Mejorar la participación y proteger el espacio cívico

La participación en la vida pública de los sujetos de derecho y las organizaciones que les representan es un principio fundamental de los derechos humanos. Además, la participación mejora la eficacia de los sistemas políticos, así como la elaboración y aplicación de políticas. El espacio de la sociedad civil es, por lo tanto, un asunto de umbral, no solo en materia de derechos humanos, sino también para el desarrollo y, en forma más amplia, la paz y la seguridad. Cuando la sociedad civil ocupa su lugar en la mesa, la formulación de políticas se vuelve más informada, eficaz y sostenible. Cada vez que se avanza en la protección del espacio cívico se produce un efecto multiplicador positivo para las comunidades y las personas y sus derechos.

El espacio cívico y la participación de la sociedad civil realizan aportes esenciales a la prevención eficaz de conflictos y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Encarcelar a los opositores y reprimir la disidencia pacífica no hace que las sociedades sean más seguras, sino que empuja las opiniones legítimas y constructivas hacia la clandestinidad y profundiza las reivindicaciones. La libertad de expresión para criticar las políticas gubernamentales y exigir la rendición de cuentas acelera la innovación y el progreso económico.

Sin embargo, en todo el mundo se ven las barreras que están enfrentando los actores de la sociedad civil, incluso los que cooperan con la ONU. Persisten los ataques contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los activistas ecológicos, y en muchos lugares son cada vez peores. La desigualdad y la discriminación figuran entre los principales obstáculos que impiden que las personas ejerzan su derecho a participar. En el caso de los grupos tradicionalmente marginados, el espacio que ya era restringido, disminuye aún más. Si bien las nuevas tecnologías y las interconexiones han contribuido al crecimiento de las redes de la sociedad civil, incluso a través de fronteras, también han dado lugar a nuevas excusas para controlar los movimientos y la expresión de la sociedad civil, a menudo bajo pretexto de la protección de la seguridad.

Durante el período 2018 a 2021, trabajaremos para proteger al espacio cívico y aquellos que defienden los derechos humanos; fortalecer la vigilancia del espacio cívico; aumentar el reconocimiento público del papel del espacio cívico, e incorporar las cuestiones relacionadas con el espacio cívico al sistema de la ONU. 

Junto con nuestros aliados, trabajaremos para que:

Existan leyes, políticas y prácticas más robustas para proteger el derecho a participar y el espacio cívico, incluso en línea, y que el ámbito de la sociedad civil sea cada vez más seguro y facilitador.

Respaldaremos la adopción y aplicación de leyes y políticas que protejan al espacio cívico y el derecho a participar. Promoveremos el diálogo, participaremos en los procesos legislativos y redactaremos directrices sobre la aplicación efectiva del derecho a participar, que tendrán como objetivo las ciudades y los gobiernos locales, entre otros. En paralelo, junto con nuestros aliados, resistiremos los intentos de restringir el espacio cívico y apoyaremos los litigios de los actores de la sociedad civil, así como su acceso a la justicia. A medida que los espacios cívicos y la participación se trasladen cada vez más a los ámbitos digitales, elaboraremos un marco de derechos humanos para el espacio digital y abogaremos por su aplicación.

El sistema de la ONU y los mecanismos internacionales, regionales y nacionales proporcionen una protección mayor, oportuna y eficaz a las organizaciones de la sociedad civil y los individuos (incluso contra las represalias).

En asociación con otros, abogaremos por una mayor protección de individuos y grupos en riesgo y trabajaremos con el sistema de la ONU y los mecanismos internacionales de derechos humanos para que hagan lo mismo. Controlaremos y presentaremos informes sobre casos de violaciones de derechos humanos contra actores de la sociedad civil, incluidas las represalias contra personas por su cooperación con la ONU en materia de derechos humanos; nos basaremos en las buenas prácticas de protección y las replicaremos. Nos esforzaremos por aumentar la capacidad de los mecanismos de derechos humanos de la ONU para proteger a todos los actores de la sociedad civil y nos comunicaremos con aliados fuera de la esfera de los derechos humanos para que nos ayuden a hacerlo.

Las empresas, los formuladores de políticas y el público en general valoren y respalden el espacio cívico cada vez más.

Nos proponemos reunir pruebas para demostrar el valor del espacio cívico y la participación e impugnar los discursos negativos sobre los derechos humanos; elaborar mensajes focalizados sobre el valor del espacio cívico, y promover el reconocimiento público de la legitimidad y las contribuciones de los defensores de los derechos humanos. Llegaremos a nuevos públicos y utilizaremos nuestro poder de convocatoria para generar apoyo para el espacio cívico y la participación.

