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Bachelet informa al Consejo de Derechos Humanos sobre cuestiones recientes de derechos humanos en más de 50 países

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26 febrero de 2021

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Distinguida Presidenta, le doy la bienvenida como representante del Pacífico y reconocemos la contribución excepcional del Pacífico y los Estados insulares a este Consejo

Excelencias,
Colegas y amigos, 

A los dirigentes de países se les pide que tomen decisiones complicadas en la turbulencia de los acontecimientos de hoy día. Abordar los diversos problemas de la COVID-19, en términos de políticas sanitarias, crisis económicas y déficits financieros repentinos, junto con la angustia creciente de las personas de distintas esferas, supone una tarea inmensa y compleja. Estoy convencida de que, desde mi propia experiencia y aprendiendo de las lecciones de la historia, la mejor forma de enfocar estos dilemas es implicar al público. El pueblo de un país, en su diversidad de opiniones, experiencias y necesidades, supone el recurso más importante y excelente de que dispone su dirigente.

La participación es un derecho, así como un medio que garantiza políticas mejores y más efectivas.  Cada sociedad, y cada dirigente, necesita involucrar a la población plena y significativamente, con vistas a ayudar a reparar daños, salvar brechas profundas y liderar el cambio que cumpla las expectativas. Las personas en todo el mundo manifiestan claramente su demanda legítima de desempeñar una función en la formulación de las políticas. Proceder según esa demanda es la única forma de generar confianza pública, y también es la mejor forma de dirigir políticas que se basen en las realidades vividas y estén mejor formuladas con una retroalimentación franca y constante.

Llamo su atención sobre la Nota orientativa de las Naciones Unidas sobre la protección y la promoción del espacio cívico*, que deja claro por qué mantener y ampliar las libertades cívicas resulta esencial para los esfuerzos acometidos por las Naciones Unidas en todos los pilares, incluidos el desarrollo y la paz. La COVID-19 ha demostrado, una vez más, lo urgente y vital que resulta esta labor para los estados, así como para las instituciones multilaterales. 

Precisamente en estos tiempos de crisis la participación ciudadana sólida, la rendición de cuentas oficial mediante instituciones de control y la libertad de prensa resultan más necesarias que nunca para elaborar políticas que puedan sortear las perturbaciones con mayor eficacia. Este es el momento de tener más transparencia, y no menos, más información, más debate público y deliberaciones en un espacio cívico más abierto e inclusivo y una gobernanza más receptiva, que promueva con más firmeza los derechos humanos.

Señora Presidenta, las situaciones en Afganistán, Bielorrusia, República Centroafricana, Colombia, Chipre, la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática del Congo, Eritrea, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Territorio Palestino Ocupado, Sri Lanka, Ucrania y Venezuela se debatirán en otros encuentros durante este periodo de sesiones.

Excelencias,

En la Federación de Rusia, lamento la entrada en vigor de nuevas disposiciones jurídicas el año pasado que limitan aún más las libertades fundamentales, entre ellas, los derechos garantizados constitucionalmente de libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica.   Las leyes restrictivas existentes se siguen aplicando con rigor, incluso durante manifestaciones recientes en todo el país.  En varias ocasiones, se ha grabado a la policía ejerciendo una fuerza innecesaria o desproporcionada contra numerosos manifestantes pacíficos y ésta ha efectuado miles de arrestos. Asimismo, observo con preocupación la extensión creciente de la definición "agente extranjero".

En Turquía, la recientemente aprobada Ley n.º 7262, con el objetivo declarado de evitar la financiación de armas de destrucción masiva, introduce más restricciones y control sobre las organizaciones de la sociedad civil. Su aplicación —junto con el proyecto de ley sobre redes sociales adoptado el pasado julio, y otra legislación restrictiva— podría aumentar aún más el uso de acusaciones de terrorismo formuladas con imprecisión como herramienta para ir contra y acallar a los considerados detractores. Las represalias contra las personas que buscan justicia y rendición de cuentas —incluso para las víctimas de desapariciones forzadas— están agravando el deterioro de la independencia judicial y del estado de derecho, y contribuyen a un entorno cívico cada vez más inseguro. Las represiones en las protestas estudiantiles subrayan la necesidad de reforzar el diálogo con muchos destinatarios. También me preocupan los asaltos y arrestos masivos de la semana pasada, incluso de miembros de la oposición, presuntamente por delitos de terrorismo. Toda operación contra el terrorismo debe cumplir con el derecho internacional de derechos humanos y no debe emplearse para atacar a la oposición.

