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La negativa de acceso y la falta de colaboración con los órganos de las Naciones Unidas no reducirán el escrutinio sobre un Estado en materia de derechos humanos

Consejo de Derechos Humanos – 35º periodo de sesiones
Discurso inaugural del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Zeid Ra'ad Al Hussein.


6 de junio de 2017

Distinguido Presidente del Consejo,
Excelencias, colegas y amigos:

Un día como hoy, hace 50 años, oí por primera vez el ruido de la guerra. Yo tenía entonces tres años y medio y, aunque de modo fragmentario, puedo recordar a los hombres armados que iban y venían alrededor de nuestra casa en Ammán, un vehículo blindado aparcado cerca de allí y aviones que sobrevolaban la ciudad. Fue una guerra que moldeó mi vida y, posteriormente, espoleó mi deseo de comprender el insondable sufrimiento de los palestinos y no sólo eso, también el sufrimiento de los judíos, que abarcaba dos mil años y había culminado en el colosal crimen del Holocausto.

Crecí no muy lejos del enorme campamento de refugiados palestinos de al-Baqa’a. Trabajé frente al campamento de refugiados de al-Wihdat. En los últimos 30 años, he visitado Auschwitz-Birkenau, he estado en Dachau, he visto el campo de Buchenwald. He estudiado exhaustivamente los juicios de Nüremberg y de otros tribunales, la larga y dolorosa historia del antisemitismo en Europa, en Rusia y, posteriormente, en los países árabes, un fenómeno todavía presente en demasiados lugares del mundo.  

Habrá quien responda, de manera casi mecánica, que las experiencias de esos dos pueblos no son equivalentes y se pregunte cómo puedo mencionarlos en la misma frase. De hecho, estoy de acuerdo con esa idea: el Holocausto fue tan monstruoso y se planeó y ejecutó con una precisión tan matemática, que no existe paralelo alguno, no hay nada comparable en el mundo moderno.

Pero también es innegable que hoy el pueblo palestino conmemora medio siglo de profundo sufrimiento bajo la ocupación impuesta por la fuerza militar. Una ocupación que les ha privado  de muchas de sus libertades fundamentales y que a menudo ha se ha ejecutado de manera brutal; una ocupación que ha violado sistemáticamente el derecho internacional y ha sido condenada en numerosas ocasiones por casi todos los Estados.  

Los palestinos merecen la libertad, como todos los demás pueblos. Merecen poder educar a sus hijos en hogares seguros, en su tierra, ejerciendo sus derechos en el marco de un Estado, libres de esta prolongada y amarga ocupación.

Los israelíes también merecen la libertad; una libertad de otro tipo, puesto que desde hace mucho tiempo tienen un Estado; pero también ellos han sufrido amargamente. El pueblo israelí ha padecido durante largo tiempo de ataques criminales contra la población civil, agresiones que a menudo han sido despiadadas, en evidente violación del derecho internacional humanitario, y que también deben ser condenadas. Los israelíes también necesitan librarse de esta violencia y de todo peligro que amenace su misma existencia.

La condición sine qua non para lograr la paz –el final de la ocupación- debe cumplirse lo más pronto posible.  Si la ocupación se mantiene, ambos pueblos vivirán en la prolongación de su inmenso dolor, la interminable sucesión de duelos y funerales, el llanto por los seres queridos, las plegarias, las maldiciones, el odio y la venganza, la imposibilidad de que nadie alcance a vivir con seguridad. Es posible poner fin a todo esto.    

Señor Presidente:

La brutalidad del Daesh y de otros grupos terroristas no parece tener límites. Ayer, miembros de mi personal me comunicaron que los cadáveres de hombres, mujeres y niños iraquíes asesinados todavía yacían en las calles del barrio de al-Shira, en el oeste de Mosul, donde al menos 163 personas murieron el 1 de junio, tiroteadas por el Daesh cuando trataban de huir. En mi Oficina también se ha recibido información sobre personas desaparecidas en esa zona.  

