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Preguntas frecuentes sobre los indicadores de derechos humanos de la CDPD

Índice

1. ¿Qué metodología emplea el ACNUDH para desarrollar los indicadores de derechos humanos?.
2. ¿Cómo nos ayudan los indicadores a evaluar? ¿Qué limitaciones tienen y cómo superarlas?.
3. ¿Quién debería usar los indicadores?
4. ¿Cómo pueden usarse los indicadores en los procesos de reporte a los órganos de tratados de derechos humanos y otros procesos para revisar el cumplimiento de la CDPD?
5. ¿Cómo abordan temas transversales los indicadores de derechos humanos de la CDPD?
6. ¿Tienen en cuenta los indicadores de derechos humanos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
7. ¿Pueden utilizarse los indicadores para hacer un seguimiento de los ODS?
8. ¿Dónde pueden encontrarse los datos en los que se basarán los indicadores?
9. ¿Qué ocurre si no existen los datos?
10. ¿Por qué la recopilación y el desglose de datos por “discapacidad” son fundamentales para los indicadores?
11. ¿Proporcionan los indicadores orientación sobre los métodos de recopilación y desglose de datos?
12. ¿Evalúan los indicadores el cumplimiento de la obligación de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de la legislación y las políticas que las afectan?
13. ¿Qué una política o un programa “de carácter general”? ¿Qué es una política o un programa específicos para las personas con discapacidad?
14. ¿Se aplican los indicadores a “todos los sectores y ramas del Gobierno”?
15. ¿Cómo interpretar el indicador relativo al “número de reclamaciones”?

1. ¿Qué metodología emplea el ACNUDH para desarrollar los indicadores de derechos humanos?

El objetivo principal de los indicadores es guiar a los Estados sobre las acciones y medidas que deben tomar para implementar la CDPD y facilitar la evaluación del progreso. También sirve como una herramienta para que otras partes interesadas (Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, sociedad civil, agencias de cooperación internacional, donantes, etc.) puedan monitorear el progreso de cada Estado en la implementación de la CDPD.

Por tanto, los indicadores de derechos humanos del ACNUDH buscan medir los compromisos y los esfuerzos de los Estados para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos, así como medir los resultados para garantizar el disfrute de los derechos humanos.

La metodología del ACNUDH para los indicadores de derechos humanos se basa en las normas internacionales de derechos humanos, tal como están consagradas en los tratados fundamentales, y desarrolladas a través de comentarios generales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.
La metodología reconoce la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y refleja normas transversales de derechos humanos, como la no discriminación y la igualdad, la participación y la rendición de cuentas. También identifica indicadores de ámbito universal que pueden adaptarse a contextos locales específicos.

Los indicadores no pretenden ser una medida de comparación entre países.

Desarrollo de indicadores de derechos humanos:

La metodología del ACNUDH requiere un enfoque dividido en dos fases:

  • Identificar los atributos del derecho humano y
  • Desarrollar indicadores estructurales, de procesos y resultados.

1) Atributos de derechos humanos

Las atributos son los elementos fundamentales de un derecho.

Por naturaleza, los derechos humanos son interdependientes y están interconectados: las normas se superponen entre los distintos derechos. Es importante reflejar la narrativa de un derecho humano en un número limitado de sus características o atributos y que estos sean mutuamente excluyentes. Los atributos proporcionan una fotografía del derecho específico que lo distingue de otros derechos.

Al tener claros los atributos de un derecho, podemos clasificar dicho derecho de una forma más clara y "tangible", y así facilitar el desarrollo de indicadores que se correspondan con diferentes facetas del derecho. De esta manera, se establece el vínculo entre el marco normativo y los indicadores.

Por ejemplo, los atributos identificados para el artículo 24 de la CDPD sobre educación inclusiva, que cubren todas las dimensiones del derecho y sirven para categorizar y desarrollar mejor los indicadores, son:

  • Sistema educativo inclusivo
  • Educación primaria y secundaria de calidad y gratuita
  • Acceso a la formación terciaria, profesional y al aprendizaje continuo
  • Docencia inclusiva

2) Indicadores estructurales, de procesos y de resultados

Los indicadores estructurales miden la aceptación, intención y compromiso con los derechos humanos.

