Header image for news printout

Afganistán: Se avanza en la erradicación de la tortura, pero aún queda mucho por hacer, señala informe de Naciones Unidas

GINEBRA/KABUL (17 de abril de 2019) - En su último informe sobre el trato que reciben los detenidos en el marco del conflicto de Afganistán publicado hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documenta una reducción alentadora de los casos de tortura registrados desde 2016 pero señala su permanente preocupación por el gran número de reclusos que siguen denunciando torturas y malos tratos. 

El informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina del ACNUDH, publicado en el primer aniversario de la adhesión de Afganistán al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, constata que casi un tercio de los detenidos en el marco del conflicto que fueron entrevistados declararon de manera creíble y fidedigna que habían sido sometidos a torturas o malos tratos. El informe se basa en entrevistas realizadas a 618 reclusos en 77 centros de 28 provincias de todo el país, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. 

En el informe se reconoce el progreso realizado por el Gobierno afgano en la aplicación del Plan Nacional de Eliminación de la Tortura y subraya que su ejecución ha dado resultados tangibles, con una reducción de la tortura y los malos tratos entre los detenidos en el marco del conflicto en diferentes entidades de seguridad del país.

En general, entre las personas detenidas por las Fuerzas Afganas de Seguridad y Defensa Nacional, el 32 por ciento de los reclusos denunció haber sido sometido a tortura y malos tratos, frente al 39 por ciento registrado durante el periodo del informe anterior (del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016). En particular, en las instalaciones del Directorado Nacional de Seguridad (NDS), la prevalencia de la tortura y los malos tratos entre los entrevistados disminuyó del 29 al 19 por ciento en 2018. La proporción de los que denunciaron haber sido sometidos a torturas o malos tratos entre los detenidos por la Policía Nacional Afgana (ANP) en el marco del conflicto, disminuyó del 45 por ciento durante el periodo anterior al 31 por ciento. Los jóvenes son los que sufren un mayor riesgo de ser víctimas de malos tratos.

Aunque la reducción del número de casos es alentadora, el informe indica que “la disminución del uso de la tortura o los malos tratos no es lo bastante significativa como para indicar que las medidas paliativas tomadas sean suficientes”. La forma más común de tortura y malos tratos denunciada es la golpiza. La gran mayoría de los detenidos declaró que habían sido torturados o maltratados para obligarles a confesar y que esos métodos cesaron una vez que habían confesado.

Hay también diferencias significativas según la ubicación de los centros de detención. Mientras, de media, el 31 por ciento de las personas detenidas en las instalaciones de la ANP denunciaron haber sido sometidas a torturas o malos tratos, la tasa de las instalaciones de la ANP en Kandahar indica un inquietante 77 por ciento, con denuncias, entre otros, de métodos de suma crueldad, tales como la asfixia, las descargas eléctricas, el estiramiento de los genitales y la suspensión del techo. Las denuncias de desapariciones forzadas también persistieron en Kandahar durante el periodo que abarca el informe.

Aunque el informe subraya mejoras significativas en las instalaciones del NDS en Kandahar y Herat, el trato a los detenidos en algunas instalaciones del NDS sigue siendo preocupante, especialmente en las situadas en las provincias de Kabul, Khost y Samangan, así como el trato en el departamento antiterrorista del NDS. El informe también destaca casos de detenciones ilegales y arbitrarias, entre otras, detenciones masivas, por parte de las Fuerzas Especiales del NDS y de la Fuerza de Protección de Khost.

El informe también plantea la preocupación existente por las pésimas condiciones de reclusión observadas en el centro de detención de Parwan, controlado por el ejército, entre otras razones por el hacinamiento, la iluminación inadecuada, el uso del régimen de aislamiento como principal medida disciplinaria y las restricciones de las visitas familiares y el acceso a los abogados.

“Aplaudimos las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir e investigar los casos de tortura y malos tratos en los últimos dos años. Sin embargo, como ilustra nuestro informe, aún queda mucho por hacer para erradicar esta práctica horrenda contra los detenidos en el marco del conflicto”, declaró Tadamichi Yamamoto, representante especial del Secretario General para Afganistán. “El respeto hacia el Estado de derecho y los derechos humanos es la mejor forma de crear las condiciones necesarias para la paz sostenible”.

El informe hace hincapié en las vulneraciones y los desafíos en otros ámbitos, entre ellos, las limitaciones legales del derecho a una supervisión judicial de los detenidos en el marco del conflicto; la falta de aplicación de procedimientos fundamentales y demás salvaguardas legales para prevenir la tortura (exámenes médicos, acceso a abogados, etc.); la ausencia continua de exigencia de responsabilidad a los autores de torturas, con muy pocos casos referidos al ministerio fiscal; y la falta de cualquier posibilidad significativa de obtener reparación judicial o administrativa eficaz. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que las conclusiones del informe demuestran que las medidas puestas en marcha para combatir la tortura y los malos tratos están surtiendo efecto, pero que no son suficientes. 

“Hace un año, en un día como hoy, el Gobierno de Afganistán se comprometió a prevenir la tortura mediante la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, declaró la Alta Comisionada.

“Insto al Gobierno a trabajar con rapidez a fin de crear un mecanismo preventivo nacional que asegure la independencia y el escrutinio imparcial del trato a los detenidos. Un dispositivo de vigilancia dotado de los recursos necesarios, capaz de realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención y de concienciar sobre qué constituye tortura y maltrato según el derecho humano internacional, puede ayudar mucho en el camino hacia el objetivo final de erradicar por completo la tortura”.

En el informe no se examina la cuestión de la privación de libertad de los elementos contrarios al gobierno. 

El informe completo está disponible aquí

Una entrevista con Richard Bennett, jefe de la Sección de Derechos Humanos de la UNAMA, está disponible aquí. El material con calidad de emisión y la lista de planos está disponible a solicitud de los interesados.

La UNAMA apoya al pueblo y el gobierno afgano para que alcancen la paz y la estabilidad. De conformidad con su mandato como misión política, la UNAMA apoya la prevención y resolución de conflictos, promoviendo la inclusión y la cohesión social, así como reforzando la cooperación regional. La Misión apoya una gobernanza eficaz, la apropiación nacional del proceso  y las instituciones responsables creadas desde el respeto a los derechos humanos. La UNAMA  proporciona buenos oficios y otros servicios clave, entre ellos las medidas diplomáticas que aprovechan la independencia de la organización, la imparcialidad y la integridad para prevenir que surjan, crezcan o se extiendan los conflictos. La Misión coordina el apoyo internacional al desarrollo afgano y las prioridades humanitarias.

Para más información y solicitudes de medios, por favor contacte a: Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

Tag and share - Twitter: @UNHumanRights y Facebook: unitednationshumanrights