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Se investigan presuntas violaciones de los derechos humanos de los rohingyas


Más de 400.000 rohingyas huyeron del Estado de Rakhine (Myanmar) en las últimas semanas y entraron en la vecina Bangladesh, donde declararon que habían sido expulsados de sus aldeas por el ejército, que atacó sus hogares e incendió vastas áreas de su territorio. Las imágenes captadas por satélite muestran que las operaciones de seguridad han vaciado a unos 200 pueblos rohingyas.

En respuesta a numerosos reportajes de prensa sobre vulneraciones generalizadas y al parecer sistemáticas, la misión internacional de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió un equipo de investigadores a Bangladesh, donde decenas de miles de rohingyas han buscado refugio en campamentos improvisados. En una resolución aprobada en marzo de 2017, el Consejo de Derechos Humanos pidió que la misión internacional de determinación de los hechos investigara los informes relativos a violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohingya.  

“Lo que más preocupa a la misión de determinación de los hechos es la situación de los refugiados”, afirmó el Sr. Marzuki Darusman, presidente de la misión internacional, durante las reuniones del 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra actualmente en Ginebra. “Algunas de las acusaciones a las que se refiere la resolución están reflejadas en las primeras conclusiones del equipo, tras las entrevistas que éste realizó a un número considerable de testigos y también a los médicos que trabajan allí”.  

Entre las vulneraciones de derechos humanos denunciadas en los informes relativos a ataques recientes realizados por las tropas de Myanmar contra los rohingyas figuran el asesinato en masa de civiles, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual, y la quema y destrucción de aldeas enteras. Las autoridades de Myanmar afirman que las operaciones militares se llevan a cabo en respuesta a los ataques perpetrados por militantes rohingyas contra 30 cuarteles de la policía. Según estimados de las Naciones Unidas, la operación ha empujado a un tercio de los 1,1 millones de rohingyas que vivían originalmente en Myanmar a cruzar la frontera y entrar en Bangladesh, y miles más de ellos llegan cada día a este país.

En el discurso que pronunció durante el 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se dirigió a los Estados Miembros en estos términos: “Debido a que Myanmar se ha negado a permitir que los investigadores de derechos humanos entren en el país, no es posible evaluar completamente la situación actual. Pero todo indica que se trata de un caso clásico de limpieza étnica”.

“Pido al gobierno que ponga fin a esta cruel operación militar, que exija responsabilidades por todas las vulneraciones ocurridas y que invierta la tendencia a ejercer una discriminación severa y generalizada contra la población rohingya”, afirmó Zeid.

Los rohingyas son una de las 135 minorías étnicas de Myanmar, país donde la mayoría de la población sigue considerando “bengalíes” a los miembros de este grupo predominantemente musulmán. Desde 1982, una ley de ciudadanía aprobada en Myanmar despojó a los rohingyas de su condición de ciudadanos y de todos los derechos civiles básicos, entre otros la libertad de practicar su religión y el acceso al empleo, la atención médica y la educación.

El Sr. Darusman instó a la comunidad internacional a que apoye la petición que formuló al gobierno de Myanmar para que permita la entrada al país del equipo de investigación, a fin de que éste pueda cumplir con su mandato de garantizar la exigencia de responsabilidades en lo tocante a las vulneraciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas. 

“Los cientos de miles de refugiados y desplazados internos, las comunidades afectadas y todas las víctimas de presuntas violaciones y abusos de derechos humanos tienen derecho a recibir un relato verídico de lo sucedido y a saber quiénes son los responsables de esos hechos”, declaró el Sr. Darusman ante el Consejo de Derechos Humanos.

El Sr. Darusman también instó a las autoridades de Myanmar a que permitan el acceso inmediato al país de las organizaciones de asistencia humanitaria. “Se está desarrollando una grave crisis humanitaria que exige una atención urgente”, afirmó.

26 de septiembre de 2017
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