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“Los Estados deben responder debidamente a las demandas públicas y garantizar la libertad de reunión pacífica” afirman expertos regionales y un Relator Especial de la ONU en una declaración conjunta

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Con motivo del Día de los Derechos Humanos, expertos regionales y un Relator Especial de la ONU1 hacen un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que se abstengan de utilizar la violencia como medio para abordar las reivindicaciones públicas. A punto de comenzar 2021, los expertos dan también la voz de alarma sobre una peligrosa y creciente tendencia de las autoridades a responder a las protestas legítimas de la población durante manifestaciones pacíficas con represión y uso excesivo de la fuerza, lo que ha provocado múltiples violaciones de los derechos humanos en los últimos años.

“Expresamos gran preocupación por la creciente represión sobre las reuniones pacíficas a nivel mundial, con intervenciones injustificadas y desproporcionadas de los agentes del orden, detenciones masivas y arbitrarias de manifestantes y ataques contra periodistas y quienes cubren las manifestaciones”, afirman los expertos. “También nos inquieta la impunidad generalizada que disfrutan los autores de estas violaciones”.

“Es inaceptable responder con violencia a las demandas de quienes participan en asambleas públicas, incluidos los que informan sobre ellas. Los Estados deben garantizar que se lleven a cabo investigaciones rápidas, transparentes e independientes contra los funcionarios que recurran a la fuerza y que las víctimas cuenten con recursos exhaustivos y efectivos”, señalan los expertos.
 
“Nos sentimos también muy preocupados sobre numerosas medidas restrictivas tomadas por los gobiernos con el pretexto de contener la pandemia de COVID-19 que, en muchas ocasiones, terminan socavando derechos fundamentales. Como resultado, las libertades de reunión pacífica y de asociación, así como la participación en el desarrollo de los asuntos públicos y el espacio cívico se ven constreñidos por el abuso de órdenes de salud pública, a veces empleadas para silenciar la disidencia”, advierten los expertos.

El año anterior a la crisis del COVID-19 estuvo, de hecho, marcado por una ola de protestas sin precedentes, con manifestantes levantándose en todo el mundo por motivos de discriminación, desigualdad, limitaciones a la gobernabilidad democrática e inclusiva, deterioro del estado de derecho, amenazas planteadas por el cambio climático, corrupción y otras violaciones de los Derechos Humanos.  

En este contexto, “los deberes de los Estados no se limitan únicamente a respetar el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación: los Estados deben también tomar acciones significativas en respuesta a las demandas públicas”, enfatizan los expertos. “Más allá de la protección y promoción, el deber de responder a las llamadas de los manifestantes debe ser parte integral de este derecho fundamental”.  

Esta es la primera vez que organismos regionales y un Relator Especial de la ONU emiten una declaración conjunta sobre la reunión pacífica y la gobernabilidad democrática: “Mediante esta Declaración nos unimos en una sola voz para invitar a los Estados y a la comunidad internacional a considerar las reuniones pacíficas, incluidas las protestas masivas, no como una amenaza a la seguridad nacional o al orden público ni como una perturbación del desarrollo económico nacional, sino como una oportunidad para desarrollar sociedades más inclusivas y democráticas”.

En esta misma línea, “los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil deben ser vistos como socios, no como enemigos y disidentes de los gobiernos”.

El texto completo de la Declaración, que establece principios clave y recomendaciones para los Estados, está disponible aquí.

FIN

Para más información sobre la Declaración Conjunta y solicitudes de los medios de comunicación, por favor contacte con:

  • Bardia JEBELI (bjebeli@ohchr.org) en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, equipo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Asamblea y Asociación Pacíficas
  • Corina Leguizamón (CLeguizamon@oas.org)en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Flavia Daza (fdaza@oas.org) en la oficina del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Estelle Nkounkou (Nkounkoue@africa-union.org) o (au-banjul@africa-union.org) en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
  • Katya Andrusz (katya.andrusz@odihr.pl) en la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR)

1. Sr. Clément Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y asociación, Comisionado Joel Hernández, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Sr. Pedro Vaca su Relator Especial sobre la libertad de expresión, Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos y el punto focal para represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE