Retorno


Actualización mundial en la 42a sesión del Consejo de Derechos Humanos

Retorno

9 septiembre de 2019

Declaración de apertura de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Ginebra, 9 de septiembre de 2019

Distinguido Presidente del Consejo,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Un año ha transcurrido ya desde el inicio de mi mandato. No les voy a engañar: no ha sido tarea sencilla. Nos enfrentamos a problemas difíciles. No solo tenemos que hacer frente a los problemas tradicionales que afectan a los derechos humanos, sino también a un conjunto de nuevos retos, tales como las relaciones entre el novedoso contexto digital y la privacidad, o al tema del que les hablaré en breve, el cambio climático y su repercusión sobre los derechos de cada uno de nosotros.  

A lo largo de mi vida profesional he promovido la interacción y la colaboración, consciente de que la manera más eficaz de abordar estos asuntos es mediante las iniciativas conjuntas. El diálogo permanente que mi Oficina mantiene con todos ustedes es clave para velar por el progreso de los derechos humanos, tanto el plano nacional como en el mundial. 

En este último año, creo que hemos logrado avances importantes en pro de los derechos humanos y que estos logros han fortalecido a nuestras sociedades. Aún queda mucho por hacer y hay numerosos problemas y situaciones que reclaman la atención urgente de este Consejo. Cuento con ustedes para entre todos elaborar ideas, estrategias y soluciones sólidas que nos permitan abordar estos desafíos, entre los que figura una amenaza mundial a los derechos humanos que aumenta con rapidez: el cambio climático.  

El cambio climático es una realidad que afecta actualmente a todas las regiones del planeta. Los niveles previstos de calentamiento mundial podrían tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Las tormentas van en aumento y las mareas podrían inundar completamente a algunos Estados insulares y ciudades costeras. Los incendios devastan nuestros bosques y el hielo se está derritiendo. Estamos quemando nuestro futuro, en términos literales.  

La emergencia climática impulsa ya un rápido aumento del hambre en el mundo, fenómeno que, según la FAO, ha crecido este año por primera vez en una década. La OMS calcula que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales cada año, tan solo como resultado de la desnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés generado por el calor. En muchos países, los fenómenos meteorológicos caóticos y otras manifestaciones de nuestra emergencia medioambiental ya están borrando algunos avances importantes que se habían obtenido en materia de desarrollo, al agravar los conflictos, el desarraigo y las tensiones sociales, dificultar el crecimiento económico y generar un aumento notable de las peores desigualdades. 

El mundo no había conocido nunca una amenaza a los derechos humanos de esta magnitud. En esta situación, ningún país, ninguna institución ningún responsable político puede permanecer al margen del problema. Las economías de todas las naciones, la urdimbre institucional, política, social y cultural de todos los Estados y los derechos de todos los pueblos --y de las generaciones venideras-- padecerán sus repercusiones.   

Excelencias:

El plazo para reaccionar con eficacia quizá se esté agotando, pero todavía estamos a tiempo de actuar. Vivimos en una época de tremendas innovaciones. Aplicar enfoques más sensatos al uso de nuestros recursos naturales y renovables, elaborar políticas que protejan y empoderen a las comunidades marginadas e incluyan diversas iniciativas de protección social, y lograr que las empresas pongan en marcha estrategias a lo largo de su cadena de proveedores: estas medidas pueden ser positivas para el medio ambiente y además podrían fomentar la dignidad y los derechos de todos los seres humanos.    

Este Consejo ha reconocido que “las obligaciones, los criterios y los principios de derechos humanos tienen la capacidad de modular y fortalecer la elaboración de políticas a escala internacional, regional y nacional en el ámbito del cambio climático y de promover la coherencia de las políticas, la legitimidad y los resultados sostenibles”. 

Debemos poner en práctica esa poderosa declaración. Con miras a la acción, necesitamos sólidos compromisos nacionales que hagan hincapié en la participación de los defensores de derechos humanos que se ocupan del medio ambiente, los pueblos indígenas y las agrupaciones de la sociedad civil que representan a las comunidades que corren más riesgos, como también necesitamos el apoyo de los empresarios, las ciudades y otros interesados dinámicos.

Dentro de dos semanas, el Secretario General inaugurará en Nueva York una Cumbre sobre la Acción Climática, a fin de acelerar la marcha de las actividades relativas al cambio climático que llevan a cabo los Estados y la comunidad internacional.

En su condición de miembros del principal órgano intergubernamental de derechos humanos del mundo, pido a cada uno de sus Estados que contribuyan con las medidas más enérgicas posibles a prevenir el cambio climático y a promover la resiliencia y los derechos de sus ciudadanos para afrontar los daños medioambientales.

La acción climática eficaz exige la incorporación de quienes no están ni convencidos ni comprometidos a un esfuerzo común justo y auténticamente internacional. Los derechos humanos pueden contribuir a dinamizar este movimiento. En la actualidad, un mosaico muy dispar de normativas medioambientales y de derechos humanos se interpone entre las personas y el daño medioambiental, y muchos carecen de recurso eficaz ante los perjuicios que padecen.  

