dcsimg
Sitio web inglés Sitio web françés Sitio web español Sitio web ruso Sitio web arabe Sitio web chino OACDH cabecera


Header image for news printout


El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitó la República de El Salvador en misión oficial del 23 de enero al 1 de febrero de 2012, atendiendo a una invitación del Gobierno de El Salvador. La delegación estuvo presidida por mí (*), en mi calidad de Presidente-Relator del Grupo de Trabajo, y me acompañaron otros dos miembros del Grupo de Trabajo, los Sres. Roberto Garretón (de Chile) y Vladimir Tochilovsky (de Ucrania), así como personal de la Secretaría del Grupo de Trabajo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e intérpretes de las Naciones Unidas.

Permítanme en primer lugar expresar mi sincero reconocimiento al Gobierno de El Salvador por la invitación formulada y por la plena cooperación y apoyo prestados durante el desarrollo de la visita. El Grupo de Trabajo reconoce también el apoyo brindado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Deseamos también expresar nuestro reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, así como a los magistrados, jueces, abogados, fiscales, procuradores y defensores de los derechos humanos con quienes nos entrevistamos.

Durante su visita, el Grupo de Trabajo fue recibido por varias autoridades incluyendo los Sres. Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública; por la Sra. Ministra de la Salud; por los miembros de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa; por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Sra. Presidenta de la Sala en lo Penal de dicha Corte; por el Sr. Fiscal General Adjunto de la República; por el Procurador General de la República y por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (Ombudsman).

El Grupo de Trabajo se reunió también con el Sr. Director General de la Policía Nacional Civil; con el Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública; con el Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); con el Director General de Centros Penales; y con el Director General de Migración y Extranjería.

Durante sus visitas a las ciudades de Santa Ana y San Miguel, el Grupo de Trabajo mantuvo diversas reuniones con magistrados y jueces del Poder Judicial y con miembros de la Fiscalía General de la República. En San Salvador, el Grupo de Trabajo conversó también con el Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; con la Directora General de Centros Intermedios; con el Procurador Adjunto Penal y la Coordinadora Nacional de la Unidad de Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República; con el Subdirector General de Centros Penales; con el Procurador de Derechos Civiles y Políticos; con la Procuradora de la Niñez y la Juventud y con la Jefa de la Unidad Penitenciaria de la Oficina del Ombudsman.

El Grupo de Trabajo visitó los siguientes centros penales o de detención: El Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel; la Granja Penitenciaria de Izalco; el Centro Penal de Mariona; el Centro de Menores de Ilobasco; la Penitenciaría Occidental de Santa Ana; el Centro Penal de Apanteos; la Cárcel de Mujeres de San Salvador; y las bartolinas policiales en Soyapango. Visitó también el Centro de Atención Integral al Migrante y el Hospital Psiquiátrico. De conformidad con sus Métodos de Trabajo, el Grupo realizó una visita no anunciada a la Delegación General policial de San Miguel.

El Grupo de Trabajo fue capaz de ejercer plenamente su mandato en los centros penales y de detención que visitó, pudiendo realizar entrevistas con los internos y presos sin la presencia de guardias y en condiciones de confidencialidad. En tal sentido quisiera reiterar su reconocimiento al Gobierno por todas las facilidades otorgadas durante su visita a los centros de detención, en particular en lo que se refiere al respeto a sus Métodos de Trabajo con el retiro de los guardias para posibilitar entrevistas en privado.

El Grupo de Trabajo nota con satisfacción que, 20 años después de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, existe una consciencia generalizada entre las autoridades y la sociedad civil sobre la necesidad de respetar los derechos humanos. El Código Procesal Penal de 1998 tuvo un carácter garantista salvaguardando los derechos humanos. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que este instrumento legal no fue plenamente desarrollado y que sufrió varias enmiendas a través de los años que desvirtuaron su carácter de respeto a las garantías procesales. Observa también los desafíos que El Salvador se encuentra confrontando debido particularmente al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia social de las pandillas. El Grupo reconoce la dura realidad que el Gobierno debe afrontar para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La violencia ha sido un problema estructural durante los últimos 30 años y deviene cada día más compleja y organizada, por el aumento de las acciones del crimen organizado y de las pandillas. Observa el Grupo de Trabajo el fenómeno de las maras o pandillas y que las políticas de mano dura y mano super-dura fueron declaradas inconstitucionales y fracasaron en la confrontación de este difícil problema. Aunque estas políticas fueron legalmente abolidas, continúan practicándose con el resultado de un alto número de arrestos y detenciones practicados durante los últimos años.