Se fortalezca la asistencia de la sociedad civil a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Aumentaremos nuestros esfuerzos para fortalecer el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el de la Lucha contra las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, que ayudan a las víctimas a través de subvenciones a los actores de la sociedad civil. Nos proponemos hacer que se conozca mejor su labor; simplificar el proceso de solicitud; ampliar las alianzas con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y otros grupos profesionales, incluidas las asociaciones médicas nacionales y asociaciones de abogados, y producir herramientas para la reparación y rehabilitación, basadas en la experiencia de las organizaciones, para aumentar su capacidad.

Se lleve a cabo una vigilancia más sistemática del ámbito del espacio cívico, incluidas las amenazas al mismo.

Respaldaremos y participaremos en las acciones mundiales de vigilancia de los ambientes propicios para el espacio cívico. Facilitaremos la recopilación y el intercambio de datos pertinentes, mediante plataformas en línea y la aplicación del indicador del ODS 16.10.1 (Número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos).

En este contexto, mejoraremos las metodologías de recopilación de datos sobre el espacio cívico en línea y fuera de ella; fortaleceremos las herramientas de análisis, comunicación y promoción que hagan uso eficaz de datos para apoyar los espacios cívicos; construiremos redes de vigilancia que incluyan aliados no tradicionales, y alentaremos a la ONU a respaldar las acciones en defensa del espacio cívico.

Se escuchen con más claridad las voces de las personas afectadas por las decisiones, en particular las víctimas y quienes padecen discriminación.

Abogaremos por la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles en diferentes áreas; entre otras, en materia de desarrollo, paz y seguridad, el medio ambiente y la corrupción. Estas acciones ayudarán a formar alianzas más fuertes alrededor del espacio cívico, con grupos especializados de la sociedad civil. Fomentaremos el uso de las TIC y los medios de comunicación social para promover consultas de base amplia. Ayudaremos a los sujetos de derechos a aumentar su capacidad, asistiremos a sus organizaciones a participar con eficacia en los procesos de toma de decisiones, promoveremos su participación y, con este fin, fomentaremos el diálogo entre los movimientos. En este contexto, nos esforzaremos por garantizar el equilibrio de género y aumentar la participación de los jóvenes.

Aumente el reconocimiento público de que los derechos humanos y la rendición de cuentas contribuyen de manera relevante a las respuestas efectivas a la violencia, incluidos el terrorismo y el extremismo violento. 

Reuniremos pruebas, incluidos los datos, ejemplos e historias de resiliencia, que demuestren las contribuciones que hacen los derechos humanos a las respuestas eficaces al terrorismo y el extremismo violento. 

Realizaremos campañas públicas, ayudaremos a las partes interesadas a hacer uso de estas pruebas para su propia promoción y formaremos alianzas estratégicas para difundir nuestro mensaje y llegar a nuevos públicos.

El trabajo en estos pilares cubre los componentes básicos de nuestro mandato, lo que permite la cobertura universal, aunque estratégica (dados los recursos limitados) de los derechos humanos en todos los países. Estos pilares temáticos son indivisibles e interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Cuatro grandes «transformaciones» en nuestro enfoque que podrán adaptar mejor nuestro trabajo al cambiante contexto externo.

Ellas nos ayudarán a centrarnos en las principales amenazas a los derechos y en las oportunidades clave para potenciar el apoyo y así mejorar la protección y promoción de los derechos. Las transformaciones que realizaremos en nuestros seis pilares son:

i.  Apoyar la prevención de conflictos, violencia e inseguridad.
ii. Proteger y ampliar los espacios cívicos.
iii. Apoyar y aumentar el alcance mundial de los derechos humanos.
iv. Cumplir con los derechos humanos en el contexto de las preocupaciones mundiales emergentes («cuestiones frontera en materia de derechos humanos»).

Estas «transformaciones» unirán todavía más nuestras acciones como una sola Oficina; impulsarán la coherencia, la escala y los efectos mensurables de los derechos humanos en un mundo incierto.

Nuestra labor se «centrará en las personas». Asimismo, en todo lo que hacemos, incluso cuando nos centramos en los derechos humanos de otros grupos poblacionales, prestaremos especial atención a los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. En apoyo del compromiso relativo a los derechos humanos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible («no dejar a nadie atrás»), destacaremos las preocupaciones sobre los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, incluso en su calidad de defensores de derechos.