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Mesa redonda entre periodos de sesiones sobre el derecho a la seguridad social

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1 noviembre de 2021

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Consejo de Derechos Humanos
Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 

1° de noviembre de 2021

Distinguido Vicepresidente del Consejo,
Excelencias,
Colegas y amigos,

Este es un debate importante: la primera incursión profunda del Consejo de Derechos Humanos en el derecho universal a la seguridad social.

No podría haber mejor momento para debatir sobre la seguridad social y la protección social.

El efecto de la crisis de la COVID-19 y el cambiante mundo del trabajo convierten el cumplimiento de este derecho en una cuestión de máxima urgencia.

Se han perdido 255 millones de empleos en 2020 a causa de la pandemia. Las deficiencias en la cobertura de los sistemas de protección social, junto con unas prestaciones de protección social insuficientes, han contribuido a las desigualdades que aceleraron y agravaron los efectos de la COVID-19.

La seguridad social facilita el acceso a la asistencia sanitaria, protege a la población de la pobreza y garantiza derechos económicos y sociales básicos, entre ellos, a los alimentos, al agua, a la vivienda, a la salud y a la educación.

Los Estados lo reconocieron claramente en 2020 cuando respondieron a la pandemia con medidas de protección social sin precedentes para mitigar sus efectos sociales, económicos y sanitarios. 

Los gobiernos, desde Malawi hasta Perú, Filipinas, Finlandia y los Estados Unidos —y en muchos otros países— ampliaron con prontitud sus programas de ayuda social mediante la introducción de nuevas transferencias en efectivo a numerosas personas que suelen quedar excluidas de las ayudas, entre otras, los trabajadores informales, la mayoría de los cuales son mujeres, así como autónomos, muchos cuales trabajan en la creciente economía colaborativa. 

En Argentina y Bolivia, por ejemplo, se movilizaron recursos nacionales para promover sistemas tributarios más progresivos, lo cual propició un espacio fiscal más amplio para la protección social.

Sin embargo, muchas de estas medidas fueron de carácter temporal.   Y en cada región, todavía queda mucho por hacer para hacer realidad el derecho a la seguridad social para todos. 

Según el Informe Mundial sobre la Protección Social de la OIT, más de la mitad de la población mundial carece de cobertura de protección social en la actualidad. Únicamente el 26 % de los niños en el mundo perciben prestaciones de protección social; menos de la mitad de las mujeres con recién nacidos en el mundo reciben el subsidio de maternidad, y solo el 30 % de la población con discapacidad grave recibe prestaciones por discapacidad.

La transición actual hacia una economía ecológica y la introducción de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo también están cambiando el panorama laboral, sobre todo para los más desfavorecidos. La seguridad social es una herramienta vital para ayudar a que los trabajadores aborden estos cambios, y crea una resiliencia inestimable para la economía global.

Estimados colegas, 

La salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos, y necesario para vivir dignamente. Su contenido puede orientar a los Estados en el diseño de sistemas de protección social amplios, lo cual les ayuda a pasar de medidas provisionales y específicas de los meses iniciales de la crisis de la COVID-19 a políticas a largo plazo que apoyen sociedades sostenibles y resilientes.

Renovar la solidaridad —dentro de cada sociedad y entre las naciones— es un elemento fundamental de la Agenda Común del Secretario General, cuyo objetivo es luchar contra la desigualdad y orientar sobre cómo recuperarnos mejor de la pandemia.

La cooperación internacional que ayuda a los países menos adelantados a reforzar sus sistemas de protección social resulta esencial; y beneficiará a todos.

Mi Oficina se encuentra trabajando en el avance de sistemas de protección social correctamente diseñados y sustentados en los derechos humanos, la priorización de presupuestos para asistencia sanitaria, y la participación más amplia de profesionales sanitarios y comunidades en la aplicación de los regímenes de protección social.

Apoyamos decididamente a los países para garantizar que todos —incluidos mujeres, mayores, miembros de las comunidades minoritarias, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes y personas LGBTI— puedan acceder a la protección social, mucho más allá de la COVID-19.

La pandemia nos enseña que es vital que los Estados respalden la protección social universal en todas partes. 

Los sistemas de protección social no son una pérdida de recursos: constituyen una inversión valiosa en sociedades sólidas. 

Les deseo un debate productivo y enriquecedor. 

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