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Observaciones y recomendaciones preliminares: Primera misión a Paraguay de experta de la ONU en pobreza extrema

Estimados periodistas, señoras y señores, agradezco a todos su presencia en el día de hoy. Me dirijo a ustedes en el último día de mi visita a Paraguay que ha tenido lugar del 11 al 16 de diciembre.

Me gustaría comenzar agradeciendo al Gobierno de Paraguay por su invitación al país y por la apertura y la cooperación durante toda mi visita.

Agradezco también a la Asesora de Derechos Humanos de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Sra. Liliana Valiña, por su invaluable apoyo, sin el cual esta misión no se podría haber llevado a cabo, así como al PNUD por su colaboración durante mi visita.

Durante los últimos seis días, me he reunido con el Ministro de Relaciones Exteriores, D. Jorge Lara Castro, el Ministro de Educación, D. Victor Ríos, la Ministra de Salud, Da. Esperanza Martínez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, D. Luis María Benítez Riera, la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Da. Alicia Puchetta y con el Presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, D. Ramón Gómez Verlangieri. He mantenido interesantes intercambios con el Director Ejecutivo del Gabinete Social, representantes de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud. Permítanme expresarles mi más sincero agradecimiento por recibirme y dialogar con franqueza acerca de los desafíos existentes en la implementación de los programas de erradicación de la pobreza y las políticas de protección social.

He participado en talleres de trabajo con la Unidad Técnica del Gabinete Social y la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Me alienta el compromiso de los técnicos del Gabinete Social y de los miembros de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo en llevar adelante el desarrollo de programas y políticas sociales, a veces con grandes desafíos institucionales y presupuestarios. Destaco el esfuerzo significativo que han venido realizando en el proceso de elaboración participativa del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, impulsado por la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros poderes del Estado, el cual recoge las políticas públicas existentes e identifica los mayores desafíos que deben ser abordados para la protección y realización de los derechos humanos. Considero que este Plan es una oportunidad para establecer las bases de un proyecto país que apunte a transformar las desigualdades estructurales en el Paraguay.

También me he reunido con líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil, el equipo de las Naciones Unidas en el país y con representantes de las agencias de cooperación. Agradezco a todos por sus francas impresiones y discusiones abiertas sobre la situación de la población que vive en extrema pobreza en Paraguay. Me impresionó el compromiso de la sociedad civil que trabaja en el tema de la pobreza y los derechos humanos y su voluntad por mejorar la situación de todos aquellos que sufren discriminación y exclusión en el país.

Durante mi estadía en el Paraguay, he visitado los distritos de Abaí, Buena Vista y Tavaí en el Departamento de Cazaapá, donde me he reunido con comunidades indígenas, beneficiarios del programa Tekoporã y autoridades locales. Tuve también la ocasión de visitar los programas Abrazo en la ciudad de Luque y Unidades de Salud Familiar en el Bañado Sur.

Asimismo, me he reunido con personas que viven en situación de extrema pobreza, sufriendo discriminación y exclusión. De esta forma, he podido conocer de primera mano sus impresiones, los desafíos a los que se enfrentan y los avances que han podido identificar. Quisiera agradecer a todos ellos por recibirme en sus comunidades y en sus casas y por compartir conmigo las difíciles y en ocasiones dramáticas experiencias de vivir en la extrema pobreza.

Voy a centrarme ahora en presentar una serie de conclusiones preliminares sobre algunos de los temas que analizaré con más detalle en mi informe final que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2012.

Señoras y señores,

Paraguay es un país rico en recursos naturales que han contribuido a un importante desarrollo económico. En el año 2010, la economía de Paraguay ha experimentado un extraordinario crecimiento económico del 15% del Producto Interno Bruto, situándose como el país con el mayor crecimiento de la región.

Sin embargo, el crecimiento económico no se ha traducido en una disminución significativa de la pobreza en el país. En el Paraguay, la pobreza sigue siendo muy extendida correspondiendo a más de un tercio de la población (34,7%) y no se ha logrado disminuir la pobreza extrema que representa el 19,4% de la población .

