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Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21 – Mayo 2 2014

El Relator Especial de Naciones Unidas visitó México con la invitación del Gobierno entre los días 21 de abril y 2 de mayo de 2014. Durante su visita el Relator viajó a distintas entidades federativas, entrevistándose con autoridades, sociedad civil y víctimas, y visitando lugares de privación de la libertad en distintos puntos del país, incluyendo la Ciudad de México; el Estado de México; Tepic y Nuevo Vallarta en Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Tapachula, Chiapas y Tijuana, Baja California. Durante su visita, el Relator visitó un Centro Federal de Readaptación Social, el Centro Nacional de Arraigo, un Centro de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal, dos centros de privación de libertad de menores infractores, el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuatro Centros de Readaptación Social Estatales, tanto varoniles como femeniles, una Estación Migratoria, y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría General de Justicia.   

El Relator Especial agradece al Gobierno de México por la invitación y el excelente apoyo prestado durante todo el curso de su visita y por facilitarle el acceso irrestricto a lugares de detención de su elección tanto a nivel federal como estatal.  A pesar de que hubo situaciones de excesiva anticipación por parte de las autoridades, el Relator pudo, en general, realizar las visitas y las entrevistas a las personas privadas de libertad en conformidad con sus términos de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Relator lamenta no haber podido acceder a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en la Ciudad de Monterrey, especialmente debido a que recibió varias denuncias de tortura y malos tratos cometidos en ese establecimiento.

Aún persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México. El Relator reconoce que México atraviesa por una compleja situación en lo relativo a la seguridad pública, en particular en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. En este contexto, el Relator reconoce el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la prevención del delito. Sin embargo, y a pesar de reconocer que en algunas regiones parte de la presencia militar ha sido replegada, al Relator le preocupa la continua militarización de varias regiones del país y la persistente participación de mandos militares en corporaciones civiles. Esto, sumado a la tendencia a incorporar a militares retirados o en licencia en Secretarías de Seguridad Pública, en mandos de policías y corporaciones civiles, compromete los principios que deben regir a las fuerzas públicas y debilita las garantías de las que deben gozar los detenidos para la efectiva protección de sus derechos humanos.

El Relator encuentra muy prometedora la reforma constitucional de 2011 que, entre otros puntos importantes, fortalece el sistema de implementación y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y refuerza el compromiso de México con la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, incluso en estados de excepción. El Relator espera que las leyes de implementación de esta reforma sean adoptadas a la mayor brevedad posible.

Respecto a la tipificación del delito de la tortura, el Relator observa que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no refleja completamente la definición de este delito en la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, particularmente en lo que refiere a los actos cometidos por terceros a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público y a la motivación de toda forma de discriminación. Asimismo, la Ley Federal requiere para sancionar el delito demostrar la intención respecto del propósito con el que se comete la tortura, lo que es contrario a la definición internacional. Sin embargo, el Relator recibe con entusiasmo la noticia de que existe una enmienda a esta ley actualmente en trámite en el Congreso de la Unión que eliminaría estas discordancias con los estándares internacionales e implementaría la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El Relator destaca que la definición contenida en la Convención Interamericana supone un estándar de protección más elevado para la víctima y que la elección de este estándar es consistente con la obligación de aplicar la norma más favorable a la víctima establecida en el artículo 1.2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

Por otro lado, el Relator nota con preocupación que no existe uniformidad respecto de la definición del delito de tortura en las diversas Entidades Federativas, siendo varias de las definiciones en las legislaciones estatales discordantes con los estándares internacionales. El Relator insta al Gobierno a trabajar en unificar la definición de tortura y malos tratos en conformidad con estándares internacionales, sea a través de la posibilidad de adoptar un Código Penal Único u otra medida legislativa. Sin embargo, el Relator destaca que la armonización debe además contemplar el respeto a los estándares fundamentales que se derivan de la prohibición absoluta de la tortura, incluyendo la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar todas las alegaciones de tortura, de prevenir estos actos, de excluir las pruebas obtenidas con el uso de tortura y malos tratos, y el cumplimiento con el estándar de non-refoulement.     
 
A pesar de que los organismos oficiales nacionales y estatales de control y de derechos humanos reportaron al Relator una baja en el número de denuncias de tortura y malos tratos en los últimos dos o tres años, el Relator recibió un alarmante número de quejas y testimonios verosímiles y observó casos documentados respecto a estas prácticas por parte de diversas autoridades, incluyendo las Fuerzas Armadas, las policías municipales, estatales, y federales; y los agentes ministeriales estatales y federales. Las alegaciones recibidas abarcan casos de delitos del fuero común, pero más intensamente, delitos relacionados con el crimen organizado o de alto impacto.