El Grupo de Trabajo fue informado que un 64 por ciento de los salvadoreños considera la inseguridad como el principal problema que confronta el país, y que han habido diversas políticas de concertación entre los diferentes poderes e instituciones estatales. Estas políticas incluyeron el establecimiento de un Gabinete de Seguridad que incluye representantes de diversos sectores. Sin embargo, el Grupo fue informado que se han presentado problemas de coordinación entre estos sectores que han motivado que la situación de inseguridad no haya mejorado de manera substantiva.

El Grupo de Trabajo observa también el problema de la impunidad en el país. Las prioridades establecidas por los cuerpos de investigación y por aquellos encargados de promover la acción penal reside en los crímenes y en los delitos más graves. Así los delitos menos graves quedan sin ser adecuadamente investigados y los responsables no llegan a ser sometidos a proceso judicial.

El Grupo de Trabajo considera la necesidad de confrontar el problema de inseguridad en el país como una materia de legítima preocupación. El derecho a la seguridad es un importante derecho humano, vinculado al derecho a la vida. Al mismo tiempo, el derecho a la libertad y el derecho a no ser arbitrariamente privado de ésta son también importantes derechos humanos de extraordinario valor que deben ser salvaguardados. La seguridad pública no puede lograrse sin la debida consideración y respeto al derecho a la libertad y a estar libre de un arresto o detención arbitrarios.

En el interés del diálogo constructivo que hemos iniciado y en el espíritu de colaboración que ha caracterizado esta visita, el Grupo de Trabajo se permite señalar los siguientes aspectos que motivan su preocupación:

El derecho a ser presentado con prontitud ante un juez.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo noveno que toda persona arrestada o detenida debe ser llevada con prontitud ante un juez u otra persona facultada por la ley para ejercer funciones judiciales. El mismo artículo require que la persona detenida sea informada al tiempo de su arresto de las razones de su detención y de los cargos formulados contra ella. El plazo para ser presentado ante un juez no debe exceder de unos pocos días. Las legislaciones nacionales suelen establecer plazos precisos en este aspecto.

En El Salvador el plazo establecido es de 72 horas. El Grupo de Trabajo ha observado sin embargo que, en la práctica, una persona puede pasar seis días en detención sin ser presentada ante un juez. Varios detenidos entrevistados afirmaron haber sido detenidos sin ser presentados ante un juez durante períodos que excedían el límite legal.

Otro asunto importante es el plazo para la duración total del proceso judicial. Tanto los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional precisan que el detenido debe ser juzgado en un plazo razonable o ser liberado. Esta disposición no solamente se refiere al tiempo que transcurre entre la formulación de cargos y el inicio del juicio, sino también al lapso que transcurre hasta que la sentencia final quede firme; es decir, después de todos los plazos de apelación y casación. En El Salvador el plazo para ser sentenciado es de seis meses, prorrogable a otros seis. En ciertos casos puede extenderse hasta 24 meses. 7,376 personas se encuentran en detención preventiva en el país; de ellos, 970 han excedido el tiempo máximo de detención provisional establecido por la ley. El Grupo de Trabajo desea enfatizar que todas las instancias del proceso judicial, sea en primera instancia o en apelación, deben tener lugar sin demoras indebidas.

Excesivo recurso a la detención.