Aunque la pobreza extrema se concentra principalmente en el área rural, siendo siempre muy superior a la urbana, llegando incluso a triplicarla en el año 2010, las difíciles condiciones de vida en las zonas rurales están obligando a los grupos más vulnerables a

emigrar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Este fenómeno ha dado lugar a un aumento de la pobreza extrema en el área urbana incrementándose hasta 10,3% en 2010 .

En los últimos años, el Gobierno de Paraguay ha mostrado una gran apertura y un claro compromiso en la protección y promoción de los derechos humanos. Paraguay ha venido colaborando recientemente con varios mecanismos internacionales de protección y promoción de derechos humanos y ha participado con dedicación en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha puesto al día en su obligación de presentar informes a los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos.

El Gobierno ha impulsado planes de protección social y ha diseñado una política pública integral y basada en derechos. He tenido ocasión de visitar algunos de los programas emblemáticos como Tekoporá, Abrazo y Unidades de Salud Familiar. Estos programas son una muestra del compromiso serio por erradicar la pobreza y garantizar el acceso universal a los servicios públicos. Felicito al Gobierno por su ambiciosa Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social: “Paraguay para Todos y Todas”.

Son numerosos los avances que he observado en materia de acceso a servicios de salud y el impacto que tienen en la población que vive en extrema pobreza en el país. Felicito al Gobierno por las medidas que ha adoptado para garantizar progresivamente el derecho a la salud a través de la eliminación del pago de aranceles para el acceso a las prestaciones médicas, odontológicas, medicamentos, insumos y servicios de ambulancia. Estos avances en el ámbito de la salud se han traducido en un incremento del 77% de las consultas médicas en los últimos tres años y en un aumento de cerca del 85% de personas enfermas del sector rural del quintil más pobre que accedieron a consultas médicas en el 2010 en comparación al 2007 .

Quiero destacar la atención que se ha brindado a las familias y comunidades que viven en situación de extrema pobreza a través de las Unidades de Salud Familiar y reconocer especialmente el establecimiento de 704 Unidades de Salud Familiar instaladas en 234 distritos a nivel nacional que cubren una población de cerca de 2.500.000 personas. Durante mi misión, he tenido ocasión de visitar dos Unidades de Salud Familiar en el Bañado Sur, donde sus beneficiarios me manifestaron su satisfacción y la importancia que supone el fácil acceso a una atención primaria de la salud. Animo a que el Gobierno continúe consolidando esta iniciativa y ampliando su alcance para cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables en todo el país. Hago un llamado a todos los poderes del Estado para que aseguren que en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no exista un retroceso en las metas logradas.

En el ámbito de la niñez y adolescencia, son también destacables los avances que se han conseguido a través del programa emblemático Abrazo. A septiembre de 2011, el programa ha incluido a 2.730 niños y niñas más alcanzando la cifra de 4.530 niños y niñas protegidos . Este programa ha alcanzado en la actualidad el establecimiento de 36 centros divididos en 23 distritos de 8 departamentos y tiene como meta seguir aumentando su alcance. Animo al Estado a que siga invirtiendo en este programa de manera a garantizar una disminución progresiva del trabajo en las calles y una mayor protección de los niños y niñas en esta situación, contribuyendo a superar la pobreza en el país.

El pago de una pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza constituye también un avance significativo en la lucha contra la extrema pobreza. En agosto 2011, se ha alcanzado a 6.292 beneficiarios y se pretende aumentar el número hasta 25.000 en diciembre de 2011 .

A pesar de estos avances, el crecimiento y el desarrollo no se han traducido en una mejora sostenida del nivel de vida, bienestar y creación de empleo. Para la gran mayoría, los efectos del crecimiento económico han sido muy escasos. La pobreza sigue siendo generalizada y extendida y la desigualdad en el país es abismal.

En 2011, Paraguay ha conocido un retroceso importante en el índice de desarrollo humano, marcado por las desigualdades económicas y sociales, situándose en el puesto 107 de 185 países , el segundo más bajo de América del Sur.

La inequidad en la distribución de ingresos en el país es alarmante. El 40% más pobre de la población recibe sólo el 11,3% del ingreso nacional total, mientras que el 10% más rico de la población acumula el 41% de los ingresos totales . En 2010, los más ricos obtuvieron un ingreso medio 35 veces más grande que los más pobres. Si esto lo traducimos a números, significa que el 10% más pobre de la población tiene un ingreso medio mensual de menos de 25 dólares frente al 10% más rico que tiene un ingreso medio mensual de más de 900 dólares .