Reflejan la promulgación de instrumentos legales y la adopción de políticas para la implementación de los derechos humanos

Ejemplo: Legislación promulgada que garantiza la educación inclusiva para todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades en entornos públicos y privados, a todos los niveles educativos (Indicador 24.1)

Los indicadores de proceso miden los esfuerzos para transformar compromisos en resultados deseados.

Estos indicadores evalúan las políticas y medidas adoptadas para implementar los compromisos en el terreno.

Ejemplo. Porcentaje de escuelas con infraestructura y materiales adaptados para estudiantes con discapacidad (indicador 24.12)
Presupuesto asignado para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva en entornos regulares, en comparación con el presupuesto asignado a entornos educativos segregados/separados, ya sea en escuelas regulares o especiales (Indicador 24.30)

Los indicadores de resultados miden los resultados de los esfuerzos para promover los derechos humanos.

Los indicadores de resultados captan resultados que reflejan el nivel de disfrute de los derechos humanos en un contexto dado. Un indicador de resultados consolida con el tiempo el impacto de los esfuerzos y las medidas tomadas para implementar los compromisos.

Ejemplo. Tasas de personas con discapacidad relacionadas con: la inscripción, asistencia, tasa de promoción por grado, finalización y abandono escolar en instituciones educativas primarias, secundarias, terciarias, formación profesional y cursos de aprendizaje continuo, en comparación con otros, desglosados por sexo , edad, discapacidad y grado y nivel de educación (indicador 24.33)

Si desea más información sobre la metodología de ACNUDH sobre indicadores de derechos humanos puede consultarla en Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation, 2012 (se incluyen ejemplos de cuadros de indicadores de derechos humanos en las páginas 88 a 101. Estos indicadores no son específicos de la CDPD)

2. ¿Cómo nos ayudan los indicadores a evaluar? ¿Qué limitaciones tienen y cómo superarlas?

Los indicadores de derechos humanos son una herramienta para monitorear el progreso en la materialización de los derechos y pueden contribuir a identificar las brechas en la implementación. Proporcionan orientación prescriptiva sobre los elementos centrales del derecho y cómo garantizar su implementación. Si bien deben ser lo suficientemente completos para reflejar adecuadamente los estándares de derechos, también deben ser limitados en número para garantizar la viabilidad y la facilidad de uso por parte de los Estados y actores interesados.

Los indicadores buscan proporcionar una indicación sobre la implementación de un derecho particular e identificar las brechas en su implementación.

Primero, la recopilación de datos en un momento dado no proporcionará por sí sola una indicación del progreso de la implementación. Muchos de los indicadores requerirán un seguimiento continuo y la recopilación de datos a lo largo del tiempo para evaluar el progreso.

Dicho esto, las cifras y sus variaciones en el tiempo no siempre sirven para identificar con precisión el progreso. Los indicadores no deberían usarse de una forma aislada o fragmentada ya que alcanzan más significado si son analizados de forma holística. Además, el uso de indicadores y otras herramientas de monitoreo son complementarios y necesarios para evaluar y comprender mejor el panorama general de la implementación.

Por ejemplo, cuando un indicador se refiere al "número de quejas recibidas y adjudicadas" relacionadas con un derecho, esta cifra (ya sea alta o baja) no puede indicar por sí sola el progreso o los errores en la implementación de ese derecho. Que haya pocas quejas no quiere decir necesariamente que se estén respetando los derechos, de igual manera que un número elevado de quejas no tiene por qué significar que se esté dando una mayor violación de los derechos.

La información proporcionada a través de otros indicadores y otras herramientas de monitoreo puede revelar que los mecanismos de quejas no son accesibles o que no funcionan o no son fiables, o que las personas con discapacidad no conocen sus derechos acabadamente, o todo lo anterior. Se requerirá más análisis e información mediante el uso de otros indicadores y otras herramientas de monitoreo para comprender mejor la implementación y sus brechas (consulte la Pregunta frecuente 15).

Los indicadores de derechos humanos son un tipo de herramienta de monitoreo: pueden ser muy útiles para medir ciertos aspectos de la implementación, pero tienen sus límites. No pueden y no deben usarse por sí solos para reflejar una visión general completa de la implementación de la CDPD. Se deben utilizar junto con otras herramientas y metodologías de monitoreo, como entrevistas y grupos focales, recopilación de estudios de casos, revisión de documentos, etc.), investigación académica y participativa, entre otros.