En Kazajstán, me entristecen los recientes procesamientos administrativos de las ONG. Aunque las suspensiones se hayan revocado, las sanciones por presuntas imprecisiones en la tramitación de expedientes administrativos sobre financiación externa parecen desproporcionadas y encaminadas a obstruir su labor. Insto a las autoridades a modificar la legislación nacional y a eliminar estos requisitos de presentación de expedientes tan estrictos, que repercuten en el derecho a la libertad de asociación.

Acojo con agrado el cese de las hostilidades en la zona de conflicto de Nagorno Karabaj, que anunciaron los dirigentes de Azerbaiyán, Armenia y la Federación de Rusia en su declaración trilateral conjunta del 9 de noviembre. Solicito que se investiguen todas las presuntas violaciones graves del derecho internacional que se cometieron en Nagorno Karabaj y en sus alrededores. Es esencial velar por la rendición de cuentas de los responsables y resarcir a las víctimas. Valoro los procedimientos penales iniciados por Azerbaiyán sobre las actividades de cuatro miembros de las fuerzas armadas azerbayanas. Me permito recordar a todos los Estados que a las personas capturadas o detenidas se les debe conceder un trato humano y deben disfrutar de las protecciones del derecho internacional. Continúo solicitando acceso para mi Oficina.

Me preocupa que las medidas adoptadas por varios países europeos estén limitando la labor de organizaciones que protegen los derechos de los migrantes, y les prestan una asistencia vital. Una actualización reciente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha identificado unos 50 procedimientos administrativos o penales iniciados por Alemania, Grecia, Italia, Malta, los Países Bajos y España desde 2016, contra agentes humanitarios implicados en la búsqueda y rescate en el Mediterráneo. La mayoría ha sucedido en Italia y desde 2019. Tenemos entendido que en la actualidad solo hay cuatro buques humanitarios operativos en el Mediterráneo Central, mientras que a otros se les ha retenido o impedido operar, lo cual ha suscitado grave preocupación sobre la seguridad de las personas en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.  Mi Oficina ha manifestado reiteradamente su preocupación sobre esas medidas, así como sobre actos relacionados de intimidación, acoso, obstrucción o denegación de acceso.

En Hungría, el gobierno ha tipificado como delito la prestación de asistencia a los migrantes, así como la organización de vigilancia fronteriza, denegando así el acceso a la sociedad civil para supervisar los informes de devoluciones en caliente de carácter violento y otras violaciones graves de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE. Me preocupa sobremanera que la policía húngara haya realizado unas 5.000 devoluciones en caliente a Serbia solo en los últimos dos meses, contraviniendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Hungría, además de la legislación de la UE.

En Croacia, las autoridades han intentado obstaculizar el escrutinio público de las prácticas de migración con la denegación del acceso a la Defensora del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos, y con la desacreditación de sus informes. El mes pasado, las autoridades croatas impidieron a miembros del Parlamento Europeo visitar las zonas fronterizas con Bosnia y Herzegovina, en medio de denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos.

La sociedad civil y la vigilancia independiente resultan fundamentales para la salud de todas las sociedades. Animo a la Unión Europea y a los Estados miembro a que garanticen el revertimiento de esta tendencia de reducir el espacio cívico, y a que establezcan las protecciones adecuadas, incluso mediante el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo.

Señora Presidenta, 

La pandemia ha agudizado y cambiado nuestro punto de vista sobre lo que es valioso en la economía de cada país. La asistencia sanitaria, el cuidado de los niños y la protección social ahora se consideran instrumentos esenciales y efectivos, los cuales redundan en grandes beneficios a la hora de luchar contra unas dificultades económicas devastadoras. Y aun así, numerosos países de Asia y el Pacífico dedican menos del 2 por ciento del PIB a la protección social —en comparación con la media mundial del 11 por ciento— y grandes partes de la economía siguen siendo informales. Aliento la adopción de medidas en toda la región que logren unos sistemas de protección social más completos —incluso para los migrantes— como un componente básico de los planes de recuperación sobre una base saludable y sostenible.

