Informe: En Venezuela los manifestantes fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos


Cuando José y Elvira Pernalete fueron a buscar medicamentos, no sospechaban que nunca verían de nuevo con vida a su hijo.

Transcurría el mes de abril de 2017 y la pareja había conducido a Juan Pablo, un alumno universitario aficionado al atletismo, a un punto de la ciudad donde se reuniría con sus amigos para participar en una manifestación. La escena ocurría en Caracas (Venezuela), una ciudad paralizada por las protestas diarias y las largas colas para comprar comida, que han caracterizado la actual crisis política y económica.

Pero cuando la pareja llegó a su hogar algunas horas más tarde, descubrieron que su hijo no estaba. Fueron al centro de la ciudad a recabar más información y allí se enteraron de la noticia: Juan Pablo había muerto por el impacto de una lata de gas lacrimógeno.

“Nos destrozaron el alma; era nuestro único hijo”, dijo José Pernalete. “No queremos que sigan matando a tantos jóvenes”.

La muerte de Juan Pablo fue uno de los numerosos casos de personas que fallecieron o resultaron heridas que figuran documentados en un informe reciente de la Oficina del ACNUDH, en el que se examinan las vulneraciones y los abusos de derechos humanos cometidos en Venezuela contra los manifestantes. La mayor parte de la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y, según las noticias recibidas, los colectivos o milicias armadas aliadas del gobierno también han sido responsables. Entre las tendencias preocupantes que se han documentado, el informe demuestra que las fuerzas gubernamentales han incrementado el uso letal de determinados armamentos que habitualmente son menos mortíferos.

“Algunas armas menos letales se usaron sistemáticamente de modo que causaran lesiones innecesarias. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad dispararon granadas de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes, a corta distancia”, señala el informe.

La Fiscal General del país, que examinó el caso de Juan Pablo, llegó a la conclusión de que la lata de gas lacrimógeno que lo mató probablemente había sido disparada a una distancia de 25 metros. El protocolo habitual que rige el uso del gas lacrimógeno estipula que esos proyectiles deben dispararse a una distancia de entre 120 y 150 metros de los manifestantes.

Escasez y protestas

Desde 2014, la República Bolivariana de Venezuela ha experimentado un recrudecimiento de la crisis económica, derivado de la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y de otros factores, tales como el control de precios y divisas. Estos hechos han provocado hiperinflación y agudas carencias de alimentos, medicinas y energía eléctrica.

En el mismo periodo, el país ha padecido un agravamiento de la crisis política. En diciembre de 2015, la oposición ganó dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional y, un mes después, en enero de 2016, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional culpable de desacato, por irregularidades electorales ocurridas en el Estado de Amazonas. El Tribunal declaró nulas todas las decisiones de la Asamblea. La oposición lanzó entonces un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, cuya realización ha sido pospuesta indefinidamente.

El informe del ACNUDH examinó la situación de derechos humanos de los manifestantes durante este periodo y llegó a la conclusión de que se habían producido numerosas violaciones. Entre éstas, figuran el uso excesivo de la fuerza, vulneraciones del derecho a la vida y la integridad física, detenciones arbitrarias, y la violación del derecho a reunirse pacíficamente.

Violencia mortal

En el informe se llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad usaron de manera sistemática un volumen de fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones, lo que constituye una transgresión de las normas nacionales e internacionales. Una práctica común fue el uso de motos para perseguir a los manifestantes. Varios manifestantes declararon a los expertos en derechos humanos que grupos de unas 20 motocicletas, tripuladas por dos oficiales de seguridad –uno de conductor y otro de pasajero, equipado con armamento antidisturbios- perseguían a los manifestantes cuando estos empezaban a desbandarse. Numerosos manifestantes resultaron heridos mientras trataban de huir o a causa de los golpes propinados por los oficiales de seguridad.

Pero el aspecto que más preocupación ha generado ha sido el uso de armas no letales con fuerza mortífera.

Mediante entrevistas y testimonios de testigos presenciales, algunos de ellos médicos, los expertos en derechos humanos documentaron múltiples casos en los que objetos tales como balas de plástico, balines y latas de gas lacrimógeno se emplearon como armas mortales.

Un médico que trabajaba en el Estado de Lara declaró que había tratado a muchas personas que presentaban heridas causadas por tuercas, balas de goma y proyectiles de plástico. Uno de los peores casos fue el de Antonio Gruseny Canelon, que estaba protestando en su barrio cuando la GNB llegó con un escuadrón de tanques. Estos dispararon latas de gas y balas de plástico contra la multitud.

El médico atendió a Gruseny, que ingresó al hospital con heridas de bala. El herido fue operado ese mismo día y el médico descubrió que había recibido dos balas de plástico, una en el pecho y otra en el abdomen. El médico opinó que esas dos heridas solamente hubieran podido producirse si los disparos se habían realizado a menos de dos metros de distancia.

También hubo denuncias por la falta de medicamentos necesarios para tratar a los heridos, así como por el acoso que el personal facultativo sufrió en los hospitales y durante las manifestaciones.

“Fue muy difícil trabajar en esas condiciones”, afirmó el médico. “Por eso nos hemos organizado para denunciar esta situación. Además de los jóvenes que han muerto en este país, hay pacientes que mueren cada día, y que no deberían morir, por falta de medicamentos”.

Un camino para avanzar

El informe del ACNUDH es claro al respecto: el riesgo de un deterioro aun mayor de la situación de derechos humanos en Venezuela seguirá siendo elevado “mientras la crisis social se agudice y las tensiones políticas sigan agravándose”. En el informe figuran varias recomendaciones para avanzar en la cuestión, entre otras las de poner fin a la represión de las manifestaciones pacíficas, ordenar a la policía que aplique tácticas apaciguadoras al controlar las reuniones públicas, condenar abiertamente todos los casos de tortura o malos tratos, y velar por una investigación rápida, independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos que involucren a las fuerzas policiales y las vulneraciones atribuibles a los colectivos armados, los cuerpos de seguridad o los manifestantes violentos.

Si desea información adicional sobre las conclusiones del equipo de derechos humanos que examinó la situación de Venezuela, puede consultar el texto íntegro del informe .

31 de agosto de 2017

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