dcsimg


Header image for news printout

Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos al término de su visita oficial a la República de Honduras del 23 al 27 de noviembre de 2015

27 de noviembre de 2015

Por invitación del Gobierno de Honduras, visité el país entre el 23 y el 27 de noviembre de 2015. Participé en consultas con altos representantes del Gobierno, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales nacionales e internacionales y otras. También visité a las víctimas del desplazamiento interno y sus representantes. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Gobierno de Honduras por su cooperación con mi mandato y a todos aquellos que se reunieron conmigo y me brindaron información.

La siguiente declaración presenta únicamente los hallazgos preliminares de mi visita. El análisis completo y recomendaciones para el Gobierno serán preparados en las próximas semanas y presentados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2016.

En primer lugar, quisiera expresar que veo con agrado que el Gobierno reconoce la existencia del problema del desplazamiento interno en el país y que también reconoce que los retos que presenta requieren una acción concertada para enfrentar las causas principales del desplazamiento y proteger los derechos de las personas desplazadas internamente de acuerdo con las normas internacionales, incluyendo los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Este es un paso sumamente importante para atacar el problema.

Aunque las causas de este desplazamiento interno son muy diferentes a las que resultan de los conflictos o desastres observados en otros países que he visitado, el impacto en la vida de los afectados no es menos catastrófico. Los miembros de las comunidades describieron la violencia, las amenazas e intimidaciones, los asesinatos de familiares, extorsiones, la violación y asesinato de mujeres y niñas y un ambiente de tanto miedo e inseguridad, a menudo como resultado de las actividades de las pandillas conocidas como maras, que se sienten forzados a dejar sus hogares para irse a otras partes del país o, cuando sus opciones en Honduras ya se han agotado, buscar seguridad fuera del país.

La responsabilidad primordial del Estado de proteger a las personas del desplazamiento relacionado con las pandillas delictivas, está limitada. Es intolerable que las pandillas delictivas o maras hayan tomado el control efectivo de algunos barrios y colonias de las ciudades, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro las cuales visité. Es evidente que los miembros de las pandillas pueden realizar sus actividades delictivas casi con absoluta impunidad y que el sistema de justicia criminal no está cumpliendo con su papel. Las pandillas buscan controlar territorios y comunidades y ejercen un poder considerable ante la ausencia de una respuesta policial relativa. Se requiere una revisión exhaustiva de la labor y estructuras policiales con cierta urgencia en vista de las fallas en la investigación y persecución de crímenes.

Durante mi visita tuve conocimiento de los retos únicos y difíciles que enfrentan las mujeres y las niñas afectadas por la violencia. Las mujeres y las niñas pueden experimentar amenazas, intimidación y violación por parte de miembros de pandillas así como amenazas a sus familiares. Escuché de una joven que había sido amenazada porque sus hermanos estaban en las maras y sintió que no tenían otra opción más que huir de sus hogares. Muchas de estas mujeres desplazadas están solas, sin recursos y son extremadamente vulnerables al abuso sexual. Fue evidente para mí, después de visitar los centros para migrantes retornados, que no hay sistemas de protección adecuados en marcha para dichas mujeres y niñas.

El impacto del crimen y las pandillas en los niños y jóvenes es particularmente evidente y preocupante. En algunas colonias, los niños son presa fácil de las pandillas y otros involucrados en actividades criminales. Aún los niños muy pequeños, así como los adolescentes pueden ser presionados o reclutados a la fuerza por las redes de pandillas aún dentro del entorno escolar, el cual a menudo está infiltrado por miembros de las pandillas. Los niños pueden ser usados como mulas para llevar drogas, para portar armas o utilizados "banderas" o soplones. Está claro que desde una etapa muy temprana los niños en algunos de los vecindarios más pobres y afectados son muy vulnerables y tanto ellos como sus padres sienten que la única opción para escapar de la influencia de las pandillas y la criminalidad es dejar sus hogares.

Lamentablemente, muchos de los desplazados internos ven pocas opciones viables que les brindarían seguridad y subsistencia en Honduras y, en consecuencia, toman la difícil decisión de salir del país. Por lo tanto, el desplazamiento interno se vuelve un punto de escala hacia la migración. Muchos de los que dejan el país son deportados y retornan a Honduras a enfrentar un futuro precario ya que temen regresar a sus colonias o barrios y pueden haber agotado sus recursos en su intento para llegar a otros países, en particular a los Estados Unidos.

