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Declaración Final de Misión - Observaciones preliminares de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Ever, sobre su visita oficial a Paraguay del 4 al 10 de noviembre, 2016

Asunción, 10 de noviembre de 2016

Miembros de la prensa, señoras y señores,

Me dirijo a ustedes hoy al concluir mi visita oficial a la República del Paraguay realizada por invitación del Gobierno del 4 al 10 de noviembre de 2016.

El objetivo de la visita fue el de evaluar el cumplimiento del derecho a la alimentación en el país. La siguiente declaración expone mis conclusiones preliminares basadas en la información recopilada durante mi visita. El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017.

En primer lugar me gustaría agradecer al Gobierno del Paraguay por la invitación a visitar el país y por su cooperación durante mi visita.

Aprecio el espíritu de apertura demostrado que me ha dado la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con las autoridades.


Durante mi estadía, me reuní con representantes gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría Técnica de Planificación Económica y Desarrollo Social, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y miembros del Congreso. Me reuní también con representantes de organizaciones internacionales, instituciones académicas, agencias de desarrollo, el sector privado, comunidades indígenas y una serie de actores de la sociedad civil. Durante esta semana, también tuve la oportunidad de visitar la comunidad de San Juan, Puente Kyha, en el Departamento de Canindeyú, así como la zona conocida como Bañado Norte, en la periferia de Asunción.

Estoy muy agradecida con la Asesora de Derechos Humanos para Paraguay de la OACNUDH y su equipo de trabajo por su invaluable apoyo tanto para la preparación como durante la visita. Me gustaría también expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas con quienes me reuní, sobre todo las que compartieron sus experiencias personales, y deseo expresar que sus contribuciones han sido vitales para el éxito de mi visita.

Señoras y señores,

Quisiera comenzar con algunas observaciones sobre la legislación nacional relacionada al derecho a la alimentación. Como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Paraguay tiene el deber de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación y se ha comprometido a adoptar las medidas apropiadas, en la medida de la disponibilidad de sus recursos, para garantizar la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentos adecuados, como se establece en los artículos 2.1 y 11 del Pacto.

Paraguay también es parte de otros tratados internacionales de derechos humanos fundamentales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los cuales contienen disposiciones explícitamente vinculadas al derecho a una alimentación adecuada.

Sin embargo, mientras estos instrumentos internacionales ratificados son fuentes de derecho vinculante en Paraguay, el derecho a la alimentación está consagrado implícitamente en la Constitución. El derecho a la alimentación está protegido en relación con el derecho a la vida y el derecho a la salud, como se estipula en la Constitución. Esto ofrece la posibilidad, aunque sólo de manera indirecta, que el derecho a la alimentación sea resuelto en los tribunales.

La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la alimentación, implica que las posibles víctimas de violaciones de estos derechos puedan presentar quejas ante un órgano independiente e imparcial, para solicitar acceso a recursos judiciales adecuados y su aplicación. Me gustaría hacer hincapié en que los recursos judiciales son fundamentales para proteger los derechos humanos.

Durante mi visita, he encontrado que, en su mayor parte, Paraguay tiene una amplia gama de políticas y estrategias bien formuladas y bien intencionadas para garantizar la realización del derecho a la alimentación. Sin embargo, en mi opinión, las leyes y políticas no siempre se han hecho realidad. Por lo tanto, insisto en la necesidad de un marco jurídico integral sobre el derecho a una alimentación adecuada, con directrices claras para promover e implementar este derecho.

Señoras y señores,

Según el Banco Mundial, durante la última década, la economía paraguaya ha crecido a un promedio del 5 por ciento, un nivel de crecimiento mayor que el de sus vecinos. Durante este período, los niveles de pobreza también se han reducido a la mitad, al reducirse de 44 por ciento en 2006 al 22 por ciento en 2016.

A pesar de su impresionante crecimiento, Paraguay ha tenido problemas para hacer frente a las desigualdades, como se refleja en un coeficiente de Gini comparativamente alto, actualmente de 0,47, más alto que la mayoría de los países vecinos. Importantes segmentos de la sociedad siguen excluidos del desarrollo económico del país, y más de 1,5 millones de personas aún viven en situación de pobreza, y casi 700 000 en situación de pobreza extrema (justo por debajo del 10 por ciento de la población). Por otra parte, las tasas de pobreza extrema son tres veces más altas en las zonas rurales que en las urbanas. Como sabemos, la pobreza está estrechamente vinculada a la inseguridad alimentaria.

