Introducción
La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1982/29 del 11 de marzo de 1982, recomendó que el Consejo Económico y Social pidiera al Presidente de la Comisión que nombrase relator especial a un individuo de reconocido prestigio internacional con el mandato de presentar a la Comisión, en sus 39° sesión, un informe extenso sobre la existencia y alcance de la práctica de ejecuciones sumarias o arbitrarias, junto con sus conclusiones y recomendaciones. Dicha resolución sería posteriormente adoptada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/35 que establecía el mandato del Relator Especial.
La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1992/72, renovó el mandato del Relator Especial y lo extendió por otro período de tres años. En su resolución, la Comisión amplió su mandato sobre ejecuciones para incluir todas las violaciones del derecho a la vida tal y como está garantizado por un gran número de instrumentos internacionales de derechos humanos.
En su última resolución
35/15 sobre el mandato de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de 22 de junio de 2017, el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato del Relator Especial por otros tres años.
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