Retorno


Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

Retorno

12 febrero de 2021

Caracas (12 de febrero 2021), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, realizó una visita a la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero 2021. Agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela haber permitido y apoyado su visita al país. La visita tenía por objeto evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualesquiera otros pueblos afectados.

Las presentes observaciones son de carácter preliminar, el resultado de exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo será presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

La Relatora Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República, los Vicepresidentes a cargo del área económica, de Planificación, Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios Públicos, el Área Social, y los Ministros de Relaciones Exteriores, Sanidad, Educación, Planificación, Economía, Finanzas, Petróleo, Minas, Alimentación, de la Mujer e Igualdad de Género, Bloqueo, Vivienda, Obras Sociales, Ciencias, Tecnología, Transporte, Cultura y Pueblos Indígenas; los Jefes de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral; los presidentes de  Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central; líderes de diversos partidos políticos y representantes de los sindicatos, del sector privado, incluyendo el presidente de Fedecámaras, de la Conferencia Episcopal Venezolana,  de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como otros entes no gubernamentales venezolanos que trabajan en las áreas de salud, derechos humanos, protección de menores, mujeres y ancianos; personal médico y víctimas, profesores universitarios y maestros de escuela, así como investigadores independientes, víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.  

La Relatora Especial también se reunió con representantes del Equipo de País de las Naciones Unidas y miembros de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Cardiológico Infantil; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó reuniones con los directores de las compañías de servicios públicos (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad anexa al hospital central, uno de los centros provinciales de atención primaria inspirados en el modelo cubano, y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial desea expresar su agradecimiento a todos estos interlocutores que generosamente cedieron su tiempo y compartieron con ella información, análisis, experiencias e ideas para ayudarla a entender en tan breve tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial felicita al Gobierno por la cálida bienvenida y forma constructiva y cooperadora en la que facilitó su visita, lo cual permitió que se establecieran un diálogo franco y abierto. Expresó su agradecimiento en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores por su eficiente interacción con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas por su apoyo y orientación a todo lo largo de la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde el 2015, cuando introdujo sanciones específicamente dirigidas a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en el 2016 aduciendo que el Gobierno no estaba cooperando suficientemente con los esfuerzos antiterroristas.

Una ley de Estados Unidos en el 2014 llevó a la imposición de sanciones a funcionarios venezolanos acusados de, inter alia, reprimir las protestas violentamente, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y corrupción. En el 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenaza la seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

En el 2017, Estados Unidos denunció como ilegítima la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela e impuso sanciones al Gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a PDVSA, bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros de los Estados Unidos. En el 2018, después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos endureció las sanciones contra el gobierno, mencionando mala gestión económica, corrupción, represión de los opositores políticos y esfuerzos para socavar la democracia.

En enero del 2019, después de reconocer al recién electo Presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios gubernamentales claves, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también le dio a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y bienes del Gobierno venezolano en las cuentas bancarias en los Estados Unidos, incluyendo el dinero destinado a PDVSA proveniente de su unidad en ese país, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en el 2018 y el 2019 se dirigieron a los sectores del oro, minero, alimentario, de cripto moneda y bancario. En septiembre de 2020, los Estados Unidos impusieron sanciones a cinco miembros de la Asamblea Legislativa de oposición por estar supuestamente actuando “dentro de un amplio esquema para manipular las elecciones parlamentarias pautadas para el mes de diciembre de 2020. Desde el 2020, Estados Unidos ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de los tanqueros petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela y bloqueando los activos de Rosneft. Se ha informado de funcionarios de los Estados Unidos que han hecho amenazas no oficiales para impedir transacciones de empresas públicas de terceros países con Venezuela.

