Sudán del Sur: Grave riesgo de violencia masiva y étnica, advierte el Alto Comisionado Zeid


Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Sudán del Sur

Sr. Presidente,
Sra. Presidenta de la Comisión,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Saludo con beneplácito la convocatoria de esta sesión especial, que honra el compromiso del Consejo de abordar las más graves situaciones de derechos humanos.

El pueblo de Sudán del Sur ha padecido hasta hoy tres años completos de un conflicto indiscriminado. Asesinatos, violencia sexual, malos tratos, secuestros, reclutamiento forzoso, pillaje y destrucción de viviendas y aldeas enteras se suceden en gran escala en numerosas zonas del país. Más de dos millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y hogares. Más de un millón ha huido a países aledaños, mientras que en Sudán del Sur más de 200.000 se refugian de la violencia de los contendientes en campamentos “de protección de civiles” próximos a las instalaciones de las Naciones Unidas.

La economía de Sudán del Sur ha sido devastada. Unos 4,8 millones de personas, despojadas de sus recursos, se enfrentan a una perspectiva muy real de severa inseguridad alimentaria y hambruna. La infraestructura y los sistemas de atención sanitaria y de educación están en avanzado estado de colapso. La labor de los organismos humanitarios se ha visto obstruida en repetidas ocasiones, tanto por el gobierno como por las fuerzas armadas de oposición, mediante ataques violentos, secuestros, negación de acceso y exigencias ilícitas de pago. Más de 65 miembros del personal humanitario han muerto desde el inicio del conflicto, en 2013. El espantoso ataque contra el personal humanitario ejecutado en julio pasado puso de relieve los difíciles retos de este contexto de seguridad e hizo que numerosos miembros del personal humanitario abandonaran el país.

Los niveles de violencia sexual alcanzados en este conflicto son impresionantes. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas de junio pasado, el 70% de las mujeres que se encontraban en uno de los campamentos de protección de civiles en Juba declaró que había sido víctima de alguna agresión sexual. Las violaciones colectivas en esa escala no son actos cometidos “por unos pocos delincuentes”, como sugieren frecuentemente las autoridades. Al parecer, todas las partes en conflicto son responsables y deseo instar aquí a que los mecanismos pertinentes realicen un examen exhaustivo de la responsabilidad de los mandos, tanto en las fuerzas gubernamentales como en el SPLA. Se ha informado de casos de esclavitud sexual, así como de agresiones sexuales a menores. En muchos casos, esta violencia sexual parece haberse dirigido contra miembros de determinados grupos étnicos o haberse aplicado según la presunta afiliación política de las víctimas.

Se han generalizado también otras violaciones de derechos humanos, entre las que figuran arrestos arbitrarios, secuestros, detenciones ilícitas y prolongadas, desplazamientos forzados de civiles y menoscabo del derecho a las libertades de movimiento, expresión y opinión. Estoy sumamente preocupado por las numerosas denuncias de casos en los que defensores de derechos humanos, periodistas y otros agentes de la sociedad civil han sido víctimas de las fuerzas de seguridad con motivo de su trabajo, incluidos los informes de represalias contra quienes se relacionaron con los miembros del Consejo de Seguridad que visitaron Sudán del Sur en septiembre pasado.

En meses recientes, numerosos dirigentes de todo el espectro político han redoblado los llamamientos a la pugna étnica y reiterados estallidos de violencia han desatado olas de venganza y represalias en zonas cada vez más extensas del territorio. Por ejemplo, tras un ataque realizado contra soldados del SPLA el 12 de julio, en Yei, provincia de Equatoria, este movimiento lanzó una serie de represalias contra los civiles en los alrededores del lugar. Informes fidedignos indican que numerosas atrocidades cometidas contra los civiles en Yei pueden atribuirse a las milicias integradas principalmente por jóvenes dinkas y quizá hayan tenido motivaciones étnicas.

Con el comienzo de la estación seca, Sudán del Sur se encuentra al borde del desastre. Las condiciones meteorológicas permitirán ahora que los grupos armados anónimos, las milicias y los bandidos puedan recorrer más fácilmente el territorio, con lo que aumentará la posibilidad de choques entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en diversos frentes. Son muchos los sudaneses del sur que han perdido la fe en el proceso de paz, que permanece estancado tras numerosos colapsos. Los informes sobre el terreno indican que las fuerzas militares de ambos bandos adquieren armamento, reclutan y entrenan a sus efectivos en territorios cada vez más extensos.

Muchos temen que existan ya las condiciones para que el conflicto adquiera mayor dimensión étnica y se transforme en una confrontación violenta, masiva y generalizada.

Al mismo tiempo, hemos visto recientemente que cuando algunos dirigentes locales han intervenido para frenar las expresiones de odio, se ha producido una disminución en el riesgo de violencia. Dicho de otro modo, que aún puede haber algún margen para realizar acciones importantes que impidan la concreción de las peores hipótesis y que este Consejo todavía tiene la oportunidad de generar repercusiones considerables.

Señor Presidente:

Insto al Consejo a que utilice todos los medios a su alcance para disuadir la violencia y presionar en pro de un diálogo de paz en Sudán del Sur. Debe otorgarse con urgencia la máxima prioridad a la protección de las personas que están más expuestas a los asesinatos, la violencia sexual y otras violaciones graves de derechos humanos. Ha llegado el momento de que todos los actores nacionales y regionales promuevan resueltamente un proceso político que sea a la vez inclusivo y aplicable sobre el terreno. Exhorto a este Consejo a que solicite al IGAD, la Unión Africana y otros actores principales que ejerzan toda la influencia posible sobre las partes en conflicto.

Asimismo, les insto a que pidan a los dirigentes de Sudán del Sur que se abstengan de incitar a la violencia y el odio étnico. Exhorto a la UNMISS a que siga monitoreando las expresiones de odio, los actos de violencia y otros indicadores de posibles atrocidades masivas. Ese seguimiento permitirá que diversos actores, entre otros este Consejo, puedan tomar las medidas apropiadas para descubrir a los responsables de esos actos y propiciar su rendición de cuentas.

La conciencia de que existen estructuras para imponer la rendición de cuentas y que dichas estructuras se usarán contras los autores de atrocidades masivas, puede tener una auténtica repercusión preventiva. Insto a la Unión Africana a que establezca a la mayor brevedad el tribunal mixto previsto en el Acuerdo de Paz, con especial atención a las responsabilidades de los mandos en casos de atrocidades, lo que comprende la violencia sexual y la violencia por motivos étnicos en el contexto del conflicto. Junto con las demás organizaciones de las Naciones Unidas, mi Oficina está lista para apoyar la creación de este tribunal mixto y prestarle asistencia en lo tocante al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

Para concluir, permítanme hacer hincapié en la gratitud que siento por la labor de los miembros de mi personal y de otras entidades que siguen dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Sudán del Sur, y que aportan asistencia humanitaria a muchísimas personas, en circunstancias muy adversas. Lamento las restricciones que se han impuesto a su trabajo por motivos de seguridad y por decisión de las autoridades gubernamentales, y condeno las amenazas cada vez más numerosas que se formulan a los testigos, las víctimas y otras fuentes que en busca de ayuda se han puesto en contacto con mi Oficina y con otros actores.

Muchas gracias.

14 de diciembre de 2016

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