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Comunicado del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, acerca de la situación de presos Mapuches en huelga de hambre en Chile

Ginebra (24 de septiembre de 2010) - “Quisiera dar a conocer a todos los interesados que en los últimos días he mantenido contacto con el Gobierno de Chile, sosteniento conversaciones y un intercambio de información acerca de la situación de las 34 personas mapuche que han estado en huelga de hambre por más de dos meses en diversos centros de la región del Bío Bío y de la Araucanía. He expresado mi mas profunda preocupación por esta situación y la necesidad de avanzar hacia la solución de los varios asuntos relacionados a las demandas de las personas en huelga de hambre que afecta al pueblo mapuche.

“Las 34 personas en huelga de hambre se encuentran entre las 58 personas mapuche y sus simpatizantes que han sido procesadas o condenadas bajo la ley antiterrorista (Nº 18.314) de Chile. Entiendo que los presos mapuche en huelga de hambre demandan al Estado: (1) el término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les involucran; (2) el término del procesamiento de algunos de los presos mapuche por la justicia militar; (3) la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos y territoriales; y (4) la restitución de tierras ancestrales mapuche.

“Tanto yo como mi antecesor, Profesor Rodolfo Stavenhagen, hemos expresado nuestra preocupación sobre la aplicación de la ley antiterrorista en este contexto y hemos hecho varias observaciones y recomendaciones específicas al respecto. Asimismo, varios órganos de tratados de los Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han expresado su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista en este contexto. A pesar de ello, los acontecimientos recientes de la huelga de hambre indican una falta de implementación adecuada de estas recomendaciones, y ponen en evidencia el descontento existente en torno a los problemas de fondo que dan origen a la protesta social.
 
“Tal como he expresado anteriormente, desapruebo el uso de la violencia como medida de protesta, aún cuando la protesta sea por reivindicaciones legítimas, al igual que repruebo la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas que puedan llevar a la conflictividad. A la vez, estoy más que convencido que la aplicación de la ley antiterrorista en este contexto conlleva una serie de problemas procesales y de fondo que solamente puedan agravar la situación, y que la calificación de los delitos imputados como actos de terrorismo podría ser inconducente e inapropiada dentro de la normativa internacional pertinente. Cualquier procesamiento penal de personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a través de la justicia penal ordinaria, con todos las grantías aplicables del debido proceso.

“Junto con reiterar las recomendaciones citadas, insto al Gobierno a desarrollar el máximo esfuerzo para iniciar un diálogo de buena fe con los representantes de los presos mapuche, como paso fundamental para la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a responder a las preocupaciones y solicitudes de la huelga. 

“Al respecto, he recibido información por parte del Gobierno que, con el aval de las autoridades, el obispo de Concepción está ejerciendo buenos oficios para buscar una solución concreta. Quisiera instar al Gobierno a que en ese proceso de diálogo se hagan los esfuerzos por generar la confianza necesaria para llegar a una resolución exitosa de esta situación y que se exploren todas las alternativas de soluciones jurídicas y políticas. Igualmente, quisiera instar a las personas mapuche en huelga de hambre así como los demás líderes y miembros del pueblo mapuche interesados a que también realicen esfuerzos de buena fe para dialogar constructivamente con el Gobierno a fin de encontrar soluciones a sus demandas.

“Tomo nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los proyectos de ley para modificar la ley antiterrorista y la ley sobre justicia militar que están siendo considerados por el Congreso actualmente. Quisiera reiterar que es crucial que el Estado reforme la ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas de los tipos penales de delitos de terrorismo ajustados a las normas internacionales aplicables, así como asegurar que las reformas de estas leyes se ajusten a los estándares internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto al debido proceso. Considero de igual importancia es que se faciliten espacios de participación y consulta a representantes del pueblo mapuche en los procesos de reforma de estas leyes, las cuales han tenido una efecto directo sobre sus miembros.

“Asimismo, he recibido información del Gobierno, respecto al anuncio del establecimiento de  una mesa de diálogo paralela integrada por el Gobierno, representantes del pueblo mapuche, las iglesias católica y evangélicas y organizaciones civiles para tratar programas de desarrollo regional.

“Valorando la disposición del Gobierno de iniciar un diálogo de fondo con representantes del pueblo mapuche, quisiera señalar al Gobierno que es esencial asegurar que todo proceso de diálogo se realice en un marco de confianza y buena fe, y de acuerdo a las normas  de consulta y participación que impone el Convenio 169 de la OIT en vigor en Chile.”

“Finalmente, reitero que los distintos poderes del Estado deben abordar, en conjunto con los pueblos indígenas, los asuntos de fondo de la actual crisis los cuales se relacionan con la falta de implementación cabal de los derechos de los pueblos indígenas especial sobre sus tierras ancestrales, recursos naturales, consulta previa, así como a la  participación en las decisiones que les conciernen. Al respecto, enfatizo que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo—que cumplió un año de vigencia en Chile—ofrecen los estándares y puntos de referencia aplicables para los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones a la situación actual y garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.”