Es alentador comprobar el reconocimiento cada vez mayor que ha recibido el derecho a un medioambiente saludable y sostenible en más de 100 leyes nacionales y regionales, que definen las relaciones entre el entorno y los derechos humanos. Para cada uno de nosotros, un ambiente saludable es algo tan importante como los alimentos que comemos, el agua que bebemos o la libertad de pensamiento que tanto estimamos; todas las personas, en todos los lugares, deberían poder vivir en un medioambiente saludable y exigir responsabilidades a quienes se lo impidan. 

Señor Presidente:

Este Consejo debe desempeñar una función decisiva para contribuir a la acción climática, tanto en relación con los medios existentes como en lo tocante a los métodos innovadores. En mi opinión, hay cinco puntos esenciales que deberían orientar nuestra acción en lo relativo al clima.

Primer punto: El cambio climático socava los derechos, el desarrollo y la paz.

El Secretario General ha señalado que en las seis últimas décadas el 40 por ciento de las guerras civiles ha estado vinculado con el deterioro del medio ambiente. Aunque abundan los ejemplos al respecto, quisiera examinar aquí la situación de los países del Sahel. Tal como ha explicado el Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre el Sahel, esta es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, con una previsión de aumentos de temperatura hasta de 1,5 veces superiores al promedio mundial. 

La desertización repercute considerablemente en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. El deterioro de la tierra cultivable en toda la región del Sahel recrudece la competencia por recursos que ya son escasos y genera choques frecuentes entre pastores y agricultores, lo que a su vez alimenta las tensiones étnicas. La lentitud del desarrollo y el aumento de la pobreza dejan a los jóvenes expuestos a la explotación de los grupos extremistas y terroristas y fomentan la violencia –incluidos los ataques contra las escuelas-, el desplazamiento de población y la inestabilidad política.

En mayo de este año, los Coordinadores Residentes y Humanitarios de las Naciones Unidas para Burkina Faso, Malí y Níger advirtieron de que el extremismo violento, el grave aumento de los desplazamientos en los últimos 12 meses y la escasez de alimentos causada por una sequía severa ponían en peligro el futuro “de toda una generación”. Asimismo, los coordinadores señalaron que la creciente inestabilidad podría extenderse a otros países de la región. 

Es digna de encomio la iniciativa de los países del Grupo G5 del Sahel de crear una fuerza antiterrorista conjunta y su compromiso de velar por que las actividades de esta fuerza cumplan con las normas de derechos humanos. Pero a fin de abordar las causas profundas de la situación actual será preciso realizar una inversión considerable con miras a reducir los peligros que amenazan al medio ambiente, ofrecer oportunidades reales a los jóvenes y hacer frente a la desigualdad.

La región del Sahel posee recursos naturales en abundancia, así como un potencial de fuentes de energía renovables y una población joven y resiliente, compuesta por hombres y mujeres que tienen derecho a vivir en paz y dignamente. Se trata de una zona estratégica donde la comunidad internacional puede y debe aplicar soluciones que ayuden a atenuar una crisis que se agrava y a prestar asistencia a los países de la región, para que puedan emprender un camino de desarrollo sano y sostenible. 

Señor Presidente:

Mi segundo punto: La acción climática eficaz requiere una participación amplia y significativa. 

Las medidas eficaces de adaptación al cambio climático serán las que empoderen a las mujeres, a los pueblos indígenas y a otras personas que viven en zonas vulnerables, que a menudo son miembros de comunidades marginadas y discriminadas. Este empoderamiento requiere que los gobiernos reconozcan los factores estructurales que agravan la vulnerabilidad climática de esas comunidades, recaben su participación en la búsqueda de soluciones y dediquen recursos a la defensa de sus derechos, entre otros un acceso más amplio y equitativo a la protección social y una transición justa hacia empleos más favorables al medio ambiente. 

Numerosas pruebas indican que los desastres naturales afectan desproporcionadamente a las mujeres --especialmente a las mujeres con discapacidad--. La exclusión de la mitad de la sociedad, a la que se impide ayudar con eficacia en la formulación de las políticas medioambientales, reduce la idoneidad de esas políticas para responder a los daños causados y proteger a las comunidades, e incluso puede redoblar la intensidad de los perjuicios.   

Hace 12 años, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se reconoció “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Pero, tal como el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas (EMRIP) informará este mes al Consejo, la destrucción del medio ambiente expulsa cada vez más a esas comunidades de sus tierras. No obstante, es gracias a los conocimientos y el liderazgo ancestrales de los pueblos indígenas que muchos de los bosques y otros recursos de la humanidad todavía subsisten. 

Esos conocimientos son hoy más necesarios que nunca. Entre los ámbitos en que los conocimientos de los pueblos indígenas podrían resultar esenciales para la acción climática cabe mencionar la gestión tradicional de los incendios, los sistemas de alerta climática temprana, la recolección del agua de lluvia, las técnicas agrícolas tradicionales y la gestión de las costas. Es fundamental que se protejan los derechos de todos los pueblos indígenas, comprendido su derecho a participar libre y plenamente en la formulación de las decisiones políticas. 