Es de vital importancia reconocer que la etiqueta de "migrante económico" se aplica con demasiada frecuencia y, sin embargo, no toma en cuenta las circunstancias únicas de las amenazas, el temor y la falta de opciones que enfrentan los desplazados internos. Debemos reconocer que estas personas y las familias afectadas son víctimas y no delincuentes.

El informe publicado durante mi visita por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, sobre el desplazamiento interno provocado por la violencia en varias municipalidades, estima que hay unos 170,000 desplazados internos, a la vez que reconoce que los números reales podrían ser mucho más altos en todo el país. No obstante, sigue existiendo una falta de datos integrales incluso acerca del lugar de dónde se ubican las PDIs, sus necesidades y problemas de protección. Lamentablemente, las medidas concretas para asistencia y protección de los desplazados internos siguen siendo pocas, para sigue dándose el caso que las medidas concretas son pocas y las medidas por parte del Gobierno aún están en pañales.

En Honduras y otros países en la región, las personas desplazadas internamente siguen siendo víctimas casi invisibles de la violencia en la sociedad. Sin embargo, el Gobierno ha tomado algunas medidas importantes para sacar estos problemas de las sombras. Por ejemplo, recibo con beneplácito el hecho que en 2013, el Gobierno estableció una Comisión Interinstitucional para Personas Desplazadas Internamente por la Violencia como un paso importante para llamar la atención de los entes e instituciones gubernamentales hacia el tema y darse a la tarea de formular leyes, políticas y estrategias para enfrentar el problema. Sin embargo, este importante desarrollo no es una solución en sí mismo y debe ir acompañado de acciones concretas sobre el terreno para abordar el problema donde sea que exista.

También visité centros de recepción de migrantes retornados donde el personal me informó sobre su importante labor de brindar ayuda a quienes han retornado recientemente al país. La gran mayoría de los que usan los servicios son personas afectadas por la violencia, en algunos casos adolescentes y niños no acompañados. Los servicios son encomiables y demuestran colaboración entre los ministerios del Gobierno, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, me quedó claro que una vez que habían concluido sus trámites formales, existen pocas opciones de protección a más largo plazo para aquellos que enfrentan retos de protección tales como miedo a la violencia o violación.

Insto al Gobierno a que tome medidas concretas para abordar este vacío de protección incluyendo, por ejemplo, ofrecer refugio temporal seguro para mujeres y niñas desplazadas internamente en riesgo de violencia. Actualmente hay pocas instalaciones esenciales funcionando en el país. En los casos donde las personas sienten que no pueden retornar a sus lugares de origen debido al miedo a la violencia u otros factores, es necesario que el Gobierno desarrolle opciones más amplias para la integración local o reubicación y reasentamiento en otras partes del país como parte de una estrategia de soluciones duraderas para PDIs.

Honduras sigue en gran medida en la fase de planificación de su respuesta al problema de desplazamiento interno, pero tiene la voluntad política y el potencial para convertirse en un país líder de la región en el tema si toma las medidas necesarias. Aunque la Comisión Interinstitucional representa un punto focal nacional importante, carece de un mandato presupuestario o de implementación y recomiendo firmemente la creación de un ente adicional especial al más alto nivel, con funciones de ejecución práctica y los poderes necesarios.

Si bien, esencial para abordar los retos plenamente, Honduras carece de una ley o política sobre desplazamiento interno que establezca los derechos de los PDIs en la legislación nacional, identifique las responsabilidades y estructuras de gobernabilidad y ponga en marcha presupuestos nacionales. Aunque la Comisión Interinstitucional observó que se están considerando pasos para desarrollar dichos marcos e incluir el desplazamiento forzoso como un delito en un nuevo código penal, es necesario avanzar rápidamente y ofrezco los servicios de mi mandato para asistir al Gobierno. Tales marcos jurídico y de políticas ayudarán a orientar las respuestas nacionales e involucrar a todas las instituciones relevantes en un plan de acción integral para combatir el desplazamiento interno.

