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Declaración de Catalina Devandas-Aguilar, Relator Especial sobre los Derechos de personas con discapacidad en el 71° período de sesiones de la Asamblea General

Nueva York, 26 de octubre de 2016

Señora presidente,
Señores delegados,
Señoras y señores,

Hace un año con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los Estados Miembros de las Naciones Unidas asumieron un compromiso histórico con la humanidad. Un compromiso para poner fin a la pobreza y para reducir las desigualdades, un compromiso para alcanzar la prosperidad compartida, la paz y la cooperación. Un compromiso para "no dejar a nadie atrás" en la senda del desarrollo.

Señores y señoras,

Ese compromiso no se podrá cumplir sin atajar la grave marginación que enfrentan las personas con discapacidad.

Hoy quiero recordar aquí que millones de personas alrededor del mundo están excluidas de los beneficios del desarrollo y no pueden disfrutar de sus derechos humanos a causa de su discapacidad. Y que necesitamos tomar acciones concretas para lograr que la promesa de un futuro compartido también las alcance.

Las personas con discapacidad somos objeto de grandes desigualdades. Tenemos mayores probabilidades de experimentar pobreza y de sufrir desnutrición. Tenemos menos probabilidades de conseguir un empleo, recibir educación o tener acceso a servicios públicos básicos como el agua potable, los servicios de saneamiento, la vivienda y el transporte. Tenemos, además, mayores probabilidades de ser víctimas de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y de contraer el VIH/SIDA.

Además, varios de los distintos grupos que conforman el colectivo de personas con discapacidad -como las personas sordociegas, las personas autistas o las personas con albinismo- enfrentan mayores niveles de discriminación y graves barreras para acceder a la protección social o a servicios esenciales como la educación o la salud.

Sistemáticamente, una gran mayoría de las personas con discapacidad son dejadas de lado y ese abandono es perjudicial para la sociedad en su conjunto.  El costo de la exclusión es muy alto,  no solo para las personas con discapacidad y sus familias; este afecta también las economías  nacionales y nuestra prosperidad compartida. Se estima que su falta de participación en el mercado de trabajo puede llegar a equivaler entre el 1% y el 7% del producto interno bruto de un país. Hablamos de miles de millones de dólares perdidos alrededor del mundo.

Señora presidente,

En este contexto, la pregunta que cabe hacernos es ¿Cómo traducir estos objetivos en políticas y acciones concretas que beneficien a quienes tengan discapacidad?

El desarrollo inclusivo es clave para lograr la participación plena de todas las personas. Necesitamos que el desarrollo nos beneficie por igual y como medio para mejorar no sólo las capacidades, oportunidades y resultados de cada quien, sino también para crear en general sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles.

Para ello es imprescindible que se considere a las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos y no como beneficiarias de medidas paternalistas o de caridad.  Es por ello que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada hace 10 años,  es la mejor herramienta para asegurar las condiciones y el apoyo necesarios para que nuestro colectivo pueda participar en los procesos y resultados del desarrollo.

De acuerdo con la Convención, necesitamos tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la discapacidad en todas las políticas y programas públicos, y velar por que las personas con discapacidad participen en su formulación, aplicación, supervisión y evaluación.

Si bien esto puede parecer demasiado obvio, dista mucho de ser una realidad y hacerlo representaría un importante cambio de paradigma en el enfoque aplicado a las personas con discapacidad, tanto desde una perspectiva de derechos humanos como del desarrollo. Significaría abandonar los enfoques médicos y de beneficencia, y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos donde las personas con discapacidad sean consideradas titulares de derechos y no meras receptoras de protección, rehabilitación y bienestar.

Son muchos elementos que deben tenerse en cuenta para implementar políticas inclusivas de las personas con discapacidad. El informe que hoy presento ante ustedes, busca llamar la atención de los Estados sobre cuatro cuestiones claves para la formulación y aplicación de cualquier política.

En primer lugar, la existencia de un marco de antidiscriminatorio que prohíba toda discriminación por motivos de discapacidad.

Es decir, los Estados deben adoptar sólidos marcos jurídicos antidiscriminatorios que prohíban toda forma de discriminación por motivos de discapacidad, y garanticen a todas las personas con discapacidad una protección jurídica igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, incluyendo la denegación de ajustes razonables.

Los invito a hacerse cuatro preguntas básicas:

  1. ¿En nuestros países se prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad?
  2. ¿Se reconoce expresamente la obligación de prestar ajustes razonables en todo ámbito?
  3. ¿Existen recursos accesibles y efectivos para las víctimas de discriminación?
  4. ¿Existen políticas que pongan atención a la discriminación múltiple e interseccional que enfrentan las personas con discapacidad, como ser mujer con discapacidad o indígena con discapacidad?

Desde la Relatoría he puesto especial énfasis en la situación mujeres y personas indígenas con discapacidad, con el objetivo de llamar la atención de los Estados y del sistema de Naciones Unidas sobre la necesidad urgente de tomar medidas para atajar las diferentes formas discriminación que estas enfrentan.

Un segundo elemento clave para asegurar políticas inclusivas de las personas con discapacidad es la accesibilidad.

La accesibilidad es un requisito necesario para que las personas con discapacidad puedan tener acceso y disfrutar de todos los programas y servicios, y participar de manera plena e independiente en la sociedad.

Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos, participar en los programas y políticas de desarrollo ni beneficiarse de ellos.

