Convocatoria general de aportaciones del Relator Especial sobre sustancias peligrosas y desechos sobre el próximo informe temático sobre el derecho a gozar del progreso científico y sus aplicaciones

(denominado "derecho a la ciencia" a efectos de este informe)

El Relator Especial desea agradecer a los Estados, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas, a las organizaciones internacionales y a otros actores por el continuo compromiso con su mandato. Pone en marcha el proceso de recopilación de aportaciones de los Estados y otras partes interesadas para presentar su primer informe temático en el 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2021. El Relator Especial solicita amablemente a los Estados, a los actores de la sociedad civil, a los académicos, a las empresas y a todas las demás partes interesadas que compartan opiniones e información pertinente que puedan alimentar su trabajo, como se explica a continuación.

La información es fundamental para la acción gubernamental, ciudadana y empresarial para hacer frente a los peligros y riesgos tóxicos. En nuestra vida cotidiana es muy raro poder percibir por nuestros propios sentidos la presencia y posible toxicidad de las sustancias químicas. Sin embargo, estas sustancias nos rodean y penetran permanentemente y su número aumenta constantemente. Por ello, el derecho a la información sobre las sustancias peligrosas es vital. Así lo demostró el Relator Especial Sr. Baskut Tuncak en su informe de 2015 al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/40).

A fin de que la información sobre las sustancias peligrosas sea útil, debe ser fiable y comprensible para quienes la reciben. Como esta información es de carácter técnico, la ciencia desempeña un papel fundamental en su elaboración. Así, el respeto a la integridad de los procesos científicos es una condición para respetar este derecho vital a la información en el ámbito de las sustancias peligrosas, así como de los residuos. Así lo recordó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General nº 25 de abril de 2020 sobre "La ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales" (E/C.12/GC/25).

Con demasiada frecuencia, el vínculo entre la ciencia y la política pública se ha visto agredido por campañas de desinformación que difunden intencionadamente información falsa, o que siembran deliberadamente la incertidumbre allí donde hay consenso. Los científicos han sido acosados por hablar de sus descubrimientos o se les han negado libertades fundamentales para llevar a cabo su trabajo. La interfaz ciencia-política también se ve comprometida cuando hay conflictos de intereses.

El Relator Especial tiene previsto centrar su informe en el vínculo entre la información, la ciencia y las sustancias y residuos peligrosos. Para ello, examinará los elementos basado en los derechos, con el fin de reforzar los instrumentos de producción y comunicación de conocimientos científicos, basándose en el respeto de la integridad de los procesos científicos. El informe incluirá, según corresponda, ejemplos de agresiones a la ciencia y a los científicos, y expondrá los deberes de los gobiernos y las responsabilidades de las empresas con respecto al derecho a gozar del progreso científico y sus aplicaciones. En última instancia, se espera que el debate identifique formas de reforzar la interfaz ciencia-política.

El derecho a gozar del progreso científico y sus aplicaciones

El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el derecho a gozar del progreso científico como un derecho humano. Los Estados Partes deben reconocer a toda persona el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y adoptar medidas para lograr la plena realización de este derecho, incluidas las acciones necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Esto incluye la protección de los intereses éticos y materiales resultantes de los trabajos científicos, literarios o artísticos de una persona, y la promoción de la cooperación técnica internacional y el desarrollo de la ciencia y la cultura como beneficios para todos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) ha publicado recientemente la Observación General nº 25 (2020) sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, una nueva interpretación y orientación sobre la relación entre la ciencia y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Al interpretar el artículo 15 del PIDESC, el Comité define el alcance de la obligación de los Estados de promover y reunir la investigación científica y los avances que ésta hace posible, en relación con la vida cotidiana y en situaciones de crisis como las pandemias. El Comité también reconoce que "la ciencia es una de las áreas del Pacto a la que los Estados partes prestan menos atención en sus informes y diálogos". Como se señala en la Observación General, las obligaciones de los Estados con respecto al derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones abarcan la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la libertad de realizar investigaciones científicas y la promoción y cooperación en el ámbito científico. La Observación General también estipula que un beneficio claro del progreso científico es que el conocimiento científico se utiliza en la toma de decisiones y en las políticas, que deberían, en la medida de lo posible, basarse en las mejores pruebas científicas disponibles. Por lo tanto, se espera que los Estados se esfuercen por adaptar sus políticas a las mejores pruebas científicas disponibles.

