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El desamparo y los derechos humanos


“El desamparo no es únicamente una de las formas más extremas de privación material. También define a un grupo de personas sujetas a formas extremas de discriminación, estigmatización y violencia”, dijo la Sra. Leilani Farha, experta de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. “Para los indigentes se trata de una doble sanción: las leyes y las medidas políticas generan la indigencia y luego castigan a los indigentes por ser desamparados”.

La Sra. Farha presentó este mes su último informe al Consejo de Derechos Humanos. El documento ofrece un enfoque triple para comprender el desamparo desde una perspectiva de derechos humanos. La Sra. Farha explica que estar desamparado no significa únicamente carecer de hogar o vivir temporalmente con amigos o familiares, o en un albergue; implica también formar parte de un grupo excluido de la sociedad y al que se le impide el acceso y disfrute del derecho a la vivienda, la salud y, en algunos casos, a la vida.  

La Sra. Farha señala que los indigentes han demostrado reciedumbre en su lucha por la supervivencia y la dignidad, y que pueden llegar a ser agentes de sus propios cambios, por su condición de derechohabientes.

“Con mucha frecuencia, se considera que la indigencia es tan solo un problema de políticas sociales y no una violación de derechos humanos, que puede y debe remediarse con respuestas de derechos humanos”, afirmó. “El punto de partida de cualquier estrategia basada en los derechos humanos debería consistir en centrar la atención sobre la vida y la lucha personal en pro de la dignidad”.  

La experta de las Naciones Unidas explicó que las políticas gubernamentales  inconsistentes con los derechos humanos eran causas estructurales de desamparo. A fin de dar una respuesta estratégica a la indigencia, los gobiernos deberían eliminar los desahucios y garantizar que los remedios legales están al alcance de las personas que han llegado a ser indigentes porque sus derechos han sido vulnerados.   

Los gobiernos deberían combatir también la desigualdad: garantizando la protección social a las personas vulnerables, regulando la rápida urbanización especulativa que reduce la disponibilidad de viviendas asequibles y prestando especial atención a las mujeres, las personas con discapacidades, los inmigrantes y los refugiados, que se ven empujados a la indigencia por factores tales como la violencia doméstica, el acceso desigual a la tierra y la propiedad, y los agentes privados que actúan sin regulación.

La Sra. Farha pidió que se lleve a cabo una campaña mundial para eliminar la indigencia de aquí a 2030, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que se ha comprometido a garantizar el acceso de todos a una vivienda adecuada.

“Algunos desamparados me han dicho, a menudo con lágrimas en los ojos, que más que la seguridad material, lo que anhelan es que la sociedad “los vea”, los reconozca y los trate como seres humanos, con su dignidad y respeto inherentes”.

21 de marzo de 2016

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