En toda Asia Sudoriental, el espacio cívico se ha visto reducido significativamente. Este Consejo debatió sobre la situación alarmante de Myanmar a principios de este mes. En Camboya, Indonesia —incluso en la región de Papua—, Tailandia y Vietnam, las personas se han reunido de forma pacífica para pedir a los gobiernos que respeten los derechos y que apliquen los principios democráticos de rendición de cuentas, transparencia, participación y el estado de derecho. En respuesta, muchos activistas, defensores de derechos humanos, agentes medioambientales y periodistas han sido objeto de detenciones y arrestos arbitrarios, acoso y violencia, y se han enfrentado a acusaciones y sentencias penales altamente punitivas. En todos esos países, así como la República Democrática Popular Lao y Filipinas, también hemos documentado los arrestos y las detenciones de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, incluso en línea. La legislación restrictiva de las redes sociales y las prohibiciones formuladas con imprecisión de lo que se denomina “falsas noticias” se han venido empleando para acallar a las personas, incluidos los profesionales sanitarios y otras personas que informan de la COVID en sus hospitales y barrios.

Me preocupa particularmente la gran reducción del espacio cívico en Camboya, donde unas medidas legislativas y administrativas en aumento y desproporcionadas limitan los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, asociación e información, entre otros.

En Filipinas, estamos trabajando con numerosos socios para aplicar la resolución reciente de este Consejo. Se está ultimando un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y seguiré instando a la participación auténtica y significativa de todos los destinatarios posibles para que pueda ofrecer unos resultados efectivos.  El número elevado y continuo de asesinatos a manos de la policía siguen siendo motivo de preocupación.

En India, las incesantes protestas de cientos de miles de agricultores subrayan la importancia de garantizar que las leyes y las políticas se basen en consultas significativas de las personas afectadas. Confío en que los empeños actuales de diálogo por ambas partes lleven a una solución equitativa a esta crisis que respete los derechos de todos. Las acusaciones de sedición contra periodistas y activistas por informar o comentar sobre las protestas, así como los intentos de frenar la libertad de expresión en las redes sociales, son desviaciones alarmantes de los principios esenciales de derechos humanos. Me reconforta observar, en lo que respecta a la inclusión y a la participación, la experiencia reciente de mi oficina en un programa piloto en el estado de Kerala, en el cual funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes comunitarios han empleado tecnología innovadora que garantiza que sean escuchadas las voces de los marginados y los pobres, y que sean satisfechas sus necesidades en la respuesta a la pandemia.

Seguimos supervisando la situación en la zona de Cachemira administrada por la India, donde las restricciones a las comunicaciones y las represiones a los activistas de la sociedad civil siguen preocupando. Pese a la restauración reciente del acceso a 4G de la telefonía móvil, el bloqueo de las comunicaciones ha dificultado seriamente la participación cívica, así como los negocios, los medios de subsistencia, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria y a la información médica.  Los asaltos a los defensores de derechos humanos en octubre y noviembre ilustran las restricciones constantes a la sociedad civil, y ha repercutido consiguientemente en los derechos de la población de Cachemira a dar y recibir información, así como a participar en debates abiertos y libres sobre las políticas gubernamentales que les atañen. El acceso a Internet en la zona de Cachemira administrada por Pakistán también sigue siendo un problema grave y suscitó revueltas estudiantiles el año pasado.

En Pakistán, la situación desigual de las mujeres sigue provocando la denegación generalizada de sus derechos, desde la educación hasta el derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, una mortalidad maternal excesiva, pobreza y altos niveles de violencia y violencia sexual contra mujeres y niñas. El año pasado, la CEDAW encontró “estereotipos discriminatorios persistentes" y manifestó su preocupación por la prevalencia del matrimonio infantil y el matrimonio forzado, así como los denominados crímenes de “honor”.  Las mujeres de comunidades minoritarias religiosas son especialmente vulnerables a los matrimonios forzados acompañados de una conversión forzosa. Insto a Pakistán a apoyar y proteger a las defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en primera línea de los esfuerzos por promover el cambio jurídico y social. 