Quiero encomiar aquí el compromiso contraído por Canadá de financiar un Punto Focal de la Secretaría de los Pueblos Indígenas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que apoyará a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas creada por la Convención. Canadá también ha incorporado a representantes de los pueblos indígenas en sus delegaciones a las conferencias de las partes. Estas son medidas positivas y quiero instar a todos los Estados a que garanticen la participación plena, significativa y eficaz de los todos los pueblos indígenas en todos los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente.

En Colombia, desde 2014, mi Oficina ha venido asistiendo a los pueblos indígenas y las comunidades de afrodescendientes a fin de crear protocolos que establezcan requisitos para las consultas. En varios casos, esta labor ha contribuido al diálogo y los acuerdos con las autoridades. Por ejemplo, el Protocolo de los pueblos indígenas arahuacos, completado en 2017, trata de garantizar la gestión sostenible y respetuosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, un ecosistema estratégico, donde brotan las aguas de la región. En la actualidad, un decreto gubernamental preserva este ecosistema y garantiza los lugares sagrados de la comunidad indígena. 

Me inquieta mucho la drástica aceleración de la deforestación de la Amazonia. Los incendios que estos días devastan el bosque tropical pueden tener repercusiones catastróficas para la humanidad en conjunto, pero quienes sufren los peores efectos son las mujeres, los hombres y los niños que viven en esa región, muchos de ellos miembros de comunidades indígenas. Quizá nunca lleguemos a saber el precio, en vidas humanas y destrucción de riquezas naturales, que el fuego ha causado durante las últimas semanas en BoliviaParaguay y Brasil. Exhorto a las autoridades de esos países a que garanticen la aplicación de políticas medioambientales de larga data y sistemas de incentivos para la gestión sostenible, de modo que sea posible evitar nuevas tragedias. 

En el mundo entero mi Oficina ha hallado casos en los cuales algunos proyectos de desarrollo, tales como grandes plantas hidroeléctricas y plantaciones de cultivos usados para obtener biocombustibles, han sido auspiciados por instituciones financieras en nombre de la acción climática, pero en realidad han dañado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluso de las mujeres. Insto a las instituciones financieras y dedesarrollo --comprendidos los mecanismos creados en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París-- a que establezcan salvaguardas en materia de derechos humanos, en torno a un núcleo compuesto por la participación, el acceso a la información, la justicia y los remedios jurídicos. 

Señor Presidente:

Punto tres: Debemos proteger mejor a quienes defienden el medio ambiente.      

Los defensores del medio ambiente --incluso quienes defienden el derecho a la tierra de los pueblos indígenas-- realizan un gran servicio a sus países y también a la humanidad. La Oficina del ACNUDH y los Relatores Especiales han señalado ataques contra los activistas de derechos humanos que defienden el medio ambiente en casi todas las regiones, en particular en América Latina.
Me desanima mucho esa violencia, así como los ataques verbales contra jóvenes activistas, como Greta Thunberg y otros, que concitan apoyos para prevenir los daños que podrían infligirse a su generación. Las peticiones formuladas por los defensores y activistas del medio ambiente son convincentes y debemos respetarlos, proteger sus derechos y hacerlos valer. 

El mes pasado, la Oficina del ACNUDH suscribió una alianza reforzada con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre otros aspectos, este marco incluye un aumento de nuestra colaboración con miras a proteger a los defensores de derechos humanos que obran por el medio ambiente en las sedes de organizaciones y sobre el terreno, en países específicos y oficinas regionales. Esta iniciativa conjunta garantizará nuestra colaboración en el marco del sistema de las Naciones Unidas con miras a velar por la consistencia y coherencia de las actividades medioambientales y de derechos humanos, y redoblará nuestro apoyo a la aplicación a escala nacional de las políticas medioambientales basadas en los derechos humanos, incluso mediante la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos. 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe --conocido como Acuerdode Escazú-- también ofrece esperanzas de cambio. El objetivo del acuerdo es garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente saludable y al desarrollo sostenible. El pacto contiene cláusulas específicas y vinculantes sobre la protección de los defensores del medio ambiente y además garantiza los derechos a la información medioambiental, la participación pública en la toma de decisiones relativas al medio ambiente y el acceso a la justicia en este ámbito. Insto a todos los Estados de la región --incluso a los 15 que ya han suscrito el acuerdo-- a que procedan con celeridad a ratificar y aplicar este documento. Asimismo pido a otros Estados y otras regiones a que consideren la posibilidad de elaborar compromisos similares.

También estamos asociados a la Universidad del Pacífico Sur, que tiene 14 recintos en las islas del Pacífico Sur, para promover el apoyo a los defensores de derechos humanos que trabajan en pro del medio ambiente y que retan a empresas y gobiernos a dar más prioridad a las cuestiones medioambientales. Hemos respaldado a los defensores de derechos humanos de la región en la creación de una red de coordinación y apoyo mutuo.

Señor Presidente:

Mi cuarto punto: Los más perjudicados están en la vanguardia.

