Violencia contra las mujeres

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer se define la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El movimiento de los derechos de la mujer ha tenido que luchar durante decenios para persuadir a la comunidad internacional de que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos y no sólo un asunto privado en el que el Estado no debería intervenir: en 1992, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación general No. 19, declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, dirigida contra la mujer por su condición de mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. En diciembre de 1993, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se reconoció que la violencia contra la mujer vulnera sus derechos y libertades fundamentales y se pidió a los Estados y la comunidad internacional que se esforzaran con miras a erradicarla. Ese mismo año, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, se reconoció que la erradicación de la violencia contra la mujer en la vida pública y privada es una obligación de derechos humanos. La que entonces se denominaba Comisión de Derechos Humanos condenó la violencia de género por primera vez en 1994 y ese mismo año designó a un Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995, ratificó las conclusiones de la Conferencia de Viena y situó a la violencia contra las mujeres como uno de sus ámbitos esenciales de preocupación.

El hecho de colocar a la violencia contra la mujer en el marco de las violaciones de derechos humanos representa un importante cambio conceptual. Esta medida significa que las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental o porque padecen alguna vulnerabilidad congénita, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar. De modo que prevenir y afrontar la violencia contra las mujeres no es un acto caritativo. Se trata de una obligación jurídica y moral, que exige medidas y reformas de índole legislativa, administrativa e institucional.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Recomendación general No. 19 de la CEDAW adoptaron el concepto de obligación de diligencia debida de los Estados. Según esta obligación, los Estados tienen el deber de adoptar medidas positivas para prevenir la violencia contra las mujeres y protegerlas, sancionar a quienes cometen actos de violencia y compensar a las víctimas de dichos actos. El principio de la diligencia debida es esencial, ya que proporciona el eslabón ausente entre las obligaciones de derechos humanos y los actos de los particulares. 

Se ha logrado un progreso considerable en numerosos países del mundo. Se han establecido marcos jurídicos de amplio espectro e instituciones y políticas específicas para promover los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia. En el mundo entero hay una conciencia cada vez mayor de la índole y las repercusiones de la violencia contra la mujer. Cada año la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión sobre la condición de las mujeres reciben informes acerca de prácticas innovadoras y promisorias, en los ámbitos de la investigación, el procesamiento judicial y la prestación de servicios. 

Pero las cifras relativas a la violencia contra las mujeres son sobrecogedoras. Según estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de las mujeres del mundo han sufrido actos de violencia al menos una vez en la vida. Todavía persisten obstáculos considerables para que las mujeres accedan a la justicia, lo que redunda en una impunidad generalizada para la violencia. Aún se precisan esfuerzos ingentes para garantizar la realización del derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia.  

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Reuniones, Eventos y talleres

25 September 2017
Panel discussion on the impact of multiple and intersecting forms of discrimination and violence in the context of racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance on the full enjoyment of all human rights by women and girls
Archived video
Deputy High Commissioner for Human Rights opening statement

Estudios, informes y documentos

Report on engaging men and boys in promoting and achieving gender equality, in the context of eliminating violence against women

Training Manual for Judges and Prosecutors on Ensuring Women's Access to Justice – CoE with contributions OHCHR
Inglés | Ruso

Developments in Laws - infographics (2017)*  

Report on attacks against girls seeking access to education

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Recomendación General de la CEDAW Nº 35 sobre la violencia de género contra las mujeres: ¿por qué es importante? Los mensajes de todo el mundo

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