En China, se ha avanzado significativamente durante el último año en la reducción de la incidencia de la COVID 19 y su gran repercusión sobre el disfrute de una gran variedad de derechos humanos.   Al mismo tiempo, los derechos fundamentales y las libertades cívicas siguen sufriendo restricciones en nombre de la seguridad nacional y de la respuesta a la COVID-19. Los activistas, abogados y defensores de derechos humanos, así como algunos ciudadanos extranjeros, se enfrentan a acusaciones penales arbitrarias, detenciones o juicios injustos. Más de 600 personas están bajo investigación en la Región Administrativa Especial de Hong Kong por participar en varias formas de protestas —algunas conforme a la nueva Ley de seguridad nacional. La información de dominio público en la región autónoma de Xinjiang Uyghur indica la necesidad de realizar una evaluación independiente y completa de la situación de los derechos humanos. Mi Oficina sigue evaluando los presuntos patrones de violaciones de derechos humanos, incluidos los informes de detenciones arbitrarias, el maltrato y la violencia sexual en las instituciones, prácticas laborales perjudiciales y el deterioro de los derechos sociales y culturales. Confío en que encontraremos unos parámetros de mutuo acuerdo para mi visita a China en nuestro diálogo permanente.

Señora Presidenta, 

La repercusión de la COVID-19 se ha visto reforzada en todas las Américas por unos sistemas de seguridad social deficientes, una discriminación y desigualdades estructurales prolongadas —en especial las sufridas por los afrodescendientes y las poblaciones indígenas—, unas economías escasamente diversificadas y un número elevado de trabajadores informales. Datos recientes indican que una gran crisis socioeconómica y humanitaria parece perfilarse, con unas tasas de pobreza que podrían alcanzar el 37 % este año en América Latina y el Caribe. En líneas generales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la región se enfrente a una “década perdida”, tras la mayor contracción del PIB en la historia de la región.

En los últimos años, muchos países de América —entre ellos, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México Perú— han observado más movimientos de protesta social. Aunque cada caso es diferente, todos ellos se centran generalmente en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales, la discriminación, la impunidad y acusaciones de corrupción. Las manifestaciones se han encontrado con el uso excesivo de la fuerza en varios países. La crisis socioeconómica y humanitaria incipiente de la pandemia comporta una intensificación de este descontento y podría desencadenar una nueva oleada de malestar social. Aliento a todos los Estados a adoptar medidas que eviten un mayor deterioro de la situación, incluso por medio de garantías de una participación significativa y efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia. Asimismo, insto a todos los Estados a proteger los derechos de libertad, asociación y de reunión pacífica, así como a garantizar que las manifestaciones se gestionen en cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos.

En Brasil y otros países de la región del Amazonas y de Pantanal, la menor aplicación de leyes medioambientales durante la pandemia ha provocado un incremento de las actividades ilegales de minería y tala de árboles, con consecuencias especialmente perjudiciales para los pueblos indígenas. Conviene garantizar que estos territorios queden mejor protegidos de las industrias extractivas y la agricultura de monocultivo, incluso en la recuperación después de la pandemia. Me preocupan los ataques continuados a los activistas medioambientales, los defensores de derechos humanos y periodistas en toda la región, incluidos los asesinatos, así como el abuso del derecho penal para silenciar las voces críticas.

En varios Estados, los controles fronterizos cada vez más estrictos y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes están aumentando los riesgos para las personas en movimiento.  El descubrimiento de los cuerpos carbonizados de 19 personas el mes pasado —al menos 14 de ellas eran migrantes guatemaltecos, junto con los presuntos traficantes— cerca de la frontera de México con EE. UU. es un claro ejemplo. La militarización de la gestión fronteriza por parte de Ecuador, Perú y Chile resulta especialmente preocupante en el contexto del desplazamiento continuo y sin precedentes de venezolanos, con un saldo de 5,28 millones de personas que han abandonado o se han quedado fuera de su país este año. Estas cuestiones incluyen informes inquietantes de personas que están siendo expulsadas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad ni de sus necesidades de protección.