Esta desigual distribución de los ingresos entre la población es una de las principales razones de la persistencia de altos niveles de pobreza en el país. Los problemas del Paraguay no van a solucionarse a largo plazo si la desigualdad sigue incrementando y los grupos más excluidos y discriminados no obtienen recursos suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado.

Los índices de empleo y subempleo son muy altos: aproximadamente 3 de cada 10 personas se encuentran desempleadas y subempleadas pero más dramático aún es el hecho de que de aproximadamente la mitad de quienes trabajan perciben menos del salario mínimo en su actividad principal. En la población entre 15 y 24 años, 1 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo .

Paraguay es un país joven dónde más de la mitad de la población es menor de 30 años y por desgracia, son ellos mismos, el futuro del Paraguay, quienes están siendo más afectados por la pobreza y la desigualdad en el país. Uno de cada 6 jóvenes está en situación de pobreza y de ellos muchos se encuentran en situación de indigencia.

Los jóvenes están siendo afectados en el disfrute de muchos de sus derechos tales como educación y salud. Más de un 40% de los jóvenes no continúa su educación media . Además, los jóvenes entre 25 a 34 años, son el grupo de edad con mayor número de personas con VIH/SIDA . Otro de los graves problemas que enfrentan los jóvenes, son los embarazos adolescentes que afectan la continuación y conclusión de los estudios así como la salud de las jóvenes debido a embarazos tempranos y abortos clandestinos e inseguros, que conducen a un alto índice de mortalidad materna. Me preocupa, en este sentido, la falta de datos desglosados y de información desagregada que permita visibilizar este problema grave. Desgraciadamente, todos estos problemas se incrementan aun más cuando se trata de jóvenes indígenas.

Se conoce bien que el Paraguay ha tenido que enfrentar grandes desafíos para avanzar en el desarrollo y eliminación de la extrema pobreza. Algunos de estos desafíos son de carácter externo, como es el caso del alza del precio de los alimentos, que ha afectado globalmente a muchos países del mundo. Sin embargo, muchos de los obstáculos para el desarrollo, son de carácter interno, siendo el mayor obstáculo la grave desigualdad en el país, que se alimenta y perpetúa debido a una gran concentración de tierras, una estructura tributaria regresiva y por la corrupción.

Señoras y señores,

Permítanme referirme brevemente a estos puntos.

La alta concentración de tierras en manos de pocos perpetúa y agudiza los patrones de desigualdad y pobreza en el país. Desgraciadamente, en los últimos años no ha habido grandes avances a este respecto. Se hace imprescindible una reforma agraria integral que apunte a la implementación de políticas y acciones orientadas a modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra y fortalecer el papel de la agricultura familiar como proveedora de alimentos, para poder garantizar la seguridad alimentaria en el Paraguay.

El país presenta un sistema tributario regresivo. Paraguay tiene uno de los niveles de recaudación impositiva más bajo de la región. La presión tributaria actual es una de las más bajas del continente, de 12% sobre el PIB . La ausencia de un impuesto a la renta personal, incorporado en 2003, cuya vigencia ha sido suspendida por el Congreso hasta el 2013, hace que sea el único país de América Latina que aún no tiene vigente este impuesto directo.

La recaudación fiscal viene en su gran mayoría del IVA (impuesto al valor agregado) que tiene una carga desigual para los que viven en la pobreza. En efecto, el 10% más pobre de la población paga el 18% de sus ingresos en IVA mientras que para el 10% más rico de la población, el pago del IVA representa sólo el 4,6% de sus ingresos. Esto significa que el IVA representa una carga casi 4 veces mayor para los más pobres de la población en comparación con los más acomodados del país.

El sistema tributario existente no sólo atenta contra el principio de equidad impactando desproporcionadamente en el presupuesto a los sectores más pobres de la población, sino que además, los bajos niveles de recaudación fiscal suponen un obstáculo considerable en la capacidad del Estado para garantizar programas sociales y servicios públicos, lo que impide el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más pobres.

