Fortalecer el estado de derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos

El estado de derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos son fundamentales para la prevención de violaciones, conflictos y violencia, para la consolidación y el mantenimiento de la paz y el logro de un desarrollo inclusivo. El costo de la ausencia del estado de derecho es brutalmente obvio en todo el mundo: en los fracasos de la justicia y la impunidad de los crímenes, los conflictos por agravios desatendidos y los gobiernos opresivos e irresponsables. Necesitamos sistemas de gobernanza en los que todos los responsables, las instituciones y los organismos, públicos o privados, deban rendir cuentas y estén sometidos a leyes que se promulguen públicamente, se hagan cumplir en forma pareja y se resuelvan de manera autónoma y en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Todos los países enfrentan desafíos en el cumplimiento de estas normas. Persisten las brechas en el acceso a la justicia, sobre todo para las personas que son víctimas de la discriminación, y al mismo tiempo, queda mucho por hacer para asegurar la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchos de los procesos públicos de toma de decisiones siguen siendo poco claros y no participativos, lo que obstaculiza la capacidad de las personas de reclamar y lograr la rendición de cuentas. Queda mucho por hacer para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales se puedan reclamar y ser sentenciados judicialmente. La corrupción es uno de los principales riesgos en todos los niveles, incluso en el poder judicial y las agencias encargadas de la aplicación de la ley. La vigilancia se hace aún más necesaria debido a la decisión de ciertos Estados de combatir la inseguridad o el terrorismo con medidas que violan los derechos humanos e infringen las normas internacionales, incluida la prohibición absoluta de la tortura y las restricciones en el uso de la pena de muerte. Se ha demostrado que estas medidas son contraproducentes y deben ser contrarrestadas.

Seguiremos trabajando con nuestros aliados para fortalecer el estado de derecho y la rendición de cuentas ante las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de la ley y los sistemas judiciales, y prestaremos mayor atención a las violaciones que han sido tradicionalmente desatendidas, como aquellas que se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales y los delitos cometidos por razones de género. Avanzaremos más allá de la tradicional rendición de cuentas judicial e intentaremos generar condiciones en las que las personas puedan dar forma a las decisiones políticas que afectan sus vidas, o impugnarlas de manera significativa, como un elemento para garantizar la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Trabajaremos dentro del sistema de las Naciones Unidas para garantizar que sus compromisos relativos a afianzar la rendición de cuentas y fortalecer el estado de derecho estén bien coordinados y respaldados.

Junto con nuestros aliados, durante el período 2018 a 2021 trabajaremos para que:

Las leyes, políticas y prácticas aumenten el abordaje, la prevención y la reducción de las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de la ley y los sistemas judiciales.

Promoveremos la administración de sistemas judiciales que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, incluso mediante informes de amici curiae y el seguimiento de los juicios. Intentaremos fortalecer los marcos políticos institucionales y los mecanismos de rendición de cuentas a través de la supervisión, la presentación de informes, la creación de capacidades y la promoción, con el fin de aumentar la protección de los derechos humanos en el contexto de las agencias encargadas de aplicar la ley, y de modo específico, con respecto a la privación de la libertad, el uso de la fuerza y la prevención de la tortura y los malos tratos. Emprenderemos acciones de incidencia estratégica y estableceremos alianzas para promover la abolición de la pena de muerte y, a la espera de su abolición, promoveremos moratorias y una mayor adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por último, nos comprometeremos de manera estratégica a hacer frente a las consecuencias para los derechos humanos de las respuestas a los delitos transnacionales, tales como los delitos relacionados con la droga, el terrorismo y la trata de personas, incluso mediante la investigación, el apoyo técnico y la promoción.

Los mecanismos nacionales fortalecidos brinden reparación a las víctimas y rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales.
Brindaremos apoyo para fortalecer la independencia de las autoridades judiciales y los mecanismos de supervisión, así como de los programas de asistencia jurídica y protección de testigos; capacitaremos a las instituciones judiciales y autoridades administrativas; abogaremos por el establecimiento de mecanismos de denuncia individuales en las instituciones nacionales de derechos humanos, y promoveremos la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ayudaremos a la sociedad civil y los órganos de supervisión independientes a intentar que se haga justicia en casos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales.