La Relatora Especial toma nota de la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos del 21 de enero de 2021 de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho Gobierno el día 2 de febrero de 2021 disminuyendo las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas un embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para la represión en el país, prohibición de exportación de tecnología y materiales destinados a la vigilancia o intercepción de las telecomunicaciones, y prohibición de viajar, y la congelación de activos de personas naturales cuyas acciones fueron consideradas por la UE como acciones que socavan la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Estas medidas fueron impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó que en el 2019 un banco portugués congeló $1.200 millones de fondos del Gobierno de Venezuela. Casi $2.000 millones en oro propiedad del Banco Central de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra están también congelados mientras se sigue un caso al respecto en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos acusados de represión, violaciones graves de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló los activos e impuso prohibición de viajes a funcionarios venezolanos. En el 2019, Colombia prohibió el ingreso a aproximadamente 200 venezolanos vinculados con el Gobierno. Panamá impuso, en el 2018, sanciones dirigidas a algunas personas naturales y jurídicas venezolanas por considerar que presentan un alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En el 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, una mayoría de los estados signatarios del Tratado de Río aprobó una resolución permitiendo sanciones selectivas, incluyendo congelación de activos, contra funcionarios venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y/o violaciones a los derechos humanos. 

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas extranjeras. Desde el año 2000, el Gobierno anunció la implementación de una amplia gama de proyectos sociales en las áreas de vivienda, educación alfabetización, alimentos, educación y computación y desarrollo comunal y muchos de estos programas fueron desarrollados sin costo alguno para el pueblo o fueron subsidiados por el Estado. La economía orientada a un solo producto ha sido muy dependiente de las ventas de petróleo y la mayoría de los productos, desde maquinarias hasta repuestos, alimentos y medicinas, se han importado principalmente de los Estados Unidos y Europa. La producción interna ha permanecido relativamente baja y no se cubrieron las necesidades del consumo interno. La declinación de la economía comenzó en el año 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores reportados que han afectado a la economía de Venezuela, se mencionan la mala gestión, corrupción y controles de precios por partes del Estado.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por los Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado los desafíos antes mencionados. Se ha reportado que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99% y, actualmente, el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y la complejidad de las transferencias bancarias o la prohibición de las mismas. Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional (1 USD = 1,8 - 1,9 millones de Bolívares). Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público cuyos empleados han pasado de ganar 150 - 500 USD en el año 2015 a 1 - 10 USD en el 2020 y un nivel creciente de pobreza. En 2018 - 2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas, levantó el control de precios y le permitió al sector privado reingresar a la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener la infraestructura y ejecutar los proyectos sociales. Hoy en día, Venezuela enfrenta una carencia en rubros muy necesarios, como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos de Venezuela congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan USD 6 mil millones. La compra de bienes y los pagos por parte de compañías públicas han sido bloqueados o congelados. El sector privado, organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y los ciudadanos venezolanos han reportado que los bancos extranjeros rechazan  o aceptan con reticencia la solicitud de abrir o mantener cuentas bancarias, incluyendo aquellas con bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; además han informado de dificultades para obtener visas o boletos aéreos; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países y el requerimiento de pagar costos adicionales por conceptos de seguro. El endurecimiento de las sanciones económicas y el cada vez mayor sobrecumplimiento de las normas trajo como consecuencia la adopción de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre del año 2020.

Se ha reportado que hoy en día, las líneas eléctricas trabajan a menos del 20 por ciento de su capacidad. Se estima que desde el 2015, el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones y se espera que para el año 2021, la población haya disminuido a 27 millones de habitantes. La mayoría de los servicios públicos han tenido una merma del 30 al 50 por ciento de su personal, incluyendo personas capacitadas (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, funcionarios policiales, etc.) lo cual ha traído como resultado desorganización interna, mayor carga de trabajo para el personal restante, servicios reducidos y una menor calidad de estos.

Se estima que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. No obstante, muchos hogares reportan cortes frecuentes debido a apagones eléctricos que afectan las bombas de agua y a la falta de mantenimiento de la infraestructura como consecuencia de la escasez de personal de mantenimiento calificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para asegurar que alcance para toda la población y la mayoría de los hogares solamente tiene acceso al agua una o dos veces por semana durante unas pocas horas.  Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua y hacerla potable se ha reducido en 30%.