3. ¿Quién debería usar los indicadores?

El objetivo principal de los indicadores es guiar a los Estados sobre las acciones y medidas que deben tomar para implementar la CDPD y facilitar la evaluación de este progreso. Los legisladores, políticos y otros tomadores de decisiones en todos los niveles de gobierno pueden beneficiarse de estos indicadores para saber qué tipo de medidas deben tomarse para transformar el marco legal, político y presupuestario, así como saber qué medidas específicas deben tomarse para implementar ese marco en cumplimiento con la CDPD.

Los indicadores también sirven como una herramienta para que cualquier organización u organismo evalúe la implementación que ha hecho un Estado de un derecho concreto. Como tal, puede proporcionar orientación a las partes interesadas como las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, sociedad civil (incluidas las organizaciones de personas con discapacidad), agencias de cooperación internacional, agencias de las Naciones Unidas, donantes, etc., sobre el monitoreo del progreso del Estado y para pedir cuentas al Estado ante la CDPD. También puede servir a los mecanismos de monitoreo de los derechos humanos al evaluar el progreso en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad.

4. ¿Cómo pueden usarse los indicadores en los procesos de reporte a los órganos de tratados de derechos humanos y otros procesos para revisar el cumplimiento de la CDPD?

Con frecuencia se usan indicadores para para su uso en mecanismos de monitoreo como los exámenes de países realizados por los órganos de tratados de la ONU, el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, etc., y han figurado en las recomendaciones de estos organismos a los Estados partes.

Dado que los indicadores se basan en estándares internacionales de derechos humanos, según lo establecido principalmente por la CDPD y la jurisprudencia del Comité de la CDPD (incluidos los comentarios generales, las opiniones sobre las comunicaciones y las recomendaciones resultantes de las revisiones de los países), ofrecen una visión general de las medidas y las acciones que serán examinadas por el Comité para evaluar el progreso en la implementación de un derecho o disposición determinada. Como tales, los indicadores sirven como herramientas para guiar a los Estados en sus obligaciones de presentación de informes, para identificar la información y los datos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones de la CDPD.

Se está consultando al Comité de la CDPD en el proceso de desarrollo de estos indicadores de derechos humanos y ha expresado interés en adoptar estos indicadores una vez finalizados, en el contexto de las revisiones de los países para ayudar a guiar a los Estados en sus obligaciones informativas.

Otros órganos de tratados y mecanismos de monitoreo también pueden hacer uso de estos indicadores cuando sus mandatos también abarcan los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, los indicadores apuntan a unir la comprensión y alinear las interpretaciones con la del Comité de la CDPD y fortalecer la coherencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en línea con la CDPD.

5. ¿Cómo abordan temas transversales los indicadores de derechos humanos de la CDPD?

Los derechos humanos están intrínsecamente interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, si bien la igualdad y la no discriminación se tratan en el Artículo 5, necesariamente abarcan todas las disposiciones de la CDPD. El artículo 6 sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, es transversal a todos los derechos de la CDPD, al igual que el artículo 4.3) sobre la obligación de consultar estrechamente e involucrar activamente a las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas. Esta interrelación y superposición sirve para fortalecer la implementación al recordar a los Estados sus obligaciones a través de varias disposiciones de la CDPD. Sin embargo, esto plantea un desafío cuando se trata de garantizar la precisión de los indicadores de derechos humanos y la adhesión a la metodología del ACNUDH, que estipula que los atributos se excluyan mutuamente para limitar la duplicación.

Dado el diseño único de la CRPD, este desafío se magnifica. Al ser uno de los instrumentos de derechos humanos más jóvenes, ha venido beneficiándose de las lecciones de los tratados de derechos humanos adoptados anteriormente para construir disposiciones que fortalezcan la implementación. Como tal, la CDPD incorpora disposiciones en su texto que no suelen figurar en los instrumentos de derechos humanos, como el artículo 8 sobre sensibilización, el artículo 31 sobre recopilación y desagregación de datos, el artículo 32 sobre cooperación internacional y el artículo 33 sobre aplicación y supervisión nacionales. Si bien estas medidas de implementación tienen un gran impacto en la defensa de los derechos humanos, no son derechos humanos en sí mismos. Por lo tanto, la aplicación de indicadores de derechos humanos a estas disposiciones no siempre se puede hacer de acuerdo con la metodología del ACNUDH que se centra principalmente en medir el disfrute de un derecho en particular. En estos casos, los indicadores se centran en la medida de implementación específica y sus elementos centrales, según lo establecido en los atributos.