Las pequeñas naciones insulares figuran entre las más perjudicadas por los efectos catastróficos del cambio climático, aunque contribuyen muy poco a las causas del problema. La semana pasada, otro huracán devastador asoló Bahamas, provocó una terrible pérdida de vidas humanas y destruyó gran parte de los réditos del desarrollo. Este ciclón, que adquirió una fuerza sin precedentes sobre las aguas del océano, recalentadas por el cambio climático, se convirtió en uno de los huracanes más poderosos que haya azotado las riberas del Atlántico. 

La mayoría de la población del Caribe vive en zonas costeras y varios Estados caribeños, entre otros Bahamas y Dominica, han aplicado políticas orientadas a mejorar la resiliencia climática y las medidas de atenuación. Pero, según un estudio realizado por la CEPAL en 2011, el aumento del nivel del océano podría sumergir del 10 al 12 por ciento del territorio de Bahamas de aquí a 2050, lo que sería una pérdida catastrófica para la humanidad. Y la realidad es que los Estados insulares no pueden actuar por sí solos para solucionar un problema que no han provocado.

Los Estados del Pacífico Sur han venido encabezando la campaña mundial en pro de la acción y la justicia climática. Nuestras oficinas en la región reciben casi a diario pruebas de la repercusión del cambio climático sobre los derechos de las comunidades al agua y el saneamiento, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda adecuada, y el consiguiente desplazamiento de la población. Exhorto a la comunidad internacional a que aumente la provisión de recursos y apoyo técnico a los países del Sur del Pacífico y a los pequeños Estados insulares, para las tareas de atenuación, adaptación y prevención. 

En consonancia con los debates realizados en la reunión regional sobre derechos humanos y cambio climático celebrada el mes pasado, seguiremos trabajando con los gobiernos de las islas del Pacífico para ayudarlos a incorporar los derechos humanos en toda la agenda del cambio climático. 

Señor Presidente:

Lo anterior me lleva al punto cinco: Las empresas serán decisivas para la acción climática

A fin de evitar daños futuros causados por el clima y garantizar la justicia climática, las empresas deben formar parte de la solución. La Iniciativa para cuidar el medio ambiente, que opera en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el PNUMA, congrega a más de 400 empresas del mundo entero que se han comprometido a tomar medidas para hacer frente a la crisis climática. Sus contribuciones a las economías “verde” y “azul” serán fundamentales para la consecución del desarrollo sostenible.

Asimismo he recibido con beneplácito los compromisos de varios países americanos de elaborar planes nacionales de acción sobre las empresas y los derechos humanos, que hacen hincapié en la necesidad de recabar la participación significativa de los pueblos indígenas y de consultarles sobre el tema.

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, con arreglo a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación expresa de regular a las empresas de manera eficaz, a fin de evitar vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, en muchos países los gobiernos apoyan y subsidian a la industria de los combustibles fósiles, lo que amenaza la realización de los objetivos medioambientales. Recuerdo a todos los Estados la necesidad de aplicar políticas coherentes, tanto en la esfera nacional como en la internacional, para abordar las repercusiones del cambio climático sobre los derechos humanos, incluso en lo relativo a las actividades empresariales.   

En la actualidad, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Filipinas lleva a cabo una investigación para determinar las responsabilidades en materia de derechos humanos de las 47 empresas que generan de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial. Las conclusiones de la investigación, que ha suscitado una atención considerable hacia la responsabilidad de las empresas en los efectos nocivos sobre los derechos humanos que causa el cambio climático, se darán a conocer a finales del año en curso. La mayor supervisión del cumplimiento de las obligaciones empresariales en lo relativo a los derechos humanos que realizan entidades como el Consejo de Ética del Fondo de Pensionesde Noruega está generando una conciencia más aguda de sus limitaciones y de su responsabilidad en la adopción urgente de medidas correctivas. 

Además, el mes pasado el Comité de Derechos Humanos dio a conocer una decisión histórica en el caso de Portillo Cáceres v. Paraguay,  un suceso en el que varias personas enfermaron, y una de ellas falleció, debido el uso ilimitado y no regulado de pesticidas. Es la primera vez que un órgano de tratado ha alcanzado la conclusión inequívoca de que un Estado no ha protegido a sus ciudadanos de los daños al medio ambiente y que esa omisión puede violar sus obligaciones en lo relativo al derecho a vivir y a disfrutar de la privacidad y la vida familiar. Esta importante decisión sienta un precedente al establecer que los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de realizar investigaciones similares en caso de daños medioambientales, de sancionar a los responsables y de proporcionar reparación jurídica a las víctimas.   

Señor Presidente:

Quisiera señalar a la atención de este Consejo varias situaciones más que afectan a los derechos humanos. Durante el presente periodo de sesiones mi Oficina presentará informes específicos sobre la República Democrática del Congo, Gaza, Nicaragua, Ucrania, Venezuela y Yemen, por lo que no voy a hablar de esas situaciones en esta intervención. Pero sí quiero mencionar el acuerdo para el intercambio de prisioneros alcanzado entre Ucrania y la Federación de Rusia, que se puso en práctica el sábado y que devolvió la libertad a muchas personas cuya excarcelación mi Oficina había solicitado. Exhorto encarecidamente a todas las partes a que aprovechen este impulso y pongan fin al conflicto del este de Ucrania.  