La recaudación fiscal es un componente esencial de una política que busca aumentar la inversión social. Existe una necesidad imperante de que el Paraguay aumente la recaudación de ingresos fiscales no sólo a través de una mejora en el control de la evasión fiscal sino que también a través de la vigencia sin demora de la Ley de Renta Personal.

Otros de los grandes problemas que afectan al Paraguay es la corrupción. En el 2011, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el puesto 156 de 183 países.

La corrupción es un gran obstáculo para la reducción de la pobreza. La corrupción no sólo afecta el crecimiento económico y desalienta la inversión extranjera, con lo que indirectamente afecta a los pobres, sino que les afecta de manera directa puesto que reduce el ingreso neto de las personas que viven en la pobreza, distorsiona las políticas públicas y desvía recursos que podrían ser destinados a inversiones en infraestructura y servicios públicos, que son elementos esenciales de las estrategias de superación de la pobreza.

En un Estado de Derecho, todos los funcionarios públicos han de buscar el bien común, siendo un deber inexcusable el no utilizar las prerrogativas del cargo para la obtención de

beneficios personales. Compete a todos los poderes del Estado asegurar que el ingreso y permanencia en la función pública se base en el mérito y en la evaluación del rendimiento y no en el nepotismo o clientelismo. Es un deber del Estado investigar y sancionar todos los casos de corrupción, cualquiera sea la autoridad pública que lo cometa. Debiera haber “tolerancia cero” para la corrupción, ya ocurra ésta dentro del Gobierno, el Congreso o el Poder Judicial.

Se hace indispensable que el Paraguay tome medidas efectivas para aumentar la transparencia en la administración pública de todos los poderes del Estado.

Señoras y Señores

Desde los inicios de este Gobierno, se reconocieron muchos de estos problemas y a través de planes como el de Política Pública para el Desarrollo Social 2010- 2020 y el Plan Estratégico, Económico y Social 2008-2013 se trazó una guía de ruta para combatir la pobreza y la exclusión social desde un enfoque de derechos. El gobierno dio un importante paso en establecer prioridades, objetivos y metas mesurables. Asimismo, consagró principios básicos de derechos como la gratuidad y la universalización.

Sin embargo, a tres años del inicio de esta administración, nos encontramos con que el Gobierno no ha logrado cumplir, debido en parte a los grandes obstáculos con que se enfrenta, con todas los compromisos fijados en materia social. Las promesas incumplidas crean desilusión y desesperanza y no han terminado con la violación histórica de los derechos económicos y sociales de importantes sectores de la población.

En Paraguay, las mujeres han sufrido de una discriminación estructural que persiste en todos los aspectos de la sociedad. Esta discriminación se refleja de múltiples formas, entre ellas, la alta tasa de violencia doméstica, la invisibilidad de la trata con fines de explotación laboral y sexual, los altos niveles de mortalidad materna e infantil, los embarazos precoces -que están entre los más altos de la región- y la gran brecha salarial entre varones y mujeres.

Debemos señalar de manera enfática que el Estado debe garantizar sin demoras la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres y el acceso sin discriminación a los derechos; a una alimentación adecuada; al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva; a la educación y acceso a la justicia. Para ello es necesario que el Estado tome todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a la tierra y recursos productivos de las mujeres.

Los pueblos indígenas en Paraguay se ven desproporcionadamente afectados por la pobreza. Los datos oficiales determinan que los pueblos indígenas siguen sufriendo altos niveles de analfabetismo y dificultades para tener acceso a la asistencia médica y a

servicios básicos como agua y electricidad. La malnutrición y desnutrición de los niños indígenas no deja de aumentar y he recibido denuncias de que su salud también está empeorando. Este deterioro continuo de las condiciones de vida de los pueblos indígenas está íntimamente ligado a la desprotección del Estado frente a la falta y deterioro de sus tierras ancestrales.

Históricamente, muchos pueblos indígenas han sido expulsados de sus tierras viéndose obligados a vivir en situación de pobreza a los costados de las carreteras o en las ciudades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado paraguayo a devolver las tierras ancestrales a tres comunidades indígenas: Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmoc Kásec. Aunque encomiendo los esfuerzos del Estado en llegar a un acuerdo entre las autoridades, los terratenientes y la comunidad Sawhoyamaxa que podría terminar con la restitución de las tierras de esta comunidad, los avances son aún escasos y mayores esfuerzos deberán hacerse para continuar la restitución de tierras a las otras comunidades indígenas.