En los Estados Unidos de América, aplaudimos las nuevas medidas generales para atajar las desigualdades estructurales y el racismo sistémico. Entre ellas se encuentran medidas ejecutivas para redirigir políticas de vivienda federales racialmente discriminatorias, combatir la xenofobia y reiterar los compromisos para la soberanía tribal y la plena consulta de los pueblos indígenas. Los derechos sociales y económicos deben situarse en el centro de la respuesta a fin de abordar adecuadamente las desigualdades e injusticias sistémicas. Además, acogemos con agrado nuevas medidas para finalizar varias políticas de migración que violaban los derechos humanos de migrantes y refugiados, incluidas las órdenes ejecutivas para poner fin a la política de separación familiar. Aliento nuevas medidas para resolver las cuestiones pendientes, tales como la detención masiva de migrantes, por medio de la aplicación de alternativas a la detención.

En Haití, unos niveles elevados de inseguridad y pobreza, así como la controversia sobre la fecha final del mandato del Presidente, están contribuyendo al aumento alarmante de las tensiones sociales. Se ha constatado detenciones arbitrarias, además del uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas, y ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, así como abusos de pandillas a la población local. Los riesgos actuales de estancamiento ponen en peligro el estado de derecho y el espacio cívico y podría desestabilizar aún más al país. Exhorto a las autoridades a que garanticen la separación de poderes, y solicito a todas las partes que aborden sus diferencias por medios pacíficos, para evitar la reaparición de protestas civiles dilatadas y un mayor aumento de la violencia.

Señora Presidenta, 

Ha transcurrido una década desde que las revueltas árabes o la "Primavera Árabe" se extendieron por Oriente Medio y el Norte de África —un movimiento que inspiró a muchos por su espontaneidad, diversidad y llamamiento a la justicia social—.  Las demandas de cientos de miles de personas a los gobiernos para defender los derechos económicos y sociales, garantizar un reparto más equitativo de los beneficios del desarrollo, poner fin a las políticas represivas y a la corrupción y abrir los espacios democráticos resonaban por las calles de los países de todo el mundo. Sin embargo, diez años después, muchos países de la región siguen sufriendo desigualdades muy profundas. Las políticas represivas se han visto reforzadas en muchos casos y algunos de los logros valiosos obtenidos por los movimientos cívicos se están socavando. Pese a estos retrocesos, mantengo la postura optimista de que la justicia y los derechos humanos pueden ejercerse en Oriente Medio y el Norte de África, y de que el progreso en esta dirección garantizará un avance profundo y duradero para el desarrollo y la paz.

El sufrimiento terrible de la población de Siria también marca un aniversario sombrío. El próximo mes se cumplirán diez años desde que las manifestaciones se extendieron por partes del país. La represión violenta de las mismas por parte de las fuerzas gubernamentales entonces terminó en el conflicto armado mortífero de hoy con implicaciones regionales e internacionales. La violencia esporádica —incluidos los asesinatos selectivos, el uso de dispositivos explosivos improvisados y el bombardeo de artillería— prosigue. El gran deterioro económico, agravado por la repercusión de la COVID-19, sigue acrecentando la crisis humanitaria. Espero de veras que el Comité Constitucional logre progresos patentes, con las voces y los derechos de los sirios —incluidos los de los jóvenes y su sociedad civil— en el centro de los debates. Resulta esencial que los agentes internacionales procuren salvar las distancias y antepongan las necesidades y los derechos de los sirios en este proceso.

Sigo preocupada por las continuas restricciones a las libertades de expresión, asociación y de reunión pacífica en Egipto, incluso las dirigidas contra los defensores de derechos humanos y otros activistas. En noviembre del año pasado, tres defensores de derechos humanos que trabajaban para la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona fueron arrestados y detenidos a la espera de que se investigaran las acusaciones por terrorismo, publicación de noticias falsas y el uso de una cuenta de Internet para divulgar información falsa que socava la seguridad pública. Aunque fueron liberados un mes después, muchos otros defensores de derechos humanos, periodistas y activistas siguen detenidos, o son objeto de congelación de activos y prohibiciones de viajar sobre la base de acusaciones y leyes de seguridad nacional imprecisas.