El Grupo de Trabajo desearía enfatizar que la privación de libertad de una persona debe ser utilizada como una medida de último recurso y solamente en casos excepcionales y por el menor tiempo possible. Sin embargo observa que es utilizada ampliamente en el procedimiento criminal trayendo como consecuencia la sobrepoblación de los centros penales.

Dificultades para el acceso y la comunicación con el abogado defensor.

El derecho a un proceso justo y equitativo require que el detenido pueda beneficiarse de una adecuada defensa legal desde los primeros momentos de su detención. Ello implica la posibilidad del detenido de entrevistarse con un abogado defensor en privado y en condiciones de confidencialidad de la comunicación.

El Grupo de Trabajo ha constatado que los abogados no suelen estar presentes en las comisarías de policía. De otro lado, recibió extensa información relativa a que en los centros de detención y en las prisiones, los abogados son sometidos a una inspección rigurosa, tanto a la entrada como a la salida. La inspección es llevada a cabo por militares que patrullan y controlan el perímetro de los centros penales. Se controla las notas que contienen información obtenida durante las entrevistas con los clientes. Estas prácticas tienen como consecuencia desalentar las visitas de los abogados defensores a los centros penales y, en consecuencia, afectan seriamente el ejercicio del derecho a la defensa. Lo anterior es aún más grave si se trata de abogadas, pues son también sometidas a un control que en ocasiones es indecoroso, intrusivo y humillante. La ausencia de un colegio de abogados en el país puede explicar la falta de protestas y reclamos documentados por este tratamiento. Tampoco existe un procediminto de registro y recepción de quejas respecto a estos controles. Las dificultades en tener acceso al abogado defensor y en poder comunicar con éste afectan seriamente el derecho a un juicio justo e imparcial y al debido proceso.

Situación similar padecen los defensores públicos de la Procuraduría General de la República; los representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y los defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones no-gubernamentales.

El Grupo de Trabajo recibió numerosas quejas relativas a que los defensores públicos de la Procuraduría General de la República se encuentran sobrecargados de trabajo y que el número elevado de casos que cada defensor debe asumir afecta seriamente su habilidad para defender efectivamente a sus representados.

Justicia de menores.

El Grupo de Trabajo tiene varias preocupaciones respecto a la aplicación de la justicia para niños y adolescentes. Los procedimientos deben tener en cuenta tanto la edad como el objetivo final de educar y rehabilitar al menor, según lo dispuesto por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El interés superior del niño debe siempre constituir una prioridad, según lo establece la Convención de Derechos del Niño.

El Grupo de Trabajo valora como un hecho positivo la utilización de regímenes abiertos para menores, pero se encuentra preocupado con las demoras en la aplicación de la justicia para niños y adolescentes. El plazo total para sentenciar a un menor no debe exceder de 90 días. En El Salvador, el máximo de detención en espera de sentencia llega hasta 120 días.

Preocupa al Grupo de Trabajo que algunos menores (así como muchos adultos) declaren que no pudieron ver a sus abogados defensores hasta momentos anteriores al juicio. Esto atenta contra el derecho de los menores a la asistencia legal efectiva. El Grupo de Trabajo valora positivamente el trabajo desarrollado en el Centro de Inserción Social de Menores de Ilobasco, particularmente la educación primaria y de bachillerato ofrecida a los menores, así como los talleres de cerámica, sastrería y panadería. Sin embargo, expresa su seria preocupación por el estado de las infraestructuras, particularmente de los dormitorios de los menores en el Centro de Ilobasco, cuya reparación resulta urgente.

El Centro alberga a 179 menores (134 de los cuales sirven sus sentencias definitivas y 45 se encuentran bajo proceso). Las condiciones inhumanas en el sector de menores en detención preventiva son extremadamente preocupantes, particularmente si se considera que dichos menores son inocentes hasta que se acredite su culpabilidad.

Ausencia de utilización de pruebas científicas y reposo en testimonios e informantes.