Desgraciadamente, a pesar de algunos avances normativos, las comunidades indígenas continúan siendo gravemente amenazadas en el disfrute de todos sus derechos humanos, incluso cuando tienen sus tierras registradas.

En los últimos años, la expansión desmedida de los campos de soja está suponiendo un fuerte deterioro en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A pesar de la ley 904/81 sobre el “Estatuto de los pueblos indígenas”, que prohíbe que la fracción de tierra sea embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescripta ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte (art. 17), el Estado no garantiza de manera efectiva e integral el cumplimiento de esta ley, dejando a los pueblos indígenas en una total indefensión.

La situación de los indígenas se ha exacerbado también por las acciones que destruyen o deterioran el medio ambiente. La desforestación no regulada es un grave problema para la forma de vida de los pueblos indígenas que están siendo amenazados de manera irreparable. En la actualidad, en el territorio del Paraguay solamente queda un 15% de los bosques originales. El cultivo desmedido de soja por parte de colonos brasileros y paraguayos también está constituyendo una fuerte amenaza a los pueblos indígenas y al medio ambiente. El uso descontrolado de agroquímicos no sólo está afectando al medio ambiente y en especial a los ríos, sino que también está perjudicando gravemente la salud de las comunidades indígenas y campesinas.

El Gobierno deberá tomar medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento en el disfrute, por parte de la población, de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cumplimiento al artículo 66 de la Constitución del Paraguay, el Estado deberá también crear un marco legal efectivo de protección contra el uso de agroquímicos y realizar

inspecciones eficaces y frecuentes en particular en las poblaciones indígenas de cuyas consecuencias numerosos niños, niñas y adultos mayores padecen graves enfermedades .

Solicito al Estado que supervise y sancione toda expansión de la producción de soja en tierras indígenas y que garantice la implementación efectiva de la ley 904/81 con objeto de proteger tanto las tierras de los pueblos indígenas así como su forma de vida.

El Estado debería elaborar programas de restitución de tierras y dar cumplimiento inmediato a todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los afrodescendientes son otro grupo discriminado y excluido en Paraguay que sufre una gran discriminación racial. Ni siquiera existen datos estadísticos desglosados y actualizados de la composición de la población afrodescendiente por lo que la visibilidad de sus problemas está totalmente limitada. Dicha información es necesaria para el desarrollo de políticas y programas adecuados a favor de los sectores de la población sujetos a la discriminación racial. En este contexto, resulta fundamental desarrollar las herramientas estadísticas confiables y adecuadas para asegurar el principio de la auto identificación de los afrodescendientes en el Censo 2012.

El Estado debe garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes cuenten con mecanismos efectivos para la denuncia, el reclamo y la restitución de tierras y el reconocimiento de las mismas así cómo la participación de las comunidades en las políticas públicas que les afecten.

Señoras y Señores,

A pesar de todos los desafíos pendientes, aplaudo la voluntad del Gobierno de instaurar un sistema de protección social (Säso Pyahu) con enfoque de derechos. Hago un llamado a todos los poderes del Estado y sectores de la sociedad para que se garanticen los recursos eficaces y suficientes de manera que la implementación de este sistema de protección social suponga al menos la garantía de un piso mínimo de derechos a la población más vulnerable.

Durante la visita, pude conocer de primera mano, los beneficios de varios de los programas emblemáticos del sistema de protección social, donde pude conocer por parte de los mismos beneficiarios los inmensos beneficios que estos programas suponen en el disfrute de sus derechos humanos.

Me reuní con beneficiarios del programa Tekoporã, quienes a su manera me describieron como las transferencias monetarias les han ayudado a alimentar a sus hijos, enviarles a la escuela, realizar revisiones médicas y vacunaciones e incluso, en algunos casos, les ha permitido solicitar microcréditos para desarrollar una actividad económica y de esta manera aumentar el ingreso de la familia y poder salir de la extrema pobreza.

