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Presos, detenidos y en la incertidumbre: los derechos humanos de los migrantes en Bulgaria son objeto de escrutinio


Cuando las bombas empezaron a llover sobre su ciudad, en las afueras de Mosul (Iraq), Suleiman * supo que tenía que huir de allí con su familia. Suleiman y los suyos pertenecen a la comunidad yazidí, un grupo que ha sido perseguido por el denominado Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL), una banda terrorista que se había instalado en la región.

Suleiman intentó viajar a Alemania en dos ocasiones. La primera vez, vendió todo cuanto poseían y pidió dinero prestado. En ese primer intento la familia llegó hasta Bulgaria, donde fueron arrestados al cruzar la frontera, lo que allí se considera un delito. En consecuencia, fueron deportados a Iraq.

La segunda vez, la familia logró cruzar el territorio búlgaro hasta la frontera con Serbia. Pero al tratar de entrar en Serbia fueron arrestados de nuevo. La familia quedó dividida y, durante dos meses, Suleiman no tuvo noticias de su mujer y sus dos hijos. A él lo llevaron inicialmente al centro de detención de migrantes de Svilengrad, en el este de Bulgaria, y más tarde lo recluyeron en una prisión.

Mientras narra su historia, Suleiman está sentado en la austera sala de visitas de la Prisión Central de Sofía. Estamos en julio de 2016 y ya ha pasado diez meses aquí. Por haber cruzado ilegalmente la frontera en más de una ocasión, cumple una condena de 13 meses de reclusión criminal, en compañía de narcotraficantes y reos de asesinato. El campesino yazidí dice que está ansioso y desconcertado por todo lo que ocurre.

“Es terrible estar separado de mi familia de esta manera”, afirmó. “¿Y cuando esto haya terminado, que podré hacer? No tengo documentos, porque mi mujer los guardó. Si trato de viajar, pueden arrestarme de nuevo y devolverme a la cárcel. ¿Qué puedo hacer?”.  Suleiman mira a su alrededor y suspira. “Lo único que deseo es reunirme con mis hijos”.

La esposa y los hijos de Suleiman lograron llegar a Alemania.

La suerte y el futuro de Suleiman y de otros como él llamaron la atención del ACNUDH y suscitaron su preocupación. Según las estadísticas facilitadas por el gobierno de Bulgaria, 123 personas cumplían condena en 2015 por “cruce ilegal de frontera” y la mayoría de las condenas eran de alrededor de un año de reclusión.

En una visita reciente a Bulgaria, el personal del ACNUDH expresó su preocupación por la continua criminalización de los migrantes que tratan de entrar y salir del país de manera irregular. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, esta práctica “constituye un injusto círculo vicioso burocrático”.

“Esas personas que ahora están en la cárcel no tienen la menor idea de qué les va a ocurrir después”, señaló el Sr. Claude Cahn, asesor de derechos humanos de las Naciones Unidas y miembro de la misión. “Entrevistamos a personas que padecieron traumas horrendos en sus países de origen, hicieron grandes sacrificios en busca de una vida mejor –o de cualquier otra vida- para ellos y sus hijos, y que ahora se encuentran en la cárcel, en situación de grave incertidumbre –a veces, aterrados e iracundos- en relación con lo que pudiera suceder después. No cuentan con apoyo alguno en la tarea de hacer un inventario y trazar rumbos en la sociedad con alguna dignidad. Se trata de un grave problema, desde múltiples puntos de vista… incluso y sobre todo desde la perspectiva de nuestro compromiso de garantizar la dignidad humana”.

Esta es la segunda misión que el ACNUDH envía a Bulgaria para evaluar la situación de derechos humanos de los migrantes y refugiados. La iniciativa forma parte de un conjunto de visitas a los países de la ruta terrestre de los Balcanes que utilizan los migrantes y refugiados que atraviesan Europa. La misión efectuada a Bulgaria proporcionó la oportunidad de comprobar si se habían aplicado las recomendaciones formuladas tras la primera visita, en noviembre de 2015.

El equipo constató ciertos progresos, entre otros la reducción de los plazos de detención para determinadas categorías de migrantes y refugiados, y la ampliación, en fecha reciente, del nuevo sistema nacional de tutela infantil para que abarque a los niños migrantes.

Pero Bulgaria persiste en tratar la cuestión de los migrantes y refugiados desde una perspectiva de seguridad, afirmó la Sra. Dima Yared, oficial de derechos humanos de las Naciones Unidas. “Un enfoque basado en la seguridad, que aplica la disuasión, la detención y la cárcel como primera medida, contradice directamente la estrategia de derechos humanos”.

En las entrevistas con migrantes y refugiados que se encontraban en prisiones y centros de detención se manifestó sobre todo la incertidumbre.  Muchos de ellos se preguntaban qué iba a ocurrirles una vez que hubieran cumplido la condena o fueran indultados.

Fátima, una iraní de 32 años de edad, era una de esas personas. Ella y su familia emigraron de Irán tras haber sufrido acoso porque se habían convertido al cristianismo. La familia llegó hasta la frontera serbio-búlgara antes de que la policía la arrestara. Fátima y los suyos habían permanecido 17 días en el centro de detención de Lyubimets cuando el equipo del ACNUDH la entrevistó.

Como tantas otras personas en su situación, Fátima había recibido una condena por el delito de “cruce ilícito de frontera”. Como tantas otras, sentía una gran incertidumbre acerca de su futuro y el de su familia.  

Si Bulgaria proporcionara alguna certidumbre y un camino hacia la legitimización, podría contribuir al reconocimiento de un aspecto de la cuestión que suele perderse de vista en los debates sobre los migrantes y refugiados en Europa, dijo el Sr. Cahn, la humanidad que tenemos en común.

“Son personas. Tienen derechos. Necesitan que se garantice su dignidad”, dijo. “Por eso promovemos la incorporación de los derechos humanos a estas medidas políticas”.

24 de Agosto de 2016

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