Encomio a las partes en el conflicto de Sudán por haber firmado el 17 de agosto un acuerdo político y una Declaración Constitucional para facilitar la transición hacia un régimen civil y democrático. Este hecho es motivo de celebración. La Declaración Constitucional contiene numerosas referencias a los derechos humanos, en particular una Carta de Derechos y el compromiso de crear un comité nacional de investigación. Aplaudo también su compromiso explícito de “facilitar el trabajo en Sudán de la misión del ACNUDH”. Un representante de nuestra Oficina se encuentra actualmente en Jartum y esperamos que las negociaciones progresen hacia el establecimiento en ese país de una oficina del ACNUDH con plenos poderes. Estamos dispuestos a proporcionar asistencia técnica al nuevo gobierno, incluso en lo tocante a las reformas jurídicas esbozadas en la Declaración Constitucional y a la justicia de transición.

Un aspecto esencial del proceso será abordar los problemas relativos a la protección, así como apoyar a la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos en este empeño, incluso en Darfur, a medida que la UNAMID se vaya retirando de la zona.    

Me preocupa en grado sumo la situación de Zimbabwe, en particular las repercusiones de la crisis económica y la represión de los manifestantes y las agrupaciones de la sociedad civil. La hiperinflación ha generado un alza considerable de los precios del combustible, los alimentos, el transporte y los servicios de salud, con efectos drásticos sobre los marginados y la clase trabajadora. Insto al gobierno a que busque métodos constructivos para examinar conjuntamente con la población sus legítimas reclamaciones en lo relativo a la situación económica y a que ponga fin a la represión de los manifestantes pacíficos, con especial atención al uso excesivo de la fuerza. También me preocupan los informes cada vez más numerosos acerca de agresiones a defensores de derechos humanos y arrestos de esos activistas.   

En Tanzania, sigo preocupada por la reducción del ámbito cívico, tras la adopción en junio de leyes que limitan la actividad de las ONG. Por ejemplo, ahora las autoridades pueden supervisar y evaluar trimestralmente las actividades de cualquier ONG, con poderes discrecionales para suspender sus operaciones, en espera de una vista judicial. Asimismo me inquietan los informes recientes sobre arrestos y detenciones de periodistas que han investigado asuntos tales como las divisiones políticas en el partido de gobierno y el trato que reciben los detenidos en manos de la policía. He tomado nota del compromiso expresado por el gobierno en cuanto a frenar la corrupción y ampliar el acceso a la salud y la educación. Pero les recuerdo a las autoridades que los derechos a la libertad de información y expresión, -incluso a la libertad de crítica- así como el derecho de reunión pacífica, son elementos esenciales para alcanzar la buena gobernanza y el desarrollo sostenible.    

En cuanto a Burundi, los informes indican que sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y casos de detención, tortura y malos tratos, así como severas restricciones de las libertades de expresión y asociación.

Durante los debates posteriores a la decisión gubernamental de febrero de clausurar nuestra unidad en el país, las autoridades afirmaron que estaban en disposición de mantener un modo alternativo de colaboración con el ACNUDH. Una vez más reitero que estamos dispuestos a continuar las consultas con el gobierno, a fin de establecer nuevos canales de asociación, con miras a abordar los persistentes problemas de derechos humanos. 

Me han entristecido los terribles incidentes de violencia xenófoba ocurridos recientemente en Sudáfrica, de donde también hemos recibido informes continuos y graves acerca de asesinatos por motivos de género. Todas las personas de Sudáfrica, tanto ciudadanos como extranjeros, tienen derecho a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución del país y en el derecho internacional de los derechos humanos. He tomado nota y agradecido la reciente declaración al respecto formulada por el presidente sudafricano y exhorto a las autoridades a que procedan con rapidez para garantizar la protección de las víctimas y la exigencia de responsabilidades a los autores de delitos, a fin de detener la ola de crímenes.   

Señor Presidente:

Mi Oficina mantiene el diálogo bilateral con el gobierno de China. En cuanto a Hong Kong, aunque algunos de los manifestantes han actuado de manera pacífica y dentro de la ley, me han preocupado las escenas de creciente violencia ocurridas en algunas de las últimas protestas. Pido a los manifestantes que actúen de manera pacífica, de conformidad con las leyes vigentes. También insto a las autoridades a que sigan respondiendo con moderación a cualquier acto de violencia y eviten el uso excesivo de la fuerza. Exhorto a la Jefa del Ejecutivo a que tenga en cuenta las quejas de los manifestantes e insto a la población de Hong Kong a que aproveche esta oportunidad para entablar negociaciones pacíficas y constructivas con el poder ejecutivo.   