De nuevo condeno en los términos más enérgicos los ataques cobardes y repugnantes perpetrados contra personas inocentes por esos desalmados terroristas, que operan en varios lugares del mundo. El terrorismo debe ser erradicado en el mundo entero mediante la acción de los gobiernos, pero esa acción debe ser inteligente. El contraterrorismo deberá llevarse a cabo con astucia, es decir, preservando los derechos humanos de todos. Les ruego que recuerden esto: cuando un ciudadano sufre un arresto ilícito a tenor de una ley antiterrorista imprecisa, y padece humillación, abuso o tortura, no es una sola persona la que luego alberga resentimiento contra las autoridades, sino también la mayoría de sus familiares.

Enviar a la cárcel a un inocente, equivale a poner a seis o siete de sus parientes en manos de quienes se oponen al gobierno, y algunos de ellos quizá puedan ir aún más lejos. El costo de una detención injusta excede de manera drástica a cualquier ventaja que presumiblemente esa medida pueda aportar. Para rechazar el extremismo violento, debemos mantener la firmeza y hacer hincapié en su contrario: la integración pacífica.   

Señor Presidente:

Hace dos años, hablé de un asunto sobre el que quisiera volver esta mañana. En reiteradas ocasiones se me ha dicho que no deberíamos “señalar y avergonzar” a los Estados. Pero no es el señalamiento lo que avergüenza. El bochorno procede de los actos, la conducta o las violaciones en cuestión. Privar del derecho a la vida es una acción vergonzosa; el homicidio o el asesinato, a menudo en gran escala, generan vergüenza, a veces en cantidades al parecer inagotables. Negar el derecho al desarrollo produce  bochorno. La privación de la dignidad humana avergüenza. La tortura avergüenza. El estupro avergüenza. Mi Oficina y yo levantamos un espejo en el que pueden mirarse quienes ya se han avergonzado a sí mismos.

¿Pero qué ocurre cuando no hay reacción alguna ante el sufrimiento de tantísimas personas? Me preocupa la audaz desvergüenza de la que hace gala un número cada vez mayor de políticos, en el mundo entero.

Cuando algunos dirigentes rufianescos llegan al poder, lo mismo por medios democráticos que de otro tipo, y no sólo violan sus propias leyes y constituciones, sino que además incumplen sus obligaciones con el derecho internacional, ¿dónde está su vergüenza? ¿No sienten asco hacia sí mismos cuando alientan o condonan actos de violencia y discriminación? Cuándo dan instrucciones de que los soldados no deberían violar a más de tres mujeres por cada aldea, ¿es que no tienen conciencia?  Prometen recompensas por matar a personas, no a reos acusados o condenados por determinados delitos, sino simplemente a sospechosos o a presuntos delincuentes. Tratan de sustraerse a las leyes elaboradas para combatir la violencia contra las mujeres y el abuso doméstico,  con el argumento de que son producto de una “ideología de género”. Encarcelan a jueces y abogados honrados, a periodistas y defensores de derechos humanos, a docentes y catedráticos, y clausuran universidades. Se valen de la maldad, la crueldad, los insultos y las mentiras. ¿Dónde está su vergüenza?

Los derechos universales a la libertad, la igualdad y la dignidad se han considerado legítimos en todas las culturas y civilizaciones, a causa de su valor intrínseco y porque permiten preservar la paz. No se trata de aditamentos frívolos; son valores absolutamente esenciales. Cuando estos valores se pisotean de manera abierta y desafiante, las lindes que nos separan de la más terrible violencia se evaporan.  A partir de ahí, comienzan las catástrofes. ¿Cómo pueden esos líderes ser tan insensatos?

