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El conflicto de Ucrania entra en su cuarto año sin perspectivas de solución – Informe de las Naciones Unidas

KIEV/GINEBRA (13 de junio de 2017) – Según un informe de las Naciones Unidas que se publica hoy, las partes en conflicto en el este de Ucrania han fracasado varias veces en la aplicación de los acuerdos de alto el fuego y han permitido que empeoren las hostilidades con el consiguiente coste en vidas humanas, y todo dentro de un conflicto que ha entrado en su cuarto año.

El informe abarca el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de mayo de 2017, durante el cual la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) ha registrado en relación con este conflicto 36 civiles muertos y 157 heridos -es decir, un incremento del 48 por ciento respecto del anterior periodo documentado, entre el 16 de noviembre de 2016 y el 15 de febrero de 2017.

En la zona del conflicto se han producido violaciones diarias del alto el fuego y se ha usado de manera habitual tanto armamento ligero como pesado. Según se indica en el informe, dichos ataques y los daños resultantes en las infraestructuras -particularmente escuelas, hospitales y acueductos- plantean serias preocupaciones sobre la protección de los civiles. También se advierte que, con la llegada del verano, aumenta el riesgo de escalada de las hostilidades, como ocurrió en los años precedentes.

Desde el comienzo del conflicto armado, a mediados de abril de 2014, hasta el 15 de mayo de 2017, han muerto al menos 10.090 personas -de ellas, 2.777 civiles- y al menos 23.966 han sido heridas. Se trata de una estimación prudente, basada en los datos disponibles, por lo que, probablemente, las cifras reales sean aún más elevadas. Más de 1.600.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se han convertido en desplazados dentro de su propio país, mientras que alrededor de tres millones más permanecen en el territorio controlado por los grupos armados. Entre estas personas no dejan de crecer el desasosiego y la incertidumbre.

Éstos son algunos de los aspectos principales del informe:

La penuria económica y social que afecta al este del país no deja de agravarse. Entre otras causas, figura el tortuoso proceso de verificación que se implantó en 2016 y que ha privado de sus pensiones a más de 400.000 ciudadanos ucranianos. En el informe se recomienda la eliminación del requisito según el cual los pensionistas residentes en territorios controlados por grupos armados deben registrarse como desplazados internos para percibir su pensión. Este aspecto es fundamental a la hora de garantizar un tratamiento imparcial de todos los ciudadanos de Ucrania, independientemente de su lugar de residencia, y facilitaría un futuro proceso de reconciliación.

Familias y comunidades siguen separadas por la línea de contacto, en lo que supone una violación cotidiana del derecho a la libertad de movimiento. Las largas colas que se forman en los puntos de control alcanzaron cifras récord en los meses de marzo y abril, cuando los cruzaron más de 900.000 personas, frente a las 550.000 que cruzaron en febrero.

La prohibición impuesta por el gobierno de Ucrania al paso de mercancías -entre ellas, el carbón y los productos metalúrgicos- a través de la línea de contacto, así como la incautación de unas 54 empresas por parte de los grupos armados en las zonas bajo su control, también pueden tener efectos considerables sobre la situación de derechos humanos. Varias empresas, entre ellas algunas centrales de energía térmica, se han visto obligadas a reducir o suspender su funcionamiento, añadiendo aún más incertidumbre a la situación de miles de personas en relación con su empleo, ingreso y sustento. Además, en la autoproclamada “República Popular de Donetsk” los grupos armados han obligado a una importante organización privada que prestaba asistencia a medio millón de personas, a cesar sus operaciones, lo no ha hecho sino acrecentar el sufrimiento de las personas más vulnerables, que disponen de menos recursos económicos.
 
En el informe figuran nuevos casos de personas privadas de libertad de manera arbitraria o ilegal, así como de desapariciones individuales forzadas y secuestros, en especial en el territorio controlado por los grupos armados. En varios casos, las familias de las víctimas no han tenido acceso a los detenidos ni información sobre su paradero.