En lo relativo a Cachemira, mi Oficina sigue recibiendo informes sobre la situación de derechos humanos en ambos lados de la línea de control. Me preocupa en grado sumo la repercusión de las medidas aplicadas recientemente por el gobierno de la India que inciden sobre los derechos humanos de la población cachemir, entre otras las restricciones de las comunicaciones por Internet y del derecho de reunión pacífica, así como la detención de líderes políticos y activistas locales. Sigo instando a los gobiernos de la India y Pakistán a que velen por el respeto de los derechos humanos y la protección de los activistas, y he solicitado, especialmente a la India, que se atenúen las restricciones y los toques de queda en vigor, que se garantice el acceso de la población a los servicios básicos y que se respeten las garantías procesales en todos los casos de personas que han sido detenidas. Es importante que se consulte a la población de Cachemira y que esta participe en cualquier proceso de toma de decisiones que pueda repercutir sobre su futuro.     

El proceso de verificación del Registro Nacional de Ciudadanos realizado recientemente en el Estado de Assam, en el noreste de la India, ha generado gran incertidumbre y ansiedad, ya que 1,9 millones de personas quedaron excluidas de la lista final que se publicó el 31 de agosto. Pido al gobierno que respete las garantías procesales durante el procedimiento de apelación, a fin de evitar deportaciones o detenciones, y que garantice a las personas la protección contra la apatridia.  

En Myanmar, hace ahora dos años que las terribles vulneraciones perpetradas por el ejército, entre otras las masacres y violaciones sexuales, expulsaron del país a casi un millón de rohingyas. En la actualidad, el Estado de Rakhine se encuentra inmerso en otro conflicto, entre el denominado Ejército de Arakan y el Tatmadaw, lo que genera una nueva ola de violaciones de derechos humanos y desplazamiento de población. Esta situación afecta tanto a los rohingyas como a los miembros de la etnia rakhine, lo que dificultará aún más el regreso de los refugiados y desplazados internos. El aumento reciente de los combates en el Estado de Shan y los conflictos ya antiguos que perduran en el Estado de Kachin también causan desplazamientos y sufrimiento humano, y amenazan al proceso de paz. 

En este periodo de sesiones, el Consejo recibirá el informe final de la Misión de Determinación de los Hechos, a la que felicito por proporcionar al mundo una imagen nítida de la gravedad y la escala de las violaciones cometidas a lo largo y ancho de Myanmar. La necesidad de exigir responsabilidades es intensa y urgente, y me complace señalar que en agosto el Secretario General declaró operativo el Mecanismo independiente de investigaciónsobre Myanmar, establecido en virtud de la histórica resolución 39/2 de este Consejo. Al término de mi declaración, el jefe del Mecanismo les informará de las medidas que se han adoptado para promover la labor de la Misión de Determinación de los Hechos, mediante la compilación de casos con miras a su procesamiento penal.  

Insto al gobierno de Myanmar a que colabore con los mecanismos internacionales creados tanto para garantizar que se imparte justicia como para consolidar la transición democrática del país. Y he recibido con beneplácito la aprobación, en julio pasado, de la Ley del Niño, que adaptará la legislación de Myanmar a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y los convenios de la OIT.

En cuanto a Camboya, aunque reconozco que en la actualidad las autoridades colaboran con mi Oficina, sigo preocupada por las presiones que se ejercen continuamente sobre los miembros y simpatizantes del que fuera el mayor partido de oposición, disuelto a finales de 2017. Desde principios de este año, la policía o los tribunales han interrogado a más de 130 personas y al menos 22 miembros o simpatizantes de la oposición están detenidos o han sido condenados por diversos cargos delictivos, vinculados directa o indirectamente con sus opiniones políticas. Es menester que el derecho al desarrollo se apoye en la participación de todos en la adopción de decisiones, incluso de quienes ofrecen puntos de vista críticos, y yo insto al gobierno a que tome medidas para garantizar un diálogo genuino y el respeto de las libertades fundamentales.  

Seguimos monitoreando la situación de derechos humanos en Afganistán y el costo terrible que los conflictos armados infligen a la población civil, a medida que el país se dispone a celebrar este mes elecciones presidenciales. En julio, la UNAMA registró más de 1.500 víctimas civiles, la mayor cifra mensual desde que esta entidad inició el cómputo de bajas civiles en 2009. Conservo la esperanza de que las negociaciones de paz pongan fin a este brutal conflicto. Para que la paz sea duradera, es fundamental que el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos, en particular de las mujeres, figuren en el núcleo de cualquier acuerdo político.  

Señor Presidente:

En Siria, la escalada de actividades militares sigue afectando a la población civil, los servicios sanitarios y las escuelas, en particular en el sur de Idlib y el norte de Hama. Desde el inicio de la campaña actual, el 29 de abril, más de mil civiles han muerto, entre ellos 300 niños, a causa de los ataques aéreos de las fuerzas gubernamentales y sus aliados, pero también, aunque en menor número, de los ataques de grupos armados no estatales. Desde principios de mayo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado otros 600.000 desplazamientos. En lo que va de año, la Oficina ha constatado la destrucción parcial o total de 51 hospitales, clínicas y centros ambulatorios, con dos incidentes en los cuales la misma instalación fue bombardeada repetidamente, lo que causó víctimas adicionales entre los miembros de los equipos de rescate y de primeros auxilios. 