Los impedimentos para la importación de alimentos que constituyen más del 50% del consumo han traído como consecuencia el crecimiento progresivo de la desnutrición en los últimos seis años y hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa. Los mecanismos de adaptación incluyen consumir menor número de comidas diarias (1 o 2, en lugar de 3); menos cantidad y calidad de los alimentos; descapitalización o venta de los activos del hogar para comer y reducción en gastos por concepto de salud, vestido y educación con el aumento correspondiente de crisis, tensiones, violencia y separación de las familias; mano de obra infantil; participación en la economía gris; actividades delictivas, incluyendo tráfico de drogas y personas; mano de obra forzada y migración. El programa de cajas de alimentos CLAP que comenzó como una iniciativa gubernamental en el año 2017 y llega a 6 millones de personas en todo el país, ha disminuido la diversidad de artículos.

Venezuela prácticamente depende en su totalidad de la importación de medicinas del extranjero, mientras que el estado ofrecía la mayoría de los servicios médicos públicos sin costo antes del 2016. Los impedimentos en la atención de salud incluyen la falta o insuficiencia severa de medicinas y vacunas; aumento de precios; cortes eléctricos a los equipos; escasez de agua y problemas sanitarios que afectan la higiene; una infraestructura  en decadencia debido a la falta de mantenimiento, ausencia de repuestos, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o la negativa a vender o entregar los mismos; condiciones de trabajo degradadas y falta de equipo de protección contra enfermedades infecciosas; pérdida del personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios y la interrupción de la construcción  de hospitales y centros de salud de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil en Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010 - 2014 se pasó a 162 en 2020). Los cargos de personal médico en hospitales públicos están vacantes en un 50 - 70%. Actualmente, sólo funciona el 20% del equipamiento médico. El país enfrento una severa escasez de vacunas contra sarampión, fiebre amarilla y malaria en 2017-2018. Según informes, la falta de pruebas y tratamiento para el VIH provocó el aumento severo de la tasa de mortalidad entre 2017 - 2018. El desvío de los activos de CITGO, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, impidió el trasplante de hígado o médula ósea a 53 niños venezolanos; según se reportó, esos trasplantes se realizaban en Italia y Argentina antes del año 2016, a expensas del Estado. La Relatora Especial también observó el crecimiento de la mortalidad materna y neonatal desde el año 2013, con una ligera mejora en 2019 cuando se activó la cooperación humanitaria de UNICEF, la OPS, la Iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos negativos de la crisis son el tema creciente del embarazo adolescente que ha estado aumentando a nivel de crisis en niñas de 12 - 13 años cuyos embarazos se dan en medio de la falta de acceso a la información y el uso de anticonceptivos, así como un aumento de VIH/SIDA debido a relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria ha enfrentado una disminución grave del apoyo gubernamental desde el 2016, incluyendo el cese o reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, morrales y artículos de oficina y la reducción del número de comidas diarias ofrecidas en la escuela (de 2 a 1), la disminución de la cantidad y diversidad de alimentos o la cancelación absoluta del programa. La falta de disponibilidad de los recursos financieros y la reticencia de las compañías extranjeras a comerciar con las instituciones públicas y, con frecuencia, privadas de Venezuela ha traído como resultado la suspensión del Programa Canaima que comenzó en el 2015 con el objetivo de ensamblar computadoras portátiles compactas para fines educativos que, según informes, distribuyó 6,5 millones de computadoras al sistema escolar sin ningún costo. En el 2019, un incidente técnico dejó fuera de servicio al satélite público de Venezuela, disminuyendo de forma significativa la cobertura de Internet en el país y haciendo casi imposible el aprendizaje a distancia durante la pandemia.

