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Nueva ley que reprime a las ONG es muy lesiva para los derechos humanos en Egipto, dice Zeid

GINEBRA (1 de junio de 2017) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró el martes que la promulgación en Egipto de una nueva ley que limita aún más la capacidad de las ONG para supervisar, promover y presentar informes en materia de derechos humanos causará graves daños al ejercicio de esos derechos y aumentará la vulnerabilidad de los activistas a las sanciones y represalias. La nueva ley también contraviene las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. 

“La norma anterior (Ley 84 de 2002) ya era represiva. La nueva legislación impone tales restricciones a la sociedad civil que, de hecho, transfiere al gobierno la gestión de las ONG”, afirmó el Alto Comisionado. “La función decisiva de esas ONG, -lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones en lo tocante a los derechos humanos- ya había sufrido severas limitaciones a causa de la congelación de fondos, la prohibición de viajar, las campañas calumniosas y las persecuciones. Esta nueva ley es otra vuelta de tuerca”.

La Ley 70 de 2017, que entró en vigor el 24 de mayo, exige que las ONG obtengan un permiso de funcionamiento emitido por “la instancia administrativa competente”, que decidirá si la labor de la asociación se ajusta a los planes sociales y de desarrollo del gobierno. Los grupos de la sociedad civil también tendrán que presentar a las autoridades información exhaustiva sobre financiación, actividades y programas, y han de solicitar permiso para sus actividades, incluso para realizar encuestas. Todas las ONG que en la actualidad llevan a cabo una “actividad cívica” tendrán un año de plazo para modificar su registro. Si en un plazo de 60 días no han cumplido cualquier petición de presentar informes, podrán ser suspendidas durante un año. El incumplimiento de algunas cláusulas de la ley puede redundar en cargos penales, con una condena máxima de cinco años de prisión y una multa hasta de 1 millón de libras egipcias (unos 55.000 dólares estadounidenses).  

La financiación procedente del extranjero estará sujeta a un escrutinio aún más minucioso que antes y dependerá de la aprobación gubernamental. Las ONG deberán recibir permiso del gobierno antes de colaborar con organizaciones de otros países y tendrán que notificar a las autoridades con 30 días de antelación si van a recibir fondos del extranjero. Varios representantes de los órganos de seguridad nacional forman parte de la autoridad encargada de supervisar a las ONG extranjeras.

En los últimos años, cientos de grupos de la sociedad civil han sido disueltos, mientras que otros han visto cómo les confiscaban sus activos y a sus miembros se les prohibía viajar. Más de 37 trabajadores y dirigentes de ONG egipcias han sido acusados de “recepción ilícita de fondos del extranjero”  y de “operar sin autorización legal”. No se han presentado cargos formales contra ninguna de estas personas, pero todas corren el peligro de enfrentarse a un enjuiciamiento penal.

 Esta situación resulta muy inquietante, ya que numerosas ONG egipcias que colaboran con entidades internacionales proporcionan servicios esenciales al país, entre otros, en materia de educación y atención sanitaria. Asimismo, se han recibido informaciones alarmantes sobre defensores de derechos humanos que han sido víctimas de campañas calumniosas por haber participado en seminarios de derechos humanos.

El Alto Comisionado afirmó que la nueva ley infringe las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos, incluso las contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el gobierno egipcio se había comprometido a cumplir con varias recomendaciones formuladas en su segundo Examen Periódico Universal, realizado en mayo de 2015 ante el Consejo de Derechos Humanos, relativas a la promoción y protección del derecho a las libertades de asociación y expresión, así como a adoptar una ley reguladora de las ONG que se ajustara a las normas internacionales de derechos humanos. 

Pero, al parecer, las limitaciones a la libertad de asociación y expresión continúan vigentes. La semana pasada, las autoridades bloquearon el acceso a 21 sitios web y cadenas noticiosas que transmiten por satélite, y acusaron a estos medios de apoyar el terrorismo y difundir informaciones falsas.

“No subestimamos los problemas que Egipto afronta en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Yo condeno en los términos más enérgicos el último ataque terrorista realizado la semana pasada contra un autobús en el que viajaban cristianos coptos”, dijo el Alto Comisionado Zeid. “Pero la solución no consiste en amordazar a la sociedad civil. La supervisión de la acción gubernamental por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación es un elemento esencial de una sociedad sólida y estable, en la que las reivindicaciones puedan discutirse libremente. Cuando se amordaza a la disidencia sólo se genera más inestabilidad”.

“Insto al gobierno egipcio a que derogue la Ley 70 de 2017 y busque nuevas vías de diálogo y colaboración con la sociedad civil”, dijo Zeid.

FIN
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