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Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011

“En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad civil.

“Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible.

“Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Argentina.

“Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.

“En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones preliminares.

“En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160 de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

“Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan los pueblos originarios del país.

“En particular, considero importante que se emprendan programas de capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos pueblos.

“A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las comunidades o pueblos indígenas.

“En esta conexión, una preocupación central expresada por representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral.

“La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT.

“Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención a la remediación de estos efectos.

“Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado tanto de representantes indígenas como de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan.

“También en relación con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro de estos sitios.

“A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.

“Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas. Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso a la educación universitaria y la situación particular de mujeres indígenas estudiando en áreas urbanas.

“Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarios de radio.

“Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares internaciones relevantes.