En vista de las crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano en cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, OPS, otras agencias internacionales, así como la Iglesia, el sector privado y ONG humanitarias han proporcionado ayuda humanitaria, facilitando una ligera reconstrucción del sistema hídrico y suministrando vacunas, medicinas, pruebas, reactivos y suministros escolares, además de alimentos. Sin embargo, los intentos por liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para comprar medicinas, vacunas, equipos de protección personal y equipos médicos a través de PNUD y la OPS, en el 2020, fueron infructuosos. No se han liberado los fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los agentes humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales involucrados en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

La Relatora Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como motivo para introducir sanciones a Venezuela, y prorrogado en repetidas ocasiones, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza a la vida de la nación, la restricción de las medidas solo a las exigencias de la situación, la duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya una infracción penal, como se menciona en la comunicación de los expertos del Mecanismo de Expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

La Relatora Especial subraya que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas. El propósito anunciado en la campaña de «máxima presión» para cambiar el Gobierno de Venezuela, viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta sus relaciones regionales.

Al referirse a las normas acostumbradas de inmunidad de la propiedad del estado, la Relatora Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno o persona natural alguna del mismo. Por lo tanto, la congelación de activos del Banco Central de Venezuela bajo la premisa del no reconocimiento de su Gobierno, así como la adopción de las respectivas sanciones viola los derechos soberanos del país e impide a su gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial enfatiza que la inclusión en la lista de funcionarios estatales ex officio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye delito penal, les niega a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales y otras instituciones internacionales y socava el principio de igualdad soberana de los estados. También observa que las negativas repetidas de los bancos en los Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar los activos de Venezuela, aun cuando sea para comprar medicinas, vacunas y equipo de protección, bajo control de organizaciones internacionales, viola el principio anteriormente citado e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia por COVID-19.

La Relatora Especial demuestra preocupación por el hecho de que las sanciones selectivas unilaterales, en su forma actual, violan, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan, en su mayor parte, crímenes internacionales ni se ajusten a los fundamentos de la jurisdicción penal universal-, al tiempo que  toma nota de la presentación a la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

La Relatora Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a los ciudadanos y empresas de terceros países por su cooperación con las autoridades públicas, los ciudadanos y las empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros países, no está justificada en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de sobrecumplimiento de las sanciones.  La Relatora Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a las empresas privadas y a los donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto sobre el disfrute de los derechos humanos:

La Relatora Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y apoyar los programas sociales, lo cual ha tenido un efecto devastador en toda la población venezolana y, en especial, en aquellos que están en situación de pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados o pacientes con enfermedades crónicas o que amenazan la vida, así como la población indígena.

La Relatora Especial subraya que las excepciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipo y maquinaria necesarios para mantener y restaurar la economía y los servicios públicos.

A la Relatora Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las amenazas reportadas de nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento con las sanciones existentes, impida que el Gobierno de Venezuela, su sector público y las compañías privadas adquieran la maquinaria, repuestos, medicinas, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales, incluso aquellos que tienen licencias emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos; esto también ha traído como consecuencia un número cada vez mayor de negación de transferencias bancarias, la extensión de los períodos de transferencia (de 2 a 45 días), mayores costos de despacho, aseguramiento y transacciones bancarias, así como el aumento reportado de precios para todos los bienes (especialmente los importados).

La Relatora Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios, bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha tenido como resultado la imposibilidad de adquirir equipo médico y tecnológico, reactivos y repuestos para la reparación  y mantenimiento de los sistemas eléctrico, de gas, agua, transporte público, teléfonos y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas socavando, así, el disfrute de muchos derechos humanos, incluyendo el derecho a una vida decente.

A pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario en Venezuela, el salario medio del sector público es de US $2-3 al mes, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria básica y hace a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social del Gobierno a través del CLAP (comida), transferencias de dinero regulares por la “Carnet de la Patria”, numerosos subsidios para los empleados públicos, así como ayuda humanitaria extranjera.

La Relatora Especial toma nota de que esto incrementa el índice de migración, facilita la participación de las personas en la economía gris, lo que afecta en primer lugar a los especialistas de alto nivel del sector público, entre ellos médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, funcionarios policiales, jueces, técnicos y muchos otros, pues viola sus derechos económicos incluyendo el derecho al trabajo, trabajo decente, seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. Entre un 1/3 y 1/2 del número de puestos de personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos se ha indicado que están vacantes. La migración masiva, a falta de transporte costeable pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. El acceso a los alimentos, medicinas y asistencia médica para los migrantes venezolanos, la imposibilidad de obtener documentos de identificación para los niños nacidos en el exterior, la separación de las familias y la falta del cuidado adecuado para los niños que dejan con sus abuelos en Venezuela son algunos de los muchos problemas reportados.