En general las alegaciones y testimonios recibidos se refieren al uso de la tortura y los malos tratos en las etapas inmediatamente posteriores a la privación de la libertad y antes de la puesta a disposición de la justicia. Asimismo, el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados a la obtención forzada de confesiones y a la averiguación de información. En este contexto, el Relator nota con preocupación el elevado número de alegaciones relacionadas con la fabricación de pruebas y la falsa incriminación de personas como consecuencia del uso de la tortura y los malos tratos.

Asimismo, el Relator encuentra inquietante un notorio patrón en lo que respecta a la práctica de la tortura y los malos tratos. En este sentido, una amplia mayoría de los casos alegados comienza con la intrusión sin orden de cateo en domicilios o la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civiles y en autos no identificados, seguido por la destrucción y robo de propiedad privada, los golpes y amenazas a las víctimas, sus familiares o demás personas presentes, y el traslado forzoso de las víctimas con los ojos vendados a sitios usualmente no identificados. Las alegaciones se refieren repetidamente al uso de insultos y amenazas para intimidar a las víctimas; los golpes tanto con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo; el uso de bolsas para causar asfixia; los toques eléctricos con la llamada “chicharra”, generalmente en los genitales; la desnudez forzada; la asfixia húmeda; la suspensión; y la violencia sexual. Asimismo, el Relator constató numerosos casos en los que los detenidos fueron exhibidos de manera forzada ante los medios de comunicación catalogándolos de delincuentes. Si bien el Relator reconoce que esta práctica ha disminuido, continúa ocurriendo con cierta frecuencia y le resulta de especial preocupación.    

A pesar de la evidencia del uso de la tortura y los malos tratos, el Relator expresa su extrema preocupación respecto al escaso número de investigaciones efectivas por estos delitos y la ausencia casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias, lo que conlleva a una persistente impunidad. Adicionalmente, el Relator nota el reiterado uso de figuras delictivas de menor gravedad, como ser el abuso de autoridad y las lesiones, para investigar y sancionar conductas que podrían tipificarse como tortura.

El Relator destaca que la prohibición absoluta de la tortura impone a los Estados la obligación de investigar en forma inmediata, imparcial, de oficio e independiente todas las alegaciones de tortura y de llevar a cabo los procedimientos judiciales correspondientes con la debida imposición de sanciones en conformidad con la gravedad de esta práctica. Sin embargo, las alegaciones recibidas y el limitado número de investigaciones y sentencias reportado por el Gobierno llevan al Relator a observar un incumplimiento de esta obligación. Las investigaciones, cuando son iniciadas, son extremadamente largas e inconclusas y, en los pocos casos en los que los jueces dan vista al Ministerio Público en conformidad con su obligación legal, no suelen darle seguimiento a la investigación resultando en una mera formalidad. Lo anterior repercute en perpetuar el preocupante ciclo de impunidad existente, lo que así mismo resulta en la inefectividad de las medidas de prevención de este delito.

Respecto de la investigación de la tortura y los malos tratos, el Relator reconoce el avance en lo referido al uso del Protocolo de Estambul como una guía para la detección de casos de tortura y malos tratos, así como el reconocimiento de este dictamen pericial como un medio probatorio importante. En particular, el Relator destaca el Acuerdo A/057/2003 de la Procuraduría General de la República que regula la aplicación del Protocolo y que se encuentra, en lo general, en conformidad con los estándares internacionales aceptados y que ha sido tomado como modelo por varias Procuradurías de Justicia Estatales y otros servicios periciales. Asimismo, el Relator destaca como positivo que varias de las Comisiones de Derechos Humanos cuenten con sus propios peritos entrenados en este Protocolo y lo utilicen en su investigación.

Sin embargo, el Relator, quien fue acompañado por un experto forense independiente en su visita, expresa con preocupación que la aplicación del Protocolo de Estambul no siempre se realiza en forma adecuada y completa y muchas veces se lleva a cabo en forma tardía. Asimismo, el Relator insta al Gobierno a llevar a cabo entrenamientos actualizados de los peritos que aplican el Protocolo de Estambul teniendo en cuenta los recientes avances en estándares y prácticas internacionales. Por otro lado, el Relator manifiesta cierta inquietud respecto a la adscripción de los principales servicios forenses a las Procuradurías de Justicia ya que, en principio, esto condiciona la necesaria independencia de estos importantes servicios.        