El derecho a la ciencia abarca todas las disciplinas científicas. Contempla permitir el acceso de todos, sin discriminación, a los beneficios de la ciencia y sus repercusiones para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad corporal y el derecho a la educación.

El vínculo entre la ciencia y la política afecta profundamente el disfrute de los derechos humanos con respecto a las sustancias tóxicas y a la gestión y eliminación ecológicamente correctas de las sustancias y los residuos peligrosos. La falta de definición de la naturaleza de la incertidumbre en el ámbito de la exposición a las sustancias tóxicas, las frecuentes lagunas entre las pruebas científicas y la toma de decisiones, los intentos de distorsionar los datos científicos por parte de los agentes públicos y privados son factores que contribuyen a la división entre los responsables políticos y los científicos. En términos más sencillos, están diseñadas para facilitar el suministro de pruebas científicas a los responsables políticos.

Los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo cuentan con mecanismos integrados en la interfaz entre ciencia y política, como el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo y el Grupo de Trabajo de Expertos del Convenio de Basilea. Un documento reciente preparado por el PNUMA para la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente describe varias plataformas intergubernamentales y no gubernamentales de interfaz entre ciencia y política.[1] del Convenio de Estocolmo y el Grupo de Trabajo de Expertos del Convenio de Basilea. Un documento reciente preparado por el PNUMA para la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente describe varias plataformas intergubernamentales y no gubernamentales de interfaz entre ciencia y política.[2] También se ha debatido sobre el modelo actual del Global Chemicals Outlook (GCO), adoptado en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y sus deficiencias en cuanto al fortalecimiento de la interfaz ciencia-política.

El derecho a la información y a las pruebas científicas, a la libertad de expresión, así como a la credibilidad, la independencia y la transparencia, son elementos clave del éxito para promover la interfaz ciencia-política y garantizar plenamente a todos el derecho a la ciencia. El sector privado también tiene un papel clave en la promoción de este derecho y de las plataformas científico-políticas existentes en materia de productos químicos y residuos, así como en la protección contra la influencia corporativa inadecuada y los conflictos de intereses. Las herramientas digitales son cada vez más importantes para maximizar el impacto de las plataformas de interfaz ciencia-política. Para hacer posible este derecho, los Estados y las empresas deben cooperar para hacer frente a la desinformación, permitir un acceso equitativo a la información adecuada e imparcial y a las pruebas científicas, y promover las innovaciones y la educación a todos los niveles.

Por lo tanto, se ha convertido en una necesidad acuciante que el papel del progreso científico en las sociedades modernas, sus beneficios, sus inconvenientes y las amenazas que supone se debatan también en un contexto más amplio de derechos humanos. Esta cuestión reviste especial importancia cuando se trata de la conexión entre los derechos humanos y las exposiciones tóxicas.

En nuestros días, los científicos que ilustran los impactos de las sustancias peligrosas en la salud humana tienen que enfrentarse a menudo a ataques en forma de amenazas a su sustento, mediante recortes de financiación, o a su reputación. En algunos casos, los ataques parecen ser una represalia a los crecientes esfuerzos por aclarar la amenaza que suponen ciertas sustancias químicas para la salud humana y el medio ambiente. La capacidad de proteger los derechos humanos a la vida y a la salud y de hacer realidad el derecho a la ciencia y sus aplicaciones depende de la capacidad de traducir las pruebas en leyes y políticas de protección. A pesar de las pruebas de los riesgos e impactos, ha habido casos en los que los procedimientos de algunos Estados han permitido que los intereses privados utilicen las incertidumbres científicas como base para retrasar las acciones para reducir los riesgos. Esto ha dado lugar a retrasos extremos, algunos de ellos de décadas, en la traducción de las pruebas de los peligros y riesgos en medidas necesarias para proteger a los trabajadores, los niños y otras personas con mayor riesgo. Se trata de una desafortunada explotación de la incertidumbre científica en detrimento de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños. Para hacer frente a esto, varios Estados han adoptado y aplicado el principio de precaución para ayudar a garantizar que se tomen medidas a pesar de esas incertidumbres.