En Jordania, me consterna el aumento de las restricciones a los derechos a la libertad de expresión —entre otros, contra los periodistas que informan de la respuesta por parte de las autoridades a la COVID-19 y su repercusión en los grupos vulnerables. El caso del Sindicato de maestros de Jordania —al que le habían impuesto la ley mordaza en todos los reportajes o comentarios— también resulta problemático. Animo al gobierno a entablar un diálogo con las voces independientes, así como a considerar las libertades de los medios de comunicación, y la promoción de todas las libertades cívicas, como una base vital para contar con políticas públicas sólidas.

En Arabia Saudita, acojo con agrado la liberación de la defensora de los derechos de la mujer Loujain al-Hathloul, aunque lamento que otras sigan detenidas injustamente. Asimismo, me complacen los planes anunciados para establecer una nueva legislación que refuerce la garantía de los derechos humanos, incluida la que hace relación al derecho de familia y al estatuto personal. Exhorto a las autoridades a que también establezcan marcos legislativos que defiendan los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica de todos en el reino.

En Iraq, los asesinatos selectivos, las amenazas y la intimidación prosiguen contra los activistas de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los periodistas.  La falta casi completa de rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos contra los manifestantes resulta una obstrucción significativa al desarrollo de la confianza pública en las instituciones y el futuro del país. Observo que en octubre de 2020 el Primer Ministro ordenó el establecimiento de un órgano de constatación de hechos; sin embargo, no queda claro si ese órgano está operativo. En la región del Kurdistán, los activistas y manifestantes han sido objeto de arrestos y detenciones arbitrarios, y a muchos detenidos se les ha negado los derechos básicos de debido proceso, como el acceso a un abogado.

En Irán, una campaña aparentemente coordinada ha atacado a grupos minoritarios desde diciembre, incluso en Sistán y Baluchistán, Kuzestán y en las provincias kurdas. Se han denunciado arrestos masivos y desapariciones forzadas, así como un aumento en el número de ejecuciones, tras procesos sumamente deficientes. El ejercicio de las libertades cívicas y de la expresión política o crítica en todo el país sigue siendo objeto de ataques mediante leyes de seguridad nacional, procesamientos penales e intimidación. Me preocupa la impunidad persistente de las violaciones de derechos humanos, incluidas las violaciones que se cometieron en el contexto de las protestas en 2018 y 2019.  

Aprecio la formación de una nueva coalición de gobierno en Yemen, aunque lamento que no ofrezca representación a las mujeres yemeníes, quienes constituyen la mitad de la población. El ataque al aeropuerto de Adén el 30 de diciembre fue especialmente chocante. Acojo con agrado las medidas recientes por parte de terceras partes, las cuales alientan la esperanza de un acuerdo negociado, aunque estos movimientos diplomáticos no aliviarán de inmediato la desnutrición generalizada, el desplazamiento forzado ni los ataques a las instalaciones de educación y salud que infligieron tanto sufrimiento a la población yemení, junto con las numerosas violaciones de derechos civiles y políticos. Animo a todos los Estados miembro a comprometerse firmemente en la conferencia sobre promesas de contribuciones de Yemen el 1 de marzo. Confío en que las autoridades de facto de Sana’a expidan un visado con prontitud para mi representante.

En Algeria, las manifestaciones de varias provincias siguen marcando el aniversario del movimiento a favor de la democracia de Hirak. Aprecio la decisión de celebrar elecciones parlamentarias a principios de este año y la liberación de más de 35 personas activas en Hirak. Pido al gobierno que continúe por el camino del diálogo y que libere de inmediato a todos los detenidos por participar pacíficamente en las manifestaciones. No cabe duda de que unas elecciones democráticas justas y auténticas que expresen el deseo de la población resultan esenciales para asegurar la autoridad legítima de los gobiernos, además de la confianza pública.

Acojo con agrado los últimos acontecimientos políticos en Libia, y la labor que hemos desempeñado con UNSMIL a fin de garantizar la integración de los derechos humanos en la agenda política y la hoja de ruta hacia la paz. También es alentador el establecimiento de tribunales especializados en violencia contra las mujeres y niños en Trípoli y Bengazi, así como el hecho de que cinco de los seis jueces nombrados sean mujeres. Además, alabo los esfuerzos de revisar la ley de Libia de lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas; esto es un asunto especialmente urgente dados los altos niveles de violencia de género.