En el Territorio Palestino Ocupado, la ampliación constante de los asentamientos en la Ribera Occidental ocupada, que comprende a Jerusalén Este, es ilícita en virtud del derecho internacional y repercute gravemente sobre los derechos humanos de los palestinos. 

Me preocupan especialmente los altos niveles de violencia que generan los colonos y la incapacidad de Israel de proteger adecuadamente a los palestinos de esas agresiones o para llevar a los responsables ante los tribunales. La demolición de viviendas ha aumentado recientemente, con arreglo al marco israelí de planificación urbana, que discrimina severamente a los palestinos. En lo que va de año, al menos 481 personas han sido desplazadas como consecuencia de las demoliciones, cifra que ya supera a los 472 desplazados de todo el año 2018. La violencia de los colonos, las demoliciones y los desahucios contribuyen a fomentar una situación que fuerza a los palestinos a abandonar sus hogares. En ese contexto, observo también con preocupación los llamamientos recientes de funcionarios israelíes en pro de la anexión de toda la Ribera Occidental o de partes de ella. 

Sigo alarmada por los informes sobre ejecuciones y lesiones ilícitamente infligidas a palestinos por las fuerzas israelíes de seguridad en el conjunto de los territorios ocupados, unidas a la escasa exigencia de responsabilidades en casos de presunto uso excesivo de la fuerza. Además, mi Oficina sigue preocupada por el incremento de las medidas adoptadas contra defensores de derechos humanos, --entre otras la prohibición de viajar, las declaraciones e informes deslegitimadores, los interrogatorios, las detenciones y los malos tratos--.tanto por Israel como por la Autoridad Palestina y las autoridades de facto que gobiernan en Gaza, lo que ha acarreado una reducción adicional del ámbito de la sociedad civil. A lo largo de esta mañana presentaré un informe de actualización sobre la situación en Gaza, con arreglo a lo solicitado en la Resolución 40/13 de este Consejo.

En Argelia, en los últimos seis meses, han continuado las protestas multitudinarias y pacíficas en las que se pide un nuevo gobierno que sea más reactivo, transparente y responsable. Exhorto a los funcionarios a que consideren a estos manifestantes como socios en la construcción de sistemas participativos de adopción de decisiones, mediante un proceso de diálogo nacional que debería integrar a todos los sectores de la sociedad. 

Señor Presidente:

Me preocupan las políticas que se aplican actualmente en Estados Unidos, México y algunos países de América Central, que aumentan los riesgos que corren los migrantes de padecer vulneraciones y abusos de derechos humanos y que podrían violar los derechos de las personas más vulnerables. En particular, me alarma que los niños migrantes sigan detenidos en  centros, tanto de México como de Estados Unidos, lo que contraviene el interés superior de los menores, principio fundamental del derecho internacional.

Las familias que tratan de abandonar sus países de origen lo hacen motivadas por graves dificultades sociales y económicas, algunas de las cuales se derivan del cambio climático, la inseguridad, la corrupción y otros factores de vasto alcance. Las políticas y las prácticas orientadas a prevenir físicamente que los inmigrantes lleguen a su destino o que los devuelven sin las debidas garantías procesales, son, para decirlo claramente, medidas de rechazo. Ni estas medidas ni las denominadas “políticas de tolerancia cero” atenuarán las fuerzas que empujan a esas personas a dejar sus países de origen. Pero sí van a presionar a las familias desesperadas y las obligarán a buscar rutas más peligrosas, en las que pueden verse expuestas a la violencia física, el tráfico de seres humanos, la violencia sexual y otros delitos. 

En lo que va de año, al menos 35.000 solicitantes de asilo han sido rechazados hasta puntos de la frontera mexicana donde ahora esperan audiencias de inmigración. Las oficinas del ACNUDH en México, Guatemala y Honduras han documentado aumentos en las detenciones y deportaciones de migrantes. Asimismo hemos observado casos de separación familiar en un contexto de privación arbitraria de libertad, ausencia de evaluaciones individuales, denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Los acuerdos para “devolver” a estas personas a otros países no pueden considerarse lícitos con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y los principios de derecho que amparan a los refugiados no se están aplicando, incluidos el principio de no rechazo (non-refoulement), la necesidad de realizar evaluaciones individuales, el interés superior de los menores y las debidas garantías procesales. 

En Estados Unidos, una nación que se forjó sobre la inmigración, un conjunto de medidas recientes ha reducido notablemente la protección a las familias migrantes. Sigo profundamente preocupada por estas políticas, en particular por la continua separación de los niños migrantes de sus padres y por la perspectiva de una nueva norma que permitiría la detención indefinida de esos menores, simplemente sobre la base de su situación administrativa. Nada puede justificar que se inflija un trauma tan profundo a un niño. 