Solicitud de contribuciones

A la luz de estas consideraciones, de conformidad con la resolución 45/17, del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos decidió centrar su próximo informe temático, que se presentará en la sesión de septiembre de 2021 del Consejo de Derechos Humanos, en el derecho humano a la ciencia, en el contexto del examen de la dinámica de la interfaz entre el progreso científico, la disponibilidad de información científica y el vínculo entre la ciencia y la política en lo que respecta a los riesgos asociados con el ciclo de vida de las sustancias y los desechos peligrosos, incluidos los riesgos para el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico.

El Relator Especial desea invitar a todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, los defensores de los derechos humanos y los académicos, a que presenten la información que consideren pertinente para la preparación de su informe. Si bien todas las aportaciones son bienvenidas, y las preguntas que figuran a continuación no son en absoluto exhaustivas, el Relator Especial agradecería toda la información que aborde temas como:

  • Habilitar el acceso al derecho a la información y a las pruebas científicas, y la evaluación de los derechos ambientales y humanos como condiciones previas para el pleno disfrute del derecho a la ciencia
  • Hacer frente a las campañas de desinformación y documentar los intentos de manipular o distorsionar la ciencia en los procesos de regulación
  • Documentar los ataques, las amenazas, la intimidación o el acoso contra los científicos
  • Hacer efectivo el principio de precaución en relación con los riesgos del proceso científico
  • Coordinar los puntos de diálogo entre el derecho a la ciencia y los principios del derecho y la política medioambientales
  • Promover la transparencia, la accesibilidad, la difusión de la ciencia y las pruebas científicas, las innovaciones y la educación científica
  • Promover las oportunidades para que los ciudadanos contribuyan a la investigación científica
  • Modalidades de acceso a la información sobre los resultados científicos
  • Ejemplos de buenas y malas prácticas de entidades gubernamentales y empresas para promover u obstaculizar el progreso científico o la amplia disponibilidad de los resultados del trabajo científico
  • Diseño de mecanismos y salvaguardias para prevenir y abordar los conflictos de intereses en la producción de la ciencia, el funcionamiento de las plataformas de interfaz ciencia-política y el funcionamiento de los sistemas de regulación para la protección de la salud humana y el medio ambiente
  • Mecanismos de cooperación internacional en materia de intercambio científico
  • Medios para mejorar la transferencia de tecnología y el fortalecimiento institucional en los países en desarrollo, incluso en lo que respecta al acceso a la financiación para garantizar el proceso científico

Instrucciones

  • Sírvase enviar la información antes del 31 de marzo de 2021 a srtoxicshr@ohchr.org. La información puede enviarse en inglés, francés o español y no debe superar las 2.500 palabras.
  • En el caso de los informes pertinentes, facilite un enlace al documento si está disponible en línea, o adjúntelo si no está disponible en línea.
  • Por favor, indique "SR Toxics/toxics and the right to science" en el encabezado del correo electrónico.

Confidencialidad

El Relator Especial tratará todas las aportaciones de forma confidencial con el único fin de preparar su informe. Si desea que su presentación escrita o cualquier otra información NO se publique en el sitio web del Relator Especial, indíquelo explícitamente en su presentación.

A continuación se indican los contactos y enlaces útiles para ponerse en contacto con el Relator Especial sobre tóxicos y derechos humanos.


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Información de contacto

Dr. Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre Tóxicos y Derechos Humanos

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