Es importante entender que las soluciones no dependen solamente de mejorar las medidas de seguridad. Las medidas en el área de políticas sociales y de desarrollo, incluyendo ofrecer empleo y oportunidades de subsistencia y enfrentar las altas tasas de pobreza, también son esenciales de inmediato así como a mediano y a largo plazo. Poner fin a la violencia y eliminar la presencia generalizada y el impacto de las pandillas requiere soluciones holísticas que entiendan que este reto es complejo y requiere respuestas multifacéticas. Entre estas se encuentra entender que el reclutamiento en las pandillas se ve menoscabado cuando los jóvenes tienen alternativas y mejores opciones a su disposición.

Los miembros de las comunidades señalaron que su confianza en la policía ha desaparecido totalmente. Este tema requiere atención urgente. Las comunidades deben sentir que la policía y otro personal de seguridad están primero y ante todo para protegerlos y brindarles ayuda frente a amenazas, violencia e intimidación - como un servicio para ellos, no como una fuerza que temer. No obstante, las víctimas no llevan los casos a la policía porque creen que no se tomará la acción adecuada o que no se hará la investigación correspondiente y debido a sus temores legítimos que las pandillas u otros criminales tienen conexiones con la policía y denunciar crímenes contra ellos puede poner en riesgo su seguridad o sus vidas.

Me reuní con el Ministro de Seguridad y con el Director de la Policía Nacional quienes me informaron de los programas en curso para fortalecer a la policía en términos de sus números, entrenamiento y capacidad, incluyendo a través de nuevas unidades de investigación y estrategias policiales en las comunidades. Estos son pasos positivos pero deben llevarse a cabo con sensibilidad y en consulta con las comunidades afectadas por la violencia para asegurarse que cumplen con sus objetivos para las ya traumatizadas comunidades.

Una respuesta de seguridad elevada no resolverá por sí sola el problema de la violencia y desplazamiento interno y, en algunos casos, puede aún contribuir a los problemas enfrentados por las comunidades. Las comunidades no desean ver una mayor militarización de sus vecindarios ya que frecuentemente perciben a los militares y a la policía, así como a los nuevos cuerpos recientemente formados, tales como la policía militar, como amenazas adicionales en vez de crear condiciones de seguridad. Las mujeres y los hombres describieron casos de intimidación, abuso sexual y extorsión llevados a cabo por parte de aquellos cuya labor es protegerlos.

El desplazamiento interno en Honduras también debe entenderse en el contexto de retos más amplios enfrentados por la región, incluyendo el comercio de narcóticos y las rutas de migrantes y de tráfico de personas entre Centroamérica y Norteamérica. En consecuencia, las soluciones también deben involucrar a los socios regionales e internacionales trabajando conjuntamente. Me complace enterarme de algunas iniciativas a este respecto que pueden contribuir, incluyendo el Plan de la Alianza para la Prosperidad. No obstante, las soluciones más importantes serán las propias.

Aunque mi visita se centró en gran parte en el desplazamiento interno inducido por la violencia urbana, también encontré otros asuntos preocupantes de desplazamiento interno que presentaré en mi informe. Me reuní con comunidades indígenas y de afrodescendientes y agricultores rurales quienes me informaron de los retos que enfrentan en sus tierras y territorios, incluyendo la amenaza de desalojo así como el impacto de las empresas comerciales, tales como las industrias de extracción -particularmente mineras y madereras, y proyectos de desarrollo, incluyendo proyectos hidroeléctricos, que los han llevado a su desplazamiento interno.

La colusión entre las pandillas, la policía y las empresas comerciales fue mencionada frecuentemente como una inquietud para aquellos con los que me reuní. Los líderes indígenas y comunitarios han sido asesinados o amenazados al grado que deben irse por su seguridad.

El Gobierno debe garantizar que es en pleno cumplimiento de las normas internacionales relativas a los pueblos indígenas, incluyendo la Convención 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que los proyectos que los afectan o que afectan a sus tierras y territorios, sean ejecutados. Debe garantizar igualmente el pleno cumplimiento con respecto a las normas relativas a las empresas y derechos humanos y las acciones de los actores no estatales que pueden conducir al desplazamiento interno.