El Grupo de Trabajo ha podido apreciar la gran importancia otorgada en los procedimientos judiciales a la prueba testimonial, en desmedro de otra pruebas , como las científicas o forenses. La excesiva importancia concedida a esta prueba radica en la dificultad de recursos para obtener otras pruebas más concretas, substanciales y determinantes. Ello ha dado lugar a la aparición de los llamados “testigos de criterio de oportunidad” (“criteriados”) e informantes, quienes reciben beneficios tales como liberación, retiro de cargos y reducción de sentencias si testifican contra otras personas.

Es común que estos testigos de oportunidad sean utilizados contra otros co-acusados en los tribunals. Existen serias dudas sobre la credibilidad de testimonies obtenidos de esta manera. Esto puede atentar contra la equidad del proceso judicial. Algunos detenidos manifestaron que no sabían la identidad de los testigos que habían brindado su testimonio contra ellos, desde que su identidad no había sido revelada. En esas condiciones, no podia prepararse un contra-interrogatorio. La identidad de los testigos debe ser comunicada a la defensa, y salvo en casos excepcionales, también al acusado.

Ausencia de información y falta de estadística confiable.

Estadísticas confiables son necesarias si se quiere comprender cabalmente la realidad de la situación de privación de libertad en El Salvador, así como para diseñar políticas adecuadas y efectivas para tratar los problemas que atraviesa el país. La ausencia de información confiable y de comunicación en el sistema de justicia nacional ocasiona una distorsión de la percepción de la realidad en esta área y afecta adversamente la efectividad de las medidas adoptadas para afrontar los diversos problemas existentes.

El Grupo de Trabajo ha recibido información estadística de diversas instituciones gubernamentales y judiciales que muestran serias discrepancias en temas importantes, tales como el porcentaje de delitos cuya commission se atribuye a las pandillas. Fue informado por representantes del Ministerio de Justicia que alrededor de 10,000 prisioneros eran miembros de las maras o pandillas, particularmente de las conocidas como MS-13 y M-18. Sin embargo, autoridades de la Fiscalía General de la República estimaron su número en 13,000.

Varios detenidos sentenciados se quejaron ante el Grupo de Trabajo de no haber sido notificados nunca por escrito de sus sentencias. Algunos nunca las vieron. Autoridades de los centros penales manifestaron que muchas veces tenían que pedir reiteradamente a las secretarías de los despachos judiciales copia de las sentencias o de las resoluciones judiciales. Ello motiva que las autoridades penitenciarias no tengan conocimiento de la situación real de los prisioneros. E impide a los prisioneros demandar beneficios, tales como la liberación condicional o la anticipada.

En algunos casos, las autoridades de la prisión no tienen conocimiento si el prisionero ha terminado ya de cumplir su pena y si es que, en consecuencia, debería ser liberado. Algunos detenidos se quejaron ante el Grupo de Trabajo que ellos deberían gozar ya de libertad. Las autoridades penitenciarias respondieron que suelen dirigirse a los tribunales en demanda de información sobre la situación judicial de los presos; quedando sus demandas de información muchas veces sin respuesta.

Ausencia de información sobre el traslado de prisioneros.

El Grupo de Trabajo se encuentra preocupado por la ausencia de información brindada a los detenidos en casos de traslado a otros establecimientos penitenciarios. 372 prisioneros fueron trasladados de diferentes prisiones al Penal de Mariona sin haber sido informados de las razones para dicho traslado. En algunos casos, fueron trasladados en horas de la noche a prisiones alejadas de sus lugares de residencia. No pudieron tomar consigo sus pertenencias y sus familias tampoco fueron informadas. Otros manifestaron que fueron trasladados de centros donde gozaban de un régimen de detención menos restrictivo a otro de regímen cerrado y más rígido.

La extrema sobrepoblación de los centros penales y de detención policial.

El Grupo de Trabajo ha encontrado una muy seria sobrepoblación en los centros penales y en las bartolinas de policía. Esta sobrepoblación motiva que las condiciones de detención impliquen un tratamiento inhumano y degradante. La sobrepoblación supera el 300 por ciento de la capacidad de los penales. Con una población total de 25,411 prisioneros y una capacidad instalada para recibir solamente a 8,100, puede afirmarse que el sistema de detención penal ha colapsado. Los detenidos en espera de juicio o sentencia se encuentran alojados en las mismas celdas que convictos, en razón de la aguda escasez de espacio.

