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Día de los Derechos Humanos de 2012 – Nota informativa

El derecho de todo ciudadano a participar en la gestión de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizado y amparado en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esos principios, comúnmente denominados “derecho de participación” han sido definidos en mayor detalle por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, grupo de expertos que supervisa la aplicación del Pacto. El Comité ha enunciado explícitamente los componentes básicos del artículo 25, cómo deberá aplicarse, su importancia para una sociedad democrática y quién es responsable de su aplicación.

¿Qué supone el derecho a participar?

  • El Comité de Derechos Humanos dice que el derecho a participar en la vida pública “apoya el proceso del gobierno democrático”. El artículo 25 del pacto reconoce y ampara el derecho y la oportunidad de todo ciudadano a participar en la gestión de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a las funciones públicas;
  • Ese artículo concede a las personas el derecho a determinar su propia afiliación política y a elegir a sus representantes oficiales, a su gobierno y una constitución. Esas opciones y “el derecho de las personas a participar en los procesos… constituye la gestión de los asuntos públicos”, dice el Comité;
  • La gestión de los asuntos públicos se refiere al ejercicio del poder político, en particular el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales.

¿A quiénes se aplica ese derecho?

Ese derecho se aplica a todos los ciudadanos sin distinción de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, estado civil, patrimonio, nacimiento u otra condición”.

¿Se le imponen condiciones?

Si bien se podrán imponer condiciones al ejercicio de este derecho, el Comité entiende perfectamente que estas deberán basarse en “criterios objetivos y razonables”. Por ejemplo, el Comité señala que tal vez sea razonable establecer una edad superior como requisito para ser elegido o nombrado a determinados cargos que para ejercer el derecho al voto.

¿Qué significa en la práctica participar en la vida pública?

  • Las personas participan directamente en la gestión de los asuntos públicos cuando ejercen el poder como miembros de los órganos legislativos o cuando ocupan un cargo ejecutivo;
  • Las personas también participan directa o indirectamente en la elección de representantes locales, el parlamento, los jefes de Estado y en consultas nacionales o referendos, por ejemplo, para adoptar o cambiar la constitución;
  • Las asambleas populares establecidas para adoptar decisiones sobre cuestiones de índole local, y para representar los intereses de una comunidad particular en consultas con el gobierno, prevén la participación directa de los ciudadanos;
  • Las personas también participan mediante el debate y el diálogo públicos.

¿Quién asegura que las personas tengan ese derecho y sean incluidas?

El derecho a participar, incluido el derecho al voto en las elecciones y los referendos, debe establecerse por ley. “La asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos… se determinarán por la constitución o por otras leyes”, según dice el Comité.

En opinión del Comité, no es razonable restringir el derecho al voto por motivos de discapacidad física ni imponer requisitos relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel de instrucción o la situación económica.

El Comité también aclaró que la libertad de expresión, reunión y asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho al voto y deben protegerse plenamente.

Pautas de la exclusión y medidas para garantizar la inclusión

Algunos grupos tropiezan con dificultades para expresar su opinión o tomar parte en la vida pública de sus comunidades. Por razones de discriminación por motivo de raza, género y religión, entre otros, y dada la falta de acceso a la educación, y a servicios apropiados, muchas personas han sido incapaces de ejercer su derecho de participación en absoluto o con la plenitud con que lo ejercen otros.

Las mujeres en muchas comunidades siguen “guardando silencio” en las decisiones que afectan a sus sociedades. Ello sucede pese a la existencia de disposiciones específicas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que estipulan que se tomarán todas las medidas apropiadas “para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”, en particular asegurando el derecho al voto, a participar en la formulación de la política gubernamental y a participar en las organizaciones que se ocupan de la vida pública y política del país.

A nivel mundial, el 19,5% de los escaños parlamentarios que cambiaron de manos en 2011 fueron ocupados por mujeres, un aumento de medio por ciento respecto del año anterior. Las cifras de la Unión Interparlamentaria (UIP) apuntan a un aumento lento pero sostenido del número de mujeres parlamentarias, si bien con marcadas diferencias entre países y regiones. Según la UIP, el número de mujeres que se postulan para ocupar cargos públicos es simplemente insuficiente para surtir el mismo efecto electoral que los hombres.

Las personas con discapacidad, excluidas desde hace tiempo de participar plenamente en la vida pública de sus comunidades, reclaman actualmente su inclusión. En un estudio innovador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2012 se señaló que “las personas con discapacidades psicológicas e intelectuales siguen privadas de su derecho a votar y a ser elegidas”. En el informe se recomienda que el Consejo de Derechos Humanos se plantee revisar su Observación general núm. 25 “con el fin de reflejar en ella la progresiva evolución de la normativa internacional de derechos humanos en esta esfera”.

Las poblaciones indígenas y las minorías se encuentran relegadas a menudo a la condición de “personas ajenas” incapaces de ejercer su derecho a participar. En las sociedades cuyos grupos indígenas y minoritarios se ven marginados se dificultan la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad del medio ambiente y la solución de los conflictos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoya y defiende los derechos de los grupos indígenas y minoritarios en los planos internacional y nacional, en particular mediante la labor del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Experto independiente en cuestiones de minorías.

Los niños pueden ser excluidos legítimamente del proceso de votación, pero, según la Convención sobre los Derechos del Niño, siguen teniendo el derecho a participar en sus comunidades. El Artículo 12 de la Convención estipula que los niños tienen el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones que puedan afectar sus vidas. En su Observación general N° 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité de los Derechos del Nino explica que “el concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio”.

Fuentes:

La Declaración Universal de Derechos Humanos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

La Observación general núm. 25: El derecho a participar en los asuntos públicos, los derechos de voto y el derecho al acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas

La Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

El Comité de los Derechos del Niño: Observación general núm. 12

Estudio sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y política

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Los pueblos indígenas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano – Las minorías