De acuerdo con los resultados del Tercer Censo Nacional de Pueblos Indígenas, en 2012 había 115,944 personas indígenas en Paraguay (entre 1-2 por ciento de la población) viviendo en 13 departamentos del país. Los datos mencionados por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita en 2014, indican que las tasas de pobreza y pobreza extrema entre los pueblos indígenas eran de 75 por ciento y 60 por ciento respectivamente, por consiguiente superiores a la media nacional.

La discriminación es un problema estructural y generalizado que afecta los derechos humanos de muchos, incluyendo los derechos de las mujeres, los pequeños agricultores, los indígenas, las personas con discapacidad y personas de edad avanzada, entre otros.

El Gobierno ha dado un paso muy importante al declarar la reducción de la pobreza como un área prioritaria para su acción, y al adoptar el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Este plan tiene como objetivo coordinar las acciones de los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado para combatir la pobreza y está dirigido a los sectores más vulnerables de Paraguay, con un énfasis particular en las poblaciones indígenas.

Observé los esfuerzos positivos realizados por la Secretaría de Acción Social para incluir un enfoque basado en derechos humanos en la aplicación de sus programas sociales. Aliento al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para asegurar que este plan incorpore las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los indicadores de derechos humanos en relación con el derecho a la alimentación, desarrollados con el apoyo del Asesora de Derechos Humanos para Paraguay de la OACNUDH.

Desnutrición

La desnutrición y la falta de acceso a una alimentación adecuada y nutritiva siguen siendo un desafío en Paraguay, siendo la gente en las zonas rurales la que lleva la peor parte. Según la FAO, alrededor del 10% de la población sigue subalimentada (700 000 personas).

Los datos sobre el estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años indican que en el período entre 2008 y 2014 la desnutrición no mejoró significativamente, con sólo un ligero descenso del 5,9% al 5,6%. De acuerdo con el Índice de Seguridad Alimentaria, alrededor del 10 por ciento de los niños menores de cinco años actualmente sufre retraso del crecimiento y de acuerdo con la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; los niños indígenas sufren una tasa de desnutrición crónica del 41,7 por ciento.

Muchos de los efectos de la desnutrición son irreversibles. La falta de acceso a una alimentación adecuada y nutritiva tendrá un impacto negativo en las futuras generaciones de Paraguay, y esto debe ser abordado como cuestión urgente.

Nos informaron sobre las iniciativas de alimentación escolar, tanto a través del Ministerio de Educación como también a través de otros programas sociales. Si bien tienen un alcance importante (debería alcanzar el 100 por ciento de los estudiantes de 3- 18 años), por diversas razones, el programa no fue implementado efectivamente particularmente en escuelas públicas de zonas rurales. Persiste la preocupación respecto de los niños que no asisten a la escuela.

Celebro la aprobación de la ley sobre la protección de la lactancia materna, la cual es clave para asegurar una adecuada nutrición de los bebés, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recomiendo que se realicen mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento de esta ley, junto con estrategias para promover y facilitar la lactancia materna exclusiva, en particular durante los primeros seis meses de vida de un niño.

Las mujeres embarazadas también son particularmente vulnerables a la desnutrición. En Paraguay, casi el 27 por ciento de las mujeres embarazadas tiene un peso inferior a lo ideal, mientras que el 30 por ciento tiene sobrepeso. A su vez, la nutrición deficiente de las madres, en especial durante el embarazo, tiene un impacto directo en el desarrollo y la supervivencia infantil. 

Mientras que Paraguay no ha visto un descenso significativo de las tasas de desnutrición, las tasas de sobrepeso han aumentado significativamente y ahora afectan a más del 50 por ciento de la población, poniéndoles en riesgo de una variedad de enfermedades relacionadas con la obesidad. Me alienta saber que el Ministerio de Salud está iniciando e implementando nuevas medidas para contrarrestar esta alarmante tendencia. Es crucial que las políticas de nutrición sean integrales, estén dirigidas a todas las formas de malnutrición, incluyendo la obesidad y la deficiencia de micronutrientes y que estén adecuadamente financiadas. Su impacto debe evaluarse sobre la base de los indicadores de los derechos humanos pertinentes. 

