Función de los principales mecanismos de derechos humanos en la lucha contra los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos

Procedimientos especiales

Combatir los actos de intimidación o represalia contra quienes tratan de colaborar, colaboran o han colaborado con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos es una prioridad de los procedimientos especiales, que han expresado sistemáticamente su preocupación por esa práctica inaceptable por separado y como sistema. Los procedimientos especiales no solo se ocupan de las denuncias de actos de intimidación y represalia por cooperar con ellos, sino con cualquier otra entidad del sistema de las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos.

Debido a la atención creciente que se presta a este fenómeno y al número cada vez mayor de casos de intimidación y represalia observados por los titulares de mandatos, en la 22ª reunión anual de los procedimientos especiales, celebrada en junio de 2015, estos acordaron integrar e intensificar la respuesta de los procedimientos especiales a esa práctica inaceptable estableciendo un marco de acción coherente, cuyos elementos principales figuran más abajo.

Véanse, para más información:

Órganos creados en virtud de tratados

Se han dado casos también de personas o grupos que han tenido que afrontar actos de intimidación y represalia de sus Gobiernos por cooperar con los órganos creados en virtud de tratados, ya sea facilitándoles información en el marco del examen de los informes de los Estados partes, presentando ante ellos denuncias individuales o participando en un diálogo con ellos. Los órganos creados en virtud de tratados han condenado tales actos en los términos más enérgicos. Con el fin de afrontar el problema de manera coordinada y armonizada, en junio de 2015 los Presidentes de los órganos creados en virtud de tratados aprobaron unas Directrices específicas contra la Intimidación o las Represalias (“Directrices de San José”). De conformidad con las Directrices, los Comités pueden adoptar medidas de prevención o de protección para prevenir y combatir esos actos.

Los órganos creados en virtud de tratados han nombrado relatores, coordinadores o grupos de trabajo sobre las represalias y los actos de intimidación. Los relatores se ocuparán de armonizar los diferentes métodos que adopten los órganos creados en virtud de tratados, así como de formular propuestas eficaces para determinar un curso de acción adecuado. Algunos de ellos se centrarán específicamente en las represalias contra las personas que hayan presentado denuncias individuales a los órganos creados en virtud de tratados de conformidad con sus respectivos procedimientos de denuncia, o contra sus representantes o familiares. Los comités, o sus relatores, coordinadores o grupos de trabajo, se mantienen en contacto con las personas afectadas y los Estados parte de que se trate para evitar tales riesgos y velar por que el Estado parte pertinente proteja a la persona o al grupo que aleguen haber sido objeto de intimidación o represalias. Pueden solicitar al Estado parte que facilite información sobre las medidas de protección adoptadas y haga un seguimiento de su aplicación. Se puede encontrar más información al respecto en la página web de cada órgano creado en virtud de un tratado. 

Consejo de Derechos Humanos

La cuestión de los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos ha sido objeto de examen durante muchos años, primero en la Comisión de Derechos Humanos y luego en el Consejo de Derechos Humanos, y ha dado lugar en particular a la adopción de varias resoluciones. En el resultado del examen de 2011 de la labor y el funcionamiento del Consejo (anexo) este “rechaza enérgicamente todo acto de intimidación o represalia contra personas y grupos que colaboren o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, e insta a los Estados a prevenir esos actos y a asegurar una protección adecuada al respecto”.

La función de la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos es velar por que el Consejo lleve a cabo con la dignidad y el respeto debidos su labor de promoción y protección de los derechos humanos, lo cual implica que los miembros del Consejo y todos los observadores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, deben poder contribuir libremente a la labor del Consejo y a la de sus órganos subsidiarios y sus mecanismos. Cuando se denuncian casos de acoso a representantes de la sociedad civil, la Presidencia interviene, entre otras cosas publicando declaraciones y en el marco de reuniones y canjes de notas con la delegación de los Estados interesados.