En general, se han realizado esfuerzos para lograr un equilibrio entre la incorporación de derechos transversales y la implementación de medidas en cada tabla de indicadores, mientras se mantiene el enfoque en los aspectos centrales de cada artículo. Sin embargo, para lograr este equilibrio, no siempre ha sido posible incluir todas las preocupaciones transversales en cada tabla de indicadores y han debido hacerse grandes esfuerzos para evitar la superposición entre las tablas de indicadores y garantizar su utilidad y practicidad. Al no estar hablando de una ciencia exacta, se recomienda que los indicadores se utilicen de forma holística y conjuntamente con otras herramientas de monitoreo.

6. ¿Tienen en cuenta los indicadores de derechos humanos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Sí, los indicadores de los ODS se han incorporado, en los casos pertinentes, a los cuadros de indicadores de derechos humanos, y van indicados entre paréntesis. Por ejemplo, bajo el artículo 5 de la Convención (Igualdad y no discriminación), se han incluido muchos indicadores de los ODS como indicadores de resultados para reflejar el disfrute, por las personas con discapacidad, del derecho a la igualdad y la no discriminación.

La mayoría de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no prestan especial atención a las personas con discapacidad y, en muchas ocasiones, dichos indicadores se ampliaron para facilitar las tareas de seguimiento y presentación de informes sobre la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad con arreglo a la Convención. Por ejemplo, puede haber un indicador de los ODS que solo requiera datos desglosados por sexo y edad y no por discapacidad. Por tanto, se ha añadido “desglose por discapacidad” a cada uno de los indicadores de los ODS (véase las preguntas 10 y 11). 

Esto también refleja el compromiso general en el marco del ODS 17.18 de aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por características diversas, incluida la discapacidad.  A medida que los Estados vayan asumiendo este compromiso y vayan ampliando el desglose de sus datos, la disponibilidad de información y estadísticas sobre las personas con discapacidad será cada vez mayor.

7. ¿Pueden utilizarse los indicadores para hacer un seguimiento de los ODS?

Al igual que en la pregunta 4, los indicadores permiten a los Estados evaluar e informar de los progresos realizados en la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. Esto también se aplica a la elaboración de los informes presentados en el marco del Examen Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel y para el seguimiento de los progresos en la aplicación de los ODS en su propio contexto nacional. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no podrán lograrse si no incluyen a las personas con discapacidad ni tampoco si no promueven y protegen sus derechos humanos. Los indicadores de derechos humanos de la Convención también pueden servir de guía para la aplicación de los ODS a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Objetivo 5 sobre igualdad de género puede lograrse en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad de conformidad con el artículo 6 de la Convención y otros artículos relacionados. Al incorporar los indicadores de los ODS en los indicadores de derechos humanos previstos en la Convención resulta obvio que la recopilación de datos sobre los ODS también ayudará a evaluar la aplicación de la Convención, y viceversa.  Los dos instrumentos están, por tanto, indisolublemente vinculados y los esfuerzos realizados para la aplicación de uno deben necesariamente sumarse a los esfuerzos realizados para la aplicación del otro.

8. ¿Dónde pueden encontrarse los datos en los que se basarán los indicadores?

Con el fin de facilitar la obtención de los datos en los que se basarán los indicadores de derechos humanos, se están elaborando orientaciones sobre fuentes de datos en las que se proporcionan ejemplos de las fuentes de información existentes sobre discapacidad en vinculadas con indicadores de resultados, al tiempo que se identifican las posibles lagunas (véase la pregunta 9). Estas orientaciones tienen como finalidad ayudar a los encargados de la formulación de políticas a vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas e indicadores correspondientes con los artículos pertinentes de la Convención.

9. ¿Qué ocurre si no existen los datos?

Es muy probable que algunos de los datos que requieren los indicadores no estén disponibles en muchos países debido a las limitaciones en los métodos de recopilación o desglose de datos. En las orientaciones sobre fuentes de datos que se están preparando en el marco del proyecto se ofrecerán ejemplos de fuentes de datos disponibles en las que figura información que puede servir de base para elaborar los indicadores de resultados. 

La aplicación del artículo 31 de la Convención y el ODS 17.18, así como las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones formuladas por otros órganos creados en virtud de tratados, en las que se insta a mejorar la recopilación y el desglose de datos por discapacidad, deberían aumentar la disponibilidad de fuentes de información y estadísticas sobre las personas con discapacidad.  Los indicadores de derechos humanos también constituyen un medio de exigir e instar a los Estados a implantar progresivamente mecanismos de recopilación y desglose de datos e incluir en las estadísticas a las personas con discapacidad con miras a lograr que los procesos de formulación de políticas tengan una base empírica.

10. ¿Por qué la recopilación y el desglose de datos por “discapacidad” son fundamentales para los indicadores?

La recopilación y el desglose de datos “por discapacidad” son fundamentales para identificar patrones de exclusión y discriminación de las personas con discapacidad con respecto a otras personas, y entre los distintos grupos de personas con discapacidad.  Estos métodos facilitan la evaluación de los efectos de las medidas en curso y, a su vez, permiten redefinir y desarrollar dichas medidas con una base empírica.

En el marco de la Agenda 2030, los Estados se comprometieron de manera explícita a no dejar a nadie atrás y a recopilar y desglosar datos de una manera más sistemática, incluido el desglose por discapacidad, a fin de facilitar la medición del logro de los objetivos (ODS 17.18). De manera similar, el artículo 31 de la Convención insta a los Estados a recopilar “…información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”, y establece que “la información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso…”

En el cuadro de indicadores, desglose “por discapacidad” se refiere al tipo de deficiencia, con arreglo a la Convención y la jurisprudencia del Comité (es decir, personas con discapacidad física, personas ciegas, personas sordas, personas sordociegas, personas con audición reducida, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial o personas con autismo, entre otros).1

En aras de la simplicidad y la coherencia con los ODS, el término utilizado para pedir que se desglosen los datos es “por discapacidad”. Los Estados pueden y deben adoptar medidas para desglosar los datos por tipo de discapacidad a fin de conocer y responder mejor a la situación de los distintos grupos de personas con discapacidad y cumplir el compromiso de llegar primero a los más rezagados.

11. ¿Proporcionan los indicadores orientación sobre los métodos de recopilación y desglose de datos?

No, la finalidad de los indicadores no es proporcionar orientación sobre los métodos de recopilación de datos, pero sí requieren un desglose sistemático de los datos “por discapacidad” conforme a la Convención y la jurisprudencia del Comité (véase la pregunta 10).  Dado que en algunos casos los datos necesarios para informar sobre muchos de los indicadores de derechos humanos pueden no estar incluidos todavía en el proceso de recopilación de datos, los indicadores sirven de base para seguir avanzando en ese sentido a fin de lograr que los datos relativos a las personas con discapacidad sean debidamente recopilados y desglosados.

Los métodos y las herramientas de recopilación de datos sobre discapacidad son una cuestión actualmente objeto de debate y desarrollo técnico y el desglose “por discapacidad” puede requerir diferentes métodos, dependiendo del tipo de información que se desee obtener y el método aplicado. Estas cuestiones metodológicas se pueden resolver y requieren un examen más detallado por parte de los profesionales encargados de diseñar herramientas de recopilación de datos, incluidos datos estadísticos y administrativos.

En este contexto y de conformidad con el artículo 31 de la Convención (Datos estadísticos y de investigación), el Comité ha recomendado en numerosas ocasiones la utilización del cuestionario breve sobre discapacidad elaborado por el Grupo de Washington Washington Group Short Set of Questions on Disability, que está pensado para su inclusión en los censos nacionales y en las encuestas de hogares. Este instrumento de recopilación de datos ha sido probado ampliamente en los distintos países y cuenta con el respaldo de Comité, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones2 como una herramienta lista para utilizarse hoy, para asegurar una referencia comparativa para medir los efectos de los ODS en las personas con discapacidad.

En términos más generales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propone aplicar a los datos un enfoque basado en los derechos humanos Human Rights Based Approach to Data a fin de garantizar que la calidad, la pertinencia y la utilización de los datos sean conformes con las normas internacionales de derechos humanos. Este enfoque se centra en una serie de principios fundamentales por los que debe regirse la recopilación y el desglose de datos, a saber: participación, desglose de los datos, autoidentificación, transparencia, privacidad y rendición de cuentas.  Los Estados deben incorporar el enfoque basado en los derechos humanos en sus iniciativas de recopilación y desglose de datos al objeto de facilitar la aplicación de la Convención.

12. ¿Evalúan los indicadores el cumplimiento de la obligación de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de la legislación y las políticas que las afectan?

Sí. El artículo 4, apartado 3), de la Convención dispone que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”

Esta obligación se aplica de manera transversal a todos los indicadores, en particular a los indicadores estructurales (compromiso) y a los indicadores de proceso (esfuerzos). Por tanto, siempre que un indicador se refiera, por ejemplo, a la “legislación promulgada”, la “estrategia adoptada a nivel nacional” o a las campañas de sensibilización o la capacitación impartida sobre cuestiones relacionadas con la Convención, debe entenderse que todo ello se hará en “estrecha consulta y con la participación activa de” las personas con discapacidad. Lo anterior es acorde con las orientaciones elaboradas por el Comité en su observación general núm. 7 (2018).

Además, cuando en un indicador de proceso se afirme que “se han emprendido procesos de consulta para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad o de las organizaciones que las representan en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las leyes, los reglamentos, las políticas y los programas relacionados con…”, será necesario verificar las actividades concretas realizadas, incluidas reuniones de consulta, reuniones informativas de índole técnica, encuestas de consulta en línea y solicitudes de observaciones sobre los proyectos de leyes y políticas, entre otros métodos de participación.   

13. ¿Qué una política o un programa “de carácter general”? ¿Qué es una política o un programa específicos para las personas con discapacidad?

Algunos indicadores se refieren a las políticas “de carácter general” (también “generales” o “regulares”) y a “políticas específicas” para las personas con discapacidad (es decir, “dirigidas a estas personas”), reflejando el enfoque de doble vía que se aplica a las cuestiones relacionadas con la discapacidad y que consiste en incluir los derechos de las personas con discapacidad en los programas o las políticas “de carácter general” y en adoptar políticas y programas específicos centrados en las personas con discapacidad. 

Las primeras son las políticas “de carácter general”, en las que la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad en virtud de la Convención implica garantizar que las políticas o medidas generales no discriminen a las personas con discapacidad sino que las incluyan. Por ejemplo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención, el sistema de educación tiene que ser inclusivo. Por tanto, las escuelas “regulares” (u “ordinarias”) y los programas que en ellas se imparten deben responder a las necesidades de todos los estudiantes, incluidos, entre otros, los estudiantes con discapacidad. 

Las segundas son las políticas “específicas para las personas con discapacidad”, en relación con las cuales la Convención puede requerir la adopción de medidas dirigidas específicamente a estas personas. Aquí se incluyen, por ejemplo, medidas específicas para lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención, que tiene por objeto reducir las desigualdades generalizadas en el disfrute, por parte de estas personas, de sus derechos, en comparación con otras. Otro ejemplo puede encontrarse en el artículo 28 sobre protección social y un nivel de vida adecuado, según el cual los sistemas de protección social tengan en cuenta y sufraguen los gastos relacionados con la discapacidad en los que incurren únicamente las personas con discapacidad.

14. ¿Se aplican los indicadores a “todos los sectores y ramas del Gobierno”?

Sí, para los Estados Partes en la Convención, incluidas las organizaciones regionales de integración de conformidad con el artículo 44 de la Convención, las obligaciones y normas establecidas en la Convención se aplican y son obligatorias a todos los sectores y ramas del Gobierno dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con el marco constitucional y jurídico.

A la hora de adaptar los indicadores de derechos humanos propuestos al ámbito de un Estado y para evaluar el cumplimiento, los interesados deben considerar la estructura de dicho Estado y la distribución de las competencias entre los diferentes sectores y ramas del gobierno. Todos los sectores y ramas del gobierno deben aplicar la Convención, de conformidad con el marco constitucional y jurídico del Estado. Además, los derechos de las personas con discapacidad son una cuestión transversal en los procesos legislativos y de formulación de políticas y, por tanto, no se limitan a una rama del Gobierno ni a un sector específico.