En lo particular, el Relator nota con extrema preocupación que en muchos casos el Protocolo de Estambul se utiliza como único medio probatorio llevando a los organismos públicos de derechos humanos, los agentes ministeriales y jueces a concluir que, cuando el mismo resulta negativo, la tortura no ha ocurrido. Lo anterior es contrario al espíritu de este instrumento, el cual debe ser considerado como un elemento probatorio importante pero que debe ser valorado en conjunto con el resto del acervo probatorio y el contexto de las alegaciones de tortura y malos tratos. Por otro lado, el Relator expresa inquietud respecto a información recibida que indicaría que los exámenes periciales realizados por expertos independientes o adscritos a las Comisiones de Derechos Humanos no siempre reciben la misma valoración por parte de los jueces que los dictámenes médicos oficiales.

El Relator destaca algunos significativos avances en relación a la obligación de prevenir la tortura y los malos tratos. En particular, el Relator resalta la buena práctica de crear Comisiones de Derechos Humanos en todas las Entidades Federativas, así como una Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la cual opera, además, el Mecanismo Nacional de Prevención en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. El Relator insta al Gobierno a fortalecer estas instituciones con adecuados recursos económicos y humanos y a garantizar su independencia para asegurar que las mismas operen como un garante de los derechos humanos y una efectiva herramienta para la prevención de la tortura y los malos tratos. El Relator destaca la importancia de que estas instituciones trabajen en forma conjunta con la sociedad civil y las víctimas, participando a las mismas, en lo que corresponda, en la realización de sus actividades, comunicando prontamente las resoluciones, y facilitando copias de los dictámenes periciales como el Protocolo de Estambul en forma inmediata a su resolución. En particular, el Mecanismo Nacional de Prevención debe cumplir sus funciones de monitoreo de los centros de privación de libertad con la inclusión de la sociedad civil para garantizar una adecuada estrategia de prevención. 

Sin perjuicio de ciertos avances en materia de prevención de la tortura, permanecen aún notorias deficiencias respecto a las garantías y salvaguardias de protección. En este sentido, el Relator observa una marcada tendencia a recurrir primero y como norma a la detención de las personas para luego proceder a investigar posibles delitos y consignar el caso ante la justicia. Esta privación de la libertad, en su mayoría sin previa intervención judicial, expone a las personas a una situación de mayor vulnerabilidad ante posibles actos de tortura y malos tratos. Esta tendencia se manifiesta tanto en una interpretación y aplicación errónea del concepto de flagrancia, y en el reconocimiento en el artículo 16 de la Constitución Nacional de la posibilidad del Ministerio Público de proceder, sin autorización judicial, a la detención en casos de “cuasi flagrancia” y de “casos urgentes” en supuestos de delitos graves y de riesgo de sustraerse a la justica. Estos supuestos, sumados a los plazos legales con los que cuenta el Ministerio Público, resultan en el transcurso de varios días antes que un detenido sea presentado a la autoridad judicial. El Relator destaca que el Ministerio Público debe ser el garante de la legalidad. Sin embargo, en la práctica esta función se ve comprometida ya que tiene un conflicto de interés evidente en el control de la actuación de los cuerpos policiales y de investigación, en particular en lo que respecta a la tortura y los malos tratos.     

Esta tendencia a detener para investigar, en lugar de investigar para detener se manifiesta también en la figura del arraigo contemplada en la Constitución Nacional. En el caso del arraigo, el Relator le da la bienvenida al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero de 2014 que limitó el uso de esta figura a la jurisdicción federal en los supuestos de delitos relacionados con el crimen organizado y permitió la posibilidad de interponer el recurso de amparo en esas situaciones. Asimismo, el Relator reconoce una notoria disminución en la utilización del arraigo y recibe con aprobación las iniciativas legales en curso tendientes a incorporar la decisión de la Corte en la legislación y restringir la duración y aplicación del arraigo. A pesar de estos avances, el Relator recuerda al Gobierno que el arraigo no es acorde con la normativa internacional y expone a las personas a una mayor vulnerabilidad respecto de posibles torturas y malos tratos. El Relator nota con preocupación que varias Entidades Federativas aún continúan recurriendo a esta figura, aunque en ocasiones, como en el caso del Distrito Federal, con nombres diversos y de menor duración. El Relator insta al Gobierno a reanudar esfuerzos tendientes a la definitiva eliminación de esta figura, independientemente de su eventual desaparición a nivel estatal con la definitiva incorporación del nuevo procedimiento penal acusatorio en 2016.