Por ello, los Estados deben contar también con sólidos marcos de políticas en materia de accesibilidad que incluyan estrategias y planes de acción con plazos concretos para que las instalaciones y servicios públicos y privados sean accesibles para todas las personas con discapacidad.

Nuevamente los invito a hacerse cuatro preguntas:

  1. ¿Nuestros países cuentan con una obligación legal de hacer accesible el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones?
  2. ¿Cuentan nuestros Estados con estándares adecuados para orientar el diseño accesible de los entornos y servicios?
  3. ¿Contamos con un plan que permita medir los avances en materia de accesibilidad?
  4. ¿Existen recursos sencillos y efectivos frente a la falta de accesibilidad tanto en espacios públicos como privados?

Quisiera destacar que el cumplimiento de los reglamentos y normas sobre accesibilidad es una preocupación global. Las contribuciones recibidas para el presente informe han puesto de relieve que el grado de cumplimiento de las políticas o programas sobre accesibilidad en todo el mundo es bajo.

Un tercer elemento necesario para la implementación de políticas inclusivas es la disponibilidad y provisión de servicios y dispositivos de apoyo.

A veces no es suficiente contar con un marco antidiscriminatorio fuerte, o con entornos y servicios accesibles. Algunas personas con discapacidad pueden necesitar distintas formas de asistencia y apoyo para vivir y participar plenamente en sus comunidades.

Hablo de dispositivos como las sillas de ruedas, prótesis, audífonos, dispositivos braille, tableros de comunicación o lectores de pantalla, pero hablo también de animales de asistencia, asistentes personales, apoyos para la toma de decisiones, y otros tipos de apoyos que muchas personas requieren para vivir de manera independiente.

La disponibilidad y provisión de servicios y dispositivos de apoyo es fundamental para que muchas personas con discapacidad, especialmente las más pobres, puedan acceder plenamente a los programas y políticas en igualdad de condiciones con las demás. Más aún, para muchas personas con discapacidad, el acceso a esos bienes y servicios es una condición indispensable para llevar una vida digna y disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Lamentablemente, en muchos países en desarrollo solo entre el 5% y el 15% de quienes necesitan dispositivos y tecnologías de apoyo pueden obtenerlos. Y el acceso a servicios como la asistencia personal es prácticamente imposible.

Preguntémonos:

  1. ¿Nuestros países cuentan con políticas y programas que aseguren efectivamente el acceso gratuito a dispositivos y tecnologías de apoyo para todas las personas con discapacidad, incluso las que viven en zonas rurales y remotas?
  2. ¿Existen servicios de asistencia personal? ¿Servicios apoyo en la comunicación? ¿Servicios de apoyo en la toma de decisiones?
  3. ¿Los servicios generales, como educación, empleo o justicia, contemplan la provisión de servicios de asistencia y apoyo? Porque, como saben, los niños con discapacidad pueden necesitar apoyo adicional en las escuelas, y algunas personas con discapacidad intelectual pueden necesitar un "coach" para acceder a un empleo.
  4. Y, en general, ¿los servicios se prestan con un enfoque comunitario que asegure la participación de las personas con discapacidad?

Señores y señoras delegados,

Si damos una respuesta positiva a las preguntas que he venido planteando, les aseguro que habremos avanzado muchísimo en asegurar un desarrollo inclusivo.

Porque si aseguramos en las políticas y programas públicos que no se discrimine a las personas con discapacidad, que los entornos y servicios sean accesibles, y que las personas reciban los servicios y dispositivos de apoyo que puedan necesitar, estaremos asegurando que las demandas y necesidades específicas de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta.

Evidentemente para avanzar en cualquiera de esas tres áreas también es necesario que seamos cada vez más sistemáticos en la recolección de información estadística que nos permita informar el desarrollo de las políticas, pero también darle seguimiento a su implementación y al progreso alcanzado.  Por eso saludo los esfuerzos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, del grupo de Washington sobre discapacidad y estadísticas y de las distintas agencias que como UNICEF,UNFPA, la OIT, o la OMS, por asegurar que la información estadística pueda ser desagregada por discapacidad, que pueda ser comparada internacionalmente y que nos permita medir el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que se refiere a las personas con discapacidad.

Finalmente,  quiero cerrar esta presentación con la cuarta cuestión que considero fundamental: necesitamos asegurar procesos de desarrollo participativos.

Las barreras estructurales que causan la exclusión y pobreza de las personas con discapacidad no pueden superarse sin su participación directa. Son las personas con discapacidad quienes saben mejor que nadie qué barreras enfrentan en sus propios contextos y cómo repercuten en sus vidas.

Es indispensable incluir plenamente a las personas con discapacidad en la formulación, aplicación, supervisión y evaluación de todas las políticas y programas. Desde esta Relatoría hemos elaborado para el Consejo de Derechos Humanos un estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a participar en la adopción de decisiones. En él pueden encontrar orientaciones específicas sobre cómo asegurar la participación efectiva y activa de las personas con discapacidad en la formulación e implementación de políticas públicas.

Señores y señoras delegados,

Hace algunos años muchas de las preguntas que hemos planteado hoy no tenían respuesta. Pero hoy tenemos la experiencia y la información necesaria para asegurar que nadie se quede atrás en el desarrollo.

Los tiempos están cambiando… No hay más excusas, Nada sin las personas con discapacidad!

Muchas gracias.