En el caso de los Estados federales, el artículo 4, párrafo 5) de la Convención dispone que “las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.” Por tanto, la estructura federal de un Estado será responsable del incumplimiento de la Convención a cualquier nivel, y cada una de las unidades federales (por ejemplo, el estado o la provincia) debe cumplir con las obligaciones y las normas establecidas en la Convención. Por ejemplo, dentro de un Estado federal, la educación puede estar regulada por la legislación federal y estatal, y tanto la legislación federal y estatal como las actuaciones de las unidades federales en este ámbito deben aplicar y cumplir las normas relativas a la educación inclusiva, tal como se establece en la Convención. Las unidades federales también participarán en los exámenes de los países y deben estar preparadas para presentar información y responder al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre sus esfuerzos de aplicación y los resultados obtenidos.

15. ¿Cómo interpretar el indicador relativo al “número de reclamaciones”?

Varios cuadros de indicadores incluyen un indicador de proceso sobre el “número de reclamaciones recibidas relativas a [un derecho], investigadas y resueltas a favor del denunciante, desglosado por el tipo de mecanismo, y la proporción de ellas que fueron hechas efectivas por el Gobierno o por el garante de derechos.” Este indicador tiene un doble propósito.

En primer lugar, pretende reflejar el número de denuncias presentadas permitiendo su comparación a lo largo del tiempo. En segundo lugar, proporciona valiosas indicaciones sobre la capacidad de respuesta del gobierno o de los responsables ante los resultados de los procedimientos de denuncia (decisiones, recomendaciones, etc.): cuanto mayor sea la proporción de decisiones acatadas, más eficaces son los procedimientos.

Además, realizar un desglose mayor o adicional de datos ayuda a identificar tendencias y deficiencias en el ámbito de la protección (véase, a modo de ejemplo, el indicador 5.17 y la correspondiente nota al pie); los procedimientos de denuncia pueden variar en cuanto al tipo de mecanismo (órgano judicial/administrativo/de igualdad, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, o mecanismo de monitoreo independiente) y al tipo de resultados (decisión vinculante/recomendación/opinión consultiva, entre otros).

Aunque podrían añadirse al indicador más categorías relacionadas con los resultados de las actuaciones (por ejemplo, decisiones sobre la admisibilidad o la legitimidad), el indicador solo exige recopilar los siguientes datos:

a) el número de reclamaciones presentadas sobre un determinado derecho (número de denuncias recibidas);
b) el número de reclamaciones cuyo resultado fue una decisión o recomendación a favor del denunciante;
c) la proporción de reclamaciones (b) que el Gobierno o el responsable ha acatado y cumplido efectivamente;
d) el número de reclamaciones de las categorías a) y b) desglosado por el tipo de mecanismo utilizado.

El derecho específico y el contexto son datos fundamentales para interpretar la información recopilada para este indicador. Por ejemplo, un aumento del número de denuncias relacionadas con un derecho no significa necesariamente que la situación general haya empeorado, sino que se han presentado más denuncias. Ello podría deberse a un mayor conocimiento del derecho o del mecanismo de denuncia, a una mayor accesibilidad de dicho mecanismo o a una mejora del proceso de registro de denuncias, entre otras cosas. En cualquier caso, la información recopilada para el indicador no explica el motivo sino que identifica una tendencia que exige seguir investigando. 

Por ejemplo, los datos recopilados en este indicador podrían complementar los estudios de casos documentados por los denunciantes o las organizaciones de personas con discapacidad que recopilan información directamente de los denunciantes, los tribunales, los NHRI u otros interesados.

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1/ Aquí se incluyen implícitamente “las deficiencias reales o percibidas”, término que se refiere al estado de la persona o a la percepción que los demás tienen de dicho estado, y no a la “discapacidad” relacionada con la interacción entre la persona y el entorno. Un ejemplo sería el caso de privación de libertad sobre la base de las “deficiencias reales o percibidas”, dado que, en este caso, la causa subyacente de privación de libertad son las deficiencias de la persona o las deficiencias que perciben los demás, en contra de lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, y no la consideración de las barreras en el entorno.

2/ http://www.internationaldisabilityalliance.org/data-joint-statement-march2017; Declaración conjunta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos Joint Declaration by the CRPD Committee and the Global Alliance of National Human Rights Institutions, February 2018