Los sistemas judiciales investiguen y procesen de manera más efectiva los delitos cometidos por razones de généro.

Nos proponemos ayudar a los funcionarios judiciales a mejorar su conocimiento de las normas internacionales sobre delitos cometidos por razones de género y su capacidad para investigar y procesar tales delitos y aplicar programas de reparación enfocados en los sobrevivientes, y fomentar la adopción de procedimientos sensibles a las cuestiones de género para intensificar la participación de las víctimas en los procesos judiciales. 

Respaldaremos la investigación y presentación de informes sobre tales delitos y el litigio estratégico ante los tribunales nacionales y regionales. Fortaleceremos la capacidad de la sociedad civil para promover la rendición de cuentas por delitos cometidos por razones de género, y apoyaremos la producción, promoción y aplicación de orientaciones normativas.

Los Estados adopten medidas para garantizar que la toma de decisiones, las políticas y las acciones sean más transparentes y que la población tenga acceso a la información para fines de rendición de cuentas.

Nos proponemos emprender investigaciones y formular políticas y comunicaciones estratégicas para aumentar la comprensión de la importancia de la transparencia y el acceso a la información como elementos clave de la rendición de cuentas; fortalecer la capacidad de las instituciones de derechos humanos y órganos de supervisión nacionales para juzgar y hacer cumplir las normas de transparencia y de libertad de información, y trabajar dentro del sistema de la ONU para reforzar sus políticas en este ámbito.

Los derechos humanos sean el centro de atención de las acciones de la ONU en materia de estado de derecho, lucha contra el terrorismo y rendición de cuentas.

Respaldaremos los programas de la ONU que fortalezcan los sistemas de estado de derecho de los países, incluso mediante reformas legislativas y apoyo a políticas e instituciones de la justicia y seguridad, y nos aseguraremos de que estén anclados en el derecho internacional de los derechos humanos. Contribuiremos al desarrollo de políticas y directrices para los mecanismos de derechos humanos y judiciales que los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas han establecido para reunir, analizar y conservar pruebas para su uso en procesos judiciales. Prestaremos ayuda a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo para integrar los derechos humanos, incluidas las perspectivas de género, en sus políticas y programas. Aumentaremos las alianzas y elaboraremos guías prácticas sobre los derechos humanos y las políticas de drogas. Fortaleceremos los mecanismos de rendición de cuentas de la ONU, incluidos los mecanismos y procedimientos para prevenir y abordar violaciones cometidas por sus funcionarios, o atribuidas a ellos.

El trabajo en estos pilares cubre los componentes básicos de nuestro mandato, lo que permite la cobertura universal, aunque estratégica (dados los recursos limitados) de los derechos humanos en todos los países. Estos pilares temáticos son indivisibles e interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Cuatro grandes «transformaciones» en nuestro enfoque que podrán adaptar mejor nuestro trabajo al cambiante contexto externo.

Ellas nos ayudarán a centrarnos en las principales amenazas a los derechos y en las oportunidades clave para potenciar el apoyo y así mejorar la protección y promoción de los derechos. Las transformaciones que realizaremos en nuestros seis pilares son:

i.  Apoyar la prevención de conflictos, violencia e inseguridad.
ii. Proteger y ampliar los espacios cívicos.
iii. Apoyar y aumentar el alcance mundial de los derechos humanos.
iv. Cumplir con los derechos humanos en el contexto de las preocupaciones mundiales emergentes («cuestiones frontera en materia de derechos humanos»).

Estas «transformaciones» unirán todavía más nuestras acciones como una sola Oficina; impulsarán la coherencia, la escala y los efectos mensurables de los derechos humanos en un mundo incierto.

Nuestra labor se «centrará en las personas». Asimismo, en todo lo que hacemos, incluso cuando nos centramos en los derechos humanos de otros grupos poblacionales, prestaremos especial atención a los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. En apoyo del compromiso relativo a los derechos humanos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible («no dejar a nadie atrás»), destacaremos las preocupaciones sobre los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, incluso en su calidad de defensores de derechos.