Señora Presidenta, 

En Etiopía, es indispensable que se proporcione un acceso completo y sin restricciones a toda la región de Tigré, tanto para los trabajadores humanitarios como para los de derechos humanos. Entre las denuncias alarmantes de graves violaciones cometidas por todas las partes durante más de tres meses de conflicto se encuentran los asesinatos masivos, ejecuciones extrajudiciales y otros ataques a civiles, incluida la violencia sexual. Realizar investigaciones creíbles de todas estas denuncias resulta esencial, junto con la rendición de cuentas de los responsables, y mi Oficina está dispuesta a ofrecer su apoyo. También me inquietan los secuestros y la repatriación forzosa de refugiados eritreos que viven en Tigré; algunos supuestamente a manos de las fuerzas eritreas. Al menos 15.000 eritreanos que se han refugiado siguen sin aparecer tras la destrucción de sus viviendas. El conflicto en Tigré, junto con la inseguridad creciente en otras partes de Etiopía, podría afectar gravemente la estabilidad regional y los derechos humanos. Insto a la resolución pacífica de este conflicto, y también pido que se realicen más esfuerzos para resolver el acusado aumento de la violencia entre comunidades, que se produce en otras regiones de Etiopía, como Benishangul-Gumuz y Oromia.

En Uganda, me preocupa que las directivas presidenciales y otras regulaciones destinadas a luchar contra la COVID-19 se empleen para arrestar y detener a adversarios políticos, periodistas y los considerados detractores del gobierno. Muchos partidarios de la oposición resultaron asesinados y gravemente heridos durante el proceso electoral reciente, al mismo tiempo que candidatos de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas fueron arrestados y detenidos arbitrariamente, maltratados y, en algunos casos, han desaparecido. La estigmatización de las personas LGBTI, usándolos como chivos expiatorios bajo acusaciones falsas de propagar la COVID-19, ha dado lugar a  arrestos y detenciones arbitrarias, así como a asaltos y cierres de viviendas de LGBTI.  Solicito a las autoridades que respeten las normas de derechos humanos en todas las operaciones de seguridad y que investiguen de forma oportuna y exhaustiva todos los informes de violaciones de derechos humanos.

En Tanzania, los esfuerzos por frustrar la campaña electoral de la oposición en el periodo preelectoral incluían intimidación y violencia, arrestos de miembros de la oposición y restricciones a los medios de comunicación, incluido el acceso restringido a Internet y a las redes sociales. Asimismo, se ha informado de denuncias de asesinatos ilícitos, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales, además de torturas durante las elecciones y después de las mismas, sobre todo en Zanzíbar. Realizar investigaciones transparentes de todas estas denuncias resulta fundamental. Además, me inquietan los intentos oficiales aparentes de negar la realidad de la COVID-19 en el país, lo cual implicaba medidas para penalizar el reconocimiento de la pandemia y de información conexa. Esto podría haber repercutido gravemente en el derecho a la salud de la población tanzana. Señalo los informes de devoluciones en caliente de cientos de solicitantes de asilo procedentes de Mozambique y de la República Democrática del Congo, así como los informes constantes de tortura, desapariciones forzadas y repatriaciones forzosas de refugiados burundianos.

En Malí, promuevo la intervención rápida de las autoridades de transición para garantizar el enjuiciamiento de los presuntos autores de graves violaciones de derechos humanos, entre los que se encuentran las fuerzas de seguridad. La Comisión Internacional de Investigación de Malí ha elaborado unas recomendaciones importantes y espero con interés su aplicación por parte de los Estados relevantes y los agentes clave, a fin de promover la causa de la rendición de cuentas y combatir la impunidad. Asimismo, animo a la adopción de medidas inmediatas para mejorar la participación de la población civil y el liderazgo en la esfera política, con un enfoque especial en la igualdad de las mujeres y su participación en los organismos administrativos y legislativos. Observo con especial preocupación el aumento de los homicidios y otras violaciones y abusos graves el año pasado, así como la reducción acusada del espacio democrático.