Señor Presidente:

Voy a dedicar el resto de este discurso a la cuestión de la adhesión a los mecanismos de derechos humanos, que abarca la falta de colaboración o la colaboración selectiva con  mi Oficina. En septiembre próximo abordaré nuevamente las terribles violaciones de derechos humanos en el contexto de los conflictos más graves, así como en otras situaciones de crisis.
Entre las características más notables de este Consejo de Derechos Humanos figura el Examen Periódico Universal, cuyo tercer ciclo comenzó el mes pasado. Cada Estado del mundo ha sometido dos veces su ejecutoria y sus intenciones al escrutinio a veces exhaustivo del EPU y cada Estado se ha comprometido a mejorar su récord en una amplia gama de aspectos. ¿Ha habido mejoras concretas? Al empezar la tercera vuelta del escrutinio, ¿aumenta la pertinencia, la precisión y las repercusiones del EPU? ¿Se trata simplemente de una compleja escenificación de reverencias diplomáticas mutuas o es un dispositivo que conduce a cambios reales y poderosos, capaces de consolidar la paz y el desarrollo, y mejorar la vida de la gente?

Mi Oficina está decidida a hacer cuanto esté a su alcance para velar por la plena aplicación de las recomendaciones de todos los mecanismos de derechos humanos, comprendidos los de la tercera ronda del EPU, mediante las líneas de acción propuestas. Asimismo, mantendremos la interacción con los equipos de país de las Naciones Unidas y otras entidades, para asegurarnos de que las recomendaciones se incorporan a su labor.

Señor Presidente:

En septiembre pasado le expresé mi preocupación porque varios Estados Miembros se habían negado a facilitar el acceso a su territorio al personal del ACNUDH o de los mecanismos de derechos humanos. En ese momento prometí que en el siguiente periodo de sesiones del Consejo ampliaría el debate al respecto.

En los últimos meses he estado sumamente preocupado por varios incidentes lamentables en los que ha habido amenazas personales e insultos proferidos contra titulares de mandatos de Procedimientos Especiales. Tres de ellos han sido sometidos recientemente a campañas de odio y difamación, que en algunos casos han contenido incitaciones a la violencia: la Relatora Especial sobre Myanmar, el Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias, en el contexto de los debates sobre Filipinas, y el Relator Especial sobre Irán.  Esto es totalmente inaceptable. Habida cuenta de que los Procedimientos Especiales son designados por este Consejo, les exhorto a que examinen qué medidas desearían tomar para prevenir campañas de esta índole.

En este contexto debo hace hincapié una vez más en mi honda preocupación ante la intimidación y las represalias empleadas por funcionarios estatales contra quienes colaboran con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El personal del ACNUDH, los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados dependen, entre otros, de miembros de la sociedad civil y de las instituciones nacionales de derechos humanos para obtener opiniones e información. Contamos con su asesoramiento, su ayuda y, en ocasiones hasta con su capacidad de presionar. Estamos a su servicio –al igual que ustedes, Excelencias. Cuando algún funcionario gubernamental intimida, arresta o lesiona a esas personas, está atacando a un elemento fundamental de la labor de este Consejo y de las Naciones Unidas, y tenemos la responsabilidad de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para protegerlo.  Habida cuenta de que en el próximo periodo de sesiones del Consejo presentaré el informe anual del Secretario General sobre represalias, les pido a todos que colaboren con el Secretario General Adjunto Andrew Gilmour, que coordina los trabajos sobre el tema en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. 

Los miembros de este Consejo y los candidatos a serlo en el futuro tienen la responsabilidad específica de colaborar con los mecanismos de este órgano. La Resolución 60/251, en virtud de la cual se creó este órgano en marzo de 2006, les exhorta a “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, [y] cooperar plenamente con el Consejo”. Sin embargo, Indonesia, por ejemplo, tiene pendientes 21 solicitudes de visita de parte de los Procedimientos Especiales y desde 2008 sólo ha recibido a dos titulares de mandatos. Egipto tiene pendientes 11 solicitudes de visita y la misión más reciente que ha acogido data de hace siete años.  Nepal, candidato a un escaño del Consejo, tiene 16 solicitudes de visita pendientes y la misión más reciente realizada allí por un titular de mandato temático tuvo lugar en 2008. Venezuela tiene 10 solicitudes pendientes y la última misión que efectuó allí un titular de mandato temático data del siglo pasado. Filipinas ha aceptado tres visitas en los últimos cinco años, pero todavía tiene 23 solicitudes pendientes.

