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Un informe de las Naciones Unidas expone con detalle la destrucción masiva y las violaciones de derechos perpetradas en el sureste de Turquía desde julio de 2015

GINEBRA (10 de marzo de 2017) – La Oficina del ACNUDH dio a conocer el viernes un informe en el que se detallan actos de destrucción masiva, asesinatos y muchas otras violaciones de derechos humanos perpetradas entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sureste de Turquía, durante las operaciones que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad gubernamentales, que afectaron a más de 30 pueblos y vecindarios y desplazaron entre 350.000 y medio millón de personas, la mayoría de origen kurdo.

En el informe se describe el grado de destrucción infligido al pueblo de Nusaybin, en la provincia de Mardin, donde 1.786 edificios parecen haber sido destruidos o dañados, así como en el distrito de Sur, en Diyarbakir, donde el gobierno local calcula que el 70 por ciento de las construcciones en la parte oriental del distrito fueron sistemáticamente destruidas por los bombardeos. Al parecer, la destrucción prosiguió incluso después de que concluyeran las operaciones de seguridad, y llegaron a su punto de máxima en el mes de agosto de 2016. Fotos de Nusaybin y Sur tomadas desde satélites antes y después de ese periodo muestran que vecindarios enteros quedaron arrasados hasta los cimientos.  

La Oficina del ACNUDH está “particularmente alarmada por los resultados que arrojan los análisis de las imágenes tomadas por satélite, que indican una enorme escala de destrucción del parque de viviendas, causada por armamento pesado”, según reza el informe. 

También se ha recibido información sobre otros pueblos, entre ellos Cizre, en la provincia de Şirnak, donde testigos y familiares de las víctimas “describen una imagen apocalíptica de la destrucción de barrios enteros”, en los que a principios de 2016 189 hombres, mujeres y niños quedaron atrapados durante semanas en los sótanos, sin agua, alimentos, electricidad ni asistencia médica, antes de morir a causa de los incendios que provocaron los bombardeos.

“La demolición ulterior de los edificios dañados destruyó pruebas y, en general, ha impedido la identificación de los restos mortales”, sigue diciendo el informe. “Además, en vez de iniciar una investigación sobre las circunstancias que rodearon al presunto uso excesivo de fuerza, el empleo de armamento pesado y las muertes resultantes, las autoridades locales acusaron a los fallecidos de haber participado en organizaciones terroristas y adoptaron medidas represivas que han perjudicado a sus familiares”.

En el informe se describe cómo la familia de una mujer “fue invitada por el fiscal del Estado a recoger los restos de la víctima, que consistían en tres pedazos pequeños de carne quemada, que se habían identificado mediante una prueba de ADN. La familia no recibió explicación alguna acerca de cómo la mujer había muerto no tampoco obtuvo un informe forense. La hermana de la víctima, que exigió la rendición de cuentas de los responsables de su muerte y trató de incoar un proceso jurídico, fue acusada de delitos de terrorismo”.

El informe señala también que, según informaciones proporcionadas por el gobierno de Turquía acerca de que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que el gobierno considera una organización terrorista, “el PKK realizó varios ataques violentos con un saldo de muertos y heridos entre las fuerzas de seguridad turcas y otras personas. El gobierno afirma que el PKK ha participado también en secuestros, incluso de menores de edad; ha excavado trincheras y ha colocado puntos de control callejeros en pueblos y ciudades, y ha impedido a los equipos médicos la prestación de servicios sanitarios de emergencia”.

La Oficina del ACNUDH asegura que durante casi un año ha tratado de acceder a zonas afectadas del sureste de Turquía a fin de investigar de manera independiente las acusaciones relativas a graves violaciones de derechos humanos. A falta de un acceso significativo, el informe –primero de una serie- se elaboró mediante un seguimiento a distancia, usando a la vez fuentes públicas y confidenciales, imágenes de satélite y entrevistas para acopiar información sobre la conducta y las repercusiones de las operaciones de seguridad en el sureste del país.

El informe contiene también relatos sobre torturas, desapariciones forzosas, incitación al odio, prohibición de acceso a la atención médica de emergencia, los alimentos, el agua y los medios de subsistencia, y casos de violencia contra las mujeres, y además expresa preocupación “sobre la política de expropiaciones aplicada tras las operaciones de seguridad” y menciona algunos ejemplos, entre ellos la decisión que el Consejo de Ministros adoptó en marzo de 2016 y que, según los informes, redundó en la expropiación de terrenos en Sur, que en algunos casos alcanzó el ciento por ciento de la superficie de la propiedad confiscada.

Las medidas adoptadas durante el estado de emergencia que se decretó tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, entre ellas la cesantía de más de 100.000 empleados, tanto del sector público como del privado, también han afectado profundamente la situación de derechos humanos en la región suroriental del país. Según se informa, unos 10.000 docentes fueron despedidos por sospechas de que estaban vinculados al PKK, sin que mediara el debido proceso judicial. El uso de las leyes antiterroristas para destituir a funcionarios de origen kurdo que habían sido elegidos democráticamente, el intenso acoso de periodistas independientes, la clausura de medios de prensa independientes de lengua kurda y de asociaciones cívicas, y el cese masivo de jueces y fiscales también han debilitado considerablemente el sistema de controles y contrapesos y la protección de los derechos humanos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoció la complejidad de los problemas con los que Turquía se enfrenta desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y en la lucha contra los ataques terroristas. Pero Zeid añadió que el evidente deterioro de la situación de derechos humanos en el país es motivo de alarma y sólo servirá para ahondar la tensión y fomentar la inestabilidad.

“Me preocupan especialmente los informes acerca de que no se ha realizado ninguna investigación creíble sobre cientos de presuntos asesinatos, incluso de mujeres y niños, en el periodo de 13 meses comprendido entre finales de julio de 2015 y finales de agosto de 2016. Al parecer, no hubo ni un solo arresto ni un solo procedimiento judicial en relación con esos delitos”, declaró el Alto Comisionado.

“El gobierno de Turquía no nos ha permitido entrar en la región y, al mismo tiempo, ha rechazado las graves acusaciones que figuran en el informe. Pero la gravedad de las acusaciones, la escala de la destrucción y el desplazamiento de más de 355.000 personas indican que es urgente e indispensable que se lleve a cabo una investigación independiente”.

FIN

Para consultar el texto íntegro del informe (en inglés), pulse aquí:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
Descargue aquí imágenes de satélite que muestran las dimensiones de la destrucción

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