Se mantiene la práctica de la tortura y se han registrado nuevos casos a ambos lados de la línea de contacto. Asimismo, persiste la preocupación sobre la ineficacia de las pesquisas sobre dichas torturas, lo que incrementa la sensación de impunidad.

La HRMMU y otras organizaciones internacionales independientes siguen tratando de acceder a los centros de detención situados en el territorio controlado por los grupos armados, con el fin de garantizar la protección de los detenidos y asegurarse de que éstos pueden ejercer sus derechos. En el territorio controlado por el gobierno de Ucrania, la HRMMU sigue teniendo acceso a los centros de detención oficiales.

En el informe se hace constar que durante el periodo objeto de observación se produjo el traslado de 14 presos encarcelados desde antes del inicio del conflicto, del territorio controlado por la “República Popular de Donetsk” a la zona bajo control gubernamental, con lo que se eleva a 147 el número de presos trasladados desde 2015. Todavía quedan otros 9.500 presos pre-conflicto al otro lado de la línea de contacto, por lo que los traslados que han tenido lugar son indicativos de que el diálogo entre ambas partes puede conducir a resultados concretos. En el informe se anima a las partes a que sigan examinando modalidades de diálogo sobre un conjunto de temas, con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos.

Por primera vez desde la anexión de Crimea, 12 presos anteriores al conflicto han sido trasladados a territorio ucraniano como resultado de las negociaciones directas mantenidas entre los defensores del pueblo de Ucrania y de la Federación Rusa. La Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entrevistó a todos los prisioneros trasladados y pudo documentar importantes violaciones del derecho a la integridad física y mental, perpetradas tanto en las prisiones de Crimea como en las de la Federación Rusa, adonde habían sido transferidos en violación del derecho humanitario internacional. Además, el informe destaca violaciones de las garantías procesales contra los miembros de la comunidad tártara de Crimea y medidas legislativas contrarias a los derechos de la propiedad y que restringen la presencia del idioma ucraniano en los ámbitos de la formación y la educación.

La HRMMU en Crimea pudo detectar violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo cuando se juzga por cargos relacionados con el conflicto. Además, al parecer se aplica un enfoque diferente a la investigación y el procesamiento cuando se trata de casos de cierta importancia, como las muertes de los manifestantes en Maidán o los sucesos violentos del 2 de mayo de 2014 en Odesa. Hasta ahora, tres años después, ninguno de los oficiales de alto rango responsables de los asesinatos o de las muertes violentas ha sido obligado a rendir cuentas de sus actos.

En el informe también se hace constar la preocupación sobre la constante proliferación de estructuras judiciales paralelas en las zonas controladas por los grupos armados. La HRMMU ha documentado casos en los que, no solamente dichas estructuras no respetan los principios y las normas esenciales de un proceso justo ni el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, sino que tampoco han logrado aportar ningún remedio jurídico eficaz.

El informe también hace un seguimiento de los avances en la selección y el nombramiento del Comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania (Ombudsman), dado que el mandato del actual defensor ha llegado a su fin. La Oficina del ACNUDH recuerda que el procedimiento actual debe ser objeto de revisión, con el fin de garantizar la transparencia, el mérito y la participación en la selección. De esta manera se podrá asegurar la independencia de esta institución con competencias en materia de derechos humanos y la confianza de los ciudadanos en la misma.

FIN

INFORMACIÓN: En el informe figuran datos basados en entrevistas detalladas con 252 víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, así como visitas a lugares situados a ambos lados de la línea de contacto. Respecto de la situación de derechos humanos en Crimea, el seguimiento se realizó de conformidad con dos resoluciones de la Asamblea General, la Resolución 68/262 sobre la “Integridad territorial de Ucrania”, del 27 de marzo de 2014, y la Resolución 71/205 relativa a la “Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)”, del 19 de diciembre de 2016.

En ucraniano:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport18th_UKR.pdf

En ruso:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport18th_RU.pdf

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