• Seguridad jurídica de la tenencia: Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas;
  
  
• Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas (por ejemplo, comida, educación, acceso a servicios de salud);
  
  
• Habitabilidad: La vivienda no es adecuada si no garantiza elementos como seguridad física, un espacio suficiente, protección del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud, de vectores de enfermedad y de riesgos estructurales;
  
  
• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, etc.;
  
  
• Asequibilidad: La vivienda no es adecuada si las necesidades específicas de los grupos marginalizados y en situación de desventaja no son tomadas en consideración (como las de las personas con escasos recursos, que enfrentan discriminación, con discapacidades físicas, víctimas de desastres naturales);
  
  
• Lugar: Una vivienda adecuada debe habilitar el acceso a opciones de empleo, servicios de atención sanitaria, escuelas, centros de atención para niños y otros servicios sociales y no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación; 
  
  
• Adecuación cultural: Una vivienda adecuada debe respetar y considerar la expresión de la identidad cultural y del modo de vida.
  
  
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general n°4
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