También en lo que respecta a las salvaguardias de prevención, el Relator encuentra preocupante las repetidas alegaciones recibidas relativas a la falta de una defensa adecuada. La presencia de un abogado desde el mismo momento de la privación de la libertad y en todas las etapas de la investigación y el proceso es una de las principales garantías tanto contra la arbitrariedad de la privación de la libertad, como para la prevención de actos de tortura y malos tratos. Sin embargo, el Relator recibió testimonios inquietantes respecto al acceso tardío a un abogado defensor, lo que muchas veces ocurre en el mismo momento en que la persona presenta su declaración ante el juez y sin que haya habido un previo asesoramiento en privado. Asimismo, el Relator destaca que, tanto a nivel estatal como federal, el asesoramiento, en particular de las defensorías publica, pareciera ser precario, tanto en su calidad como en su independencia.

Asimismo, el Relator destaca la necesidad de garantizar una evaluación médica inmediata, exhaustiva e imparcial al momento del ingreso de los detenidos a los centros de privación de la libertad y acompañada de adecuada documentación fotográfica. En los casos que se constaten lesiones que se alegan son derivadas de torturas o malos tratos, las mismas deben ser debidamente consignadas y reportadas para dar lugar a las investigaciones correspondientes. 

En lo relativo a la exclusión de pruebas obtenidas con el uso de la tortura y los malos tratos, la cual constituye otra fundamental salvaguardia para la prevención de estas prácticas, el Relator destaca que México cuenta con legislación progresista que garantiza la exclusión no solo en casos de pruebas derivadas de tortura y malos tratos, sino también en casos de violación al debido proceso. Asimismo, el Relator recibe con entusiasmo la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abril de 2014 que específicamente estableció la obligación de los jueces de iniciar dos averiguaciones independientes al momento de constatar alegaciones de tortura; una para investigar a los presuntos responsables del delito, y otra para determinar la necesidad de excluir pruebas que pudieran haber resultado del uso de tortura y malos tratos. Sin perjuicio de esperar que este reciente fallo sea diseminado y adoptado por todos los jueces del país, el Relator destaca que en la práctica actual los jueces suelen dejar la determinación de la validez de estas pruebas para la instancia de dictado de sentencia, lo que no se corresponde con el espíritu garantista de la Regla de Exclusión. Asimismo, con preocupante frecuencia la carga de la prueba en estos casos suele recaer sobre la persona que alega la tortura, quien a su vez se encuentra en la posición menos favorable para demostrarlo, usualmente en privación de libertad. Como regla, en el curso de un proceso, la defensa debe solamente presentar alegaciones razonables de que las pruebas fueron obtenidas a través del uso de la tortura o los malos tratos. En esa instancia, la carga de la prueba debe transferirse al Estado, y los jueces deben ordenar las averiguaciones necesarias para determinar la plausibilidad de esta alegación. Si se determina que en efecto existe riesgo de que la prueba en cuestión haya sido obtenida con el uso de tortura o malos tratos, entonces la prueba debe ser desechada.

Sin perjuicio de estas observaciones, el Relator reconoce como una importante medida la aprobación y progresiva implementación de un Código Nacional de Procedimientos Penales que, en conformidad con la reforma constitucional de 2008, adopta un proceso penal acusatorio en sustitución del proceso vigente de carácter inquisitivo. Asimismo, es de destacar los esfuerzos realizados, tanto a nivel federal como estadual, para adecuar la infraestructura, regulación y capacitación de todos los operadores jurídicos para la adecuada implementación del nuevo sistema. El Relator destaca que este nuevo proceso, de ser implementado con las debidas garantías, puede constituirse en una excelente herramienta para contribuir con aliviar la problemática antes referida y reforzar las salvaguardias de prevención de la tortura y los malos tratos. Para que esto ocurra, es importante que las detenciones se lleven a cabo siempre con orden judicial, salvo en específicos supuestos de flagrancia entendidos en forma restringida.