En el Mediterráneo, insto a que la Unión Europea y sus Estados Miembros lleven a cabo una acción más decidida y eficaz a fin de realizar operaciones de búsqueda y rescate y apoyar las labores de salvamento que realizan las ONG. También recomiendo encarecidamente a la UE que adopte un arreglo común, basado en los derechos humanos, que permita desembarcar a todas las personas rescatadas en el mar, un mecanismo que sea automático, funcione con rapidez, sea sostenible a largo plazo y refleje los compromisos internacionales y la solidaridad de todos los Estados Miembros de la UE. 

En los últimos meses, las medidas que han tomado algunos países europeos con el fin de penalizar, impedir o detener la labor de los barcos de salvamento humanitario y los aviones de reconocimiento --y la brusca reducción del número de navíos de búsqueda y rescate operados por Estados europeos-- han tenido consecuencias mortales para niños y adultos que buscaban seguridad. En julio, el ACNUR informó que más de 900 migrantes habían fallecido ahogados en el Mediterráneo y que un número aún mayor de muertes había ocurrido sin que se informara al respecto. Numerosos barcos han derivado en el Mediterráneo durante semanas, buscando un puerto que acogiera a los migrantes agotados y traumatizados que ellos habían rescatado. Un número no determinado de migrantes han sido interceptados por los guardacostas libios y devueltos a Libia, donde sus derechos y posiblemente sus vidas corren grave peligro.  

Me inquieta este mortal desprecio hacia personas desesperadas. Saludo a las organizaciones y los activistas de derechos humanos que siguen trabajando para defender los derechos de los migrantes en tan difíciles circunstancias. También quiero expresar mi apoyo a la labor coherente de tantas cortes y tribunales en toda la UE que siguen sosteniendo el derecho nacional e internacional, que estipula la necesidad de proteger a las personas que se desplazan, a pesar de las campañas de calumnias e incluso, en algunos casos, de las amenazas formuladas por algunos personajes políticos.   

También quiero recordar a todos los responsables políticos que el ADN de casi todos los seres humanos contiene aportes de otras personas de distintos orígenes y que lo mismo cabe decir de nuestro patrimonio cultural y nuestra prosperidad económica. Los Estados tienen derecho a decidir quiénes pueden entrar y permanecer en su territorio. Pero todas las medidas que atañen al control de la migración deberían aplicarse con pleno respeto a los derechos humanos de las personas interesadas. Esas personas no son distintas o en modo alguno menos valiosas o merecedoras de dignidad, que ustedes o yo.

Señor Presidente:

En Kazajstán, una ola de protestas pacíficas iniciadas en marzo ha obtenido por respuesta el arresto de 4.000 personas. Veo algunos signos positivos en el sentido de que los funcionarios aceptan un poco más las manifestaciones pacíficas y exhorto al Consejo Nacional de Confianza Pública, de nueva creación, a que integre a grupos de la sociedad civil que exigen más derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La detención permanente de presos, supuestamente por motivos políticos, y la prohibición de las reuniones de opositores no conducen a un diálogo auténtico y abierto. Insto a las autoridades a que reformen las leyes que se usan actualmente para acallar la disidencia, lo que incluye una definición demasiado amplia de discurso del odio y la calumnia, la criminalización del libelo, los permisos restrictivos para celebrar reuniones pacíficas y las normas restrictivas aplicables a las ONG, los sindicatos y las agrupaciones religiosas.  

También sigo preocupada por los numerosos arrestos y la extensa actividad policial que se llevan a cabo en la Federación de Rusia, donde las elecciones municipales efectuadas ayer en Moscú fueron precedidas de varias semanas de protestas, lo que condujo a la exclusión de varios candidatos de la oposición. Más de 2.500 personas fueron arrestadas en las manifestaciones de julio y agosto; al día de hoy, cinco de ellas han sido condenas a prisión y otras se enfrentan a cargos penales. Apoyo las peticiones formuladas por el Consejo Presidencial de Derechos Humanos para que se investiguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y exhorto a las autoridades a que defiendan la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos.   

Excelencias:

En los últimos decenios nuestros países han demostrado en múltiples ocasiones que son capaces de superar enormes problemas de derechos humanos. Algunos, yo entre ellos, hemos rechazado a las dictaduras y hemos forjado sistemas democráticos dinámicos. 

Otros muchos han empoderado a personas que se hallaban discriminadas y oprimidas --entre ellas, las mujeres-- para que sean capaces de tomar libremente decisiones fundamentales. Otros, en un plazo muy breve, han sacado de la pobreza a millones de personas y han facilitado su acceso a derechos sociales y económicos esenciales.  

Hoy hay muchos logros, arduamente ganados, que debemos defender y otras batallas nuevas que tenemos que encabezar. Pero aunque estas misiones sean difíciles, estoy convencida de que son realizables. Podemos poner fin al consumo de combustibles fósiles y tomar otras medidas para atenuar el cambio climático. Podemos desmontar la discriminación estructural y potenciar la justicia. Podemos contribuir a hacer realidad el derecho al desarrollo, operar mancomunadamente, tomar medidas para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales y, al hacerlo, fortalecer nuestras sociedades y construir un futuro mejor para todos.

Gracias, Sr. Presidente.



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