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Colombia: Expertos de Naciones Unidas hacen un llamamiento a las autoridades para que reconsideren la reforma constitucional del fuero penal militar

GINEBRA (22 de octubre de 2012) – Once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas han hecho una llamamiento al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución política del país relativa al fuero penal militar, la cual tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.

“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”, indicaron los titulares de mandatos de Naciones Unidas en una carta abierta* hecha pública hoy.

“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”

Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales. No obstante, expresaron su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.

Se incluye una larga lista de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra; la violencia sexual; las ejecuciones extrajudiciales; el reclutamiento y uso de menores; la detención arbitraria; la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar, prohibidas en virtud del artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. También podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.

“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos,” dijeron los expertos. “Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.”

Los expertos de Naciones Unidas avisaron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad. También consideraron que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecer del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.

“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo,” estimaron.

Los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.

(*) Lea la Carta Abierta: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12683&LangID=S

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias

Para más información sobre Grupos de Trabajo y Relatores Especiales, visite: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx

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