Sus palabras concuerdan con la experiencia de estos programas en muchos países de la región, donde está comprobado que los programas de transferencias en efectivo son instrumentos eficaces para la erradicación de la pobreza, debido a su capacidad para reducir las desigualdades económicas y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En el informe, incluiré recomendaciones concretas a éste y otros de los programas emblemáticos, por el momento, permítanme hacer un llamado a las autoridades para que no se sancione el incumplimiento de la corresponsabilidad por parte de los titulares de Tekoporã. Hay una serie de argumentos fuertes para rechazar que el disfrute de derechos dependa del cumplimiento de condiciones. Asimismo, no se puede ignorar que el monitoreo de la corresponsabilidad aumentaría significativamente el costo de administración del programa y que dichos fondos pueden ser mejor invertidos en expandir el programa. Considerando además que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de su parte de responsabilidad, puesto que no puede asegurar una oferta de de servicios públicos de calidad y con enfoque de género en todo el territorio, no parece justo que por su parte los titulares del programa pudieran ser sancionados por el incumplimiento de la suya. Cualquier tipo de enfoque punitivo respecto de la corresponsabilidad, abriría las puertas para abusos que perjudicarían los derechos de las personas más pobres de la población. La búsqueda de acuerdos políticos partidistas no es una razón legítima para arriesgar los derechos de los sectores más desventajados de la sociedad.

A pesar de que los programas sociales emblemáticos aún requieren ciertos ajustes y mejoras, es necesario lograr un compromiso de todos los poderes del Estado y de la sociedad en general, para asegurar que no habrá un retroceso en los avances en materia social logrados estos años. Cualquier retroceso injustificado en el nivel de disfrute de derechos económicos, sociales y culturales, constituye prima facie una violación a las obligaciones internacionales del Paraguay en conformidad al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2 PIDESC).

Señoras y Señores,

De conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por la República del Paraguay, el derecho a la salud, educación, vivienda, acceso a la justicia entre otros, no son mercancías al alcance de unos pocos que pueden pagar por ellas, sino que se trata de derechos universales que tienen que ser garantizados progresivamente, hasta el máximo de los recursos disponibles y sin discriminación de ningún tipo. Es deber de todos los órganos del Estado garantizar que no se produzca un retroceso en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales de la población. Cualquier retroceso injustificado en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, incluyendo recortes de presupuesto en el gasto social, vulnerarían el principio de progresividad establecido en los tratados internacionales (PIDESC y Convención de derechos del Niño).

Las políticas públicas no deben tener un efecto discriminatorio o representar retrocesos injustificados en el disfrute de los derechos. Para ello, deben elaborarse con una visión a largo plazo que supere los distintos partidos o ideologías y se establezcan como políticas de Estado protegidas por medidas legislativas o constitucionales, en base al marco de derechos humanos.

Señoras y señores,

Reconozco que mucho más podría decirse sobre estas cuestiones pero ellas serán ampliamente desarrolladas en mi informe.

Como ya he dicho, mis palabras de hoy son preliminares y mis conclusiones y recomendaciones definitivas serán presentadas en el informe final.

Sin duda, en el Paraguay se está avanzando en la realización de los derechos de las personas que viven en situación de pobreza. Sin embargo, se debe hacer mucho más, dando prioridad a los grupos más desventajados y vulnerables. Para ello se requiere un mayor compromiso y voluntad política de todas las autoridades públicas.

Un desarrollo equitativo y sostenible no sólo ayudará a Paraguay a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sino que también contribuirá a crear una mayor cohesión social. Si todos los poderes del Estado y los sectores más privilegiados de la sociedad no prestan la debida atención a la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, se corre el riesgo de que se produzca un quiebre de la gobernabilidad.

En Paraguay, existe la necesidad de un nuevo compromiso social, en que todos los sectores contribuyan a una sociedad más equitativa y solidaria. La situación de quienes viven en extrema pobreza en el Paraguay ha de ser preocupación de todos.

La inequidad es, sin duda, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo.

Voy a terminar reiterando mi compromiso de continuar el diálogo iniciado durante esta visita, y espero seguir trabajando con el Gobierno en un espíritu de cooperación en la aplicación de mis recomendaciones.

Muchas gracias.