La Relatora Especial  también expresa preocupación porque la falta de doctores y enfermeras y de las suficientes medicinas, equipos médicos, repuestos, actualizaciones de software, vacunas, pruebas de laboratorio, reactivos y anticonceptivos cubiertos inicialmente en gran medida por el Gobierno trae como consecuencia la violación del derecho al estado de salud más elevado alcanzable; lo que aumenta las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil y de mortalidad por enfermedades graves (oncológicas, VIH, hemofilia, síndrome de Guillain-Barré, cardiopatías y muchas otras); el deterioro de las condiciones de vida de las personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas, y más embarazos de en edad adolescente. La falta de recursos, incluyendo los activos congelados, para comprar vacunas y apoyar los programas de planificación familiar ha traído como resultado brotes de malaria, sarampión, fiebre amarilla e infecciones oportunistas.

La Relatora Especial expresa preocupación porque la falta de gasolina, con su consiguiente aumento en los precios del transporte, viola el derecho a la libertad de movimiento, impide el acceso a los hospitales, escuelas y otros servicios públicos, exacerba los retos para la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos - particularmente en áreas más remotas del interior del país, afectando, inter alia, a los pueblos indígenas - y trae como resultado retrasos en los servicios públicos, tales como los de justicia penal y civil. La falta de combustible diésel reportada, combustible que se utiliza mayormente con fines agrícolas, industriales y de transporte, puede tener consecuencias dramáticas sobre la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de agravar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano, que ya está enfrentando un deterioro de la calidad y cantidad de alimentos y una mayor desnutrición, con el consiguiente incremento de los riesgos para la salud y la vida.

La Relatora Especial observa con preocupación que, debido a la imposibilidad de contar con nueva maquinaria, repuestos y personal competente, el pueblo venezolano tiene acceso limitado a la electricidad, lo que impide, inter alia, el funcionamiento de las bombas de agua y deriva en la violación del derecho al agua, incluyendo agua potable y agua para fines sanitarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de las consiguientes enfermedades.

La Relatora Especial subraya que los bajos salarios, la escasez o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y comidas en la escuela, que el Gobierno solía suministrar, los problemas de transporte, falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e Internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación. Las razones antes mencionadas, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos de internet con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión.  La reticencia de los socios extranjeros a cooperar con instituciones venezolanas, incluyendo las universidades, asociaciones deportivas y ONG, así como los impedimentos para realizar transferencias de dinero, dificultad para obtener visas, la negación de apertura de cuentas bancarias, o cierre de las mismas, a ciudadanos venezolanos o compañías públicas o privadas domiciliadas en Venezuela por temor a sanciones secundarias afectan el derecho a la educación, las libertades académicas, los derechos culturales e impiden la entrega de la ayuda humanitaria.

La Relatora Especial también siente preocupación porque la escasez de gasolina, que obliga a las personas a cocinar con leña, puede violar el derecho a un ambiente favorable. Acota que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno ha reportado la suspensión de todos los programas orientados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo los proyectos agrícolas y de salud, de protección ambiental, aumento de la alfabetización y conocimientos de la informática, de reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de los bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muy a menudo por sobrecumplimiento, trae como consecuencia la violación del derecho a la propiedad.  También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela afecta los derechos de ciudadanos de terceros países, en particular el caso de la terminación de contratos con compañías de terceros países, que conlleva el posible riesgo de afectar los derechos económicos y la propiedad de sus dueños y empleados; mientras la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (ej. ALBA) está afectando el derecho a ayuda humanitaria de los beneficiarios de los mismos más allá de las fronteras de Venezuela.

