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Declaración del Relator Especial para Naciones Unidas John H. Knox, conclusiones de su misión a Uruguay

28 de abril de 2017

Hoy he culminado mi misión a Uruguay, la cual comenzó el 24 de abril. Durante mi visita me reuní con funcionarios de gobierno, con la sociedad civil, con académicos y con la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros actores. Si bien la mayoría de mis reuniones tuvieron lugar en Montevideo, tuve la oportunidad de viajar a la cuenca del Río Santa Lucía, donde me reuní con más uruguayos, incluyendo una asociación comunitaria de mujeres que se dedican a la recuperación de plantas nativas, con productores lácteos que acaban de instalar tecnología para lograr un saneamiento más eficiente y con voluntarios que replantan árboles nativos alrededor de un embalse. Quisiera agradecer cálidamente a cada persona que conocí por su hospitalidad y franqueza al compartir sus experiencias conmigo.

También quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno por invitarme a realizar esta visita y por su excelente grado de cooperación mientras estuve aquí.

El mandato que me encomienda el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas me solicita que promueva la implementación de obligaciones a relativas los derechos humanos a un medio ambiente seguro, limpio y saludable. Un medio ambiente no saludable y no sustentable socava el ejercicio de muchos derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, al agua y al alimento. A efectos de proteger estos y otros derechos, cada Estado tiene la obligación general de proteger el medio ambiente. Los Estados también tienen obligaciones específicas, como el suministro de información ambiental, la facilitación de la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a soluciones efectivas para subsanar el daño ambiental y el aseguramiento de que las políticas ambientales y de desarrollo beneficien a toda la sociedad sin discriminación alguna.

Uruguay ha apoyado el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente a nivel internacional, jugando un rol muy positivo en la negociación de un instrumento regional sobre el derecho a la información, a la participación y a las soluciones en materia ambiental. Quisiera alentar a Uruguay a trabajar con otros países en América Latina y el Caribe a efectos de lograr un tratado jurídicamente vinculante para fines de este año.

Uruguay también ha adoptado un papel de liderazgo en la implementación del Acuerdo de París en el tema de cambio climático. El cambio climático ha sido denominado la mayor amenaza a los derechos humanos del siglo veintiuno y ya está afectando derechos humanos en muchas de las comunidades vulnerables en el mundo. A efectos de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los Estados deben hacer lo posible para reducir sus contribuciones a los gases de efecto invernadero y contribuir con medidas de adaptación al bienestar de sus habitantes. Uruguay está dando firmes pasos en este sentido. Específicamente, es un ejemplo inspirador sobre cómo un país puede reemplazar los combustibles fósiles perjudiciales por energía renovable. Al obtener el 96% de su electricidad de fuentes renovables y el 22% de la energía eólica, Uruguay brinda un modelo a otros países de lo que es posible lograr.

A nivel local, celebro el compromiso de los funcionarios gubernamentales por incorporar la perspectiva de derechos humanos a las políticas ambientales, como el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Secretaría de Presidencia de la República en Derechos Humanos.

Un aspecto fundamental sobre la protección de los derechos humanos en el contexto ambiental es la implementación del derecho a la información sobre problemas y políticas ambientales. Uruguay produce mucha información, aunque podría coordinar mejor la accesibilidad a la información relevante entre las fuentes gubernamentales. Por ejemplo, el público debería poder encontrar información comprensible sobre la calidad del agua, tanto para el caso del agua potable como para el caso del agua de lagos y ríos.

Sugiero al Gobierno, por ejemplo, a la Secretaría de la Presidencia en Temas de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a otros Ministerios que conforman el Gabinete Gubernamental que aseguren que el Nuevo Observatorio Ambiental, ahora en desarrollo, facilite sustantivamente el acceso del público a la información. Específicamente, el Gobierno deberá adoptar medidas afirmativas a efectos de estructurar la información ambiental de forma de que sea fácilmente comprensible por el público en general, inclusive por aquellos más vulnerables a la degradación del medio ambiente, como quienes viven en la pobreza.

