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La supresión de la tortura requiere un nuevo compromiso de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, afirman los expertos

GINEBRA (23 de junio de 2017) – En una época en que la prohibición absoluta de la tortura se transgrede a menudo en todo el mundo en nombre de la seguridad nacional, un grupo de expertos de las Naciones Unidas* ratifica enérgicamente que esa práctica constituye una grave violación de derechos humanos y pide a los Estados que erradiquen las condiciones y circunstancias que conducen a su aplicación.

Para celebrar el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, los expertos hicieron hincapié en que la prohibición de la tortura es ‘absoluta’ y su uso nunca puede justificarse, bajo ninguna circunstancia.

“La prohibición absoluta de la tortura y de cualesquiera tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes bien podría ser el logro más fundamental en la historia de la humanidad”, declaró el Sr. Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura. “Cualquier tolerancia o permisividad hacia tales prácticas, por excepcional o bien argumentada que parezca, conducirá inevitablemente por la pendiente que lleva a la total arbitrariedad y el uso de la fuerza bruta, para desgracia de toda la humanidad”.

Los expertos insistieron en que el derecho a no ser sometido a torturas no puede ser suspendido por los Estados bajo ninguna circunstancia y señalaron que el uso de la tortura destruye la dignidad humana fundamental, no sólo de las víctimas, sino también de los verdugos.

“La tortura destruye vidas y es una de las más brutales violaciones de derechos humanos”, afirmó Jens Modvig, presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. “Debería recordarse a los Estados que ninguna circunstancia excepcional puede invocarse para justificar los actos de tortura. El carácter absoluto de la prohibición de la tortura se aplica en todos los casos, incluso en el contexto de la lucha antiterrorista”.

Los expertos señalaron que cada Estado tiene la responsabilidad de actuar, usando los convenios y protocolos internacionales vigentes.

“La defensa de la prohibición absoluta de la tortura debe ser una prioridad para todos los Estados. Pero no todos la condenan tan categóricamente como deberían. Los Estados deben aplicar medidas eficaces para prevenir los actos de tortura. El sistema creado por la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo ofrece medios poderosos para hacerlo; por consiguiente, instamos a todos los Estados a que ratifiquen esos instrumentos”, dijo Sir Malcolm Evans, presidente del Subcomité para la prevención de la tortura.

Además de la obligación de prohibir la tortura, los expertos recordaron a los Estados las devastadoras consecuencias de esa práctica y su compromiso de proporcionar reparación y rehabilitación a las víctimas.

La presidenta del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, la Sra. Gaby Oré Aguilar, hizo hincapié en que “los Estados tienen la obligación de velar por la plena aplicación de la prohibición absoluta de la tortura. Es igualmente importante que los Estados cumplan con su obligación de proporcionar reparación y rehabilitación rápida y eficaz a las víctimas de la tortura y a sus familiares y pongan a su disposición los recursos que se necesitan con urgencia para responder al sufrimiento de miles de víctimas de la tortura en el mundo entero”.

La erradicación de la tortura exige un nuevo compromiso de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, encaminado a eliminar las condiciones y circunstancias que conducen a esta práctica, insistieron los expertos. Cada país debe incorporar a su legislación las salvaguardas jurídicas necesarias para prevenir el surgimiento de esas condiciones y debe situar los derechos de las víctimas a recibir resarcimiento y rehabilitación en el centro mismo de esos esfuerzos. 

TERMINA

(*) La declaración conjunta fue suscrita por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Consejo de Administración del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura. 

Para mayor información y solicitudes de prensa, favor contactar a Nicoleta Panta (+41 22 917 9310 / npanta@ohchr.org)

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