Asimismo, el Relator reconoce también el significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar al establecer, a través de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2012 y, más recientemente, a través de la Reforma del Código de Justicia Militar aprobada en abril de 2014 por el Congreso de la Unión, que asegura que todos los casos en los que la víctima sea un civil sean tratados exclusivamente en el fuero civil. Ciertamente la jurisdicción militar no ofrece las garantías de independencia y salvaguardias necesarias para el procesamiento de causas que involucren violaciones a los derechos humanos, como ser casos de tortura y malos tratos. En este sentido, y sin perjuicio del importante paso adoptado, el Relator expresa preocupación respecto a que, con la legislación aprobada por el Congreso de la Unión y pendiente de sanción por el Presidente de la República, casos de violaciones a los derechos humanos, como la tortura, que involucren solamente a militares permanecerían dentro del fuero castrense, lo cual no se corresponde con los estándares internacionales y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

En lo que respecta a los múltiples centros de detención visitados, el Relator destaca que, en general, no recibió quejas relativas a malos tratos o torturas por parte del personal de custodia y seguridad. Las condiciones de detención en algunos centros, sin embargo, denotan circunstancias que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, el hacinamiento en varios centros es preocupante, incluyendo en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, el Centro de Nezahualcoyotl Bordo en el Estado de México y el Centro “Topo Chico” en Monterrey, Nuevo León. En particular, la situación del Centro de Readaptación Social de “La Mesa” en Tijuana, Baja California es crítica, con un hacinamiento de un 260% para la población masculina, en función de una capacidad reportada por las autoridades del centro de 2600 y una población de 6.788. El hacinamiento repercute, lógicamente, en un deterioro de las posibilidades de reinserción y afecta la salud física y mental de las personas detenidas. Asimismo, el Relator observó una tendencia excesiva, tanto en los centros estatales pero, principalmente, en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 “Noroeste” en Tepic, Nayarit, a mantener a las personas dentro de sus celdas por un prolongado período de tiempo, restringiendo su acceso a actividades recreativas, educativas y laborales y comprometiendo de este modo sus posibilidades de rehabilitación.

El Relator destaca además la gran cantidad de quejas recibidas respecto de la mala calidad e insuficiente cantidad de la comida en los centros de privación de libertad visitados y la precariedad y tardanza en la atención médica. Por otro lado, el Relator recibió numerosos testimonios respecto de la usual arbitrariedad en la aplicación de sanciones y de su prolongado plazo en los casos en que las mismas consisten en aislamiento en celdas de castigo.

En lo que respecta a la específica situación de las mujeres privadas de la libertad, el Relator reconoce que las mismas varían según los centros visitados. En la mayoría de los centros el Relator observó condiciones de hacinamiento y falta de asistencia médica y atención específica a las necesidades físicas e higiénicas de las mujeres. Sin perjuicio de esto, y más generalmente relacionado con la violencia de género, el Relator transmite al Gobierno su inquietud respecto las numerosas alegaciones recibidas relativas a torturas y malos tratos de mujeres en las etapas inmediatamente posteriores a su privación de la libertad, incluyendo casos de menores de edad. Estos tratos incluyen predominantemente, y en forma adicional a muchas de las prácticas referidas en forma general, las amenazas e insultos que buscan humillar a las víctimas por su especial condición de mujer, así como diversas formas de violencia sexual, incluyendo la violación. Asimismo, el Relator destaca con preocupación la información recibida relativa a diversos obstáculos tanto legales, como administrativos o culturales con los que las mujeres de México se encuentran, y que incluyen el hostigamiento y la humillación, al momento de hacer ejercicio de sus derechos reproductivos reconocidos en la legislación.   

De acuerdo a lo observado por el Relator Especial, las condiciones edilicias de los centros de privación de libertad de menores infractores visitados son precarias y no conducentes a la rehabilitación y reinserción social del menor. En particular, el Relator expresa su preocupación por las condiciones del Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores en Monterrey, Nuevo León. En este sentido, los adolescentes informaron del uso excesivo de las sanciones disciplinarias, incluyendo la realización forzada de actividades físicas forzados y el uso del aislamiento prolongado con esposas en celdas en deterioradas condiciones. Asimismo, el Relator recibió reiteradas quejas por parte de los y las adolescentes detenidos en ese Centro respecto de la permanencia en sus celdas por más de 22 horas al día y la ausencia casi absoluta de posibilidades de realizar actividades físicas.       

