Promover el desarrollo sostenible a través de los derechos humanos

Los derechos humanos generan las condiciones esenciales para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 reconoce que las economías inclusivas y participativas, y las sociedades en donde los gobiernos deben rendir cuentas, logran mejores resultados para todos, sin dejar a nadie atrás. En la Declaración sobre el derecho al desarrollo se hace hincapié en el derecho de todas las personas y los pueblos a una participación libre, activa y significativa. Asimismo, los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP por su sigla en inglés) establecen la obligación de los Estados y las empresas privadas de garantizar que las actividades empresariales no violen los derechos de las personas.

Los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y el derecho al desarrollo se basan los unos en los otros y avanzan juntos. Por más libertad que tengan las personas para hablar y protestar, no son verdaderamente libres si carecen de alimentos, educación o viviendas adecuadas. También es cierto lo contrario. Las sociedades en las que las personas tienen acceso a la protección social básica, así como a recursos económicos y oportunidades, son menos vulnerables a las fracturas sociales y a la expansión de los extremismos.

No obstante, en muchos países, las políticas económicas han restringido la protección social, y la riqueza y el poder político se concentran cada vez en menos manos. Los modelos de crecimiento insostenible y excesivo aumentan la degradación medioambiental y aceleran el cambio climático, lo que genera efectos que perjudican la salud, el acceso al agua y al saneamiento, los alimentos, las viviendas y los derechos sobre la tierra, y ponen en peligro la vida. Los más pobres, que son quienes menos contribuyen al cambio climático, pagan el precio más elevado.

Junto con nuestros aliados, durante el período 2018 a 2021 trabajaremos para que:

Los mecanismos judiciales y no judiciales pidan cuentas a los actores empresariales y otros actores económicos por la violación de derechos, para que ofrezcan reparación a las víctimas.

Nos proponemos: brindar apoyo técnico, orientación y promoción para aumentar la eficacia de los mecanismos y políticas de rendición de cuentas judiciales y no judiciales, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos que surgen de la actividad económica, incluidos los casos transfronterizos; esclarecer las opciones legales e identificar medidas prácticas para mejorar el acceso a la reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos que involucran a empresas y otros agentes económicos, incluidos los sectores tecnológicos y financieros; e interactuar de manera estratégica con actores empresariales y otros agentes económicos para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación.

Los actores empresariales apliquen de manera eficaz los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos

Trabajaremos de manera estratégica con Estados, empresas, la sociedad civil y otras partes interesadas clave para aplicar e integrar los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en los marcos legales y políticos nacionales, regionales e internacionales, que sean pertinentes para los actores empresariales y otros agentes económicos, y en las prácticas de las empresas. Defenderemos, apoyaremos, convocaremos y participaremos en procesos de múltiples partes interesadas e intergubernamentales para establecer y fortalecer las normas y políticas en esta área, y cuando proceda, formaremos alianzas estratégicas con empresas y otros actores para mejorar la aplicación de los Principios rectores.

Las autoridades estatales adopten y apliquen leyes, políticas y estrategias sobre la tierra y la vivienda que cada vez cumplan mejor con los derechos humanos.

Nos proponemos aumentar las acciones para apoyar a las autoridades en la integración de las normas de derechos humanos a la hora de redactar y aplicar leyes, políticas y estrategias sobre la tierra y la vivienda; ayudar a los mecanismos de rendición de cuentas a hacer frente a los desalojos forzosos, la falta de vivienda, el desplazamiento, la apropiación de tierras y otras violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y derechos relacionados como los alimentos, el agua y el saneamiento; fortalecer las alianzas para aumentar la concienciación sobre el derecho a la vivienda y a la tierra, y diseñar enfoques prácticos para aplicar el compromiso de los ODS de «no dejar a nadie atrás» con respecto a la vivienda, la tierra y otros derechos humanos relacionados.

Los enfoques de la salud pública, incluidas las políticas de la salud sexual y reproductiva, cumplan con las normas internacionales de derechos humanos y proporcionen acceso no discriminatorio, sobre todo a niños, adolescentes, mujeres y migrantes.

Trabajaremos para profundizar la comprensión de las repercusiones de la discriminación en el derecho a la salud, inclusive mediante el control de los entornos de atención de salud, y brindaremos asesoramiento técnico sobre el derecho a la salud a personas que padecen marginación o discriminación. Intentaremos aumentar la conciencia entre los trabajadores de la salud de su papel como defensores de los derechos humanos y protegeremos a quienes defienden y promueven esos derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Promoveremos y apoyaremos la protección de los derechos humanos relacionados con la salud durante las acciones para prevenir o responder a conflictos, epidemias, desastres naturales y otras crisis, y ayudaremos a los actores humanitarios a aplicar el enfoque de derechos en la salud en tales situaciones.

Las políticas y los planes medioambientales y climáticos respeten, protejan y acaten cada vez mejor los derechos humanos, y garanticen a los afectados el acceso a la información, la toma de decisiones, la participación pública y la reparación.

