Instituciones de financiación del desarrollo

Resumen

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calcula que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigirá entre 5 y 7 billones [trillions] de dólares estadounidenses cada año, con un déficit de inversión en los países en desarrollo cercano a los 2,5 billones anuales. Gran parte de estos fondos provendrán de instituciones nacionales e internacionales de financiación del desarrollo (DFI), entre otras los bancos de desarrollo multilateral (MDB) y otras instituciones financieras internacionales y regionales, los bancos nacionales de fomento, los organismos de crédito a la exportación y los prestamistas privados. Las DFI también desempeñan una función importante en los esfuerzos mundiales encaminados a luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos, así como en colaborar con los Estados para que estos hagan realidad el derecho al desarrollo.

Imagen Resultado de los  bancos multilaterales de desarrollo infraestructura asiática ©Las DFI desempeñan una función decisiva en la financiación directa de las inversiones necesarias para la consecución de los ODS y los derechos humanos, y en lo tocante a recabar recursos del sector privado. La inversión en transporte, energía, agua, tecnología de la comunicación y la información (TIC) y otros sectores de infraestructura es parte importante de este esfuerzo. Además, los MDB, comprendidos el Grupo del Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, desempeñan una función primordial como entidades consultoras y normativas, en relación con la creación de marcos nacionales jurídicos y regulatorios.

Sin embargo, para que las DFI puedan contribuir eficazmente al desarrollo sostenible, es preciso que adopten las medidas necesarias para evitar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos, según lo definido en los instrumentos internacionales y las leyes nacionales compatibles. En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Addis Abeba para la Acción y la Agenda de Addis Abeba para la Acción aprobada en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, se basan explícitamente en el derecho internacional de los derechos humanos y encuadran las contribuciones del sector empresarial al desarrollo sostenible haciendo referencia a su responsabilidad de respetar las normas internacionales vigentes, entre otras las Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Convención sobre los derechos del niño, y los acuerdos pertinentes en materia de trabajo y medio ambiente. La AAAA alienta además a los bancos de desarrollo, tanto nacionales como internacionales, a crear o mantener sistemas de salvaguarda medioambiental y social eficaces, basados en la normativa internacional, incluso en lo que atañe a los derechos humanos y la igualdad de género.  

La labor del ACNUDH en lo relativo a las DFI

El ACNUDH colabora activamente con los MDB y las DFI nacionales a fin de contribuir a garantizar que las actividades y políticas de financiación del desarrollo sean coherentes con las normas y los principios internacionales de derechos humanos, y que la información relativa a las amenazas contra esos derechos se incorpore a los procesos de diligencia debida.El ACNUDH ha colaborado con numerosas DFI en el examen de las políticas de preservación social y medioambiental, la creación de mecanismos independientes de rendición de cuentas y de políticas de información pública, y en la elaboración de orientaciones sobre las cláusulas contractuales que rigen las iniciativas conjuntas entre el sector público y el privado (PPP). El ACNUDH también participa, junto con toda una gama de MDB y de DFI nacionales, en iniciativas sobre políticas relativas a las represalias contra comunidades afectadas por determinados proyectos y en la protección de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Un componente esencial de la Agenda 2030 y de los ODS es la inversión en infraestructura, a la que el ACNUDH otorga atención prioritaria, ya que, si bien resulta fundamental para la realización de numerosos derechos humanos, también puede dar origen a peligros importantes para esos derechos, desde el nivel de proyectos hasta el de la macroeconomía. La labor que el ACNUDH lleva a cabo en este ámbito se orienta por el Baseline Study of the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment [Inventario de riesgos y repercusiones para los derechos humanos de las inversiones en grandes infraestructuras], publicado en 2017.

Recursos

Otras contribuciones

Contribuciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos