Fiona Adolu, priorización de los derechos humanos en Zimbabwe durante la COVID-19


Fiona Adolu, Asesora de Derechos Humanos en Zimbabwe. © OHCHR/Fiona Adolu

 

Fiona Adolu es Asesora de Derechos Humanos de ACNUDH vinculada al equipo de las Naciones Unidas en Zimbabwe. Apoya al Coordinador Residente y al equipo de las Naciones Unidas en Zimbabwe en la integración de los derechos humanos en sus programas y actividades, ofrece asesoramiento técnico y facilita la colaboración con otros órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, además de dar respuesta a las necesidades de desarrollo de los poderes en materia de derechos humanos de las entidades oficiales y las organizaciones de la sociedad civil.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad y Atención a la Infancia de Zimbabwe ha informado de 44 casos de contagios por COVID-19. La pandemia de la COVID-19 golpeó a Zimbabwe en un contexto de crecientes necesidades humanitarias atribuidas a varias perturbaciones climáticas y económicas, que han agravado las vulnerabilidades existentes en todo el país.

El respeto de las medidas de confinamiento y de los consejos de higiene para frenar la propagación ha constituido un grave problema para una mayoría de la población que se ha quedado con pocos ingresos, y con un acceso limitado a los servicios de asistencia sanitaria y a agua salubre.

¿De qué manera su trabajo se ha visto afectado por la COVID-19?

El mayor reto ha sido trabajar virtualmente por el confinamiento que se estableció en respuesta a la COVID-19. Con el confinamiento, todos los socios, incluidos los ministerios gubernamentales, las instituciones de derechos humanos independientes como la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, y las organizaciones de la sociedad civil han cerrado literalmente sus oficinas. Se espera que estas instituciones sigan funcionando virtualmente o a distancia. Sin embargo, nos enfrentamos a problemas operativos, puesto que la mayoría de organismos e instituciones gubernamentales no disponen de los recursos básicos, como Internet, para seguir funcionando a distancia como exigen las normas de distanciamiento social.

Algunas instituciones ya se encontraban en dificultades a causa de la crisis económica y además los empleados han recurrido, en algunos casos, a sus recursos personales para seguir trabajando; pero estos recursos han funcionado solamente hasta ahora, con problemas de cortes de electricidad prolongados y escasez de combustible. En consecuencia, el mantenimiento de la comunicación, la continuación del trabajo y la organización de reuniones virtuales constituyen un desafío importante y, en algunos casos, se siguen realizando reuniones presenciales con los consiguientes riesgos.

En nuestro papel como Naciones Unidas, hemos tratado de ver la forma de ayudar a enfrentar estos retos, proporcionando sobre todo una mejor conectividad a las entidades oficiales. Nuestras conversaciones con varios homólogos han mejorado mucho en las últimas semanas tras el ajetreo inicial.

¿Qué está haciendo Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Zimbabwe para proteger los derechos de la población durante esta pandemia?

Soy asesora de derechos humanos del equipo de las Naciones Unidas en Zimbabwe y del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, que trabaja en la actualidad sin un equipo especializado. Mi función ha consistido en integrar los derechos humanos en las respuestas a la pandemia de la COVID-19 por parte de las agencias de las Naciones Unidas y del Gobierno. Presto la asistencia técnica necesaria para integrar los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Por ejemplo, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, elaboré una lista de control de las normas de derechos humanos que hay que cumplir a la hora de responder a la pandemia, y estas se han difundido ampliamente entre las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras gubernamentales que se crearon para hacer frente a la pandemia. Las agencias de las Naciones Unidas en Zimbabwe están haciendo uso también de estas normas.

Hemos realizado un trabajo considerable de promoción, con el coordinador residente, y hemos dialogado con los jefes de las agencias de seguridad para garantizar que las fuerzas policiales y de seguridad apliquen las medidas de confinamiento conforme a las normas de derechos humanos. Centrarse únicamente en la respuesta a la COVID-19 ha sido la tónica del Gobierno, por lo que instamos a las agencias de las Naciones Unidas en Zimbabwe a asegurar que la realización de los derechos humanos, tales como los derechos a la salud y el acceso a los servicios de salud, sigue en activo para las personas que padecen otros problemas de salud. Hemos elaborado directrices y orientaciones que todo el mundo puede utilizar, y hemos impartido cursos para los miembros de grupos temáticos humanitarios, de forma que también cumplan las normas de derechos humanos.

¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos a los que se enfrenta Zimbabwe en su respuesta a la COVID-19?

La pandemia se originó cuando Zimbabwe afrontaba ya problemas de derechos humanos adicionales a los retos habituales sobre derechos humanos. Al inicio del brote, el país acababa de sufrir el ciclón Idai, el cual ocasionó graves perjuicios en marzo de 2019, y el impacto del ciclón en el escenario humanitario, junto con la sequía impuesta por el fenómeno del El Niño, tuvo un gran alcance. Por tanto, se pueden imaginar que la COVID-19 llegó en un momento en el que Zimbabwe afrontaba crisis a varios niveles. Asimismo, la situación económica se encontraba en serios aprietos. Todo el conjunto de derechos humanos, como el acceso al agua y los derechos de las personas con discapacidades, se ha visto afectado. La COVID-19 ha perjudicado de forma considerable el derecho al trabajo, particularmente en un país donde los medios de subsistencia dependen del sector informal que emplea a más del 70 por ciento de la población. En virtud de las medidas de confinamiento, son muchísimas las personas que no han podido vender sus mercancías de las que depende su supervivencia diaria. La pandemia ha agravado problemas preexistentes con el acceso al agua, que es esencial para garantizar una higiene adecuada.

También existen informes sobre el excesivo uso de la fuerza que ejercen las fuerzas de seguridad al aplicar las medidas de confinamiento. Las prisiones ya se encuentran saturadas, situación que ha empeorado durante la COVID-19; solo se necesitaría un caso de contagio en el sistema penitenciario para causar estragos. En este momento, nos encontramos valorando la situación de los migrantes irregulares, incluidos los Zimbabwenses que regresan de Sudáfrica y los países vecinos. Más de 1.000 Zimbabwenses han regresado en un solo fin de semana y algunos de ellos venían devueltos de centros de repatriación de Sudáfrica.

¿Cuáles han sido los mayores retos y las experiencias más importantes adquiridas hasta ahora durante la pandemia?

El mayor reto que se nos ha planteado ha sido la capacidad de recopilar información oportuna sobre la situación de derechos humanos en el país, en particular en las comunidades, en un entorno en el que todo el mundo se encuentra en confinamiento. Las personas dependen del transporte público y de la electricidad, sobre todo ahora, al necesitar conexión a Internet para realizar su trabajo. La organización de reuniones no ha sido fácil. El problema derivado de la falta de equipo de protección individual (EPI) para que los trabajadores en primera línea puedan acceder a las comunidades a las que necesitan llegar. Hemos vivido situaciones en las que los centros de salud de las zonas rurales se encuentran prácticamente cerrados, ya que los profesionales sanitarios que carecen de EPIs querían estar protegidos, y, como consecuencia, son incapaces de prestar los servicios sanitarios que la población necesita.

Por otro lado, los tribunales de Zimbabwe han seguido respetando la importancia de salvaguardar los derechos humanos durante este periodo. Por ejemplo, al determinar que los agentes del orden respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas mientras hacen cumplir las medidas de confinamiento y que no interfieran en el trabajo de los periodistas, que el Gobierno establezca disposiciones para que los ciudadanos accedan al agua como un derecho, que las personas con discapacidades tengan el derecho a la información sobre la pandemia en formatos accesibles, así como que el Gobierno proporcione el equipo de protección individual indispensable para todos los trabajadores en primera línea. Estas medidas también confirman el dinamismo de la sociedad civil de este país que sigue promoviendo la protección de los derechos humanos, pese a las dificultades del momento.

¿Por qué es importante que durante esta pandemia aunemos fuerzas en pro de los derechos humanos?

Se trata en gran medida de un problema de salud pública, aunque ha afectado al conjunto de derechos humanos. No creo que exista ningún derecho humano al que la COVID-19 no haya afectado y, por tanto, la base de nuestras respuestas tiene que residir en los derechos humanos para que podamos combatir la enfermedad, así como abordar las limitaciones y los retos que conlleva. La única forma de hacerlo es manteniéndonos unidos para proteger y fomentar los derechos humanos.

 


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22 de mayo de 2020

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