El Grupo de Trabajo observe también una situación de sobrepoblación en el hospital siquiátrico.

Arrestos sin orden judicial.

El Grupo de Trabajo fue informado que se producen arrestos masivos sin autorización judicial, particularmente de jóvenes presuntamente miembros de pandillas. El Grupo entiende que los agentes de la Policía Nacional Civil, tienen la facultad de realizar aprehensiones sin necesidad de orden judicial, en situaciones de flagrante comisión de un delito. Sin embargo, la flagrancia no debe justificar las detenciones masivas. El Grupo de Trabajo fue informado que en tales situaciones, ni la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial se encuentran en situación de investigar e individualizar tal número elevado de casos. Los detenidos suelen ser puestos en libertad antes del plazo para su presentación al juez.

El Grupo de Trabajo fue informado que durante 2011 la Policía Nacional Civil efectuó más de 56,000 detenciones: Solamente 7,000 detenciones fueron basadas en orden judicial.

Recomendaciones preliminares.

En adición a la recomendación general de resolver los problemas que hemos identificado y descrito, el Grupo de Trabajo desea formular las siguientes recomendaciones de carácter preliminar relativas a la situación de la privación de libertad en el país. Esta lista de recomendaciones no es exhaustiva y pretende colaborar en la solución de los problemas que el Grupo de Trabajo estima que deben corregirse.

Las recomendaciones son las siguientes:

  1. La ratificación del Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en orden a coadyuvar en la solución de los problemas de sobrepoblación y condiciones ingumanas observadas en las prisones y centros de detención;
  2. La promulgación de normas legales que regulen la detención en hospitales siquiátricos, salvaguardando los derechos humanos de los pacientes;
  3. El recurso a la detención de menores debe considerarse como una medida excepcional;
  4. Revisar y actualizar la legislación sobre migrantes en situación irregular, refugiados, requirentes de asilo y extranjería. La legislación actual es de 1958. En material de refugiados, debe resultar en plena conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y otros instrumentos internacionales relevantes;
  5. Adoptar medidas urgentes (y, si es necesario) establecer mecanismos especiales para identificar y liberar inmediatamente a quienes han cumplido ya sus sentencias pero permanecen en detención;
  6. Elevar el número de jueces de vigilancia penitenciaria a fin de que puedan realizar un control efectivo de la situación judicial de los detenidos.

Estas son nuestros observaciones y recomendaciones preliminares. El informe de esta visita sera presentado al Consejo de Derechos Humanos durante una de sus sesiones de 2013. En su informe, el Grupo de Trabajo brindará al Gobierno nuevas recomendaciones.

Permítanme concluir expresando el reconocimiento del Grupo de Trabajo al Gobierno de El Salvador por la plena cooperación y apoyo prestado durante su visita.

Muchas gracias. 

                                      
-  -  -  -
* El Sr. El Hadji Malick Sow es senegalés y ha sido Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria desde el año 2009.

La antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en 1991 con el objeto de investigar alegaciones de privación arbitraria de la libertad. El mandato del Grupo de Trabajo fue ampliado en 1997 para incluir la detención de migrantes en situación irregular, requirentes de asilo y refugiados. El Grupo de Trabajo consta de cinco miembros. Los otros dos miembros son la Sra. Shaheen Sardar Ali (de Paquistán) y el Sr. Mads Andenas (de Noruega).

Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visite su página web: http://www.ohchr.org, consulte su base de datos: htpp://www.unwgaddatabase.org, o consulte su folleto informativo en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf

Para mayores informaciones o solicitudes de prensa consulte al Secretario del Grupo de Trabajo, Sr.  Miguel de la Lama  (+41 79 201 01 18) o a la Sra. Jolene Tautakitaki (+ 41 79 444 4917).