Durante mi visita recibí varias inquietudes con respecto a que la participación pública a menudo sucede demasiado tarde en el proceso de toma de decisiones. La oportunidad para la participación pública debe implicar más que simplemente informar al público acerca de las decisiones tomadas, debe suceder prontamente para que se puedan incorporar las perspectivas del público a las decisiones finales. Sin embargo, recibí información positiva sobre el proceso participativo que llevó a la creación de un Nuevo Plan Nacional de Agua, el cual incluye métodos innovadores que reflejan las contribuciones realizadas por expertos académicos de la Universidad de la República. Insto al Gobierno a continuar con este enfoque en su consideración de un Nuevo Plan Nacional de Medio Ambiente, así como con otros procesos de toma de decisiones.

También recibí inquietudes sobre el potencial mal uso de un decreto recientemente aprobado sobre la obstrucción de carreteras públicas. En muchos países se ha utilizado este tipo de medidas como base para restringir protestas ambientales pacíficas. Estoy de acuerdo con la declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos en que “las manifestaciones públicas pacíficas son un medio de libertad de expresión y reunión.” Cualquier reglamentación de estas libertades por parte del Estado es aceptable solamente si es necesaria y contiene objetivos legítimos. Tales medidas nunca debieran resultar en la detención de aquellos que se manifiestan de manera pacífica.

Finalmente, quisiera abordar la importancia del acceso a la justicia en un contexto ambiental. Las mejores reglamentaciones para proteger el medio ambiente carecen de sentido si no se implementan. El Gobierno cuenta con varias herramientas administrativas para lograr el cumplimiento con la reglamentación ambiental, aunque sus herramientas jurídicas se han usado con mucha menor frecuencia. Me complace saber que la oficina de la Fiscalía General está planificando instituir una unidad para abordar casos relativos al medio ambiente. También apoyo fuertemente la adopción de una ley sobre delitos contra el medio ambiente.

Aquellos más directamente afectados por el daño ambiental están mejor posicionados para identificar violaciones, ponerlas bajo la atención del Gobierno y buscar restitución. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como otros Ministerios, han adoptado métodos a través de los cuales los individuos pueden presentar supuestos problemas ambientales, pero escuché reclamos de que estos mecanismos no siempre brindan respuesta y pueden ser confusos para el público, el cual puede no conocer los mecanismos a utilizar para presentar los distintos tipos de problemas. El Gobierno debería considerar la adopción de un mecanismo nuevo y transversal, tal como la creación de la figura del ombudsman del medio ambiente, quien contaría con autoridad para recibir todos los reclamos ambientales y asegurar que cada uno sea rápidamente evacuado a través de la institución adecuada.

Como consejo para la creación de tal mecanismo y para la incorporación de los derechos humanos a una política ambiental, sugiero al Gobierno consultar con el Institución Nacional de Derechos Humanos. Si bien esta Institución es aún joven, ya cuenta con conocimiento en el campo de derechos humanos, incluyendo su relación con la protección ambiental. Aplaudo la decisión del Institución que el año pasado celebró un seminario sobre el derecho a la salud y la utilización de agroquímicos en el sector agrícola y su consideración de varios reclamos individuales alegando supuestos abusos a los derechos humanos relativos al medio ambiente. Sin embargo, si bien la Institución tiene un papel importante en esta área, no puede sustituir a los procedimientos administrativos para evacuar reclamos.

Como conclusión, Uruguay tiene mucho por lo que enorgullecerse en temas de derechos humanos y medio ambiente, aunque aún presenta algunos desafíos. Estoy seguro de que va a poder enfrentar tales desafíos en el futuro.

Continuaré desarrollando estas conclusiones preliminares en más detalle, inclusive la formulación de recomendaciones específicas en los meses siguientes. Voy a publicar un informe con mis conclusiones y recomendaciones más adelante este año y voy a presentar el informe formalmente al Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2018.