Sector y políticas agrícolas

El sector agrícola contribuye a alrededor del 25% del producto interno bruto, de acuerdo al Banco Central del Paraguay.

El Gobierno de Paraguay ha adoptado medidas para reforzar su sector agrícola pasando de ser un importador neto a un exportador a gran escala. Paraguay es actualmente el cuarto mayor exportador de soja del mundo, con una producción que ha aumentado de alrededor de seis millones de toneladas de soja en 2007 a más de nueve millones en 2015. También es el tercer mayor exportador de carne bovina del mundo, y exporta cantidades importantes de arroz, maíz y trigo.

Según las estadísticas oficiales de 2013 y 2014, se utilizó casi el 94% de las tierras agrícolas para cultivos de exportación, mientras que sólo alrededor del 6% por ciento para la producción nacional de alimentos. 

La distribución de la tierra en el Paraguay es una de las más desiguales en América Latina. Según los datos aportados durante mi visita, entre el 60 y el 80 por ciento de la tierra pertenece al 2-3% de la población. También recibí información de que aproximadamente 300.000 pequeños agricultores y sus familias carecen por completo de acceso a la tierra.

Durante mi visita, me reuní con varias comunidades de pequeños agricultores y recibí quejas con respecto a la grave falta de apoyo del Gobierno en relación con varios temas, incluyendo el acceso a la tierra, las semillas, el tan necesario capital, así como el acceso a mercados para comercializar sus cosechas.

Estos testimonios ilustran la vital importancia de la aplicación plena de la reforma agraria que debería haberse realizado hace mucho tiempo.

El artículo 114 de la Constitución establece la reforma agraria como uno de los factores clave para lograr el bienestar rural, y asegurar la incorporación de la población rural en el desarrollo económico y social del país. Tal reforma agraria debe ir acompañada de insumos de asistencia técnica, acceso a microcréditos, provisión de servicios de capacitación, así como inversión en infraestructura y sistemas de riego agrícola en favor de los pequeños agricultores. Deseo reiterar que la accesibilidad, incluyendo a la tierra y el empleo decente, es un componente clave para garantizar el derecho a la alimentación. 

Si bien soy consciente de que existen algunos programas estatales específicamente dedicados al fortalecimiento de la agricultura familiar, no tuve la oportunidad de discutir y analizar estos en detalles durante mi visita, ya que no tuve la oportunidad de conocer al personal pertinente del Ministerio de Agricultura. Recomiendo firmemente que los programas se fortalezcan con el fin de apoyar y proteger a este sector de vital importancia.

Casos de desalojos forzosos en el contexto de reclamos de tierras de los campesinos

La desigualdad en la distribución de la tierra en el Paraguay es agravada por procedimientos prolongados, complejos y burocráticos para obtener los títulos de las tierras. La falta de un registro integral de las tierras ha conducido a títulos de propiedad superpuestos y estos sirven de base para múltiples reclamos por la misma parcela de tierra.

Durante mi visita, me informaron de varios casos de disputas por tierras que generan conflicto social y hasta enfrentamientos violentos. La situación de Marina Kue, Curuguaty en el Departamento de Canindeyú es un ejemplo particularmente ilustrativo. Me informaron que en este caso un conflicto no resuelto sobre unas tierras condujo a un desalojo forzoso en el año 2012, durante el cual 6 miembros de la Policía y 11 miembros de la comunidad perdieron sus vidas.

La situación legal de las tierras sigue sin resolución. Hago un llamado a que se tomen medidas para resolver este caso y otros a fin de evitar potenciales tragedias futuras. También me inquieta la información que recibí respecto de conflictos sobre tierras que resultaron en procesos judiciales contra los productores involucrados, directamente relacionados a su lucha para adquirir las tierras necesarias para su supervivencia, la que a veces resultó en condenas de privación de libertad de larga duración. 

