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Participación equitativa en la política y los asuntos públicos


Resumen

Los derechos relacionados con la participación política y pública desempeñan una función crucial, tanto para la promoción de la gobernanza democrática, el Estado de derecho, la inclusión social y el desarrollo económico, como para el progreso de los derechos humanos. El derecho a participar en la vida pública -directa e indirectamente- es fundamental para el empoderamiento individual y colectivo y es uno de los principales elementos de las estrategias de derechos humanos orientadas a erradicar la marginalidad y la discriminación. El derecho a la participación está inextricablemente unido a otros derechos humanos, tales como el derecho de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión y opinión y los derechos a la educación y la información.

Los obstáculos a la participación política y pública equitativa existen en numerosos contextos. Entre otras barreras, figuran la discriminación directa o indirecta por motivo de raza, color de la piel, ascendencia, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen social o étnico, patrimonio, nacimiento, discapacidad, nacionalidad o cualesquiera otras circunstancias. Incluso cuando no existe una discriminación específica en relación con la participación política o pública, la desigualdad en el acceso a otros derechos humanos puede suponer un impedimento para el ejercicio efectivo de los derechos de participación política.

Marco jurídico internacional

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece las obligaciones de los Estados Partes en relación con el derecho de cada persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegida en elecciones periódicas y auténticas y a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. El artículo 25 se completa con la Observación General interpretativa y con la jurisprudencia adoptadas por el Comité de Derechos Humanos.

Otros instrumentos internacionales de derechos humanos contienen disposiciones similares, entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5c), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículos 7 y 8), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 4.3, 29 y 33.3), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículos 41 y 42), la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de las Naciones Unidas (artículos 5 y 18), la Declaración y el Programa de Acción de Durban (artículo 22), la Declaración sobre el derecho al desarrollo (artículos .1.1, 2 y 8.2) y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (artículo 8). Por su parte, en el ámbito regional, la igualdad de derechos políticos también está protegida por varios instrumentos, entre otros el Primer Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 13).