Un caso aún más sorprendente es el de Burundi, que a pesar de haber sido elegido para formar parte de este Consejo en 2015, sigue cometiendo algunas de las peores violaciones de derechos humanos que se examinan aquí, mientras el gobierno ha suspendido todas las modalidades de colaboración con mi Oficina. En septiembre pasado, la misión independiente del Consejo fue declarada personanon grata y la actual comisión de investigación no ha podido aún entrar en el país.

Otros Estados que en la actualidad no son miembros de este Consejo, como Bahrein, Laos, Tanzania y Turkmenistán, no han permitido ninguna visita de Procedimientos Especiales en los últimos cinco años y cada uno de ellos ha acumulado más de cinco peticiones al respecto. Jamaica también figura en esta categoría, pero ha aceptado una futura visita del Grupo de Expertos sobre los Afrodescendientes  y exhorto al gobierno jamaiquino a que fije fechas específicas para realizarla. Por otra parte, Zimbabwe, que tiene 14 solicitudes pendientes, nunca ha aceptado ni una sola visita de un titular de mandato.

Yo impugno enérgicamente el argumento interesado que algunos han presentado aquí, en el sentido de que este Consejo debería evitar el examen de situaciones nacionales, un punto de vista que suelen utilizar los dirigentes de Estados que cuentan con pocas instituciones independientes y que reducen considerablemente las libertades fundamentales.
Los gobiernos de Belarús, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Israel e Irán han rechazado también resoluciones en virtud de las cuales se creaban titulares de mandatos específicos para ellos y, en consecuencia, no permiten las visitas de esos titulares de mandatos.

En el caso de Siria, durante largo tiempo tanto el personal del ACNUDH como la Comisión de Investigación sobre Siria han carecido de acceso. Esto ha sido así, a pesar del horrible sufrimiento que padece la población siria, especialmente en las comunidades asediadas. Reitero aquí mi llamamiento a que se ponga en libertad a todas las personas ilícitamente encarceladas en Siria. Las Naciones Unidas están en la fase final para la contratación del futuro jefe del Mecanismo Internacional Imparcial e Independiente para Siria.

El mes pasado, la República Popular Democrática de Corea aceptó por primera vez una visita de Procedimientos Especiales, la que realizó el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, en una decisión que aplaudo. Habida cuenta de la extrema gravedad de las violaciones que reflejan los informes sobre ese país, debería ser evidente que esta visita no reduce en nada la urgencia de que las autoridades colaboren con el titular de mandato de país y con mi Oficina, lo que abarca la estructura establecida en Seúl.

Myanmar ha venido facilitando el acceso a los titulares de mandatos de país, pero allí está prohibido entrar en determinadas zonas a las que estos han querido viajar y las autoridades ofrecen explicaciones contradictorias sobre esas limitaciones. Insto al gobierno a que colabore plenamente con la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Myanmar, de reciente creación, y que esa colaboración incluya  el acceso pleno y sin supervisión oficial al Estado de Rakhine, donde creemos que se han producido horrendas violaciones de derechos humanos. 

En este inventario mundial de colaboración y no colaboración con los Procedimientos Especiales, debo mencionar específicamente a Cuba, que en abril, tras no haber aceptado durante diez años ninguna visita de titulares de mandatos especiales, recibió a una misión del Relator Especial sobre la trata de personas.  Parecería insólito que un miembro tan activo del Consejo de Derechos Humanos mantenga una colaboración tan limitada con los Procedimientos Especiales.
En los últimos siete años, China ha invitado a cuatro titulares de mandatos de Procedimientos Especiales a que visiten el país, pero, como ocurre con otros Estados, esas misiones han tenido dificultades en lo tocante a la posibilidad de moverse libremente y establecer contactos con entidades independientes de la sociedad civil.  