En Malawi, los ataques de justicia popular se han más que triplicado en el último año según las estadísticas oficiales de fuentes policiales. Parecen incluir un número más elevado de ataques contra las mujeres mayores acusadas de la práctica de brujería, así como contra personas albinas. Asimismo, se han denunciado intentos de secuestro de niños albinos, y supuestamente se vinculan a un mercado de partes corporales que se emplean en rituales. También me alarma el aumento significativo de la violencia sexual contras las mujeres y niñas registrado en Malawi tras el cierre temporal de las escuelas el año pasado, así como el aumento del 400 % del matrimonio infantil y del embarazo en la adolescencia en algunos distritos del país.   El temor a la pandemia y el aumento de la pobreza pueden ser factores que contribuyeron al aumento de esta violencia y que exigen una mayor fortaleza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales, así como unas medidas de protección más severas.

En Somalia, siento una creciente preocupación por los intentos continuos de eliminar la protección jurídica de por sí insuficiente conferida a los niños y las mujeres, incluso con respecto a la violencia sexual y el matrimonio infantil. Reitero la necesidad de adoptar el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2018 sin dilación en la forma aprobada por el Gabinete.

En Sudán, valoro que el Consejo conjunto haya aprobado la ratificación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Los incidentes de violencia entre comunidades y otras cuestiones de protección importantes persisten en la región de Darfur. Reconozco las acciones importantes realizadas recientemente por el gobierno para contener la violencia, pero también insisto en la adopción de medidas oportunas que garanticen la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos del pasado, incluso la reparación para las víctimas. Esas iniciativas resultan muy importantes dado su efecto disuasivo. La repetición constante de la violencia en Darfur apunta a injusticias fundamentales, lo que convierte la plena aplicación del plan de reformas del gobierno en una cuestión urgente. Nuestra Oficina presta asistencia técnica a varias iniciativas importantes de reforma institucional y seguiré alentando a los asociados internacionales para el desarrollo a priorizar su apoyo a esas reformas.

En Guinea, aunque valoro la cooperación por parte de las autoridades con mi Oficina en el país, el arresto y detención de miembros de la oposición y activistas de la sociedad civil por acusaciones falsas de menoscabar la seguridad interna del Estado, en el contexto de las elecciones presidenciales del año pasado, socavan gravemente los cimientos de la gobernanza democrática. Exhorto al gobierno a que libere a todos los detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación, además de que garantice juicios imparciales para los acusados de delitos penales. Asimismo, solicito a las autoridades que aceleren los juicios de los presos comunes y que mejoren sus condiciones de alimentación y salud. En el contexto de la COVID-19, reitero mi llamamiento para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables, incluidos los detenidos de más edad y los que se encuentran enfermos, así como los delincuentes de bajo riesgo.

Me sigue preocupando la situación en las Comoras, entre otros, las represiones del espacio democrático, con restricciones continuas a las libertades de expresión y de prensa, la detención constante y en ocasiones prolongada de activistas de la sociedad civil y miembros de la oposición política, junto con procesamientos injustificados de periodistas. Exhorto al gobierno a que mantenga el espacio cívico y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Señora Presidenta, 

La protección del espacio cívico y del derecho de todos a participar son derechos mínimos: derivan en otros efectos que generan capacidad de recuperación, prosperidad y paz.

Hoy día, las personas de cada región del mundo se están quedando atrás —e incluso más atrás— a medida que la pandemia por el coronavirus sigue cobrando impulso. Están siendo excluidas, no solo del desarrollo y de las oportunidades, sino de la participación en las decisiones que delinean profundamente sus vidas y sus futuros. 

Esto nos hace más débiles. Incrementa las injusticias que son desestabilizadoras. Supone que perdamos perspectivas y conocimientos especializados que nos podrían aportar información y reforzar nuestras iniciativas. Protegen la corrupción y los abusos al silenciar la retroalimentación. Por ello, mi Oficina, este Consejo y todas las demás partes interesadas —de la familia de las Naciones Unidas, de las organizaciones regionales y de todo el mundo—deben pronunciarse contra las medidas que acallan a la sociedad civil. Porque trabajar para defender nuestros derechos —y aunar fuerzas para apoyar a los defensores de derechos humanos— resulta vital para el futuro de la humanidad.

Muchas gracias, Señora Presidenta y Excelencias.


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