Expulsión de las personas campesinas hacia las ciudades y las personas en situación de pobreza de las zonas urbanas

La agricultura a gran escala de nivel industrial utiliza mucho menos mano de obra por hectárea que la que utilizan las técnicas de producción a pequeña escala, resultando en costos operativos significativamente menores. Me informaron que un establecimiento típico de producción de soja en el Paraguay necesita un trabajador para alrededor de 400 hectáreas, mientras que una familia campesina trabaja normalmente 10 hectáreas. Esto, en combinación con la disminución de apoyo y de la competitividad de la agricultura familiar campesina, ha obligado a muchos campesinos a abandonar sus medios de vida y comunidades en busca de empleo para alimentar a sus familias.

Se estima que en el Paraguay aproximadamente 10.000 personas migran a las ciudades grandes como Asunción y Ciudad del Este por año. Mientras tanto, la pobreza y los bajos niveles de ingresos en las áreas urbanas impiden el acceso a alimento adecuado y la nutrición, así como a otros servicios. Es notable que mientras la pobreza extrema ha bajado en las áreas rurales del Paraguay, no ha bajado en el área urbana, donde se verificó hasta un pequeño aumento el año pasado a 4,67 por ciento, de acuerdo a la última encuesta de hogares.

Durante mi misión, observé importantes disparidades en Asunción. Mientras que algunos habitantes de la ciudad cuentan con condiciones de vida relativamente buenas, otros se ven obligados a vivir en circunstancias extremadamente precarias, en asentamientos informales como el de los pobladores del área Bañado Norte. Esta área sufre de inundaciones periódicas del Rio Paraguay que pasa por la ciudad. La mayoría de los residentes de esta zona participan de la economía informal, por ejemplo, realizando el reciclado y la cría de animales pequeños. La mayoría de los residentes de la región del Bañado Norte fueron obligados a abandonar las áreas rurales que habitaban anteriormente. Durante las entrevistas que realicé a estas personas, me informaron que muchos de los mismos actualmente están bajo amenaza de desalojo debido a un proyecto que planifica construir una ruta a lo largo de la costa que pasará a través de esa zona.

Los riesgos asociados con la producción de soja mecanizada de gran escala

El modelo de desarrollo del país, que promueve el crecimiento económico rápido a través de actividades como el monocultivo, particularmente en el caso de la expansión masiva del cultivo de la soja, y la ganadería, ha resultado en las más altas tasas de deforestación en el mundo, agudizando los problemas causados por los cultivos transgénicos y el uso extensivo de fertilizantes químicos y pesticidas.

Como se mencionó anteriormente, la soja se ha convertido en el producto de exportación estrella de Paraguay. En el 2006, la producción de soja utilizaba alrededor de 1,6 millones de hectáreas de tierra, que fue aumentando hasta alrededor de 3,5 millones de hectáreas en 2013. De acuerdo al Banco Central del Paraguay, en 2014 se produjeron alrededor de 100 millones de toneladas de soja.

La expansión del cultivo de soja es acompañada por el uso excesivo de pesticidas. De acuerdo al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), la importación de herbicidas, pesticidas e insecticidas se triplicó en el periodo de cuatro años, entre 2009 y 2014.

La exposición a pesticidas puede tener un impacto muy peligroso en la salud humana, siendo los niños y niñas, y las mujeres embarazadas particularmente vulnerables a sus efectos. Tuve la oportunidad de hablar con hombres y mujeres que fueron afectados por el uso excesivo de agroquímicos, aquejados por ejemplo, de problemas de la piel, problemas digestivos y respiratorios. 

Desafortunadamente, ha sido extremadamente difícil vincular directa y científicamente diversos problemas serios de salud con un pesticida en particular. Además, a muchos países, entre ellos el Paraguay, les hacen falta sistemas efectivos de monitoreo para regular la industria de pesticidas y para controlar su uso en los agro negocios. Esta falta de monitoreo y reparación podría llegar a constituir violaciones de los derechos humanos si no son tratados debidamente.

El uso indiscriminado de pesticidas ha conducido a la contaminación del aire y del agua, y tiene impactos adversos de largo plazo sobre la salud y la fertilidad del suelo. La agricultura industrial y el monocultivo dependen particularmente de insumos como pesticidas, en especial conforme las plagas se adaptan y la resistencia  aumenta, conduciendo a un círculo vicioso peligroso.

En el contexto de la agricultura industrial a gran escala, es vital que los planes y las políticas de desarrollo tomen en cuenta el verdadero costo de métodos particulares de producción sobre los recursos como suelos y agua, así como el impacto de la degradación ambiental en las generaciones futuras, en vez de enfocarse solo en la ganancias de corto plazo y el crecimiento económico.

