Corrupción y derechos humanos


Los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos, prestan cada vez más atención a las repercusiones negativas de la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos y han formulado numerosas recomendaciones a los Estados Miembros con el fin de prevenirla y erradicarla.

Según su nivel, grado de penetración y modalidad, la corrupción puede tener repercusiones devastadoras sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad –sobre la base de la igualdad- de los bienes y servicios vinculados a los derechos humanos. Además, la corrupción socava el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y los procesos, las normas del Estado de derecho y, en última instancia, del Estado mismo.

Las personas y los grupos desfavorecidos sufren de manera desproporcionada a causa de la corrupción. Estos colectivos suelen depender más de los bienes y servicios públicos y disponen de medios limitados para procurarse servicios privados. Por lo general, tienen menos oportunidades de participar en la elaboración y aplicación  de políticas y programas públicos y carecen de recursos para defenderse y reclamar indemnizaciones.

Quienes participan en los esfuerzos encaminados a investigar, notificar, procesar y juzgar delitos de corrupción corren un riesgo muy alto de convertirse en víctimas de vulneraciones de derechos humanos y necesitan una protección más eficaz.

La corrupción existe en todos los países, cualesquiera sean sus sistemas económicos o políticos y su nivel de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada. Es un fenómeno transnacional que exige la colaboración de todos los países, incluso para la recuperación de los bienes robados.

Aunque los actos manchados de corrupción pueden constituir vulneraciones de derechos humanos, la corrupción en sí misma puede considerarse un obstáculo estructural para el disfrute de esos derechos.

Al mismo tiempo, los esfuerzos para combatir la corrupción deben cumplir con las normas de derechos humanos, porque de no hacerlo, perderían legitimidad.

Las normas, los principios y los mecanismos de derechos humanos proporcionan puntos de acceso adicionales para complementar los esfuerzos orientados a combatir la corrupción.

El ACNUDH promueve una estrategia basada en los derechos humanos para luchar contra la corrupción, un enfoque que sitúa a los beneficiarios de derechos humanos a escala internacional (los “derechohabientes”) y a las correspondientes obligaciones del Estado (el “titular de deberes”), en el centro del debate y los esfuerzos para combatir la corrupción en todos los ámbitos.