Corrupción y derechos humanos

La corrupción puede ejercer una repercusión devastadora sobre la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de bienes y servicios vinculados a los derechos humanos. Además, la corrupción socava el funcionamiento y la legitimidad de los procesos y las instituciones, el Estado de Derecho y, en última instancia, al mismo Estado.

Los mecanismos internacionales de derechos humanos, comprendido el Consejo de Derechos Humanos, prestan cada vez más atención a las repercusiones negativas de la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos y han formulado numerosas recomendaciones a los Estados Miembros con el fin de prevenirla y suprimirla.

¿A quién afecta la corrupción?

La corrupción existe en todos los países, cualesquiera sean sus sistemas económicos o políticos o su grado de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada.  Se trata de un fenómeno transnacional que exige la cooperación internacional, incluso en lo tocante a la recuperación de los réditos de la corrupción. 

Los grupos y las personas con discapacidad padecen de manera desproporcionada los efectos de la corrupción. Ambos suelen depender más de los bienes y servicios públicos y tienen medios limitados para acceder a servicios privados alternativos. Por lo general, esas personas tienen menos oportunidades de participar en la concepción y aplicación de políticas y programas públicos, y carecen de recursos para defenderse y obtener reparación jurídica. 

Quienes participan en los esfuerzos encaminados a investigar, informar, encausar y juzgar los actos de corrupción corren un alto riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos humanos y necesitan una protección más eficaz.

Esfuerzos para combatir la corrupción

Las iniciativas de lucha contra la corrupción deben cumplir las normas de derechos humanos o, de lo contrario, pierden legitimidad. La normativa, los principios y los mecanismos de derechos humanos proporcionan vías de acceso adicionales para complementar los esfuerzos encaminados a combatir la corrupción.

El ACNUDH promueve una estrategia anticorrupción basada en los derechos humanos: un enfoque que sitúa las prerrogativas de ciudadanos (los derechohabientes) y las correspondientes obligaciones del Estado (el titular de deberes) en el centro del debate y de los esfuerzos encaminados a erradicar esa lacra.