Por último, y en contraste con lo anterior, varios Estados han consagrado esfuerzos considerables a la colaboración con los titulares de mandatos y les han facilitado más de cinco visitas al país en los últimos cinco años: Australia, Brasil, Chile, Georgia, Italia, México, Túnez y Estados Unidos. Pero debo señalar que no todas esas visitas han estado exentas de dificultades. En Estados Unidos, país que ha recibido seis visitas de Procedimientos Especiales en los últimos cinco años y ha accedido a acoger otras dos en 2017, sigue siendo esencial que se permita el acceso del Relator Especial sobre la Tortura al centro de detención de la Base Naval de Guantánamo, en concordancia con el protocolo que rige las visitas de los Procedimientos Especiales. Australia, que es candidato a ocupar un escaño en este Consejo, no ha abordado adecuadamente la situación de los migrantes que se encuentran en centros de detención, entre otros, los centros regionales de procesamiento situados en las islas Nauru y Manus, a pesar de las múltiples recomendaciones que han formulado al respecto los mecanismos de derechos humanos.

Señor Presidente:

La adhesión a un tratado internacional de derechos humanos es un compromiso que un Estado contrae, sobre todo, con su propio pueblo. Los procedimientos de presentación de informes tienen por objeto definir las lagunas en materia de protección y las medidas que se adoptan para subsanarlas. Esos procedimientos no son facultativos. No obstante, hay 74 países que se han retrasado una década o más en la presentación de informes y, dentro de unos minutos, cuando el texto íntegro de este discurso se publique en el sitio web del ACNUDH, llevará en anexo la lista de esos países. Por lo menos unos 280 informes iniciales nunca se presentaron, lo que quiere decir que numerosos Estados ratificaron el tratado o el protocolo facultativo en cuestión y luego, al parecer, dieron la espalda a sus obligaciones y renegaron de sus compromisos.   

El Informe HRI/MC/2017/2 del mes pasado, presentado a la consideración de los presidentes de los órganos de tratados de derechos humanos, examina con pormenores que a veces resultan inquietantes esta situación de incumplimiento de los Estados partes. Los tratados que muestran los índices más altos de incumplimiento en cuanto a la obligación de presentación de informes fueron: la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial;  el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; la Convención internacional contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  Estos instrumentos son fundamentales. De los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 65 han incumplido la obligación de presentar informes al respecto. Casi el 30 por ciento de los Estados partes en el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad no ha cumplido con la obligación de presentar el informe inicial.

Desde el año pasado, las Naciones Unidas han venido transmitiendo por Internet todas las sesiones de examen público efectuadas por los Comité de Órganos de Tratados, lo que ha suscitado un interés considerable en los respectivos países; en abril, el tercer informe que Túnez presentó al Comité contra la tortura fue transmitido en vivo y en directo a una sala de cine, en cuya audiencia había funcionarios gubernamentales, activistas, periodistas y víctimas.  Y con razón: el objetivo de presentar informes sobre derechos humanos es beneficiar a la población. Los informes no son un medio en sí mismos ni un proceso meramente mecánico que sirve para satisfacer una exigencia burocrática.         

Tan solo 33 Estados están completamente al día en materia de presentación de informes a los órganos de tratados: Australia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bhután, Canadá, China, las Islas Cook, Dinamarca, Ecuador, Francia, la Santa Sede, Honduras, Italia, Kuwait, Kirguistán, Lituania, las Islas Marshall, Mongolia, Montenegro, Niue, Omán, Polonia, la República de Moldova, la Federación de Rusia, Rwanda, Singapur, Suecia, Turkmenistán, Ucrania, Estados Unidos de América, Uruguay y Uzbekistán. Como dije antes, la presentación de informes es esencial, pero por sí sola no garantiza necesariamente la consecución de progresos reales.

Señor Presidente:

Me complace informar a ustedes de varios casos en los que ha mejorado el acceso al personal del ACNUDH o en los que parece probable que haya una mejora a corto plazo.  

En Uzbekistán, durante la visita que realicé a Tashkent el mes pasado, funcionarios del más alto nivel accedieron a colaborar con la Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central y se comprometieron a invitar a titulares de mandatos de Procedimientos Especiales a que visiten el país, empezando por el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias. Uzbekistán todavía se enfrenta a importantes problemas de derechos humanos pero, en mi opinión, sus dirigentes actuales están orientando al país en la dirección correcta.

En fechas recientes, también Armenia me comunicó que tiene intención de mejorar su colaboración con la Oficina del ACNUDH y seguiremos negociando con el gobierno en este sentido.

Durante la misión que realicé a Etiopía el mes pasado firmé un memorando de interés con el gobierno de ese país y sostuve importantes conversaciones con las autoridades, incluso sobre la necesidad de ampliar el ámbito cívico y democrático. Aunque todavía no hemos recibido autorización para que miembros del personal del ACNUDH vayan a evaluar los sucesos ocurridos recientemente en las regiones de Oromia y Amhara, tengo la esperanza de esa misión podrá realizarse y prometí que coordinaré otra misión de seguimiento a ese país el año próximo. Me preocupa en grado sumo las condenas infligidas a dirigentes de la oposición, al parecer por haber expresado discrepancias con el gobierno, y también me inquieta la clausura recurrente de redes sociales.  

El gobierno de Mozambique ha aceptado que el ACNUDH envíe al país una misión técnica y nos ha solicitado asistencia para capacitar a los agentes de policía, mejorar la administración de justicia y las condiciones de las instituciones penales, así como ayuda en asuntos relativos a la justicia de transición. Albergo la esperanza de que, en última instancia, eso facilite el acceso del ACNUDH y los Procedimientos Especiales para verificar las denuncias relativas a ejecuciones sumarias, asesinatos y desapariciones forzosas.

La terrible situación que prevalece en las provincias de Kasai, en la República Democrática del Congo, sigue deteriorándose y se extiende a las provincias aledañas y, a través de la frontera, hacia Angola. Habida cuenta de las dificultades existentes para acceder a las zonas donde tienen lugar las violaciones y los abusos, voy a enviar un equipo a la región la semana próxima, a fin de entrevistar a los refugiados que huyen de los ataques. A menos que de aquí al 8 de junio el gobierno proporcione respuestas apropiadas en lo tocante a una investigación conjunta, insistiré en la creación de un mecanismo internacional de investigación para la región de las Kasais.

En cuanto al Sáhara Occidental, hay conversaciones en curso con el gobierno marroquí con miras a reanudar el envío de misiones técnicas. Mi Oficina examina también las opciones para poder entrar en Crimea.

Lamento profundamente que, en relación con la necesidad de presentar informes, en muchas otras zonas no haya habido cambios desde el discurso que pronuncié ante al Consejo en septiembre de 2016 sobre la cuestión esencial del acceso. Nuestros esfuerzos para investigar las denuncias de graves violaciones en el sureste de Turquía siguen confrontados a la negativa de las autoridades, mientras que el número de personas pendientes de juicio en todo el país apunta a que las garantías de debido proceso no se respetan actualmente.

A pesar de las reiteradas peticiones de alto nivel formuladas a la India y Pakistán para que concedan permiso al personal del ACNUDH a fin de disponer de acceso incondicional a ambos lados de la Línea de Control que separa las regiones de Jammu y Cachemira, bajo administración india, de la Cachemira bajo administración paquistaní, esa autorización no se ha concedido y, mientras tanto, seguimos recibiendo informes que indican un aumento de la violencia, las víctimas civiles, los toques de queda y el bloqueo de sitios web.

