiernos en esa esfera, al igual que en cualquier otra, a fin de garantizar que se ajusten a los principios constitucionales y a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos es claramente una función de la judicatura. Si bien el papel de la judicatura en relación con la revisión judicial de la política de los gobiernos puede variar de un país a otro, la revisión de las políticas no significa formular políticas. Así pues, la judicatura no se extralimita en su función constitucional cuando adopta decisiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, algunos han cuestionado si es posible que un tribunal evalúe la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. La supervisión de la realización progresiva puede hacerse mediante varios mecanismos, incluidos los tribunales. En Sudáfrica, los tribunales han averiguado si el Estado cumple sus obligaciones de realización progresiva, para lo cual han examinado si las medidas adoptadas por el Gobierno son razonables. El hecho de no tener en cuenta las necesidades de los más vulnerables en el marco, por ejemplo, de la política de la vivienda indicaría que esa política no puede considerarse razonable. 

La protección judicial de los derechos humanos es fundamental. La existencia de un derecho sin un mecanismo para exigirlo plantea la cuestión de si se trata realmente de un derecho. Eso no significa que la protección judicial sea el único o el mejor medio de proteger los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, la protección judicial tiene claramente la función de hacer que se comprendan mejor tales derechos, ya que ofrece recursos en casos de violaciones manifiestas y permite adoptar decisiones en causas que sientan un precedente y que pueden dar lugar a cambios institucionales sistemáticos a fin de evitar futuras violaciones de los derechos.