Colaboraremos con aliados para integrar los derechos humanos en la legislación y las políticas medioambientales, y presionaremos para que se incluya a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones relativas al medio ambiente, el acceso a la información y las reparaciones eficaces para las víctimas. Ayudaremos a los mecanismos de derechos humanos a hacer frente a cuestiones medioambientales; abogaremos por los defensores del medio ambiente y apoyaremos las acciones realizadas por el sistema de las Naciones Unidas para protegerlos, y realizaremos investigaciones y promoción para abordar los daños ocasionados por la degradación medioambiental, en particular a los grupos en situaciones vulnerables.

Las evaluaciones de los derechos humanos y los análisis de impacto mitiguen, prevengan o corrijan los efectos negativos de las políticas y los proyectos económicos, comerciales y de desarrollo.

Alentaremos y ayudaremos a los Estados y aliados a aplicar evaluaciones de derechos humanos y análisis de impacto a las políticas comerciales y de inversión, la gestión de riesgos medioambientales y sociales, y la financiación del desarrollo. Ayudaremos a establecer y mantener políticas de salvaguardias y mecanismos de rendición de cuentas independientes para las instituciones de financiamiento del desarrollo y apoyaremos a las poblaciones afectadas por ellas. Seguiremos prestando apoyo técnico a los mecanismos de derechos humanos para las metodologías, incluida la redacción de los Principios rectores sobre evaluaciones de impacto de las políticas de reforma económica sobre derechos humanos.

Los Estados integren los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo y las conclusiones de los mecanismos de derechos humanos, al aplicar los objetivos de desarrollo sostenible y otras acciones para el desarrollo y la erradicación de la pobreza, y que la ONU apoye estos propósitos, integrando los derechos humanos en su propio trabajo para el desarrollo.

Alentaremos y apoyaremos a los gobiernos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil a integrar los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, cuando apliquen, supervisen o examinen los ODS u otras acciones de desarrollo, y abogaremos por la integración de los derechos humanos en los procesos relativos a los ODS en foros intergubernamentales. Nos proponemos: promover una mayor participación de la sociedad civil en procesos relativos a los ODS; documentar y comunicar de qué manera la integración de los derechos humanos en el desarrollo reduce la pobreza y la desigualdad; trabajar para aumentar el compromiso de los líderes de la ONU con respecto a alinear las políticas de desarrollo con los derechos humanos y promover dicha alineación, y apuntalar los conocimientos sobre derechos humanos de los coordinadores residentes y los equipos de país de las Naciones Unidas en este ámbito, entre otras maneras, mediante la puesta en práctica del marco de la ONU sobre la igualdad y la no discriminación. Por último, brindaremos asesoramiento y apoyo al Grupo de Trabajo y al Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, e intentaremos ampliar el respaldo al derecho al desarrollo y su inclusión en los ODS y la labor de la ONU.

Las instituciones nacionales, asistidas por las comunidades, reúnan, desglosen y utilicen en forma sisttemática datos pertinentes para la promoción de los derechos humanos al aplicar y supervisar los ODS.

Trabajaremos para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales para reunir, analizar y desglosar datos para identificar a los rezagados, y promover la inclusión de grupos que sufren discriminación en la recopilación de datos. Produciremos lineamientos legales y prácticas sobre la recopilación de datos e indicadores relativos a los derechos humanos, que incluyan formas de gestionar el riesgo, e intentaremos mejorar la medición de las múltiples formas interseccionales de discriminación y desigualdad.

Ayudaremos al sistema estadístico internacional a incorporar los derechos humanos en sus normas y métodos, y en particular, en los marcos de desagregación de datos que miden los indicadores de derechos humanos e informan sobre ellos como parte de los informes sobre los avances de los ODS.

El trabajo en estos pilares cubre los componentes básicos de nuestro mandato, lo que permite la cobertura universal, aunque estratégica (dados los recursos limitados) de los derechos humanos en todos los países. Estos pilares temáticos son indivisibles e interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Cuatro grandes «transformaciones» en nuestro enfoque que podrán adaptar mejor nuestro trabajo al cambiante contexto externo.

Ellas nos ayudarán a centrarnos en las principales amenazas a los derechos y en las oportunidades clave para potenciar el apoyo y así mejorar la protección y promoción de los derechos. Las transformaciones que realizaremos en nuestros seis pilares son:

i.  Apoyar la prevención de conflictos, violencia e inseguridad.
ii. Proteger y ampliar los espacios cívicos.
iii. Apoyar y aumentar el alcance mundial de los derechos humanos.
iv. Cumplir con los derechos humanos en el contexto de las preocupaciones mundiales emergentes («cuestiones frontera en materia de derechos humanos»).

Estas «transformaciones» unirán todavía más nuestras acciones como una sola Oficina; impulsarán la coherencia, la escala y los efectos mensurables de los derechos humanos en un mundo incierto.

Nuestra labor se «centrará en las personas». Asimismo, en todo lo que hacemos, incluso cuando nos centramos en los derechos humanos de otros grupos poblacionales, prestaremos especial atención a los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. En apoyo del compromiso relativo a los derechos humanos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible («no dejar a nadie atrás»), destacaremos las preocupaciones sobre los derechos humanos de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, incluso en su calidad de defensores de derechos.