En Venezuela, el agravamiento de la crisis humanitaria –comprendidos los asesinatos de al menos 60 personas, según la Fiscal General, así como la escasez y el hambre generalizadas- pone de relieve  la creciente necesidad de un análisis imparcial y una rápida asistencia. Insto al gobierno venezolano a que acepte mi solicitud de enviar una misión operativa a ese país.

Como este Consejo bien sabe, allí donde la situación de derechos humanos es crítica y donde se niega repetidamente al ACNUDH la posibilidad de acceder, la única opción que nos queda es aplicar diversas modalidades de seguimiento a distancia. Mientras se mantenga la negativa a acceder a esos lugares, me veré obligado a sopesar la posibilidad de informar de manera pública y periódica sobre nuestras conclusiones.    

Señor Presidente:

La semana pasada, las autoridades de la República Centroafricana, el ACNUDH y la MINUSCA presentaron el informe que contiene un inventario de derechos humanos en ese país. Deseamos sinceramente que este informe galvanice los esfuerzos nacionales e internacionales orientados a combatir la impunidad y constituya una señal enérgica de que se llevará a los tribunales a todos los que participan en la terrible ola de violencia que amenaza a ese país o que le otorgan su apoyo.

En fecha reciente, Guatemala prorrogó el acuerdo de sede de la oficina del ACNUDH  en el país por tres años más, una medida que aplaudimos. Pero lamento que la oficina del ACNUDH en Bolivia tenga que cerrar a finales de año, tras la decisión que ese gobierno adoptó al respecto. A pesar de eso, seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Bolivia, en la medida de lo posible.

Señor Presidente:

Todos los Estados han aceptado que “tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” –para expresarlo en los términos de la Declaración de Viena. Cada Estado es parte en, al menos, uno de los nueve tratados principales de derechos humanos. Y sería intolerable que las delegaciones llegaran a la conclusión de que manteniendo un compromiso mínimo con los mecanismos de derechos humanos podrían eludir o traicionar esos compromisos con sus propios pueblos y con los pueblos del mundo.

Quizá algunos dirigentes quieran negar esta realidad, pero, les guste o no, la humanidad está interconectada. La tortura de los muchachos de Daraa, en marzo de 2011, y los ataques de las fuerzas de seguridad sirias contra las protestas posteriores de padres, vecinos y amigos, dieron origen a un conflicto cuya capacidad de muerte y destrucción sigue generando ondas de choque que se extienden mucho más allá de las fronteras de Siria. Vemos en torno nuestro, una y otra vez, y cada vez de manera más brutal, las consecuencias de la discriminación, el empobrecimiento y la injusticia, en el agravamiento de las crisis y el sufrimiento, y en el estallido de guerras.

Tanto si algunos dirigentes consideran esta verdad conveniente como si no, es un hecho que la denegación de derechos humanos en un país atañe a todos los Estados de la Organización.

La consecución del progreso en materia de derechos humanos requiere mucho más que una firma estampada al pie de un documento. Mi Oficina, los Procedimientos Especiales del Consejo y los Órganos de Tratados ofrecen a los Estados la ventaja de un escrutinio objetivo y experimentado, una amplia experiencia y herramientas prácticas y certeras.

Creo que disponemos de una gran oportunidad para aprovechar el compromiso de prevención del Secretario General y la Agenda 2030, que está animada por el empeño de poner fin a la discriminación por los motivos que sea, basándose en un núcleo de compromisos con los derechos, en particular con el derecho al desarrollo. Podemos usar esos puntos de apoyo para crear nuevas oportunidades, a fin de que la labor en materia de derechos humanos pueda repercutir  en la vida de un gran número de personas. Pero la principal responsabilidad de abrir esas puertas sigue estando en manos de los gobiernos, Excelencias, y en manos de este Consejo.

Muchas  gracias.

FIN

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