La Relatora Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, a las garantías procesales, a la libertad de movimiento, los derechos a la propiedad y a la buena reputación. Las sanciones a representantes de los grupos de oposición por participar en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones y a participar en los asuntos públicos. Si bien el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia Europeo, aunque no existen garantías procesales antes de que se tomen las decisiones sobre las sanciones, la Relatora Especial observa que no se garantiza el acceso a la justicia   en lo que respecta a las sanciones de los EE.UU., especialmente a la luz de los numerosos casos reportados de negativa por parte de abogados de los Estados Unidos de intentar casos ante la OFAC, debido a supuestas amenazas del Gobierno de los EE.UU. o al temor de sanciones hipotéticas.

La Relatora Especial concluye que las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, tanto del sector público como privado, dentro y fuera de su territorio; a ciudadanos de terceros países y empleados de las compañías de dichos países afectadas por sanciones secundarias o el temor a ser objeto de las mismas; a donantes y ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia brindada por organizaciones internacionales que tradicionalmente eran financiadas por Venezuela; siendo las personas de menores ingresos, las mujeres, niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves las que se ven más afectadas en lo que respecta a todo el ámbito de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

La Relatora Especial recibe con beneplácito lo informes de una mayor participación del Gobierno de Venezuela con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, OPS, otras agencias internacionales y la iglesia, y ONG humanitarias y del sector privado en la prestación de ayuda humanitaria, facilitación de la reconstrucción de los sistemas hídricos y el suministro de vacunas, medicinas, pruebas de laboratorio, reactivos, útiles escolares y alimentos, ayudando así alrededor de 4 millones de personas. La Relatora Especial, sin embargo, está preocupada por los informes de manejo inapropiado de la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y enjuiciamiento del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario, y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de las ONG internacionales

Recomendaciones de la Relatora Especial:

La Relatora Especial les recuerda a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de la ONU de acatar los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los estados y la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Las insta a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes y otras instituciones internacionales.

La Relatora Especial enfatiza que las consideraciones humanitarias deberán prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo se pueden imponer tomando en debida cuenta el estado de derecho, la ley de los derechos humanos, ley de los refugiados y la ley humanitaria; deben cumplir las obligaciones legales internacionales de los estados; y solo pueden ser aplicadas en el curso de contramedidas de carácter legal internacionalmente. La Relatora Especial les recuerda que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral, pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.  

La Relatora Especial subraya la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los EE. UU. a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel que pudieran provocar una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

La Relatora Especial insta a todos los interlocutores (incluyendo a los estados, organizaciones internacionales, bancos, compañías del sector privado y la sociedad civil) a evitar toda coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera ocasionar o traer como consecuencia el sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo debida cuenta de la Guía de orientación publicada por la Relatora Especial en diciembre de 2020.

La Relatora Especial exhorta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, la ley de los derechos humanos, ley de los refugiados, para garantizar que los funcionarios del gobierno de Venezuela puedan representar al estado con base al principio de igualdad soberana de los estados y para garantizar el derecho de las personas objeto de dichas medidas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

La Relatora Especial insta a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y los bancos respectivos a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipos médicos y otros equipos, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados monitoreados por el PNUD y otras agencias de la ONU.

Mientras reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre todo el espectro de los derechos humanos, y en particular el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la Relatora Especial insta al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, a fortalecer la presencia de la OACNUDH en el terreno para monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y a organizar visitas de Procedimientos Especiales relevantes en el país.

La Relatora Especial exhorta al Gobierno de Venezuela, el PNUD, otras agencias de la ONU y la OACNUDH en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos de raza, género, nacionalidad, edad, creencia religiosa u opiniones políticas teniendo en debida cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial insta al Gobierno de Venezuela, a trabajar con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y la OACNUDH, a terminar de redactar una ley clara y no discriminatoria que permita y facilite el trabajo humanitario de las ONG nacionales e internacionales en Venezuela y a garantizar la seguridad e integridad del personal de las mismas. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir las normas de las actividades meramente humanitarias.



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