En este contexto, noto que el Paraguay todavía no implementó un modelo de desarrollo agrícola ambientalmente amigable y sostenible desde que el Gobierno se comprometió firmemente a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y reitero el Objetivo 2, a saber, “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Señoras y señores,

Me gustaría felicitar al Paraguay por la designación del Defensor del Pueblo para la protección y promoción de los derechos humanos. Esta designación se realizó durante la semana de mi visita y espero que este evento tan largamente esperado permita el funcionamiento muy necesario de una institución de derechos humanos de acuerdo a los Principios de Paris.

También tomé nota que Paraguay adoptó su Plan Nacional de Derechos Humanos en el 2013; no obstante, recomiendo que se implemente de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos.

Adicionalmente, felicito al Paraguay por su trabajo relacionado al mecanismo interinstitucional, el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE), que fue establecido para dar seguimiento a las acciones realizadas para la implementación de las recomendaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos.

Aunque mucho más se podría decir sobre una gama de cuestiones, incluso saludar al Gobierno por sus buenas políticas y programas, permítanme concluir con algunos comentarios y recomendaciones que serán tratadas en más detalle en mi informe final a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2017.

A fin de satisfacer plenamente sus obligaciones con relación a los derechos humanos en materia del derecho a la alimentación, el Paraguay debe:

  1. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. La ratificación de los Protocolos Facultativos permitiría acceso a recursos efectivos para grupos, individuos, y niños, proporcionando la oportunidad de llevar casos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Comité de los Derechos del Niño.
  2. Adoptar una estrategia nacional de desarrollo basada en los principios de los derechos humanos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que garantice la protección de los pequeños productores campesinos. Tal estrategia debe establecer un calendario de referencias y planes de implementación efectivos. Debería también incluir las medidas presupuestarias y fiscales necesarias para asegurar la sostenibilidad agrícola en el largo plazo.
  3. Promulgar la legislación pendiente, incluyendo la Ley contra todas las formas de Discriminación, la Ley de la Extensión de la Reforma Agraria Integral así como los proyectos de ley pendientes con relación al derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Hago un llamado en particular al Gobierno a acelerar el Proyecto de Ley del Derecho a la Soberanía Alimentaria y la Nutrición y asignar los recursos presupuestarios y humanos para su efectiva implementación.
  4. Proteger y promover la agricultura familiar como modelo productivo. Los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, en particular las mujeres, los indígenas y los jóvenes, deberían ser aumentados a la par de asegurar acceso equitativo a la tierra y otros recursos productivos. Además, se debe garantizar a los campesinos acceso al mercado, al crédito y a programas de capacitación.
  5. Cumplir con su obligación de proteger a las personas y comunidades contra los abusos a los derechos humanos en el contexto de la expansión de la agricultura de monocultivo a gran escala. El Estado debería tomar todas las medidas, incluyendo la asignación de recursos fiscales necesarios para asegurar que el cultivo de la soja orientada a la exportación no socave el derecho de alimentación adecuada de las personas.
  6. Implementar y monitorear cuidadosamente los reglamentos ambientales que protegen la salud humana, la degradación del suelo y la contaminación del agua que pueden ocurrir como resultado de la agricultura intensiva, así como la ganadería a gran escala.
  7. Además, recomiendo al Estado crear bancos de semillas para mantener una diversidad genética de semillas y asegurar acceso a la participación equitativa de los beneficios que surjan de la utilización de tales recursos genéticos. 
  8. Implementar las directrices voluntarias de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para las actividades relacionadas a establecer políticas agrícolas nacionales, específicamente, las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”; las “Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”; y “Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”.

Confío que el Gobierno dará prioridad al diseño e implementación efectiva de las políticas con la participación de todas las partes interesadas relevantes a fin de asegurar el derecho a la alimentación adecuada. Estoy convencida que el Paraguay puede revertir la situación actual y dar pasos extraordinarios para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todos y todas en el futuro, mientras continua sus esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En conclusión, deseo reiterar mi compromiso para continuar el diálogo iniciado durante esta visita. Espero trabajar con el Gobierno en un espíritu de cooperación en la implementación de mis recomendaciones.

FIN