El Relator reconoce que, en función de su ubicación geográfica, México constituye un país de origen, destino y tránsito de un importante número de migrantes. En este sentido, el Relator destaca como una importante protección a los migrantes el hecho de que México es el único país de América Latina que ha incorporado a su legislación, a través de la llamada “protección complementaria”, el estándar internacional de non-refoulement recogido en la Convención contra la Tortura. Asimismo, el Relator resalta que las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas le resultaron, en general, adecuadas y en buen estado. Sin embargo, resulta preocupante que los migrantes en ocasiones permanecen prolongados períodos de tiempo en estas instalaciones, en gran parte a consecuencia de haber iniciado recursos de solicitud de asilo o de amparo. En los casos de estadías prolongadas, el Relator destaca que las condiciones de las instalaciones de la Estación Migratoria visitada ya no resultan adecuadas y pudieran resultar en un trato cruel, inhumano o degradante.

Asimismo, resulta preocupante que no se prevean instalaciones adecuadas en la Estación Migratoria para las menores no acompañadas, a pesar de la existencia de una sección para los menores varones en iguales condiciones. El Relator fue informado que las menores son enviadas a albergues tanto públicos como privados y recibió información respecto al precario estado de varias de estas instituciones y la ausencia de mecanismos de control. Respecto de la situación general de los migrantes, el Relator expresa su profunda preocupación por los múltiples casos reportados de violencia a la que están expuestas estas personas dentro del territorio mexicano. Si bien en la mayoría de los casos los responsables son agentes particulares, el Relator recibió alarmante información relativa a la colusión de algunos agentes estatales en estas prácticas.     

En lo que respecta a la situación de las personas con enfermedades o discapacidades mentales, el Relator destaca las correctas instalaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría. Sin embargo, el Relator reporta que recibió información preocupante respecto a las precarias condiciones de otros hospitales e instituciones psiquiátricas en el país, incluso en el Distrito Federal. Asimismo, al Relator le preocupa la situación y la falta de debida atención médica y psiquiátrica a las personas detenidas en los pabellones psiquiátricos de dos de los centros de privación de la libertad visitados. En particular, el Relator quiere destacar su extrema inquietud respecto de las condiciones observadas en el Centro de Asistencia e Integración Social que visitó en el Distrito Federal. A pesar de la buena disposición de las personas que allí trabajan, el Centro mantiene a personas con afecciones psiquiátricas crónicas y que, en varios casos, han permanecido en la institución por más de 20 años, con una ausencia casi absoluta de cuidados médicos adecuados, en condiciones higiénicas no apropiadas, y con muy limitadas opciones de rehabilitación. Estos centros son tratados casi exclusivamente desde la órbita de la asistencia social sin un apoyo significativo y necesario por parte de las autoridades de salud pública, lo que resulta en condiciones que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.                         

Por otro lado, El Relator resalta el interés de su mandato por los temas relacionados con el abuso de la fuerza pública, tanto en lo que respecta al abuso en ocasiones de la privación de la libertad, como en ocasiones de manifestaciones públicas. En este sentido, el Relator destaca que México no cuenta con una legislación a nivel federal que regule el uso de la fuerza pública, a pesar de que si existen algunas leyes estatales y regulaciones internas en la materia por parte de diversas corporaciones civiles. El Relator fue informado de la existencia de proyectos legislativos en lo federal y alienta al Gobierno a avanzar en su pronta adopción e implementación en conformidad con los estándares internacionales en la materia.  

Por último, el Relator destaca la obligación de los Estados de reparar y rehabilitar a las víctimas de tortura y malos tratos, independientemente de la identificación y castigo de los responsables del delito. Esta es una obligación integral que no se limita a la compensación económica, sino que comprende también el castigo de los responsables, la participación de las víctimas en los procesos, la búsqueda de la verdad, y la adopción de garantías de no repetición. El Relator observa con preocupación que México no ha avanzado en el cumplimiento de esta obligación. Sin perjuicio de esto, el Relator da la bienvenida a la Ley General de Víctimas, a la conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en particular a su Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes como herramientas que pueden apoyar el cumplimiento de esta obligación estatal. El Relator alienta al Gobierno a fortalecer estos mecanismos y avanzar en la adecuada implementación de la Ley para asegurar la reparación y rehabilitación integral de las víctimas de torturas y malos tratos.      

El Relator reconoce que México transita actualmente por un periodo de importantes cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de políticas públicas en lo relativo a los derechos humanos. Asimismo, el país cuenta con una sociedad civil activa y con una cultura emergente relativa al respeto a los derechos humanos. Por esto mismo, el Relator confía que México tiene las condiciones adecuadas para fortalecer la prevención de la tortura y los malos tratos y avanzar hacia su definitiva erradicación.